Alejandro Estrada Zavaleta

Expediente 995/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
995/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
19/12/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Estrada Zavaleta
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la razón secretarial de cuenta en el sentido de que ha transcurrido el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para recurrir la resolución en que se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme dicha resolución. Por lo que, se ordena archivar los presentes autos con fundamento en el artículo 196 cuarto párrafo de la Ley de Amparo, y conforme a la siguiente tabla: SUPUESTO SI NO Se trata de información reservada. x Se trata de relevancia documental. x Contiene documentos originales. x Se tramitó el incidente de suspensión. x En consecuencia, de conformidad con la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal Acuerdo General Conjunto, se estima que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración; hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. CÚMPLASE.

  2. Principal

    Sentencia causa ejecutoria Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el término para las partes, que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se concedió el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales conducentes; comuníquese a las autoridades responsables. Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos se aprecia que el treinta y uno de octubre del año en curso, se reservó acordar el contenido del oficio registrado con el folio 17675, a través del cual, informa el cumplimiento a la sentencia de amparo que a su parte corresponde; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días legalmente computados, manifieste lo que a su interés legal convenga, acerca del referido cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de oficio, resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante.

  3. Principal

    SE RESERVA A ACORDAR LO CONDUCENTE

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 995/2018-V; y, R E S U L T A N D O I. Presentación de demanda: diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Quejoso: Alejandro Estrada Zavaleta. Solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable y por el acto que se describe en el escrito de demanda (foja 3), el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertara. II. Oportunidad de la demanda. En el presente caso la parte quejosa reclama primigeniamente un acto omisivo y se estima que se puede promover el amparo mientras subsista la afectación que reclama, ya que al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la abstención a realizarlo se prolonga en el tiempo. III. Admitida la demanda e integrado el asunto se decide: C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos de lo dispuesto por los acuerdos 3/2013 y 30/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, se efectuó en esta ciudad, la cual se encuentra dentro de esta entidad federativa, en la que este juzgado federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, hecho el análisis integral de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se pone de manifiesto que en este juicio de amparo la parte quejosa reclama: - La omisión de dictar laudo en el juicio 1252/2016/1. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 19 y 20); lo que se corrobora con la copia certificada remitida con éste, documental que reviste pleno valor probatorio en términos del artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Al respecto sirve de apoyo, la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 89, Tomo 217-228 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. ACTOS CONFESADOS EN EL, POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ES BASTANTE PARA TENERLOS POR DEMOSTRADOS". Basta la confesión expresa contenida en el informe con justificación relativo, para que se hubiera relevado al poblado quejoso de aportar prueba alguna al respecto, pues, en términos del artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, "los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba". Ahora bien, tomando en cuenta que este juzgador no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, ni las partes hicieron valer alguna, se procede realizar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin necesidad de transcripción. CUARTO. Estudio de fondo. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación de la parte quejosa. Acceso a la justicia Cabe destacar que en términos del artículo 17 constitucional, podemos distinguir que la garantía relativa a la tutela jurisdiccional es de tipo genérico y a su vez se integra por tres derechos: acceso a la justicia, debido proceso y eficacia de la sentencia o decisión; por tanto, el acceso a la justicia, es sólo uno de los aspectos de la tutela jurisdiccional. Así que, cuando otros derechos son violados constituye la vía para reclamar su cumplimiento ante los tribunales y garantizar la igualdad ante la Ley. El acceso a la justicia, tiene dos grandes ámbitos de aplicación como lo son: a) el institucional y b) el integral. En México resulta relevante el primero de ellos y es entendido como la "maquinaria del ámbito público de la administración de justicia, de un sistema preexistente de tribunales abordando reformas de cara a su mayor capacitación, reorganización y mayor dotación de recursos materiales y humanos para mejorar su rendimiento, y de esta manera ampliar su alcance y aumentar su eficacia." Relativo a la garantía judicial y protección judicial, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), se prevén los siguientes conceptos, mediante los artículos 8.1 y 25.1, que textualmente dicen: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y derecho de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de una acusación previa formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." . "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampara contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúa en ejercicio de sus funciones oficiales." Si bien el derecho al acceso a la justicia no se encuentra literalmente reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cierto es que, a través de una interpretación conjunta de los elementos de los artículos 8.1 y 25 en diversos casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado si se ha configurado violación alguna al derecho al acceso a la justicia cuando no se ha llevado a cabo una investigación diligente de los hechos, los recursos interpuestos no han sido efectivos, o los procesos o procedimientos no se han sustanciado dentro de un plazo razonable, entre otros. Por ejemplificar claramente lo anterior, se tiene la sentencia dictada por la Corte en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs México. En ese contexto, el derecho al acceso a la justicia se compone de cuatro principios: justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, en el caso se verá lo conducente al primero de los citados. Para una justicia pronta en primer lugar se entenderá que sólo el legislador puede establecer los plazos y términos razonables para el ejercicio de los derechos de acción y defensa. Ahora bien, es el artículo 8.1 el que hace referencia al concepto "plazo razonable" como parámetro para verificar el cumplimiento de la obligación de los Estados de resolver cualquier controversia relativa a la determinación de los derechos humanos u obligaciones de las personas dentro de un límite temporal que dependiendo de las circunstancias particulares de la causa, sea prudente o justificado. Este artículo contiene una cláusula general ya que es aplicable, además del ámbito penal a la determinación de derechos u obligaciones en el orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Es menester discernir que en relación a los conceptos de plazo razonable y derecho al acceso a la justicia, la Corte Internacional de Derechos Humanos, ha establecido que este derecho es para que la solución de la controversia se produzca en un tiempo prudente, pues una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales; luego, para determinar dicho plazo es necesario examinar las características particulares de cada caso, a saber: Complejidad del asunto; La actividad procesal del interesado; La conducta de las autoridades judiciales Y que como regla general, la razonabilidad del plazo comprenderá la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva, lo cual incluye recursos de instancia que se presenten eventualmente. En esa tesitura, el derecho fundamental al acceso a la justicia pronta tutelada en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva implícita la obligación de las autoridades del Estado Mexicano de ceñir su proceder al marco jurídico competencial que les delimita tanto la aludida Carta Magna e instrumentos internacionales como las leyes secundarias. Así las cosas, el artículo 172 de la Ley de Trabajadores del Estado de Querétaro, señala: "Artículo 172. Agotada la fase de demanda y excepciones, se pasará a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, la cual se desarrollará de la forma siguiente: El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos que se hayan controvertido. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte, a su vez el actor podrá objetar las ofrecidas por el demandado; Las partes podrán ofrecer pruebas siempre y cuando se relacionen con las objeciones a las pruebas ofrecidas por la contraparte, siempre y cuando se trate de pruebas impugnadas por la contraria o bien se trate sobre hechos supervenientes; Las partes podrán ofrecer como medios de prueba todos aquellos que sean idóneos para acreditar los hechos que se hayan controvertido, en especial los siguientes: Confesional; Documental; Testimonial; Pericial; Inspección; La de informes que deberá cubrir los mismos requisitos que la inspección; Instrumental de actuaciones; y Todos aquellos medios aportados por la ciencia y la tecnología. Para el efecto del ofrecimiento y admisión de las pruebas, se considerarán las reglas que establece la Ley Federal de Trabajo. Concluido el ofrecimiento, el Tribunal resolverá sobre la admisión de las pruebas o reservarse sobre estas, y sobre las que se admitan y así lo ameriten se señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, dictando las medidas y apercibimientos necesarios; Se desahogarán primero las pruebas ofrecidas por el actor, inmediatamente después las ofrecidas por el demandado; y Formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el presidente Auxiliar de oficio, declarará cerrada la instrucción, remitirá los autos al proyectista quien formulará por escrito el proyecto de resolución. Cuando el oferente no pudiera aportar directamente alguna prueba, señalará el lugar en que pueda obtenerse, a efecto de que en su caso sea requerida por el Tribunal." Mientras que el precepto 11 de la codificación aludida establece: "Artículo 11. Los casos no previstos por esta Ley y sus Reglamentos, se resolverán aplicando supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, los Tratados Internacionales, los Principios Generales de Derecho, los Principios Generales de Justicia Social que se deriven de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia y tesis de los tribunales federales, la costumbre y la equidad." De lo anterior se desprende, que agotada la fase de demanda y excepciones, se pasará a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, concluida ésta y formulados los alegatos se declarara cerrada la instrucción para posteriormente formular el proyecto de resolución; en ese sentido, los plazos y términos para resolver sobre la admisión se resolverá conforme a la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente. En el caso en concreto el quejoso reclaman el hecho de que la autoridad responsable no haya dictado el laudo correspondiente, toda vez que desde el catorce de junio de dos mil dieciocho, se declaró cerrada la instrucción, en contravención con los artículos 885, 886, 887, 888, 889, y 890 de la Ley Federal del Trabajo, aplicados supletoriamente al procedimiento laboral en los que son parte, que establecen: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que deberá contener: I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado." "Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." "Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De los artículos anteriores se advierte que al concluir el desahogo de las pruebas en el juicio laboral y formulados los alegatos, se declarará cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes se formulará el proyecto del laudo, del cual se entregara copia a cada uno de los miembros de la Junta para que dentro de los cinco días siguientes al haberlo recibido podrán solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo, transcurrido dicho término el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes. De ahí que se evidencia la transgresión al derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley; ya que la Junta responsable ha omitido emitir el laudo relativo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente al procedimiento laboral de origen, lo cual constituye una paralización del procedimiento, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable pues con ello se difiere la resolución del juicio, es decir resulta inconcuso que ha transcurrido en exceso los términos previstos en los artículo citados, lo que vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional y 8.1, 25.1 convencional, , los cuales consagran el derecho fundamental de toda persona a que se le administre justicia por los tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije la ley, o bien, que los mismos sean razonables. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.A.4 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1452, Libro XV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil doce, Tomo 2, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto." De igual forma, la contradicción de tesis jurisprudencial número P./J. 113/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis que dio lugar a la tesis jurisprudencial número P./J. 113/2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, de Septiembre de 2001, visible en la página 5 de la Novena Época, cuyo rubro y texto dice: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Asimismo, la tesis jurisprudencial IV.3o.T. J/57, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, correspondiente a septiembre de 2005, Materia Laboral, página 1283, de rubro: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES.- Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben de tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita la parte quejosa. Concesión del amparo y efectos concretos. EFECTOS DEL AMPARO Que la autoridad responsable, sin mayores dilaciones, es decir, en el término de cinco días, realice los actos encaminados al dictado de la resolución (laudo) que concluya el juicio laboral 1252/2016/1. Ello acorde a la tesis de número 2a. CV/2013 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 124, 217 y sexto transitorio de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ALEJANDRO ESTRADA ZAVALETA, por los motivos y para los efectos indicados en el último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el Licenciado Karlos Alberto Soto García, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante el secretario licenciado Eduardo Mujica Martínez, que autoriza. Doy Fe

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