Alejandro Esponda Prado

Expediente 1437/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1437/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Esponda Prado
  • Maria Eugenia Turrent Riquelme

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio suscrito por el Director de Área de la Dirección General de Amparos y Contencioso en representación de las autoridades dependientes de la Guardia Nacional, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento formulado en auto de ocho de agosto del año en curso, al señalar que con diverso oficio se informó que el quejoso se encuentra activo y que no ha firmado formato alguno; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar. En atención a su contenido, dígasele a la oficiante que deberá de estarse a lo acordado en proveído de veinte de septiembre de dos mil veintidós, por el que se acordó el oficio que refiere, en donde se tuvo por no desahogado el requerimiento formulado en autos. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vistos los oficios del Actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio de los cuales, remite el expediente original del juicio de P 943/2018-IV y copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión R.A.325/2021, en sesión de uno de septiembre de dos mil veintidós, por el Tribunal Colegiado citado. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión. SEGUNDO. Queda firme la sentencia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, y previo al presente proveído, glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos, para la substanciación de la alzada en el estado que actualmente se encuentre. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Ahora bien, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, so pena de que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que puedan discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo.[.] Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258, de la Ley de amparo, que prevén: [.] Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días.[.] Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el citado artículo 192, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el diverso 258; y, que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192, que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de veintiuno de junio de dos mil veintidós, la cual quedó conforme a la ejecutoria de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión número R.A. 325/2021, se concedió la protección constitucional al quejoso para los siguientes efectos: "En esas condiciones, al haber sido fundados los conceptos de violación, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 y 78, de la Ley de Amparo, los efectos de la protección federal concedida consisten en lo siguiente: a) La autoridad responsable Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, deberá dejar insubsistente la resolución de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y, en su lugar, emitir otra en la que ordene a la Quinta Sala de dicho tribunal dejar sin efectos todas las actuaciones dictadas en el juicio de nulidad V 103414/2016, incluyendo la sentencia de uno de junio de dos mil diecisiete, al haberse demostrado que la parte quejosa no fue emplazada, ni llamada ajuicio en términos de los artículos 50 y 51, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, vigente hasta el uno de septiembre de dos mil diecisiete, aplicable al caso concreto, esto es, como tercero interesado; y, en términos de las formalidades propias del juicio contencioso, reponga el procedimiento para el efecto de otorgarle la garantía de audiencia al hoy quejoso, a fin de que esté en aptitud de defender lo que a su interés convenga." En esas condiciones, con fundamento en el citado artículo 192, párrafo primero, se REQUIERE al Pleno Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En el entendido de que para ello, deberá: Dejar insubsistente la resolución de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y, en su lugar, emitir otra en la que ordene a la Quinta Sala de dicho tribunal dejar sin efectos todas las actuaciones dictadas en el juicio de nulidad V-103414/2016, incluyendo la sentencia de uno de junio de dos mil diecisiete, al haberse demostrado que la parte quejosa no fue emplazada, ni llamada ajuicio en términos de los artículos 50 y 51, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, vigente hasta el uno de septiembre de dos mil diecisiete, aplicable al caso concreto, esto es, como tercero interesado; y, en términos de las formalidades propias del juicio contencioso, reponga el procedimiento para el efecto de otorgarle la garantía de audiencia y esté en aptitud de defender lo que a su interés convenga. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del mencionado artículo 193. b) En términos de los trascritos artículos 238 y 258, se impondrá a su titular multa por cien veces la unidad de medida y actualización. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192, citado, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del invocado artículo 193, se hace del conocimiento de la autoridad requerida en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese

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