Alejandro Estrada Bernal
Expediente 1443/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1443/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/11/2019
Partes del expediente
- Alejandro Estrada Bernal
Actuaciones
- Principal
MESA V Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por el Secretario encargado del Despacho del Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, por medio del cual, rinde informe justificado y remite copias certificadas de diversas constancias que obran en los expedientes *** y sus acumulados ***. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales que adjuntó la responsable. Ahora, es pertinente mencionar que de la interpretación al contenido del artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio constitucional fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, el primero de los conceptos se refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En ese orden, resulta necesario precisar que en este sumario el acto reclamado consiste en la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en el expediente ***y sus acumulados ***, *** en la que se desechan los beneficios de libertad preparatoria, remisión parcial de la pena y tratamiento preliberacional, del índice de la oficiante. Ahora bien, una vez analizadas las constancias que obran en autos, en lo particular el informe justificado y la documental enviada como complemento al mismo, la cual tiene valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; este órgano de control constitucional considera actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conviene tener presente que generalmente, la emisión de determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejados efectos materiales y jurídicos específicos que, en alguna medida, deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, razón por la cual lo legitiman para promover el juicio de amparo con el fin de obtener sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que lo condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII, en la cual el legislador tomó en cuenta que en determinadas circunstancias, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierta, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Ahora bien, en el caso, como se indicó, el quejoso reclama la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en el expediente ***y sus acumulados ***, en la que se desechan los beneficios de libertad preparatoria, remisión parcial de la pena y tratamiento preliberacional; sin embargo, de las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del procedimiento de ejecución ****, mismo del que deriva el incidente en el que se dictó la resolución recurrida, se determinó que la pena de prisión impuesta al quejoso en la causa penal 91/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quedo extinta a partir del veintinueve de octubre del año en curso; asimismo, el ocho de noviembre del año en curso, la Directora del Centro Penitenciario y Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, informo que el quejoso Alejandro Estrada Bernal, obtuvo su libertad en la fecha ordenada por ese órgano especializado en ejecución de penas. De igual forma, mediante proveído de quince de noviembre pasado, emitido en el incidente no especificado, derivado del expediente SD 1200/2018-II y sus acumulados *** declaró sin materia dicho incidente, en atención a que el quejoso Alejandro Estrada Bernal, quedo en libertad por lo que respecta a la causa penal 91/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y declaro procedente remitir al archivo tal incidente. En esa tesitura, opera la causa de improcedencia indicada, toda vez que aunque subsiste el acto reclamado consistente en la resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en el expediente SD *** y sus acumulados ****, en la que se desechan los beneficios de libertad preparatoria, remisión parcial de la pena y tratamiento preliberacional, dejó de existir su objeto o materia dado que al quedar en libertd el sentenciado por haber compurgado la pena correspondiente en la causa penal 91/2014, del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, pues éste es un medio de control constitucional cuya finalidad es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado; por tanto, jurídicamente se tornaría imposible restituir al aquí quejoso en el goce del derecho violado, pues aun cuando subsista el acto reclamado, sus consecuencias jurídicas ya no surten efectos legal o material alguno; dado que fue egresado del centro carcelario donde se encontraba. Así, es evidente que el entorno que existía cuando surgió el acto reclamado se ha modificado, razón por la cual, los efectos de aquél ya no subsisten, lo que torna improcedente el juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, novena época, cuyo rubro y texto son "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." De igual forma, resulta aplicable al caso, por analogía, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta y cinco, tomo XII Octubre, octava época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SUBSISTIENDO EL ACTO RECLAMADO, ÉSTE NO PUEDE SURTIR EFECTO MATERIAL ALGUNO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando, subsistiendo el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Por tanto, cuando al promoverse el amparo directo en contra de la sentencia promovida por el Tribunal Fiscal de la Federación, el acto impugnado en el juicio de nulidad es cancelado, aun y cuando subsista la sentencia reclamada, ésta no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el acto impugnado en el juicio fiscal." En tal sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Finalmente háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
- Principal
MESA V. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, devuelve diligenciado el exhorto 270/2019-V (orden 270/2019), del índice de este Juzgado. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes tanto en el Libro de Gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, se tiene por notificado a la parte quejosa del auto de treinta y uno de octubre del año en curso, de lo cual se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
MESA V RECEPCIÓN DE OFICIO. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta suscrito por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual comunica el proveído de veintiocho de octubre pasado, en la que, el Juzgado de referencia, determinó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo indirecto 918/2019-III, promovido por *** en su calidad de defensora del quejoso *** contra actos del Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México. En ese sentido, la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, remite El original del juicio de amparo indirecto 918/2019-III; y Tres copias de la demanda. ACEPTA COMPETENCIA. Toda vez que el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante proveído de veintiocho de octubre pasado, determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver el asunto de que se trata; con fundamento en el artículo 37 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia declinada y se avoca a su conocimiento. Acúsese el recibo de estilo para los efectos legales conducentes. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y bajo el número 1443/2019-V. ACTO RECLAMADO. En principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, se observa que el acto reclamado se hace consistir en La resolución de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en el expediente ** y sus acumulados *** en la que se desechan los beneficios de libertad preparatoria, remisión parcial de la pena y tratamiento preliberacional. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. Notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se aperture el incidente de suspensión en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, para la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO A LA RESPONSABLE. Con fundamento en los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a la responsable informe justificado, que deberá de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se le reclaman; además, deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no rendir su informe ni remita las constancias señaladas que lo justifiquen en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. COMUNIQUE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y APERCIBIMIENTO DE MULTA. Asimismo, con apoyo en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa se le impondrá una multa hasta por la cantidad de cincuenta veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. En otro orden, conforme a lo previsto en la fracción III, inciso e), del artículo 5 de la Ley de Amparo, le recae el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México; en consecuencia, se ordena su emplazamiento por oficio que al efecto se libre. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD. Finalmente, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la responsable, que en el presente juicio de amparo únicamente le serán notificadas las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. DOMICILIO PROCESAL. Por lo que hace al domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, dado que del escrito que se provee se advierte que éste se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; hasta en tanto señale un domicilio ubicado dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, lo anterior, toda vez que el quejoso cuenta con defensor público. No obstante lo anterior, a efecto de no hacer nugatorios los derechos de la parte quejosa y por única ocasión, con fundamento en los artículos 21 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicha legislación, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, para que comisione al Actuario Judicial de su adscripción, a fin de notificar el presente proveído a Valentina Kuahutepatzin Flores Urbina en su calidad de defensora del quejoso Alejandro Estrada Bernal, en el domicilio que señalo en la demanda que se atiende, es decir en las instalaciones de la Defensoría Pública Federal, ubicadas en avenida insurgentes Sur, número 2065, colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Tiene sustento a lo anterior, la tesis aislada de la Séptima Época; Instancia Segunda Sala; Fuente Semanario Judicial de la Federación; tomo 73 Tercera Parte; consultable en la página 27 cuyo rubro y texto dispone "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de Distrito viola las reglas fundamentales que rigen el juicio de amparo, particularmente lo dispuesto por el artículo 30, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dejando al quejoso en estado de indefensión, en caso de que omita ordenar que a éste se le notifique personalmente el auto en que acepta la competencia para conocer del negocio y tiene por radicado el juicio de garantías, privando con ello a dicho quejoso de la oportunidad de actuar conforme conviniera a sus intereses; ya que la nueva radicación de los autos en un Juzgado de Distrito que ha aceptado la competencia que otro le atribuye, debe notificarse a las partes en forma personal, en vista de que dicha radicación implica un cambio de jurisdicción por razón de territorio y la reanudación de las actuaciones procesales en el amparo, después de haberse suspendido temporalmente por la cuestión de competencia surgida en el juicio y debe hacerse llegar con certeza al pleno conocimiento de las partes para garantizarles la oportunidad de hacer valer sus defensas en tiempo y forma. En consecuencia, procede ordenar la reposición del procedimiento, con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito ordene notificar personalmente a la quejosa el auto de radicación del negocio, y seguida la tramitación legal del juicio, dicte la sentencia que en derecho proceda." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.
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