Alejandro Facio Martinez

Expediente 3150/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
3150/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Facio Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México; cinco de julio de dos mil veintidós. Reanudación Vista la tercera certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Acuerdo de promoción Agréguese el oficio de cuenta y sus anexos, signado por el Secretario adscrito al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, devuelve el cuaderno original del juicio de amparo 4603/2014, del índice de este juzgado y remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en sesión ordinaria virtual de doce de mayo de dos mil veintidós, dictada en el cuaderno auxiliar 754/2017 del índice del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en la Paz Baja California Sur, derivado del amparo en revisión 271/2017, de su índice, en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia impugnada. SEGUNDO. Se ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo indirecto 4603/2014, promovido por ADT Private Security Services de México, ADT Integrated Solutions, Simplex Grinnell y ADT Security, Tyco Services, todas sociedades anónimas de capital variable, y Sensormática, sociedad de responsabilidad limitad de capital variable, en términos del último considerando de la presente ejecutoria." En consecuencia, se toma conocimiento de dicha circunstancia para los efectos legales conducentes. Háganse del conocimiento a las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro electrónico que para registro se lleva en este Juzgado Federal. Acúsese el recibo correspondiente. Asimismo, en atención a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que ha adoptado los poderes de la unión, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que no se adjunta a los oficios respectivos copia de la referida resolución, toda vez que la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. En ese orden de ideas, glósense al presente expediente, únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del citado medio de impugnación, y no así las copias fotostáticas certificadas por considerar que las mismas son reproducción de idénticas que obran en original. Fundamento: Artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, se ordena reponer el procedimiento para los efectos siguientes: ". Emita la sentencia que en derecho corresponda, conforme a la litis planteada en el juicio de amparo indirecto, es decir, debe ser acorde con la demanda, ocuparse de los quejosos, actos reclamados, autoridades responsables y conceptos de violación. Firme de manera física o electrónica la sentencia que se dicte, en el entendido que si se efectúa de esta última forma, deberá agregarse la evidencia criptográfica que de manera específica le corresponde a cada juicio de amparo." En virtud de lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado por el referido órgano colegiado, se deja insubsistente la sentencia emitida en el "cuaderno de varios 2/2016 relativo a los juicios de amparo atinentes a la temática de contabilidad electrónica" de siete de noviembre de dos mil dieciséis; túrnese el presente asunto a proyecto de resolución. Invitación a transitar al juicio en línea Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: mario.perez.islas@correo.cjf.gob.mx Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México; veintinueve de abril de dos mil veintidós. Se forman de cuadernos. En cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto 843/2020, se integra de manera electrónica, y físicamente por duplicado este incidente de suspensión. Solicitud de informe previo Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas con las constancias que lo sustenten, contadas a partir del que quede legalmente notificadas. Al efecto, remítase copia del ocurso inicial. Fundamento: Artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo Apercíbase a las autoridades señaladas que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados, podrá imponérseles una multa de cien veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización Fundamento: Artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Representación del titular del Ejecutivo Federal. Con copia de la demanda de amparo, gírese oficio a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a efecto de que en el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, indique a este órgano jurisdiccional la Secretaría de Estado que representará al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los actos que se reclaman en el presente juicio. En igual término, dicha Consejería deberá remitir a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite fehacientemente que notificó a la Secretaría de que se trate, tanto la representación otorgada como la entrega de la copia de la demanda, a efecto que esa dependencia esté en posibilidad de rendir su respectivo informe justificado en los términos solicitados (que más adelante se precisan) en el presente proveído. Apercibida que de no dar cumplimiento al anterior requerimiento dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la unidad de medida y actualización. Lo anterior, de conformidad con los numerales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, así como el factor de actualización de esa unidad de medida publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, el cual entró en vigor el uno de febrero siguiente. Fundamento: artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 9, 237, facción I y 259 de la Ley de Amparo Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Se señalan las once horas con siete minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia incidental. Cabe señalar que si bien se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental fuera del plazo legalmente previsto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, por la saturación excesiva de la agenda correspondiente, dicho proceder se realizó con el objeto de que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva por encima de los formalismos procedimentales. Fundamento: Artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo. Precisión del acto reclamado. Ahora, de la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados, esencialmente, los que se indican a continuación: Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, en particular el artículo 17-H, fracción X, 17 H Bis, fracción V, así como Octavo Transitorio y la Regla 2.2.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil veinte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diecinueve. Efectos La parte quejosa manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: ".para el efecto de que no se aplique la sanción contenida en el artículo 17 H fracción X del Código Fiscal de la Federación, como consecuencia de estar en el supuesto del Artículo Octavo Transitorio, y estar en presencia de un acto futuro cierto como se ha manifestado en el cuerpo del presente escrito inicial de demanda de amparo ." Al respecto, el Juzgado de Distrito está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, esto conforme a la jurisprudencia 4/2019 de la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Presunción de certeza de los actos reclamados. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juzgado de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Manifestaciones, que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Interés suspensional. En la especie, la parte quejosa aduce ser una persona moral, y que se encuentra inscrita en el Régimen General de Ley Personas Morales, como se advierte de la cédula de identificación fiscal que exhibe. Luego, con base en lo anteriormente expuesto, y atendiendo a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, se estima que se acredita el interés suspensional, al resultar, en apariencia, afectada por las disposiciones cuya inconstitucionalidad reclama. Negativa de la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada a la parte quejosa respecto de los efectos para los cuales se solicita la medida, atento a las siguientes consideraciones: El citado artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De la anterior trascripción se desprende que para conceder la suspensión a petición de parte, deben satisfacerse previamente ciertos requisitos como son: La solicitud formulada por el quejoso en ese sentido. Que los actos no contravengan disposiciones de orden público ni afecten el interés social. Así, se tiene que el primero de los requisitos se encuentra satisfecho, pues la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión del acto reclamado, destacándose que su interés suspensional para efectos de la medida cautelar que nos ocupa se acredita con la constancia de situación fiscal la cual anexó a su demanda de amparo. Por lo que hace a la existencia de la ejecución de los actos que reclama, se tiene por cierta para efectos de la suspensión provisional con base en lo manifestado bajo protesta de decir verdad por las promoventes. Ahora, respecto a la no contravención a disposiciones de orden púbico e interés social, debe de tenerse en cuenta que del contenido de las disposiciones legales reclamadas se advierte que establecen en términos generales los supuestos de actualización del delito de defraudación fiscal por equiparación y las consecuencias procesales derivadas de éste (órgano encargado de querellarse, hipótesis de procedencia, casos en los que procede la prisión oficiosa y aquellos en los que serán aplicables los criterios de oportunidad y los acuerdos reparatorios). Por tanto, si las quejosas solicitan que no se les aplique la Reforma Penal Fiscal dos mil veinte, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia; tomando en consideración su naturaleza preventiva, no es dable otorgar la medida suspensional, toda vez que de concederse la misma, se permitiría la consumación de delitos y sus efectos, lo que, irrefutablemente, traería consigo un perjuicio al interés social, y se contravendrían disposiciones de orden público. Ello es así, dado que el artículo 128 fracción II en relación con el 129, fracción III de la Ley de Amparo, de manera conjunta señalan que se considerará, entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. En ese sentido, al ser las disposiciones reclamadas un medio para dotar de un mayor control en el ejercicio de la potestad revisora de la autoridad hacendaria, para que puedan actuar oportunamente ante la comisión de posibles prácticas delictivas, a lo que se suma que parte de las normas en litigio establecen la configuración de un delito, es inconcuso que de concederse la medida cautelar solicitada contra su aplicación, se permitiría la consumación de éstos y limitaría la facultad fiscalizadora de la autoridad exactora de querellarse ante la eventual actualización del ilícito, y, de la Fiscalía y los juzgadores de determinar su procedencia y actualización; por lo que se niega la suspensión provisional de los actos reclamados. No es óbice que el artículo 148 de la Ley de Amparo establezca que cuando se reclama una norma general autoaplicativa sin señalar un acto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Sin embargo, ello no significa que reclamada la norma indefectiblemente proceda la suspensión, sino que el examen de esa norma debe realizarse de manera sistemática del resto de normas que regulan la suspensión y en ese sentido, en el caso, de conceder la medida además de que se analizarían cuestiones de fondo, pues someramente no es posible determinar su inconstitucionalidad, sino que el examen sugerido comprende aspectos de fondo, se afectaría el orden público y el interés social. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Séptima Época de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394478, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Máxime que, de concederse la medida cautelar solicitada en contra de la aplicación de las normas cuya constitucionalidad se controvierte, se permitiría la consumación de un ilícito. Resulta aplicable por su contenido jurídico la jurisprudencia con número de tesis VIII.1o. J/21, visible en la página 1967, tomo XX, septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con número de registro 180449, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CUANDO DE CONCEDERSE SE CONSUME EL DELITO PREVISTO EN LA NORMA RECLAMADA (ARTÍCULO 115-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 115-Bis del Código Fiscal de la Federación, adicionado por decreto de 28 de diciembre de 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 5 de enero de 2004, establece, entre otros supuestos, que se impondrá sanción de seis a diez años de prisión, al comercializador o transportista de gasolina o diesel que tengan en su poder dichos combustibles cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios utilicen para la identificación de los productos mencionados. Por su parte, el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo señala que se considerará, entre otros casos, que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; luego, al adminicular dicha premisa con el imperativo consignado en el artículo 115-Bis reclamado, permite arribar a la conclusión de que si la norma cuestionada establece la configuración de un delito, es inconcuso que de concederse la medida suspensional solicitada contra su aplicación, se permitiría la consumación de un ilícito, pues bajo los efectos de esa medida cautelar la quejosa se abstendría de utilizar los trazadores o de observar las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios utilizan para la identificación del combustible gasolina o diesel; aunado a que esa omisión es sancionada penalmente al ser estimada como una conducta delictiva y, por ende, se contravendrían disposiciones de orden público, por ello resulta improcedente conceder la suspensión definitiva." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 84/2019 (10a.), con número de registro 2021264, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL FISCAL SE ABSTENGA DE HACER DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE CONTROL QUE EXISTEN DATOS DE PRUEBA SUFICIENTES EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN PARA QUE CELEBRE LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la posibilidad de que se conceda la suspensión del acto reclamado para mantener viva la materia del amparo, evitando al quejoso los perjuicios que su ejecución pudiera ocasionarle durante la sustanciación del juicio. En ese sentido, el artículo 150 de la Ley de Amparo establece que la suspensión deberá concederse de tal forma que no impida la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado hasta dictarse resolución firme en él; sin embargo, como excepción a dicha regla, para determinar si la suspensión puede tener como efecto paralizar el procedimiento, debe analizarse si el daño que pueda causar la violación al quejoso es irreparable. Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclamen actos u omisiones del fiscal en la investigación inicial que atenten contra el derecho de defensa del investigado y éste solicite la suspensión provisional, no procede conceder dicha medida cautelar, toda vez que su concesión obstaculizaría la continuación del proceso penal sin estar justificado el daño irreparable al quejoso, aunado a que no se ocasiona un perjuicio irreparable a sus derechos fundamentales, en virtud de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 218 y 219 garantiza el derecho de defensa, pues permite varios momentos en los que el investigado puede imponerse de la carpeta de investigación, particularmente cuando, convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y obtener copia, con la debida oportunidad para preparar su defensa. Máxime que, en la etapa de investigación inicial del proceso penal, en la que se desarrollan tales actos, el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que, con la judicialización de la carpeta, transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez sea quien tutele, entre otros, el referido derecho fundamental. Además, una eventual paralización del inicio del proceso penal puede incidir negativamente en el derecho de reparación de las víctimas de delito, debido a que esa medida evita que continúe el proceso y retarda la posibilidad de que les sea reparado el daño ocasionado y que conozcan la verdad de lo sucedido desde la perspectiva de una "reparación integral". Así como la jurisprudencia PC.I.P. J/51 P (10a.), con número de registro 2019329, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO JUDICIALICE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. De la interpretación sistemática de los artículos 20, apartado B, fracciones III y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción VIII, 216, 218, párrafos primero y tercero, 219, 307, primer párrafo, 310, 311, 314, 315, 333 y 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que en el sistema procesal penal acusatorio, el imputado puede tener acceso a los registros de la carpeta de investigación y ejercer sus derechos constitucionales ante el Ministerio Público o ante el Juez de Control, en los momentos siguientes: 1) cuando se encuentre detenido; 2) cuando se reciba su declaración o sea sujeto de un acto de molestia y se solicite su entrevista; y 3) antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En ese contexto, es improcedente conceder la suspensión para el efecto de que el Ministerio Público no judicialice la carpeta de investigación, pues de concederse, se contravendrían disposiciones de orden público, ya que ello implicaría paralizar el nuevo procedimiento penal acusatorio en su primera etapa, evitando transitar de la investigación inicial a la complementaria; también se afectaría el interés social, toda vez que la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar los delitos no puede paralizarse, y que la sociedad está interesada en que dicha facultad se ejerza plenamente y sin demoras; y, se perturbarían eventualmente los derechos fundamentales de las víctimas, en tanto no podrían obtener la reparación del daño causado por el delito, impidiéndoles acceder a una justicia pronta; además, la continuación del procedimiento no ocasiona perjuicios irreparables al derecho de defensa del imputado, en virtud de que puede ejercer plenamente su derecho ante el Juez de Control, propiamente en la investigación complementaria." No pasa inadvertido, que si bien es cierto que la suspensión provisional de los actos reclamados, participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la aludida apariencia del buen derecho y el peligro de la demora, también lo es que el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 128, análisis que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. Sin embargo, en la especie, más que un asomo a la posible inconstitucionalidad del acto reclamado se realizaría una labor interpretativa y de estudio profundo de los actos reclamados, lo cual, implicaría no sólo un asomo a la inconstitucionalidad planteada, sino un verdadero análisis al fondo de la cuestión debatida. Es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/347, con número de registro 209401, de dice: "SUSPENSIÓN, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO. Al resolver sobre ella no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo." Notifíquese.

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