Alejandro Espinoza Ramírez
Expediente 2213/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2213/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/12/2018
Partes del expediente
- Alejandro Espinoza Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que sobresee en el juicio fuera de audiencia, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de destrucción en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la razón asentada por el actuario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que no pudo notificar a la tercera interesada Yeymi Zubieta Vargas, el auto de cuatro de diciembre del año en curso, pues ha transcurrido el término que se concedió, para que señalara domicilio en esta ciudad de San Andrés Cholula, Puebla o en la ciudad de Puebla, para recibir notificaciones, dentro del presente juicio de amparo, se hace efectivo el apercibimiento y se ordena su notificación por medio de lista, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal. Notifíquese. San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: El C. Juez Segundo de lo Familiar de los de esta ciudad de Puebla (.) IV.- Acto reclamado: a).- De las Autoridades ordenadoras reclamo la violación al artículo 50 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado que a la letra dice: ARTICULO 50.- Las sentencia definitivas, una vez turnados el expediente al Juez, deberán dictarse dentro de quince días, salvo el caso de que el volumen excesivo de las actuaciones, su consecuente lectura y estudio no lo permitan, en cuyo caso se deberá ampliar el término por un periodo igual. Las sentencias interlocutorias se dictaran dentro de ocho días. Los autos, dentro del tercer día. Esto toda vez que con fecha VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, mi abogado patrono en mi nombre y representación, pues cuenta con las facultades que otorga el artículo 19 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, presentó escrito que fue recibido en oficialía común de partes del mencionado juzgado segundo de lo familiar de los de la ciudad de Puebla, en el que se solicita que en cumplimiento al acuerdo de fecha siete de septiembre del presente año, se me solicito presentar Certificado de Gravámenes de los inmuebles, tal y como lo hice el día veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, sin que a la presente fecha le haya recaído acuerdo alguna a dicha solicitud y mucho menos sin que se haya notificado al suscrito el acuerdo respectivo, violándose con ello el dispositivo legal mencionado, que regula el plazo de tres días para que se dé contestación a la petición formulada violando con ello mi garantía de debido proceso." Ahora bien, del informe justificado rendido por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como de las constancias allegadas en el mismo, se advierte que la autoridad responsable mediante acuerdo de treinta de octubre del año en curso, acordó lo conducente respecto del escrito presentado por el quejoso en el juicio de origen el veintiséis de septiembre del mismo año, mismo auto que se notificó el seis de noviembre de la presente anualidad, para lo cual remitió copia certificadas del expediente de origen 1264/2016, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que el quejoso Alejandro Espinoza Ramírez, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, de acordar lo conducente respecto de su escrito presentado el veintiséis de septiembre del año en curso dentro del juicio de origen dentro del expediente 1264/2016. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el treinta de octubre de dos mil dieciocho, se acordó lo conducente respecto de su escrito presentado el veintiséis de septiembre del año en curso, dentro del juicio de origen dentro del expediente 1264/2016, mismo que se notificó el seis de noviembre del año en curso. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dictado el proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 1264/2016, cuya omisión se reclama, cesaron los efectos del retardo de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable dictara el acuerdo correspondiente al escrito presentado el veintiséis de septiembre dos mil dieciocho, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el treinta de octubre del mismo año, la responsable proveyó lo conducente a ese ocurso. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Alejandro Espinoza Ramírez reclamó al Juez Segundo de lo familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del seis de diciembre de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: El C. Juez Segundo de lo Familiar de los de esta ciudad de Puebla (.) IV.- Acto reclamado: a).- De las Autoridades ordenadoras reclamo la violación al artículo 50 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado que a la letra dice: ARTICULO 50.- Las sentencia definitivas, una vez turnados el expediente al Juez, deberán dictarse dentro de quince días, salvo el caso de que el volumen excesivo de las actuaciones, su consecuente lectura y estudio no lo permitan, en cuyo caso se deberá ampliar el término por un periodo igual. Las sentencias interlocutorias se dictaran dentro de ocho días. Los autos, dentro del tercer día. Esto toda vez que con fecha VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, mi abogado patrono en mi nombre y representación, pues cuenta con las facultades que otorga el artículo 19 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, presentó escrito que fue recibido en oficialía común de partes del mencionado juzgado segundo de lo familiar de los de la ciudad de Puebla, en el que se solicita que en cumplimiento al acuerdo de fecha siete de septiembre del presente año, se me solicito presentar Certificado de Gravámenes de los inmuebles, tal y como lo hice el día veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, sin que a la presente fecha le haya recaído acuerdo alguna a dicha solicitud y mucho menos sin que se haya notificado al suscrito el acuerdo respectivo, violándose con ello el dispositivo legal mencionado, que regula el plazo de tres días para que se dé contestación a la petición formulada violando con ello mi garantía de debido proceso." Ahora bien, del informe justificado rendido por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como de las constancias allegadas en el mismo, se advierte que la autoridad responsable mediante acuerdo de treinta de octubre del año en curso, acordó lo conducente respecto del escrito presentado por el quejoso en el juicio de origen el veintiséis de septiembre del mismo año, mismo auto que se notificó el seis de noviembre de la presente anualidad, para lo cual remitió copia certificadas del expediente de origen 1264/2016, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que el quejoso Alejandro Espinoza Ramírez, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, de acordar lo conducente respecto de su escrito presentado el veintiséis de septiembre del año en curso dentro del juicio de origen dentro del expediente 1264/2016. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el treinta de octubre de dos mil dieciocho, se acordó lo conducente respecto de su escrito presentado el veintiséis de septiembre del año en curso, dentro del juicio de origen dentro del expediente 1264/2016, mismo que se notificó el seis de noviembre del año en curso. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dictado el proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 1264/2016, cuya omisión se reclama, cesaron los efectos del retardo de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable dictara el acuerdo correspondiente al escrito presentado el veintiséis de septiembre dos mil dieciocho, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el treinta de octubre del mismo año, la responsable proveyó lo conducente a ese ocurso. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Alejandro Espinoza Ramírez reclamó al Juez Segundo de lo familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del seis de diciembre de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el escrito inicial de demanda la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: El C. Juez Segundo de lo Familiar de los de esta ciudad de Puebla (.) IV.- Acto reclamado: a).- De las Autoridades ordenadoras reclamo la violación al artículo 50 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado que a la letra dice: ARTICULO 50.- Las sentencia definitivas, una vez turnados el expediente al Juez, deberán dictarse dentro de quince días, salvo el caso de que el volumen excesivo de las actuaciones, su consecuente lectura y estudio no lo permitan, en cuyo caso se deberá ampliar el término por un periodo igual. Las sentencias interlocutorias se dictaran dentro de ocho días. Los autos, dentro del tercer día. Esto toda vez que con fecha VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, mi abogado patrono en mi nombre y representación, pues cuenta con las facultades que otorga el artículo 19 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, presentó escrito que fue recibido en oficialía común de partes del mencionado juzgado segundo de lo familiar de los de la ciudad de Puebla, en el que se solicita que en cumplimiento al acuerdo de fecha siete de septiembre del presente año, se me solicito presentar Certificado de Gravámenes de los inmuebles, tal y como lo hice el día veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, sin que a la presente fecha le haya recaído acuerdo alguna a dicha solicitud y mucho menos sin que se haya notificado al suscrito el acuerdo respectivo, violándose con ello el dispositivo legal mencionado, que regula el plazo de tres días para que se dé contestación a la petición formulada violando con ello mi garantía de debido proceso." Ahora bien, del informe justificado rendido por el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, así como de las constancias allegadas en el mismo, se advierte que la autoridad responsable mediante acuerdo de treinta de octubre del año en curso, acordó lo conducente respecto del escrito presentado por el quejoso en el juicio de origen el veintiséis de septiembre del mismo año, mismo auto que se notificó el seis de noviembre de la presente anualidad, para lo cual remitió copia certificadas del expediente de origen 1264/2016, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que el quejoso Alejandro Espinoza Ramírez, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, de acordar lo conducente respecto de su escrito presentado el veintiséis de septiembre del año en curso dentro del juicio de origen dentro del expediente 1264/2016. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el treinta de octubre de dos mil dieciocho, se acordó lo conducente respecto de su escrito presentado el veintiséis de septiembre del año en curso, dentro del juicio de origen dentro del expediente 1264/2016, mismo que se notificó el seis de noviembre del año en curso. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dictado el proveído de treinta de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 1264/2016, cuya omisión se reclama, cesaron los efectos del retardo de la que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Se expone lo anterior, porque si la pretensión de la quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable dictara el acuerdo correspondiente al escrito presentado el veintiséis de septiembre dos mil dieciocho, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el treinta de octubre del mismo año, la responsable proveyó lo conducente a ese ocurso. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Alejandro Espinoza Ramírez reclamó al Juez Segundo de lo familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con dieciséis minutos del seis de diciembre de dos mil dieciocho, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
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