Alejandro Enio Hernández Yáñez

Expediente 1969/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1969/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
24/01/2017

Partes del expediente

  • Alejandro Enio Hernández Yáñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal algún documento que amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito de la parte quejosa por medio del cual desahoga la prevención formulada en autos; en atención a su contenido se provee: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que la parte quejosa reclama del Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, el proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en ejecución de sentencia, dentro del juicio civil 551/2014 del índice de la autoridad responsable, acuerdo mediante el cual el juez natural admitió el recurso de denegada apelación sin suspensión del procedimiento de ejecución; medio de impugnación que fue interpuesto por el aquí quejoso quien dice solicitó al juzgador en cita que al admitir el recurso de referencia suspendiera los actos de ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese sentido, esta juzgadora atendiendo a lo informado por el quejoso en su escrito de demanda y en el diverso que en esta data se agrega, determina que se materializa de forma manifiesta e indudable una hipótesis de improcedencia de la demanda, que impide admitirla y que está prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra un acto dictado en ejecución de sentencia que no sea aquel que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra los actos de ejecución de sentencia de los tribunales judiciales realizados, en los supuestos siguientes: 1. Contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia. 2. En el procedimiento de remate aquél que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados. Como bien se sabe, el objetivo del procedimiento de ejecución de una sentencia es cumplir con lo resuelto en ésta, aspecto que constituye una cuestión de orden público. En ese sentido, a fin de evitar su entorpecimiento o retardo, con motivo de la promoción de un amparo, el legislador consideró que éste únicamente procede en términos de la reglas descritas, esto es, contra la resolución que pone fin al procedimiento respectivo (entendida como aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados), con la posibilidad de que se controviertan las violaciones producidas durante su tramitación que dejaron en estado de indefensión a la persona. De manera excepcional, existe la oportunidad de impugnar un acto de ejecución de sentencia, que no sea la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, siempre que afecte de manera irreparable los derechos sustantivos de la persona reconocidos en la Constitución o en los tratados y demás instrumentos internacionales en que México es parte, o bien, que la parte quejosa ostente la calidad de persona extraña, circunstancias que en el caso concreto no se actualizan. En el caso el acto reclamado dimana del expediente 551/2014 del índice del Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en específico el proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual el juez natural admitió el recurso de denegada apelación sin suspensión del procedimiento de ejecución; medio de impugnación que fue interpuesto por el aquí quejoso quien dice solicitó al juzgador en cita que al admitir el recurso de referencia suspendiera los actos de ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen. Pues bien, dicha determinación se dictó con motivo del procedimiento de ejecución de sentencia, la cual no se trata de un acto autónomo de ésta. Tampoco constituye la resolución definitiva que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o bien ordena el archivo. No se trata tampoco de un acto dictado en el procedimiento de remate. En efecto, se trata de una resolución dictada en ejecución de sentencia, cuyo resultado puede trascender a la determinación final de dicha etapa procesal, sin embargo, contrario a las manifestaciones de la parte quejosa, no se reúnen los requisitos de excepción para que proceda el amparo contra esa resolución, toda vez que no se afectan sus derechos sustantivos, ya que dicha cuestión fue materia del juicio de origen, lo que culminó en la sentencia que ahora se está ejecutando. En tal virtud, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente contra la resolución reclamada. Por lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de 10 de enero de dos mil dieciséis: "Téngase por recibido el escrito de la parte quejosa por medio del cual desahoga la prevención formulada en autos; en atención a su contenido se provee: ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae que la parte quejosa reclama del Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, el proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en ejecución de sentencia, dentro del juicio civil 551/2014 del índice de la autoridad responsable, acuerdo mediante el cual el juez natural admitió el recurso de denegada apelación sin suspensión del procedimiento de ejecución; medio de impugnación que fue interpuesto por el aquí quejoso quien dice solicitó al juzgador en cita que al admitir el recurso de referencia suspendiera los actos de ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen. Al respecto, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese sentido, esta juzgadora atendiendo a lo informado por el quejoso en su escrito de demanda y en el diverso que en esta data se agrega, determina que se materializa de forma manifiesta e indudable una hipótesis de improcedencia de la demanda, que impide admitirla y que está prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra un acto dictado en ejecución de sentencia que no sea aquel que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra los actos de ejecución de sentencia de los tribunales judiciales realizados, en los supuestos siguientes: 1. Contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia. 2. En el procedimiento de remate aquél que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados. Como bien se sabe, el objetivo del procedimiento de ejecución de una sentencia es cumplir con lo resuelto en ésta, aspecto que constituye una cuestión de orden público. En ese sentido, a fin de evitar su entorpecimiento o retardo, con motivo de la promoción de un amparo, el legislador consideró que éste únicamente procede en términos de la reglas descritas, esto es, contra la resolución que pone fin al procedimiento respectivo (entendida como aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados), con la posibilidad de que se controviertan las violaciones producidas durante su tramitación que dejaron en estado de indefensión a la persona. De manera excepcional, existe la oportunidad de impugnar un acto de ejecución de sentencia, que no sea la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, siempre que afecte de manera irreparable los derechos sustantivos de la persona reconocidos en la Constitución o en los tratados y demás instrumentos internacionales en que México es parte, o bien, que la parte quejosa ostente la calidad de persona extraña, circunstancias que en el caso concreto no se actualizan. En el caso el acto reclamado dimana del expediente 551/2014 del índice del Juez Noveno de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en específico el proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual el juez natural admitió el recurso de denegada apelación sin suspensión del procedimiento de ejecución; medio de impugnación que fue interpuesto por el aquí quejoso quien dice solicitó al juzgador en cita que al admitir el recurso de referencia suspendiera los actos de ejecución de la sentencia dictada en el expediente de origen. Pues bien, dicha determinación se dictó con motivo del procedimiento de ejecución de sentencia, la cual no se trata de un acto autónomo de ésta. Tampoco constituye la resolución definitiva que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o bien ordena el archivo. No se trata tampoco de un acto dictado en el procedimiento de remate. En efecto, se trata de una resolución dictada en ejecución de sentencia, cuyo resultado puede trascender a la determinación final de dicha etapa procesal, sin embargo, contrario a las manifestaciones de la parte quejosa, no se reúnen los requisitos de excepción para que proceda el amparo contra esa resolución, toda vez que no se afectan sus derechos sustantivos, ya que dicha cuestión fue materia del juicio de origen, lo que culminó en la sentencia que ahora se está ejecutando. En tal virtud, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente contra la resolución reclamada. Por lo anterior, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente. ".

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por el apoderado de la parte quejosa, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en el auto inicial, a través de las manifestaciones a que se contrae en su escrito de cuenta. No obstante, a juicio de esta autoridad no se estima cumplida la prevención, pues la misma fue para que dentro del término de cinco días, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, precisara los puntos ahí acotados y además acompañara las copias necesarias para correr trasladado al resto de las partes, a saber, seis copias, por corresponder dos para las autoridades señaladas como responsables, dos para dar trámite al incidente de suspensión solicitado, una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y una más para la parte tercera interesada, sin embargo, como se advierte del sello de recepción plasmado por la Oficialía de Partes de este juzgado, sólo fueron presentadas cinco copias del escrito aclaratorio. En mérito de lo anterior, no es dable tener cumplida la prevención; por tanto, hágase del conocimiento de la parte promovente que subsiste en sus términos la prevención inserta en el proveído de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, así como el término concedido para desahogarla; en el entendido que el plazo otorgado para su cumplimiento seguirá transcurriendo una vez que se notifique de manera personal la presente resolución, pues se ha visto interrumpido por causa de la presentación del escrito aclaratorio de mérito. Notifíquese personalmente.

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