Alejandro Escala Rabadan

Expediente 747/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
747/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
14/06/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Escala Rabadan

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de Mauricio... en su carácter de autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual acude a desahogar el requerimiento formulado en proveído de once de mayo de dos mil dieciocho; por tanto, se provee: ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: el acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho (dictado después de la emisión del Laudo), por medio del cual la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revisión de actos de ejecución promovido por el quejoso, contra la determinación del Presidente de la Junta, de fecha treinta de enero de dos mil dieciocho, que declaró procedente el incidente de nulidad de notificación del Laudo emitido en el juicio de origen. DESECHAMIENTO Así, la demanda de que se trata deberá ser desechada de plano por notoriamente improcedente, ya que este Juzgado de Distrito, estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen: . "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo estableció que la "última resolución" que se dicte dentro del procedimiento de ejecución del juicio del que provenga el acto reclamado, es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, así como la que ordena el archivo definitivo del expediente, pues así lo recoge la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, al estatuir lo mismo, pues esto tiene el fin de que se evite el abuso del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", es decir, la determinación que contenga el acuerdo conclusivo de la ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página treinta y uno, tomo XIII, de abril de dos mil uno, la cual indica: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/29, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página un mil seiscientos setenta y dos, tomo XXIX, de febrero de dos mil nueve, que indica: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Asimismo, es necesario mencionar que si bien, por regla general tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, existen casos de excepción a dicha regla, pues aunque la fracción IV es autónoma, lo cierto es que no existe impedimento para leerla de manera relacionada con la fracción V, ya que ésta contiene un supuesto de procedencia más amplio, por tanto, existen ciertos actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que excepcionalmente admiten en su contra el juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos como violaciones procesales en la demanda de amparo contra la última resolución de dicho procedimiento, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, o bien cuando los actos reclamados pretendan impedir, obstaculizar o interrumpir la ejecución de la sentencia. Es ejemplificativo de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Así, la parte quejosa reclama en el presente sumario de amparo, el acuerdo de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho (dictado después de la emisión del Laudo), por medio del cual la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revisión de actos de ejecución promovido por el quejoso, contra la determinación del Presidente de la Junta de treinta de enero de dos mil dieciocho, que declaró procedente el incidente de nulidad de notificación del Laudo emitido en el juicio de origen; lo cual, evidencia que el acto combatido, no es la última resolución que pone fin al juicio de origen, o en su defecto sea el acuerdo mediante el cual se tenga por cumplida total o parcialmente la sentencia dictada por la autoridad responsable, o la que ordene el archivo. En ese sentido, se advierte que no es la última resolución dictada en la etapa correspondiente, pues en su caso, ésta será la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo condenado en la sentencia emitida, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso, como vimos, no sucede. Por tanto, una vez que se cumpla la sentencia dictada en el juicio de origen, la autoridad responsable emitirá la resolución correspondiente en la que determinará si ésta se encuentra o no cumplida o declarará su imposibilidad para cumplirlo y, en su caso, ordenará el archivo del asunto; y es esa determinación la que la parte quejosa podrá combatir mediante el juicio de amparo, en el que podrá hacer valer todas las violaciones que considere se hayan cometido en su perjuicio durante el trámite de la ejecución. Además, el acto reclamado no encuadra en algún supuesto de excepción a la regla general prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues no afecta de manera directa derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que el auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, no es un acto de imposible reparación ya que no afecta su vida, libertad, propiedad, salud, etc. Luego, al ser un auto dictado durante el trámite de la ejecución de sentencia, se reitera, lo deberá combatir junto con las demás violaciones acaecidas durante dicho procedimiento, mediante el juicio de amparo indirecto que en su caso promueva en contra de la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia; o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por otra parte, robusteciendo lo anterior, cabe precisar que mediante el escrito de demanda el quejoso señaló, bajo protesta de decir verdad en su arábigo 5., de su apartado de "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO:", que: "5. Ésta representación, inconforme con el acuerdo antes mencionado, promovió incidente de revisión de actos del presidente ejecutor, toda vez que (.) por lo anterior con fecha 04 de abril 2018 se celebró una audiencia incidental, en la que la actora incidentista expuso y ratificó su incidente y la demandada incidentista dio contestación; ambas partes ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes y la Junta se avocó a resolver, dictando otro acuerdo de esa misma fecha, en la que declara improcedente el incidente planteado." En ese sentido, se advierte que lo reclamado no es la "última resolución" dentro del juicio de origen, en contra de la cual proceda el juicio de amparo; máxime que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por lo que no puede ser catalogada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo dictado, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo del expediente; además, que la resolución que pretende combatir en vía de amparo biinstancial, es una determinación donde se declara improcedente el incidente de revisión de actos del presidente ejecutor, dentro del procedimiento de ejecución del laudo (como se desprende de su escrito de demanda y del anexo que exhibe el quejoso, se advierte que existe un laudo dentro del juicio de origen), evidenciando que la resolución combatida no es la última resolución con la que concluye el procedimiento, por ente no es procedente el amparo indirecto. Sirve de apoyo por analogía la Jurisprudencia(Laboral), de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, página 1482, novena época, que establece: "AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto." En efecto, la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el inicio del procedimiento respectivo, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. De ahí que, aunque la parte que promueva el juicio de amparo sea el vencedor en la contienda de origen, constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la citada regla de procedencia, en virtud de que, independientemente de la parte que promueva el juicio (actor o demandado), en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que, como fue precisado, es lo que se pretende evitar mediante la regla de procedencia citada en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al efecto, se invoca por analogía la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, julio de 2004, página 75, con número de registro 181144, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de la Materia, se desecha la demanda de amparo.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese la razón del Actuario Judicial de la adscripción, en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso el auto de once de mayo de dos mil dieciocho, por las razones que indica. Por tanto, notifíquese esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale diverso domicilio para ello, dentro de la residencia de este juzgado (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). SÍNTESIS DEL AUTO DE ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO: "... Vista la demanda de cuenta promovida por..., por propio derecho, se ordena registrarla bajo el número de juicio de amparo 747/2018-IV-A. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracciones IV y V en relación con los numerales 110, 114, fracciones I, II, IV y V de la Ley de Amparo, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computados, realice lo siguiente: 1.- Deberá aclarar cuál es el acto que reclama en esta instancia constitucional, ya que si bien es cierto menciona en el apartado ser el acuerdo de fecha cuatro de abril del año en curso, en el cual se declaró improcedente el incidente de revisión de actos de presidente ejecutor en el expediente J.2/627/2009 del índice de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco; también se advierte en los apartados de antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación que se inconforma con la declaración de procedencia del incidente de nulidad promovido por los demandados, como lo es el de la notificación del laudo; por lo cual es necesario que aclare respecto a que determinación se refiere. Máxime que en este Juzgado se tramito el juicio de amparo 433/2018, donde se analizó la legalidad de la interlocutoria de treinta de enero de dos mil dieciocho, que declaró nula la notificación del laudo, dentro de ese juicio J.2/627/2009, el que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. De ahí que también deba hacer relación precisa y cronológica de las actuaciones posteriores y hasta la de cuatro de abril de dos mil dieciocho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis en materia común pronunciada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, a página 54, que establece: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO..." 2.- Para mejor proveer, deberá exhibir transcripción o copia del acuerdo de fecha cuatro de abril del año en curso, que constituye el acto reclamado en el expediente J.2/627/2009 del índice de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán - Texcoco. 3. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte agraviada que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir los juegos de copias necesarios para cada una de las partes. APERCIBIMIENTO Apercibida que de no cumplir en sus términos la prevención formulada, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; esto es, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se tiene como autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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