Alejandro Enrique Jarquín Gaytán
Expediente 1356/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1356/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandro Enrique Jarquín Gaytán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, por medio del cual, la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, acusa recibo e informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el ocurso de cuenta, por medio del cual, el quejoso Alejandro Enrique Jarquín Gaytán, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, téngasele interponiendo el medio de impugnación que hace valer, atento a su contenido, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por los arábigos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo distribúyase entre las demás partes copia del escrito mediante el cual se interpone el medio de impugnación señalado y dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que se integre el expediente remítase el original del escrito de expresión de agravios, una copia y este expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en turno. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que revelen la historia procesal del sumario. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el ocurso de cuenta, por medio del cual, el quejoso Alejandro Enrique Jarquín Gaytán, interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, téngasele interponiendo el medio de impugnación que hace valer, atento a su contenido, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por los arábigos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo distribúyase entre las demás partes copia del escrito mediante el cual se interpone el medio de impugnación señalado y dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que se integre el expediente remítase el original del escrito de expresión de agravios, una copia y este expediente, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en turno. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que revelen la historia procesal del sumario. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
- Principal
. S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1356/2022, promovido por Alejandro Enrique Jarquín Gaytán. I. ANTECEDENTES 1. En el presente asunto el quejoso Alejandro Enrique Jarquín Gaytán, indica que el once de noviembre de dos mil veintidós una persona que se identificó como actuario adscrito al Juzgado Primero Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, acudió a su domicilio con la finalidad de notificarle los acuerdos de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno y de diecinueve de octubre de dos mil veintidós dictados en el juicio ejecutivo mercantil 182/2018, en virtud de figurar como demandado y deudor principal, asimismo el fedatario le informó que en el juicio indicado ya existía sentencia y que los actos a notificar se referían a la planilla de liquidación de la misma. 2. Por lo anterior, y en virtud del desconocimiento del asunto el catorce de noviembre siguiente, acudió al Juzgado Primero Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, con la finalidad de imponerse de los autos que lo integran, por lo cual en el mismo acto la responsable asentó una diligencia de comparecencia espontanea. 3. Refiere que al consultar los autos del juicio ejecutivo mercantil 182/2018, tuvo conocimiento de la demanda instaurada por Zurisadai Carrasco López en la cual figura como demandado, y que en un primer momento fue radicada bajo el expediente 34/2017 del índice del extinto Juzgado Octavo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca. 4. Asimismo, que en autos del aludido expediente advirtió la existencia de la diligencia de catorce de febrero de dos mil diecisiete, relativa a la notificación de requerimiento de pago, emplazamiento y embargo que la responsable por conducto del actuario adscrito supuestamente le realizó. 5. Que por auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, asume la competencia del juicio ejecutivo mercantil 34/2017 del índice del otrora Juzgado Octavo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, dando origen al diverso 182/2018. 6. Los hechos antes narrados constituyen los antecedentes del acto reclamado, y dado que el quejoso estima que las autoridades responsables no lo emplazaron al juicio ejecutivo mercantil 182/2018 y realizaron la secuela procesal resolviendo en consecuencia sin que fuera llamado a juicio, es que acude a esta instancia constitucional con la finalidad de que se le restituya en el goce de los derechos que estima violados. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 7. Alejandro Enrique Jarquín Gaytán, el uno de diciembre de dos mil veintidós presentó un escrito ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos reclamados al Juez y ejecutor adscritos al Juzgado Primero Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca. 8. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 9. La demanda de amparo fue turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha de su presentación y por auto de dos de diciembre de dos mil veintidós se radicó, registrándose bajo el expediente 1356/2022, y se previno a la parte quejosa a efecto de que aclarara ciertas irregularidades en su escrito de demanda. 10. Una vez cumplida la prevención formulada y ratificada la firma plasmada en el escrito relativo, el veinte de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. 11. Por auto de veintidós de diciembre de dos mil veintidós se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Zurisadai Carrasco López. 12. La audiencia constitucional, tuvo verificativo el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. III. COMPETENCIA 13. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. 14. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en contra de actos que derivan de un juicio en materia mercantil y las autoridades responsables residen dentro de la demarcación territorial en la cual este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 15. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 16. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 17. Ahora bien, en virtud que la demanda de amparo debe analizarse de manera íntegra, asumiendo como un todo, los capítulos de actos reclamados y de antecedentes, a fin de advertir de manera plena lo realmente planteado, en relación a la causa de pedir y con ello el órgano jurisdiccional se encuentre en calidad de resolver la Litis realmente planteada, se tiene como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Juez Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Ejecutor adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Actos reclamados: La ilegal diligencia de notificación de requerimiento de pago emplazamiento y embargo de catorce de febrero de dos mil diecisiete al juicio ejecutivo mercantil 34/2017 del índice del Juzgado Octavo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, actualmente registrado con el expediente 182/2018 del índice del Juzgado Primero Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca. Todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil 182/2018 del índice del Juzgado Primero Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca. 18. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 19. Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. 20. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. 21. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." 22. En el caso, al momento de rendir sus informes justificados la Juez Primero Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca y el actuario de su adscripción aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen (el último de los enunciados aceptó los actos al adherirse al informe de la juez responsable); en virtud, que indican que en ese órgano judicial se encuentra radicado el juicio ejecutivo mercantil 182/2018, promovido por Zurisadai Carrasco López y donde el aquí quejoso figura como parte demandada. 23. Por lo cual se tiene por plenamente probada la existencia de los actos que se les atribuyen. 24. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." 25. Lo que además, se corrobora con las constancias que en copia certificada deducida de las que integran el juicio ejecutivo mercantil 182/2018, que remitió la responsable ordenadora y que obran en un tomo de pruebas por separado, documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia de los actos combatidos. 26. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." VI.-LEGITIMACIÓN 27. En el presente asunto el quejoso Alejandro Enrique Jarquín Gaytán reclama el emplazamiento que obra en el juicio ejecutivo mercantil 182/2018 en el cual figura como parte demandada de ahí que el disconforme se encuentre legitimado para promover la presente instancia constitucional, pues al ser la parte en contra de quien existe condena en el referido expediente y aducir que no tuvo conocimiento de dicho juicio, afecta sus derechos. VII. OPORTUNIDAD 28. De la demanda de amparo se advierte que el hoy quejoso manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de noviembre de dos mil veintidós, con motivo de su comparecencia espontanea al Juzgado Primero Civil del distrito judicial del Centro, para consultar los actos del juicio ejecutivo mercantil 182/2018, de ahí que el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para promover la demanda de amparo transcurría del quince de noviembre al seis de diciembre de dos mil veintidós (sin contar los días inhábiles que mediaron en el plazo conforme al numeral 19 de la ley en comento). 29. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el uno de diciembre de dos mil veintidós, debe decirse que la misma fue promovida oportunamente. VIII. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. 30. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. 31. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 32. En atención a que las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las previstas por el dispositivo 61 de la Ley de Amparo resulta procedente entrar al estudio del fondo de la litis constitucional planteada. IX. ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO. 33. Los conceptos de violación si bien no se transcriben se tienen por insertos en aras de economía procesal, en virtud de no existir disposición en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción; no obstante lo anterior, para su análisis se sintetizarán más adelante. 34. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." . 35. De la lectura del escrito inicial de demanda de amparo se advierte que la parte quejosa como único concepto de violación, aduce que el emplazamiento viola en su perjuicio las garantías de legalidad, debido proceso, igualdad, seguridad jurídica y audiencia previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales. 36. En virtud que al no haber sido debidamente emplazado al juicio no estuvo en oportunidad de defenderse, siguiéndose el procedimiento del mismo sin que se le respetara su garantía de audiencia. 37. Del análisis del concepto de violación, como lo autoriza el artículo 76, de la Ley de Amparo, se considera que es infundado, aun supliéndose en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo al tenor de la jurisprudencia P./J. 149/2000, aplicable por analogía, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro No. 190656, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Página: 22, cuyo rubro y texto son: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos, de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." 38. Como marco de referencia es importante precisar que el derecho de audiencia que tutela el segundo párrafo del ordinal 14 de la Constitución General de la República implica la prerrogativa de todo gobernado para que previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarlo de su vida, de su libertad, de sus propiedades, de sus posesiones o de sus derechos se le dé oportunidad de defenderse en un juicio. 39. El debido respeto al derecho de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ante los Tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho y que pueda culminar con un acto privativo se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. 40. Las formalidades esenciales del procedimiento son las condiciones fundamentales que deben satisfacer el proceso jurisdiccional y el procedimiento administrativo para otorgar al posible afectado por el acto privativo una razonable oportunidad de defensa; de no observarse esas condiciones fundamentales se dejaría de cumplir con el fin de la prerrogativa de audiencia que es evitar la indefensión del afectado. 41. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 47/95 estableció que las formalidades esenciales del procedimiento de manera genérica se traducen en los requisitos siguientes: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar, y d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 42. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento; además, es un requisito indispensable para que se puedan materializar las otras es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 43. En el proceso jurisdiccional, esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. 44. El emplazamiento a juicio ha sido definido como el acto procesal por el que se hace saber a una persona, que ha sido demandada, se le da a conocer el contenido de la demanda y se le previene que la conteste, apercibida de que de no hacerlo, tendrá que sufrir las consecuencias de su inactividad. 45. La importancia y la trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha señalado que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. 46. Precisamente por la importancia y la trascendencia que tiene el emplazamiento es que por un lado las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades vicia el procedimiento y trae como consecuencia su nulidad total. 47. Por ende, las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento no tienen otra finalidad que la de garantizar hasta donde racionalmente sea posible que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, porque sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. 48. Dichas formalidades y su observancia, a las que se une la relativa a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales para que cualquier resolución que se dicte, sea en estricta observancia del marco jurídico que la rige. 49. En ese sentido, la legislación aplicable al presente asunto es el Código de Comercio en virtud que los actos que en esta instancia se reclaman tienen como origen el juicio ejecutivo mercantil 34/2017 del índice del otrora Juzgado Octavo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca actualmente 182/2018 del índice del Juzgado Primero Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, promovido por la aquí tercera interesada Zurisadai Carrasco López. 50. En este punto, se precisa que las formalidades que deben observarse en un emplazamiento a un juicio ejecutivo mercantil están previstas por los normativos 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, en relación con los diversos ordinales 309, fracción I, 310, 311 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primero de esos ordenamientos por disposición expresa de su arábigo 1054, los cuales a la letra dictan: Del Código de Comercio. "Artículo 1393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio." "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. "Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que, dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello." Del Código Federal de Procedimientos Civiles. "Artículo 309. Las notificaciones serán personales: I. Para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el negocio; [.]" "Artículo 310. Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica. Al Procurador de la República y a los agentes del Ministerio Público Federal, en sus respectivos casos, las notificaciones personales les serán hechas a ellos o a quienes los substituyan en el ejercicio de sus funciones, en los términos de la ley orgánica de la institución. Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo." "Artículo 311. Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313.". "Artículo 317. Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquellas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. Las copias que no recojan las partes, se guardarán en la secretaría, mientras esté pendiente el negocio." 51. El primero de los numerales citados prescribe que tratándose de los juicios ejecutivos mercantiles de no encontrarse el deudor a la primera búsqueda en el domicilio señalado por el actor, pero cerciorado que corresponde al domicilio de aquél le dejará citatorio fijándole hora hábil dentro de un plazo comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores y si no aguarda se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas establecidas por el Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos (artículo 1393). 52. En el entendido de que la diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el numeral 1393 del Código de Comercio; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. 53. A continuación, se emplazará al demandado, en todo caso se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de la demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el dispositivo 1061 de la citada codificación (artículo 1394). 54. Además, realizado el embargo se notificará al deudor o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará conforme a lo estatuido por el arábigo 1075 del Código de Comercio, comparezca el demandado ante el Juzgado que conozca del juicio a hacer paga llana de la cantidad exigida y las costas o a oponer las excepciones que tuviere para ello (artículo 1396). 55. En armonía con lo anterior, los dispositivos del Código Federal de Procedimientos Civiles prescriben que se notificará personalmente el emplazamiento a juicio al demandado (artículo 309, fracción I); las notificaciones personales se harán al interesado en la casa designada, dejándole copia íntegra y autorizada de la resolución que se le notifica (artículo 310); para ese efecto, el personal actuante debe cerciorarse, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos (artículo 311); finalmente, deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquéllas a quien se hace y si no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esa circunstancia (artículo 317). 56. De lo anterior se concluye que, en el supuesto analizado, las leyes invocadas en armonía sistemática prevén esencialmente tres requisitos para la validez de la diligencia de emplazamiento; a saber: 1. Debe de realizarse en el domicilio designado al efecto y cerciorarse de que la persona buscada tiene su domicilio en él. 2. Que previo al emplazamiento se hará el requerimiento de pago y al embargo de bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, diligencia que podrá realizarse con el interesado o bien, con su representante o procurador. 3. Dejar cédula que contenga la orden de embargo decretada en su contra, copia de la diligencia practicada, correrle traslado con copia de la demanda, y documentos que la acompañan. 57. En el presente caso la materia de la litis constitucional, se ciñe a determinar si el emplazamiento realizado al quejoso Alejandro Enrique Jarquín Gaytán, colmó o no los requisitos legales. 58. De la lectura de las constancias que remitieron las autoridades responsables en apoyo a sus informes justificados consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio ejecutivo mercantil 182/2018, las cuales obran en un tomo de pruebas por separado y a las cuales se les otorgó pleno valor probatorio, se advierte que el dos de febrero de dos mil diecisiete la otrora autoridad responsable Juez Octavo de lo Civil del distrito judicial del Centro admitió a trámite la demanda en vía ejecutiva mercantil promovida por Zurisadai Carrasco López, en ejercicio de la acción cambiaria directa en contra del aquí quejoso Alejandro Enrique Jarquín Gaytán, ordenando la notificación, y requerimiento de pago o embargo al referido demandado, por conducto del actuario que debía designar la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares del distrito judicial del Centro, esto en compañía de la parte actora. 59. En cumplimiento a lo anterior, el catorce de febrero de dos mil diecisiete el actuario judicial adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles y Familiares del distrito judicial del Centro, acudió en compañía de la parte actora al domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón, número quinientos uno, Pueblo Nuevo, Oaxaca, el cual fue indicado por la parte actora como del demandado a efecto de realizar la diligencia de notificación de requerimiento de pago, emplazamiento y embargo. 60. El fedatario, en la diligencia respectiva realizó la descripción del domicilio, y se cercioró que en el habitaba la persona con quien debía atenderse la diligencia, describió los rasgos fisonómicos de la persona que confirmó que era el domicilio buscado el cual manifestó ser el demandado Alejandro Enrique Jarquín Gaytán, acreditando su personalidad con una credencial para votar la cual el fedatario tuvo a la vista. 61. Una vez cerciorado que la diligencia se atendía con la persona buscada, el fedatario le hizo saber el motivo de su diligencia y le requirió el pago de las prestaciones reclamadas, a lo que el aquí quejoso manifestó reconocer la deuda e indicando que en ese momento no contaba con la solvencia para cubrirla; por lo cual, el actuario le requirió para que señalara bienes suficientes que garantizaran la deuda, sin que el deudor señalara bien alguno, reservándose dicho derecho; por lo que, atento a ello el derecho para señalar bienes pasó al actor quien manifestó reservarse tal derecho. 62. Hecho lo anterior, el ejecutor judicial procedió a correrle traslado con copia simple de la demanda, del auto admisorio de dos de febrero de dos mil diecisiete, con un interrogatorio y tres documentos base de la acción, lo emplazó a juicio y lo requirió en los términos que la responsable ordenadora indicó en auto inicial y que son propios del procedimiento. 63. Consecuentemente, el disidente manifestó quedar enterado de cada uno de los puntos sobre los que versó la diligencia, recibiendo de conformidad las copias de traslado e indicando que no era su deseo firmar la diligencia y únicamente firmar la cedula de notificación respectiva. 64. Asimismo, de las constancias relativas se advierte la cedula de notificación de la cual se desprende que calza la firma del demandado. 65. Conforme a dichos datos, es patente que no le asiste la razón jurídica al quejoso, porque, de la lectura que se hace a la diligencia de emplazamiento se advierte que se cumplieron con las formalidades que señala el ordenamiento legal, pues, el actuario judicial, hizo constar que se constituyó en el domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón, número quinientos uno, Pueblo Nuevo, Oaxaca, tal como se ordenó en el proveído de dos de febrero de dos mil diecisiete; dijo haberse cerciorado de encontrarse en ese sitio por haber tenido a la vista la nomenclatura, los letreros existentes, así como por habérselo confirmado quien se encontraba en el interior del domicilio, a quien describió sus características físicas, y quien le manifestó que era la persona buscada que además se identificó con el documento idóneo; con lo anterior se considera que se satisfizo la primera de las formalidades antes establecidas. 66. También se advierte de la diligencia, que el actuario se cercioró que el domicilio en que se encontraba correspondía al demandado en el juicio principal, aquí quejoso por así habérselo referido el propio demandado (quejoso), cuya identidad quedó debidamente establecida al hacerse constar que se identificó; con ello dio cumplimiento a la segunda de las formalidades ya destacadas. 67. En virtud que el fedatario tuvo conocimiento que fue atendido por el propio buscado (demandado) aquí quejoso, procedió a llevar el emplazamiento, con el demandado, para lo cual le hizo saber el motivo de su presencia, le requirió el pago de la deuda y en virtud de que el demandado no podía pagarla le requirió señalara bienes suficientes que la cubriera; realizado lo anterior, le corrió traslado con la copia de la demanda y anexos, realizando diversos apercibimientos, hizo constar que el demandado no quiso firmar la diligencia, manifestando que solo era su deseo firmar la copia de la cedula de notificación; con lo que se cumplió con la formalidad respectiva. 68. Sin que la carencia de la firma de un motivo para cuestionar la legalidad de la diligencia en virtud que el actuario hizo constan tal situación. 69. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 39/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 24, del Tomo XXXIII, Mayo de 2011, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "NOTIFICACIÓN. CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATICAL. La notificación, en especial el emplazamiento, debe cumplir con ciertas formalidades, pues las actuaciones públicas deben probar su legalidad por sí mismas, lo que obliga a que dicha diligencia se ajuste a los lineamientos legales, como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surta todos sus efectos, además de que salvaguarda la garantía de seguridad jurídica del particular, al asegurar que se entere de la incoación de un proceso en su contra. Por ello, las normas que regulan tal institución ponen énfasis en que deben firmar las personas a las que se les practica, en caso contrario, el servidor público judicial debe especificar si ocurrió porque no supo, no quiso o no pudo firmar, lo que implica que debe realizar una evaluación general del acto notificatorio para determinar si quedó cumplido o no dicho fin. Por tanto, para que la notificación sea válida cuando el notificado no quiere, no sabe o no puede firmar el acta correspondiente, el actuario debe asentar en ésta la causa, motivo o razón de tal circunstancia, empleando cualquier expresión gramatical, con la condición de que sea clara para que quien se imponga de dicha actuación tenga pleno conocimiento del porqué no firmó el interesado, sin requerir de un formulismo sacramental como "no supo", "no pudo" o "no quiso", pues la circunstancia de que sólo firma el actuario y no la persona notificada "porque no lo creyó necesario" significa que el interesado no quiso firmar y explica el motivo". 70. Asentó todo lo anterior en un acta respectiva, dando así cumplimiento a la última de las formalidades. 71. Por lo anterior, se concluye que el emplazamiento materia del disenso se realizó bajo las formalidades que establece el ordenamiento legal aplicable y por tanto está revestido de legalidad, contrario a lo que expuso el disidente, ya que no solo cumple con las formalidades legales, sino que la misma fue atendida por el tal como ha quedado demostrado. 72. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 55/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 33 Tomo VIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1998, novena época, registro 195122, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada." 73. Ahora, debe destacarse que en virtud de que el ejecutor adscrito al juzgado responsable tiene fe pública por actuar como autoridad en ejercicio de sus funciones, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a su actuación. 74. Considerar lo contrario, llegaría al extremo de que el demandado solamente negara la existencia del emplazamiento o que mencione que este fue indebido o que ya no habitaba el inmueble, o cualquier consideración sin sustento probatorio para considerar ilegal dicha diligencia; lo que desde luego no puede ocurrir atendiendo a la fe pública con que cuentan dichos funcionarios. 75. Por ello, los argumentos sin sustento probatorio, resultan insuficientes para demeritar el emplazamiento analizado, pues para ello, era necesario que de forma fehaciente demostrara dicha circunstancia; y no sólo alegar que la diligencia realizada no fue atendida por él. 76. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 57, tomo I, segunda parte, enero a junio de 1988, octava época, de registro 230868 de rubro y texto siguiente: "ACTUARIO, LA FE PUBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDONEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia." 77. Así como la tesis IV.2º.J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, novena época, con registro digital 205152 de rubro y texto: "NOTIFICACIONES.LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." 78. En las condiciones apuntadas, debe mantenerse con eficacia probatoria plena, la diligencia de emplazamiento reclamada, por provenir de funcionario dotado de fe pública en el ejercicio de su encargo y por haberse realizado conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. X. DECISIÓN 79. En las relatadas condiciones, toda vez que no se advierte que se vulneraran en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. 80. Finalmente, debe decirse que en esta sentencia se citaron diversos criterios, los cuales, aunque fueron integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, siguen siendo aplicables, de acuerdo a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, en esas condiciones, lo que en ellos se interpreta no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. 81. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alejandro Enrique Jarquín Gaytán en contra de los actos reclamados atribuidos al Juez y ejecutor del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial del Centro, por las consideraciones expuestas en el apartado IX de este fallo. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
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