Alejandro Facio Martínez
Expediente 816/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Lic. Bernardo Rodriguez Alamilla
- Alejandro Facio Martínez
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, SE ORDENA EL ARCHVIO DEL PRESENTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. I. Diligencia de ratificación. Vista la diligencia de diecisiete de agosto pasado, se advierte que el quejoso Alejandro Facio Martínez, ratificó el libelo recibido en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito, el nueve de agosto del presente año, por lo que se procede al análisis del mismo. II. Análisis del escrito de demanda y del escrito aclaratorio. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ley de Amparo "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que, en el caso que nos ocupa, la señalada como responsable Directora de Educación, Investigación, Divulgación y Promoción de los Derechos Humanos, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Los numerales citados, en lo conducente disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: --- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." Conforme a los preceptos legales trascritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; de tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Así, congruente con la doble personalidad del Estado, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis aislada P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Febrero de 1997, materia común, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CCIV/2001, página 39, tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS" Por tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es de particular importancia destacar, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente, reclama de la de la Directora de Educación, Investigación, Divulgación y Promoción de los Derechos Humanos, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, es el uso indebido o divulgación de la información reservada y/o confidencial que existe en el expediente de queja DDHPO/1855/(01)/OAX2018, del índice de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como la violación a los derechos humanos, tráfico de influencias al abusar de su cargo público, difamación y molestia, toda vez que la parte quejosa aduce, bajo protesta de decir verdad, que deviene de un juicio familiar de custodia de su menor hijo, con su esposa, aquí autoridad responsable. Por tanto, se estima que el acto que reclama la parte quejosa no constituyen de autoridad, revestidos del imperio y unilateralidad, ni se realiza en cumplimiento de una norma general, sino se considera que tiene sustento derivado de una relación entre particulares, la cual debe ser objeto de análisis de una instancia diversa al juicio de amparo, ya que se trata de un conflicto entre particulares y en el juicio de amparo no es factible dilucidar cuestiones de una supuesta divulgación de información entre particulares, sin que antes hayan sido resueltas en la contienda correspondiente, ante las autoridades judiciales del orden común. Lo anterior se estima así ya que su reclamo está dirigido a un ente que carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que, la autoridad que señala como responsable forma parte de la relación personal-familiar que existía con el quejoso, dado la relación marital que sostuvo con la persona física que ostenta el cargo de Directora de Educación, Investigación, Divulgación y Promoción de los Derechos Humanos, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca -señalada aquí como autoridad responsable-, por lo que el acto aquí reclamado no fue emitido en su carácter de autoridad, sino como uno particular, es decir en un plano de igualdad, de ahí que se considera que el acto reclamado no va encaminado a las funciones que como autoridades tienen encomendadas, sino que aquéllas derivan de una relación en un plano de igualdad y no de supra a subordinación. De lo que se colige que dicho ente, no cuenta con el poder público o facultades de imperio respecto de la parte impetrante del amparo para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, pues el acto reclamado que hace consistir en el uso indebido o divulgación de la información reservada y/o confidencial que existe en el expediente de queja DDHPO/1855/(01)/OAX2018, del índice de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, no lo realiza en su carácter de funcionaria pública sino como de particular, a fin de que sea utilizada en un juicio familiar en donde es parte la aludida responsable, y la publicación de la información en las páginas que refiere, al parecer, lo realiza como persona física, por lo que se estima deriva de un conflicto entre particulares derivado de una relación personal-familiar. De ahí que, como se vio, lo que aduce la parte quejosa en su escrito de demanda así como en el aclaratorio, se trata de un reclamo que tiene su origen en una relación personal-familiar, toda vez que aquello queda comprendido en la relación afectiva que lo vinculó con la Directora de Educación, Investigación, Divulgación y Promoción de los Derechos Humanos, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Entonces, el acto reclamado en cuestión no se encuentra revestido de imperio frente a la parte particular agraviada; es decir, carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, en virtud de que puede ser, en su caso, combatido ante una autoridad familiar; luego, es obvio que en esas circunstancias no podría sujetarse a la hoy señalada como responsable, al juicio biinstancial, reclamándole acto que, en todo caso, podría ser demandado ante otra instancia; lo anterior, porque el acto reclamado deriva de una relación personal-familiar, por lo que no existe una relación de supra a subordinación entre el peticionaria de amparo y el ente señalado como responsable. Por tanto, se considera que en la especie, se está en presencia de un asunto entre particulares, en la que Directora de Educación, Investigación, Divulgación y Promoción de los Derechos Humanos, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca actúa no como autoridad sino como persona física en un plano de igualdad; donde la potestad señalada no investida de imperio, sino una auténtica relación personal surgida en un plano de igualdad entre ella y el aquí quejoso, en virtud de la relación afectiva que sostuvieron. De ahí que, los conflictos o situaciones que se susciten entre la responsable aun ante su carácter de Directora de Educación, Investigación, Divulgación y Promoción de los Derechos Humanos, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y el quejoso, al haber actuado como persona física y no como autoridad, supuestamente en la divulgación y presentación de la información de la que se duele aquél, se estima de ser el caso, estarían sujetos a la jurisdicción de autoridades judiciales del orden común competentes, y no ante el órgano de control constitucional, puesto que la señalada como autoridad responsable, no actúa con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad. Apoya lo anterior, en lo que interesa, la jurisprudencial I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia(s): Común, Página: 1956, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." Así como la tesis III.4o.T. J/3 (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Del Tercer Circuito, consultable en la tesis, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Alejandro Facio Martínez. Asimismo, conviene indicar a la parte quejosa, que el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.- El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." De igual forma, a efecto de entender el sentido del presente acuerdo, debe considerarse el juicio de amparo como un medio de acceso a la justicia y como tal, como un derecho limitado, puesto que, para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica, tal y como se desprende de la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, página 699, de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO" Por otra parte, en proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno, se proveyó respecto de la habilitación de días y horas hábiles, promoción del juicio en línea, domicilio, correo electrónico, ley de transparencia y gratuidad en el servicio. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito presentado a nombre de ****, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno. Ahora, vista la certificación de cuenta, tomando en consideración que la firma que calza dicho escrito es notoriamente distinta a la asentada en la demanda de amparo; por tanto, previo a proveer al respecto, requiérase al promovente, para que debidamente identificado, comparezca ante este Juzgado y en diligencia formal, manifieste bajo protesta de decir verdad, si reconoce o no como suya la firma estampada en el escrito que se acuerda y, en su caso, diga si la ratifica o no; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el libelo de referencia. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia 24 (7/89) emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, Parte III, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Asimismo, sirve de apoyo, la Jurisprudencia 59/2017, de la citada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1234, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Al respecto, hágasele del conocimiento de la parte quejosa que en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", este órgano jurisdiccional cuenta con la limitante para que el público en general, ingrese al edificio para la práctica de diligencias como la que se pretende. En ese sentido, se fijan para el desahogo de la referida diligencia las QUINCE HORAS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO para que comparezca ****. Asimismo, reitérese al parte promovente del amparo, que de no acudir a la cita, se hará efectivo el apercibimiento decretado en este mismo auto. Ahora, tomando en consideración que la citada parte promovente tiene autorizadas las notificaciones electrónicas en el presente asunto, se hace de su conocimiento que para su ingreso al inmueble que ocupa este juzgado federal, deberá exhibir el código "QR" que a continuación se anexa y que se ha generado desde el Portal de Servicios en Línea desde el micrositio "servicios jurisdiccionales", ya sea de manera impresa o de forma digital, sin el cual le será negado el acceso, asimismo, se informa que deberán estar cinco minutos antes de la hora señalada, y solo podrá en su caso, acompañarla una persona, siempre y cuando se encuentre autorizada en este asunto. Código QR de la parte quejosa: Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Agréguese el oficio 23443/2021, procedente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al cual acompaña copia certificada del juicio de amparo 863/2021, que se integra del escrito de demanda signado por Alejandro Facio Martínez, contra actos de la Directora de Educación, Investigación, Divulgación y Promoción de los Derechos Humanos, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, del que se advierte que mediante proveído de treinta de julio del año en curso, se declaró procedente la separación de juicios por lo que hace a los actos reclamados precisados en el escrito de demanda. En razón de lo anterior, en cumplimiento al citado acuerdo, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento del asunto por cuanto a los actos atribuidos únicamente a la Directora de Educación, Investigación, Divulgación y Promoción de los Derechos Humanos, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y, por tanto, con las constancias de cuenta, regístrese en el libro de gobierno de éste Juzgado de Distrito bajo el número 816/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. PREVENCIÓN. Ahora bien, una vez precisado lo anterior, del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que CECILIA VAZQUEZ MARTINEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.34.34.35.34.36.34.32 23/04/23 17:15:20 SECCIÓN AMPARO MESA VIII-B. PRAL. 816/2021. deben ser subsanadas, como se explica a continuación: Los artículos 108, fracción IV, 112 y 114, fracciones I y IV de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará: [.]. IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [.]. IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado". En tales condiciones, previo a proveer sobre la admisión o no de la demanda que se intenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracción IV y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de CINCO días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) Precise de manera clara y concreta el acto que por esta vía constitucional reclama a la autoridad Directora de Educación, Investigación, Divulgación y Promoción de los Derechos Humanos, de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca señalada como responsable, esto es: ? Si lo que reclama es el uso indebido o divulgación de la información reservada y/o confidencial que existe en el expediente de queja DDHPO/1855/(01)/OAX2018, del índice de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; y como consecuencia, o bien, como conceptos de violación los puntos que refiere en el apartado de acto reclamado como: -Violación a los derechos humanos; -Tráfico de influencias al abusar de su cargo público; -Difamación y molestias. CECILIA VAZQUEZ MARTINEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.34.34.35.34.36.34.32 23/04/23 17:15:20 SECCIÓN AMPARO MESA VIII-B. PRAL. 816/2021. ??????????????? Lo anterior, dado que en el apartado correspondiente al acto reclamado, enuncia dichas determinaciones como actos reclamados; sin embargo, son cuestiones que a su vez refiere bajo protesta de decir verdad, al narrar los antecedentes de los actos reclamados. Máxime que en sus puntos petitorios refiere que la señora Alma Deysi Bautista Ramos "no me siga molestando en mi persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento"; así como "no siga denunciando delitos inexistentes con la finalidad de perjudicar a mi persona o pretender privarme de la libertad". Por otro lado, también deberá precisar: b) Si señala como responsable al Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y de ser el caso, precise los actos que le atribuye. Ello, dado que en sus antecedentes menciona que es dicha autoridad la encargada del expediente DDHPO/1855/(01)/OAX2018. Lo anterior, con la finalidad de fijar correctamente la Litis en el presente asunto. c) Además, deberá señalar si con anterioridad promovió alguna denuncia o procedimiento ante diversa autoridad o en su caso diverso juicio de amparo por actos que deriven del mismo acto de autoridad, y en caso afirmativo deberá precisar el número del procedimiento, así como la autoridad a que correspondió el conocimiento. d) Proporcione la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto o actos reclamados. Aclaraciones que, como ya se dijo, resultan imprescindibles, a efecto de estar en aptitud de determinar la procedencia o no de la instauración del presente juicio; de ahí que, sus manifestaciones resultan insuficientes para que este órgano jurisdiccional, tenga precisión, certeza y conocimiento pleno del acto reclamado así como de los antecedentes del mismo. Lo cual, se traduce en la omisión de cumplir cabalmente con los requisitos establecidos los artículos 108, CECILIA VAZQUEZ MARTINEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.34.34.35.34.36.34.32 23/04/23 17:15:20 SECCIÓN AMPARO MESA VIII-B. PRAL. 816/2021. fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 114, fracciones I y IV, del citado ordenamiento. Sirve de apoyo por sus consideraciones esenciales, la tesis aislada sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 393, Tomo CVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto. "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. El Juez de Distrito ante quien se presente la demanda, mandará aclararla, no sólo cuando el quejoso haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la Ley de Amparo, sino también cuando en ella encuentre alguna irregularidad; cuando no se hayan expresado con precisión el acto reclamado; o cuando no se haya exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia Ley, previniendo al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que correspondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades y deficiencias que deben llenarse para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo; en la inteligencia que si no lo hace se tendrá por no interpuesta la demanda. Es improcedente el agravio que se haga valer en el sentido de que no se previno al quejoso se hiciera la aclaración, con apercibimiento de que en caso de no hacerla, se tendría por no interpuesta la demanda, ya que el artículo 146 de la Ley de Amparo que es el que establece el procedimiento de aclaración de la demanda, no dispone que deba hacerse al promovente de la misma, tal apercibimiento." Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 3, febrero de 2014, tomo II, materia común, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado" CECILIA VAZQUEZ MARTINEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.34.34.35.34.36.34.32 23/04/23 17:15:20 SECCIÓN AMPARO MESA VIII-B. PRAL. 816/2021. ??????????????? APERCIBIMIENTO. En caso de no cumplir con el requerimiento realizado, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere por así haberlo solicitado. CECILIA VAZQUEZ MARTINEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.34.34.35.34.36.34.32 23/04/23 17:15:20 SECCIÓN AMPARO MESA VIII-B. PRAL. 816/2021. Por otra parte, toda vez que señala correo electrónico y número telefónico, a fin de continuar el procedimiento en el presente, en su atención, con fundamento en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporciona, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Respecto a la solicitud de que se le autorice para el acceso al expediente electrónico para la consulta de este juicio de amparo, así como para su notificación electrónica, se autoriza al usuario "Facio", en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa, así como las notificaciones; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. CECILIA VAZQUEZ MARTINEZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.34.31.34.34.35.34.36.34.32 23/04/23 17:15:20 SECCIÓN AMPARO MESA VIII-B. PRAL. 816/2021. ??????????????? En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese vía electrónica.
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