Alejandro Everardo Flores González
Expediente 2368/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2368/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Alejandro Everardo Flores González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y en su caso al tercero interesado para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por consiguiente, con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, o bien si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia dictada el dos de febrero de dos mil dieciséis, por este juzgado se concedió el amparo para los siguientes efectos: Deje sin efectos el auto de quince de septiembre de dos mil quince, y en su lugar dicte uno nuevo en el que, a partir de lo expuesto en la sentencia, resuelva con plenitud de jurisdicción. Mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado, el dos de marzo de dos mil dieciséis, la Juez Primero Penal en el Estado, informó que dejó insubsistente el proveído de quince de septiembre de dos mil quince, sin embargo estaba impedido jurídicamente para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que el aquí tercero interesado se desistió de la prueba pericial a cargo del menor Alejandro Everardo Flores González. Ahora bien, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 1a./J. 90/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXV, junio de 2007, página 140, del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO", corresponde a este Juzgado de Distrito, determinar sobre la imposibilidad material y jurídica del cumplimiento al fallo protector del amparo. En ese contexto, como se aprecia de los antecedentes narrados, existe imposibilidad jurídica para dar pleno cumplimiento a la sentencia de amparo, en virtud de que en el proceso penal de origen la defensa del procesado se desistió de la pericial a cargo del menor Alejandro Everardo Flores González, en ese sentido resultaba innecesario emitir un nuevo auto en el que siguiendo los lineamientos expuestos en la ejecutoria se determinará sobre la pertinencia de un tercer dictamen a cargo del perito tercero en discordia, virtud del desistimiento de la prueba En esa virtud, este juzgado estima que no es posible dar pleno cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dado que existe imposibilidad jurídica para que la responsable se pronunciará sobre el desahogo de un tercer peritaje a cargo del menor ofendido, virtud del desistimiento de la prueba del inculpado. Sin que en el caso resulte procedente abrir incidente de cumplimiento sustituto, toda vez que los aspectos involucrados en este asunto, están relacionados con cuestiones procesales del juicio de origen. Dése aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina lo siguiente: 1. El expediente principal es depurable de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo vigésimo primero, en razón de que el dos de febrero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución y la demanda. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es depurable, en términos de la fracción III, segundo párrafo del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, por interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil quince, se concedió la suspensión definitiva, virtud a ello, en su oportunidad deberá conservarse dicha resolución. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha probable para tal efecto, el día doce de septiembre de dos mil dieciséis. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(II)
- Principal
Visto el oficio de la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Estado, por medio del cual informa que da cumplimiento al fallo protector y exhibe los documentos respectivos. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y al tercero interesado , por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento a la ejecutoria con los datos que obran en autos.(II)
- Principal
Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo para recurrir la sentencia dictada por este juzgado ha transcurrido sin que se haya hecho valer el recurso de revisión; con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Por ende, con apoyo en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Estado, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, de cumplimiento a la sentencia, o bien, informe los actos realizados para ese efecto. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo fijado, o de no manifestar la causa justificada que tuviese para ello, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Precisando que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En el entendido que dicha autoridad ordenadora jurisdiccional no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de ejecutorias de amparo, de conformidad a la tesis de jurisprudencia de registro 2007295, del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada el 29 de agosto de 2014 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época que dice: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Por tanto, dése cuenta con todo el expediente una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad en comento para los efectos a que hubiere lugar. Finalmente, devuélvase a la Juez Primero de lo Penal del Estado el anexo que acompañó a su informe justificado y el cual se formó en tomo por separado.(II)
- Principal
Notifíquese Personalmente...y por lista al tercero interesado Felipe García Navarro, la sentencia terminada de engrosar el dos de febrero de dos mil dieciséis, que concluyó con el siguiente punto resolutivo: ÚNICO.- La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Jessica Lorena González Benita y Alejandro Flores Barajas, por propio derecho y en representación del menor Alejandro Everardo Flores González...(II)
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