Alejandro Escobar Juarez (A.E.J)

Expediente 116/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
116/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Escobar Juarez (A.E.J)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a través del cual solicita la devolución de los autos originales del toca penal 105/2019-CO, discos compactos que se acompañaron al informe justificado; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda. En atención a lo anterior, por así permitirlo el estado que guardan los autos, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias antes precisadas, consistentes en el anexo I que se formó por cuerda separada y discos de audio y vídeo que acompañó. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos del juicio de amparo *******, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintinueve de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Sala del Tercer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias por lo que se formó el anexo I; en esas condiciones, devuélvasele, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de abril de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, a la parte tercera interesada ********************, ******************** y ********************, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe. RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos del juicio de amparo 116/2021-II, promovido por Alejandro Escobar Juárez y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, ante la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, B.H.F. y A.E.J. presentaron demanda de amparo directo en contra de la resolución emitida en el toca penal 105/2019-CO-19 el quince de octubre de dos mil veinte. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, la Sala de referencia tuvo por presentada la demanda de amparo directo ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público que intervino en la carpeta de investigación JCC/652/2019, y a los imputados, rendir el informe justificado y remitirlo con los autos al Tribunal Colegiado en turno en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. SEGUNDO. Tribunal Colegiado se declara incompetente. Mediante acuerdo plenario de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo directo 263/2020 el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, se declaró legalmente incompetente y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos en turno. TERCERO. Recepción de la demanda y prevención. Por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo, se aceptó la competencia planteada y se previno a los quejosos para el efecto de que precisaran con exactitud sus nombres. Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso Alejandro Escobar Juárez precisó su nombre, informó que la quejosa Berenice Hernández Fuentes falleció el cinco de noviembre de dos mil veinte y exhibió copia con firmas electrónicas del acta de defunción. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó la ratificación de escrito de referencia, la cual tuvo verificativo el ocho de abril de ese mismo año. CUARTO. Desechamiento y admisión de la demanda. Por auto de quince de abril de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo por cuanto a Berenice Hernández Fuentes y se admitió por Alejandro Escobar Juárez, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La tercera interesada Agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación FE/UECS/2/303/2019, fue emplazada por oficio el veintitrés de abril de dos mil veintiuno y los investigados Martín Mendoza Severino, Estiben García Sandoval y Javier García García, el siete de julio de dos mil veintiuno. Se continuó con la substanciación del procedimiento iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde tiene ejecución el acto reclamado y reside la autoridad a la que se le atribuye. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la resolución de quince de octubre de dos mil veinte, pronunciada en el toca penal 105/2019-CO-19, ya que así lo manifestó la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por conducto de su Presidenta al rendir el informe justificado. Al respecto la responsable remitió los autos originales del toca penal de referencia (anexo I); y tres discos compactos que contienen copia auténtica del registro de audio y video de la audiencia inicial, de vinculación a proceso y de apelación. Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." TERCERO. Análisis de causa de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. De oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ( . ) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;.". Disposición legal relacionada con la jurisprudencia II.3o. J/69 cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA" El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". De la jurisprudencia transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que tienen como antecedente directo e inmediato uno diverso que fue consentido por la parte quejosa. Para que opere la causa de improcedencia en estudio, se requieren dos supuestos: a) Un acto previo en contra del cual no se promueva recurso o medio de defensa legal alguno, se haya consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; y, b) Que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo sólo sea la consecuencia legal, directa o forzosa del primero. Cabe precisar, que el análisis del consentimiento antes mencionado no debe hacerse en forma aislada, sino debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable con anterioridad a los reclamados; por tanto, para determinar si un acto deriva de otro consentido, debe establecerse que entre el acto reclamado y el anterior el cual se estima consentido, exista una relación de causa a efecto, traduciéndose en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. Ahora, para evidenciar la conclusión a la que se arriba, se estima necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. En audiencia inicial celebrada el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el Juez del Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, calificó de legal la detención de Javier García García, Estiben García Sandoval y Martín Mendoza Severiano. Asimismo, en dicha audiencia el Agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de los mencionados por la posible comisión de los delitos de secuestro agravado, secuestro equiparado en agravio de las víctimas A.E.J. y B.H.F. y por el delito de extorsión por cuanto a Martín Mendoza Severiano. 2. En audiencia de treinta de agosto de dos mil diecinueve, el Juez de Control decretó auto de no vinculación a proceso en favor de Javier García García y Estiben García Sandoval por el delito de secuestro agravado, y en favor de Martín Mendoza Severiano por el delito de extorsión. Y dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de secuestro equiparado. A la referida audiencia en representación de las víctimas compareció la Asesora Jurídica oficial. 3. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión interpuso recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso. 4. En acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez de Control admitió a trámite el recurso interpuesto y ordenó remitir las constancias correspondientes a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para la substanciación del recurso interpuesto, Asimismo, entre otras cosas, ordenó emplazar a las partes corriéndoles traslado con el escrito de apelación, a efecto de que en el plazo de tres días de pronunciaran sobre los agravios. También hizo saber a las partes que en el supuesto de adherirse al medio de impugnación, los interesados podrían manifestar por escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios. Igualmente, ordenó correr traslado con los agravios a la asesora jurídica y a las víctimas por conducto del Agente del Ministerio Público. 5. El seis de septiembre de dos mil diecinueve, la notificadora de Sala hizo constar la notificación vía telefónica a la asesora jurídica. En la misma fecha el Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, notificó y corrió traslado con los agravios a las víctimas. 6. Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la asesora jurídica de las víctimas manifestó adherirse a los agravios expresados por la Representación Social. 7. En acuerdo de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la asesora jurídica por adherida al recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público. 8. Mediante oficio 06378/19 el Juez de Control remitió a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, las constancias para la substanciación del recurso de apelación. 9. El nueve de septiembre de dos mil veinte, la Sala responsable ordenó dar trámite al recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en el toca penal 105/2019-CO-19. 10. Por resolución de quince de octubre de dos mil veinte, la Sala responsable declaró insuficientes los agravios expuestos por la Fiscalía y confirmó el auto de no vinculación a proceso apelado. Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, de los antecedentes narrados, se advierte que el quejoso Alejandro Escobar Juárez, en su calidad de víctima no interpuso recurso de apelación contra la resolución de no vinculación a proceso de treinta de agosto de dos mil diecinueve, pues la resolución de segunda instancia reclamada en esta vía, deriva del recurso de apelación interpuesto por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión. Lo anterior, conduce a considerar que respecto de la resolución de segundo grado, el juicio de amparo promovido por la víctima Alejandro Escobar Juárez, resulta improcedente al actualizarse la hipótesis normativa contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia II.3o. J/69 invocada, ya que de autos se advierte que el recurso de apelación hecho valer en contra de auto de no vinculación a proceso, sólo fue interpuesto por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, que actuó en la causa penal de origen, no así por la víctima, hoy quejoso. No obstante que el peticionario del amparo se encontraba legitimado para interponer el recurso de apelación, al tratarse de la víctima, tal como lo disponen los artículos 467, fracción VII, y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, si los agravios esgrimidos en dicho recurso de apelación fueron desestimados por la Sala responsable y en consecuencia confirmó el auto de no vinculación a proceso, ello encamina a considerar actualizada la causa de improcedencia en estudio, ya que la resolución de primera instancia, al no ser recurrida por el quejoso, es un acto consentido, mientras que la de segundo grado, en razón de que no modifica la situación jurídica de la ahí resuelta, resulta ser un acto derivado de otro consentido. Sirve de apoyo por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 1a./J. 92/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO AQUÉLLA CONFIRMÓ LO RESUELTO POR EL JUEZ NATURAL, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE NUEVO LEÓN). Cuando el juzgador de primera instancia dicta sentencia condenatoria al considerar comprobados el delito y la responsabilidad penal del inculpado, pero en lo relativo a la reparación del daño resuelve absolverlo, ello se traduce en un gravio a la víctima impugnable mediante el recurso de apelación,independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, pues ambos gozan de legitimación para ese efecto, y en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Así, en caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, y la ejecutoria de segundo grado confirme lo relativo a la reparación del daño, se concluye que el juicio de amparo directo promovido por el ofendido contra esta última resolución es improcedente en términos del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye la manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que la sentencia de primera instancia haya sido apelada por la autoridad ministerial. Además, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita se estableció: ".Máxime que la Ley de Amparo no faculta al Ministerio Público para que promueva juicio de garantías en favor del agraviado, situación que reafirma el hecho de que es el titular de la acción persecutoria y representante social, pero no sustituye al ofendido en los casos en que a éste corresponde el inconformarse contra lo que se resuelva en cuanto a la reparación del daño con independencia de que también lo haga aquél." Así también, es aplicable la tesis, cuyo tenor es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA"." Tal determinación, no viola el derecho de acceso a la impartición de justicia, pues su reconocimiento en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no implica soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance. Considerarlo de otra manera equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en sus destinatarios, pues se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. De ahí, que la causa de improcedencia invocada, que impide abordar el estudio de fondo del presente asunto, no es incompatible con la Convención de referencia; máxime que el derecho interno, no desatiende los estándares que pretende proteger respecto a ese derecho humano pues el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo. Lo anterior, aun considerando el derecho que otorga a los gobernados, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 25, relativo a contar con un "recurso efectivo"; porque ello no conlleva a que no deban verificarse los requisitos que prevé el Código Procesal para su procedencia. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." No pasa inadvertido que la ahora parte quejosa, interpuso apelación adhesiva, sin embargo, ésta en realidad no es un recurso autónomo, puesto que el derecho a adherirse solo surge cuando alguna de las otras partes ha interpuesto previamente el recurso de apelación ordinario, como en forma expresa se indica en el artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto resulta conveniente atender las consideraciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmadas en la jurisprudencia P./J. 8/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO ADHESIVO. ES IMPROCEDENTE ESTE MEDIO DE DEFENSA CONTRA LAS CONSIDERACIONES QUE CAUSEN PERJUICIO A LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 182 de la Ley de Amparo, el amparo adhesivo es una acción cuyo ejercicio depende del amparo principal, por lo que deben cumplirse ciertos presupuestos procesales para su ejercicio, además de existir una limitante respecto de los argumentos que formule su promovente, ya que sólo puede hacer valer pretensiones encaminadas al fortalecimiento de las consideraciones del fallo, así como violaciones procesales que trasciendan a éste y que pudieran concluir en un punto decisorio que le perjudique o violaciones en el dictado de la sentencia que pudieran perjudicarle de resultar fundado un concepto de violación en el amparo principal. En esas condiciones, si la parte que obtuvo sentencia favorable estima que la sentencia le ocasiona algún tipo de perjuicio, está obligada a presentar amparo principal, pues el artículo 182 citado es claro al establecer que la única afectación que puede hacerse valer en la vía adhesiva es la relativa a las violaciones procesales que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo. Lo anterior encuentra justificación en los principios de equilibrio procesal entre las partes y la igualdad de armas, ya que afirmar lo contrario permitiría ampliar el plazo para combatir consideraciones que ocasionen perjuicio a quien obtuvo sentencia favorable. Además, no es obstáculo el derecho que tiene la parte a quien benefició en parte la sentencia, de optar por no acudir al amparo con la finalidad de ejecutar la sentencia, pues la conducta de abstención de no promover el amparo principal evidencia aceptación de las consecuencias negativas en su esfera, sin que la promoción del amparo por su contraparte tenga por efecto revertir esa decisión." Como puede observarse, al analizar la naturaleza y los alcances del amparo adhesivo, el Pleno del Alto Tribunal del país ha establecido determinadas bases constitucionales y legales aplicables, por identidad jurídica sustancial, a la apelación adhesiva contemplada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el amparo adhesivo y la apelación adhesiva en estudio, comparten la característica esencial de ser medios de defensa accesorios, el primero en vía de acción y la segunda como un recurso. Esto es así, porque como sucede con el amparo adhesivo en relación con el amparo principal, la procedencia de la apelación adhesiva depende de la interposición del recurso ordinario de apelación, dado que de conformidad con el artículo 473 del citado ordenamiento penal adjetivo nacional, quien tenga derecho a recurrir, podrá adherirse al recurso de apelación interpuesto por cualquiera de la otras partes, dentro del término de tres días contados a partir de recibido el traslado, de manera que la apelación adhesiva, solo puede interponerse una vez que ha sido admitida a trámite la apelación ordinaria. Además, tanto los apelantes principales como los adherentes pueden exponer alegatos aclaratorios, y tanto la apelación ordinaria como la adhesiva se resuelven en una sola sentencia, lo que hace patente la estrecha vinculación existente entre ambos recursos. Cabe destacar, por su importancia, específicamente la porción normativa del quinto párrafo del artículo 182 de la Ley de Amparo, que determina el contenido de los conceptos de violación adhesivos, precisando que deben encaminarse a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, sostienen el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o pueden dirigirse a impugnar las consideraciones que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza la posibilidad de que este último supuesto implique la procedencia del amparo adhesivo contra las consideraciones de la sentencia reclamada que causen un perjuicio al adherente, y entre las razones que expone para sostenerlo así, existen algunas que válidamente respaldan la aplicación del mismo criterio; para concluir que en la apelación adhesiva prevista por el Código Nacional de Procedimientos Penales, tampoco es jurídicamente posible formular agravios para impugnar las consideraciones de la resolución recurrida que perjudiquen al apelante adherente. Una de ellas, que en síntesis justifica esa limitante, estriba en que los principios de equilibrio procesal entre las partes y la igualdad de defensa -descritos en los artículos 10 y 11, del código adjetivo mencionado, como principios de igualdad ante la ley e igualdad entre las partes-, deben respetarse en el procedimiento. Por lo que, si la apelación adhesiva puede presentarse en el término de tres días posteriores a la recepción del traslado, como lo señala el numeral 473 de ese mismo ordenamiento, en tanto que el recurso de apelación debe interponerse dentro de un plazo de tres, cinco o diez días, según se trate de un auto o de una sentencia, o bien, de una sentencia dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento, contados a partir de aquel en el que surta efectos su notificación, de acuerdo con el artículo 171 de la propia legislación, resulta inobjetable que de poder expresar agravios contra la parte de la resolución que le perjudique, el apelante adhesivo, tendría una injustificada ventaja de tiempo sobre el apelante que interpuso el recurso ordinario, pues mientras este último tiene un término para hacerlo que inicia en el momento en que surte efectos la notificación de la determinación recurrida, la adhesión a la apelación puede verificarse hasta tres días después de recibido el traslado. Así, de admitir que a través de la apelación adhesiva es posible impugnar las consideraciones de un auto o sentencia perjudiciales al apelante, de las que tiene conocimiento desde el momento de la notificación de la resolución de que se trate, se extendería indebidamente su oportunidad para hacerlo, pues contaría para tal efecto, no solo con el plazo contemplado por el citado artículo 171 para interponer el recurso de apelación ordinario, sino, que de no presentar en tiempo ese medio de impugnación, dispondría adicionalmente del lapso transcurrido hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del interpuesto por otra de las partes, lo admita y notifique a todas, más los tres días que el diverso numeral 473 concede para adherirse a ese recurso; situación que desde luego implica una injustificada desigualdad procesal inadmisible, pues se insiste, el apelante adhesivo tiene la posibilidad de apelar desde el momento en de la notificación de la resolución que le agravia, y por tanto gozaría de un término mucho más amplio para impugnarla, de quien interpuso la apelación ordinaria. En tal orden de ideas, no es obstáculo para considerar actualizada la invocada causal de improcedencia la interposición de la apelación adhesiva, puesto que esta figura jurídica goza de una naturaleza distinta a la apelación ordinaria, debiendo insistir en que el ahora quejoso estuvo en posibilidad de interponer el recurso ordinario de apelación, contra el auto de no vinculación a proceso, por lo que, al haber precluido su derecho para impugnar esa resolución judicial, de conformidad con el diverso numeral 460 del propio ordenamiento, consintió tácitamente todas las consideraciones y fundamentos legales expresados en dicha resolución por el Juez de Control que le perjudicaron, determinación que fue confirmada por la Sala de segundo grado en la resolución ahora reclamada Por tanto, la apelación adhesiva no es autónoma sino secundaria o derivada; por lo tanto, significa que tiene vida jurídica, si la tiene el recurso principal. Más que un medio de impugnación y/o recurso, es un derecho adhesivo, incluso, así lo denomina el propio artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, de no existir el impulso procesal del recurso ordinario de apelación, el derecho en comento no podría ser concebido de manera alguna, es decir, su naturaleza es forzosamente derivada, no independiente o autónoma como ya se ha venido señalando. Por las razones expuestas, se actualiza la causal de improcedencia analizada; luego, con fundamento en el diverso 63, fracción V de la ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. SEXTO. Se habilita horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Alejandro Escobar Juárez, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de marzo de dos mil veintidós en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.

  4. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 116/2021-II, promovido por Alejandro Escobar Juárez y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el seis de noviembre de dos mil veinte, ante la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, B.H.F. y A.E.J. presentaron demanda de amparo directo en contra de la resolución emitida en el toca penal 105/2019-CO-19 el quince de octubre de dos mil veinte. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, la Sala de referencia tuvo por presentada la demanda de amparo directo ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público que intervino en la carpeta de investigación JCC/652/2019, y a los imputados, rendir el informe justificado y remitirlo con los autos al Tribunal Colegiado en turno en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito. SEGUNDO. Tribunal Colegiado se declara incompetente. Mediante acuerdo plenario de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo directo 263/2020 el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, se declaró legalmente incompetente y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos en turno. TERCERO. Recepción de la demanda y prevención. Por acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo, se aceptó la competencia planteada y se previno a los quejosos para el efecto de que precisaran con exactitud sus nombres. Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, el quejoso Alejandro Escobar Juárez precisó su nombre, informó que la quejosa Berenice Hernández Fuentes falleció el cinco de noviembre de dos mil veinte y exhibió copia con firmas electrónicas del acta de defunción. El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó la ratificación de escrito de referencia, la cual tuvo verificativo el ocho de abril de ese mismo año. CUARTO. Desechamiento y admisión de la demanda. Por auto de quince de abril de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo por cuanto a Berenice Hernández Fuentes y se admitió por Alejandro Escobar Juárez, se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. La tercera interesada Agente del Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación FE/UECS/2/303/2019, fue emplazada por oficio el veintitrés de abril de dos mil veintiuno y los investigados Martín Mendoza Severino, Estiben García Sandoval y Javier García García, el siete de julio de dos mil veintiuno. Se continuó con la substanciación del procedimiento iniciándose la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde tiene ejecución el acto reclamado y reside la autoridad a la que se le atribuye. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la resolución de quince de octubre de dos mil veinte, pronunciada en el toca penal 105/2019-CO-19, ya que así lo manifestó la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por conducto de su Presidenta al rendir el informe justificado. Al respecto la responsable remitió los autos originales del toca penal de referencia (anexo I); y tres discos compactos que contienen copia auténtica del registro de audio y video de la audiencia inicial, de vinculación a proceso y de apelación. Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." TERCERO. Análisis de causa de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. De oficio advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ( . ) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;.". Disposición legal relacionada con la jurisprudencia II.3o. J/69 cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA" El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". De la jurisprudencia transcrita, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que tienen como antecedente directo e inmediato uno diverso que fue consentido por la parte quejosa. Para que opere la causa de improcedencia en estudio, se requieren dos supuestos: a) Un acto previo en contra del cual no se promueva recurso o medio de defensa legal alguno, se haya consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; y, b) Que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo sólo sea la consecuencia legal, directa o forzosa del primero. Cabe precisar, que el análisis del consentimiento antes mencionado no debe hacerse en forma aislada, sino debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable con anterioridad a los reclamados; por tanto, para determinar si un acto deriva de otro consentido, debe establecerse que entre el acto reclamado y el anterior el cual se estima consentido, exista una relación de causa a efecto, traduciéndose en una consecuencia legal, forzosa o directa del primer acto de autoridad. Ahora, para evidenciar la conclusión a la que se arriba, se estima necesario relatar los antecedentes del acto reclamado: 1. En audiencia inicial celebrada el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el Juez del Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado de Morelos, calificó de legal la detención de Javier García García, Estiben García Sandoval y Martín Mendoza Severiano. Asimismo, en dicha audiencia el Agente del Ministerio Público formuló imputación en contra de los mencionados por la posible comisión de los delitos de secuestro agravado, secuestro equiparado en agravio de las víctimas A.E.J. y B.H.F. y por el delito de extorsión por cuanto a Martín Mendoza Severiano. 2. En audiencia de treinta de agosto de dos mil diecinueve, el Juez de Control decretó auto de no vinculación a proceso en favor de Javier García García y Estiben García Sandoval por el delito de secuestro agravado, y en favor de Martín Mendoza Severiano por el delito de extorsión. Y dictó auto de vinculación a proceso en su contra por el delito de secuestro equiparado. A la referida audiencia en representación de las víctimas compareció la Asesora Jurídica oficial. 3. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión interpuso recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso. 4. En acuerdo de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Juez de Control admitió a trámite el recurso interpuesto y ordenó remitir las constancias correspondientes a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, para la substanciación del recurso interpuesto, Asimismo, entre otras cosas, ordenó emplazar a las partes corriéndoles traslado con el escrito de apelación, a efecto de que en el plazo de tres días de pronunciaran sobre los agravios. También hizo saber a las partes que en el supuesto de adherirse al medio de impugnación, los interesados podrían manifestar por escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios. Igualmente, ordenó correr traslado con los agravios a la asesora jurídica y a las víctimas por conducto del Agente del Ministerio Público. 5. El seis de septiembre de dos mil diecinueve, la notificadora de Sala hizo constar la notificación vía telefónica a la asesora jurídica. En la misma fecha el Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, notificó y corrió traslado con los agravios a las víctimas. 6. Por escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la asesora jurídica de las víctimas manifestó adherirse a los agravios expresados por la Representación Social. 7. En acuerdo de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la asesora jurídica por adherida al recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público. 8. Mediante oficio 06378/19 el Juez de Control remitió a la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, las constancias para la substanciación del recurso de apelación. 9. El nueve de septiembre de dos mil veinte, la Sala responsable ordenó dar trámite al recurso de apelación interpuesto por el Agente del Ministerio Público en el toca penal 105/2019-CO-19. 10. Por resolución de quince de octubre de dos mil veinte, la Sala responsable declaró insuficientes los agravios expuestos por la Fiscalía y confirmó el auto de no vinculación a proceso apelado. Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, de los antecedentes narrados, se advierte que el quejoso Alejandro Escobar Juárez, en su calidad de víctima no interpuso recurso de apelación contra la resolución de no vinculación a proceso de treinta de agosto de dos mil diecinueve, pues la resolución de segunda instancia reclamada en esta vía, deriva del recurso de apelación interpuesto por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión. Lo anterior, conduce a considerar que respecto de la resolución de segundo grado, el juicio de amparo promovido por la víctima Alejandro Escobar Juárez, resulta improcedente al actualizarse la hipótesis normativa contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia II.3o. J/69 invocada, ya que de autos se advierte que el recurso de apelación hecho valer en contra de auto de no vinculación a proceso, sólo fue interpuesto por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión, que actuó en la causa penal de origen, no así por la víctima, hoy quejoso. No obstante que el peticionario del amparo se encontraba legitimado para interponer el recurso de apelación, al tratarse de la víctima, tal como lo disponen los artículos 467, fracción VII, y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, si los agravios esgrimidos en dicho recurso de apelación fueron desestimados por la Sala responsable y en consecuencia confirmó el auto de no vinculación a proceso, ello encamina a considerar actualizada la causa de improcedencia en estudio, ya que la resolución de primera instancia, al no ser recurrida por el quejoso, es un acto consentido, mientras que la de segundo grado, en razón de que no modifica la situación jurídica de la ahí resuelta, resulta ser un acto derivado de otro consentido. Sirve de apoyo por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia 1a./J. 92/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO AQUÉLLA CONFIRMÓ LO RESUELTO POR EL JUEZ NATURAL, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE NUEVO LEÓN). Cuando el juzgador de primera instancia dicta sentencia condenatoria al considerar comprobados el delito y la responsabilidad penal del inculpado, pero en lo relativo a la reparación del daño resuelve absolverlo, ello se traduce en un gravio a la víctima impugnable mediante el recurso de apelación,independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, pues ambos gozan de legitimación para ese efecto, y en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Así, en caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, y la ejecutoria de segundo grado confirme lo relativo a la reparación del daño, se concluye que el juicio de amparo directo promovido por el ofendido contra esta última resolución es improcedente en términos del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye la manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que la sentencia de primera instancia haya sido apelada por la autoridad ministerial. Además, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia transcrita se estableció: ".Máxime que la Ley de Amparo no faculta al Ministerio Público para que promueva juicio de garantías en favor del agraviado, situación que reafirma el hecho de que es el titular de la acción persecutoria y representante social, pero no sustituye al ofendido en los casos en que a éste corresponde el inconformarse contra lo que se resuelva en cuanto a la reparación del daño con independencia de que también lo haga aquél." Así también, es aplicable la tesis, cuyo tenor es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA"." Tal determinación, no viola el derecho de acceso a la impartición de justicia, pues su reconocimiento en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no implica soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance. Considerarlo de otra manera equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en sus destinatarios, pues se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. De ahí, que la causa de improcedencia invocada, que impide abordar el estudio de fondo del presente asunto, no es incompatible con la Convención de referencia; máxime que el derecho interno, no desatiende los estándares que pretende proteger respecto a ese derecho humano pues el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo. Lo anterior, aun considerando el derecho que otorga a los gobernados, la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 25, relativo a contar con un "recurso efectivo"; porque ello no conlleva a que no deban verificarse los requisitos que prevé el Código Procesal para su procedencia. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." No pasa inadvertido que la ahora parte quejosa, interpuso apelación adhesiva, sin embargo, ésta en realidad no es un recurso autónomo, puesto que el derecho a adherirse solo surge cuando alguna de las otras partes ha interpuesto previamente el recurso de apelación ordinario, como en forma expresa se indica en el artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto resulta conveniente atender las consideraciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plasmadas en la jurisprudencia P./J. 8/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "AMPARO ADHESIVO. ES IMPROCEDENTE ESTE MEDIO DE DEFENSA CONTRA LAS CONSIDERACIONES QUE CAUSEN PERJUICIO A LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 182 de la Ley de Amparo, el amparo adhesivo es una acción cuyo ejercicio depende del amparo principal, por lo que deben cumplirse ciertos presupuestos procesales para su ejercicio, además de existir una limitante respecto de los argumentos que formule su promovente, ya que sólo puede hacer valer pretensiones encaminadas al fortalecimiento de las consideraciones del fallo, así como violaciones procesales que trasciendan a éste y que pudieran concluir en un punto decisorio que le perjudique o violaciones en el dictado de la sentencia que pudieran perjudicarle de resultar fundado un concepto de violación en el amparo principal. En esas condiciones, si la parte que obtuvo sentencia favorable estima que la sentencia le ocasiona algún tipo de perjuicio, está obligada a presentar amparo principal, pues el artículo 182 citado es claro al establecer que la única afectación que puede hacerse valer en la vía adhesiva es la relativa a las violaciones procesales que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo. Lo anterior encuentra justificación en los principios de equilibrio procesal entre las partes y la igualdad de armas, ya que afirmar lo contrario permitiría ampliar el plazo para combatir consideraciones que ocasionen perjuicio a quien obtuvo sentencia favorable. Además, no es obstáculo el derecho que tiene la parte a quien benefició en parte la sentencia, de optar por no acudir al amparo con la finalidad de ejecutar la sentencia, pues la conducta de abstención de no promover el amparo principal evidencia aceptación de las consecuencias negativas en su esfera, sin que la promoción del amparo por su contraparte tenga por efecto revertir esa decisión." Como puede observarse, al analizar la naturaleza y los alcances del amparo adhesivo, el Pleno del Alto Tribunal del país ha establecido determinadas bases constitucionales y legales aplicables, por identidad jurídica sustancial, a la apelación adhesiva contemplada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el amparo adhesivo y la apelación adhesiva en estudio, comparten la característica esencial de ser medios de defensa accesorios, el primero en vía de acción y la segunda como un recurso. Esto es así, porque como sucede con el amparo adhesivo en relación con el amparo principal, la procedencia de la apelación adhesiva depende de la interposición del recurso ordinario de apelación, dado que de conformidad con el artículo 473 del citado ordenamiento penal adjetivo nacional, quien tenga derecho a recurrir, podrá adherirse al recurso de apelación interpuesto por cualquiera de la otras partes, dentro del término de tres días contados a partir de recibido el traslado, de manera que la apelación adhesiva, solo puede interponerse una vez que ha sido admitida a trámite la apelación ordinaria. Además, tanto los apelantes principales como los adherentes pueden exponer alegatos aclaratorios, y tanto la apelación ordinaria como la adhesiva se resuelven en una sola sentencia, lo que hace patente la estrecha vinculación existente entre ambos recursos. Cabe destacar, por su importancia, específicamente la porción normativa del quinto párrafo del artículo 182 de la Ley de Amparo, que determina el contenido de los conceptos de violación adhesivos, precisando que deben encaminarse a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, sostienen el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o pueden dirigirse a impugnar las consideraciones que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechaza la posibilidad de que este último supuesto implique la procedencia del amparo adhesivo contra las consideraciones de la sentencia reclamada que causen un perjuicio al adherente, y entre las razones que expone para sostenerlo así, existen algunas que válidamente respaldan la aplicación del mismo criterio; para concluir que en la apelación adhesiva prevista por el Código Nacional de Procedimientos Penales, tampoco es jurídicamente posible formular agravios para impugnar las consideraciones de la resolución recurrida que perjudiquen al apelante adherente. Una de ellas, que en síntesis justifica esa limitante, estriba en que los principios de equilibrio procesal entre las partes y la igualdad de defensa -descritos en los artículos 10 y 11, del código adjetivo mencionado, como principios de igualdad ante la ley e igualdad entre las partes-, deben respetarse en el procedimiento. Por lo que, si la apelación adhesiva puede presentarse en el término de tres días posteriores a la recepción del traslado, como lo señala el numeral 473 de ese mismo ordenamiento, en tanto que el recurso de apelación debe interponerse dentro de un plazo de tres, cinco o diez días, según se trate de un auto o de una sentencia, o bien, de una sentencia dictada por un Tribunal de Enjuiciamiento, contados a partir de aquel en el que surta efectos su notificación, de acuerdo con el artículo 171 de la propia legislación, resulta inobjetable que de poder expresar agravios contra la parte de la resolución que le perjudique, el apelante adhesivo, tendría una injustificada ventaja de tiempo sobre el apelante que interpuso el recurso ordinario, pues mientras este último tiene un término para hacerlo que inicia en el momento en que surte efectos la notificación de la determinación recurrida, la adhesión a la apelación puede verificarse hasta tres días después de recibido el traslado. Así, de admitir que a través de la apelación adhesiva es posible impugnar las consideraciones de un auto o sentencia perjudiciales al apelante, de las que tiene conocimiento desde el momento de la notificación de la resolución de que se trate, se extendería indebidamente su oportunidad para hacerlo, pues contaría para tal efecto, no solo con el plazo contemplado por el citado artículo 171 para interponer el recurso de apelación ordinario, sino, que de no presentar en tiempo ese medio de impugnación, dispondría adicionalmente del lapso transcurrido hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del interpuesto por otra de las partes, lo admita y notifique a todas, más los tres días que el diverso numeral 473 concede para adherirse a ese recurso; situación que desde luego implica una injustificada desigualdad procesal inadmisible, pues se insiste, el apelante adhesivo tiene la posibilidad de apelar desde el momento en de la notificación de la resolución que le agravia, y por tanto gozaría de un término mucho más amplio para impugnarla, de quien interpuso la apelación ordinaria. En tal orden de ideas, no es obstáculo para considerar actualizada la invocada causal de improcedencia la interposición de la apelación adhesiva, puesto que esta figura jurídica goza de una naturaleza distinta a la apelación ordinaria, debiendo insistir en que el ahora quejoso estuvo en posibilidad de interponer el recurso ordinario de apelación, contra el auto de no vinculación a proceso, por lo que, al haber precluido su derecho para impugnar esa resolución judicial, de conformidad con el diverso numeral 460 del propio ordenamiento, consintió tácitamente todas las consideraciones y fundamentos legales expresados en dicha resolución por el Juez de Control que le perjudicaron, determinación que fue confirmada por la Sala de segundo grado en la resolución ahora reclamada Por tanto, la apelación adhesiva no es autónoma sino secundaria o derivada; por lo tanto, significa que tiene vida jurídica, si la tiene el recurso principal. Más que un medio de impugnación y/o recurso, es un derecho adhesivo, incluso, así lo denomina el propio artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues, de no existir el impulso procesal del recurso ordinario de apelación, el derecho en comento no podría ser concebido de manera alguna, es decir, su naturaleza es forzosamente derivada, no independiente o autónoma como ya se ha venido señalando. Por las razones expuestas, se actualiza la causal de improcedencia analizada; luego, con fundamento en el diverso 63, fracción V de la ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. SEXTO. Se habilita horas y días inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo antes expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Alejandro Escobar Juárez, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese y personalmente. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de marzo de dos mil veintidós en que así lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.

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