Alejandro Efrén Guevara Ramírez y Otros.

Expediente 115/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 33 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
115/2021
Año
2021
Actuaciones
33
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Efrén Guevara Ramírez y Otros.
  • Jesús Dionicio Corrales Quiñones y Otros.
  • Alejandro Efrén Guevara Ramírez
  • Director General de Catastro Municipal de Ciudad Juárez y Otros.
  • Congreso del Estado de Chihuahua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes, en su caso, manifestaran si existía alguna inconformidad contra el proveído de tres de enero de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 201, fracción I, de la citada ley; en consecuencia, se tiene por consentido el cumplimiento. Ahora bien, toda vez que no existe diligencia pendiente de desahogar ni actuación alguna por cumplimentar; aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa, visibles en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), concuerdan con las que obran en el expediente material; por tanto, con fundamento en los preceptos 196 y 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área respectiva para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión de que este expediente, es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el citado consejo, toda vez que en este asunto se concedió el amparo y protección constitucional; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tiene relevancia documental; lo anterior, sin perjuicio de conservar la demanda, sentencia respectiva y este proveído, de conformidad con lo establecido en el punto 7.3 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre únicamente como corresponda el escrito firmado por el licenciado Paul Guillermo Morales Pérez, autorizado de la parte quejosa; mediante el cual, manifiesta su conformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; sin necesidad de emitir mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de tres de los actuales, se declaró cumplida la sentencia de amparo emitida en este juicio.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector emitido en este expediente, sin que haya realizado alguna manifestación al respecto. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a determinar si en el presente caso la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida o no, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea negativo, el efecto será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumplir, por su parte, lo que la misma exija. Al respecto, se considera necesario mencionar que en sentencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo a los quejosos ********************, para los efectos siguientes: "(.) Ahora bien, toda vez que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo la sentencia de amparo debe restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; en el caso, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación al principio de legalidad tributaria, en virtud de la imprecisión destacada. Por ello, con la finalidad de precisar los efectos de la concesión decretada, es importante decir que aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango, revelan la capacidad contributiva mínima establecida para cada una de ellas. Por ende, la inconstitucionalidad declarada no implica que la parte quejosa deje de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique a la parte quejosa el rubro que le corresponda de la tabla de valores, es decir, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial e industrial, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentran los inmuebles mencionados, sin contemplar alguna otra subclasificación adicional, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. (.) Es necesario precisar que a las cantidades que deban devolverse a la parte agraviada, se deben adicionar las diferencias que resulten por los rubros accesorios al cobro del impuesto predial que se realizaron, ya que la cantidad que pagó por ese tributo representó la base para el cobro de dichos conceptos accesorios. Sin embargo, a fin de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las responsables deberán reintegrarles la diferencia de las cantidades que cubrieron por concepto del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, debidamente actualizada, a fin de darle su valor real al momento en que aquélla se efectuó, y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. (.) En consecuencia, con base en las consideraciones precisadas, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión solicitado por los quejosos ********************, en contra de los actos que reclamaron del Congreso del Estado de Chihuahua y Director de Catastro del Municipio de Juárez, para los efectos antes precisados". Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable Director de Catastro del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, medio de defensa que le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, radicado como amparo en revisión 183/2021; por lo que tal tribunal de Alzada en sesión de veintisiete de abril de dos mil veintidós, determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión a que este toca se refiere". Por tanto, en auto de doce de mayo de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento de la sentencia a la Tesorera y Director General de Catastro, ambos del Municipio de Juárez, Chihuahua. En veinte de dicho mes, se abrió el incidente innominado, con el propósito de que las partes pudieran aportar pruebas fehacientes para determinar la cuantía exacta que debía pagarse a la parte quejosa, y en audiencia de cuatro de julio de dos mil veintidós, se resolvió el mismo y se requirió a las responsables el cumplimiento de la sentencia. Inconforme con dicha resolución el Director de Catastro del Municipio de Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad, interpuso recurso de queja, el cual se acordó el quince de julio del año anterior; conoció de aquél el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al que correspondió el registro 116/2022 y resolvió en sesión de cinco de octubre último, en la que determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja a que este toca se refiere". Por tanto en auto de once de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la Tesorera y Director General de Catastro, ambos del Municipio de Juárez, Chihuahua, con domicilio en esta ciudad, a fin de que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Previos requerimientos que se hicieron a las mencionadas responsables el diez de noviembre y el veinte de diciembre, ambos de dos mil veintidós, se recibieron los oficios TM/CJT/4054/2022 y TM/CJT/4368/2022, firmados por la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, sita en esta ciudad, de ocho de noviembre y catorce de diciembre, éstos de dos mil veintidós, a los que adjuntó el acuerdos de esas datas y copias certificadas de los cheques 0013863 y 0013870, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós y cuatro de noviembre de dos mil veintidós, a nombre de los quejosos ********************, por las cantidades de $22,631.21 (veintidós mil seiscientos treinta y un pesos 21/100) y $23,984.18 (veintitrés mil novecientos ochenta y cuatro pesos 18/100), moneda nacional, a cargo de la institución bancaria denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, con los que se dio vista a la impetrante de amparo, para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo que el autorizado de la parte quejosa en escrito recibido vía electrónica el doce de diciembre del año anterior, desahogó la primera vista en la que manifestó su conformidad con el cumplimiento, por lo que respecta a la segunda no realizó ninguna. Consecuentemente, dado que el amparo se concedió para que se devuelva a los impetrantes la diferencia de la cantidad de dinero que cubrieron por concepto del impuesto predial de dos mil veintiuno, debidamente actualizada, tal y como se hizo. Por ende, en términos del precitado artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento; asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo. Hágase del conocimiento de las partes que contra la presente determinación procede el recurso de inconformidad y que disponen de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DICTADO EL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado al fallo protector emitido en este expediente, sin que haya realizado alguna manifestación al respecto. En consecuencia, con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a determinar si en el presente caso la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida o no, con base en las constancias que obran en el juicio en que se actúa. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea negativo, el efecto será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y cumplir, por su parte, lo que la misma exija. Al respecto, se considera necesario mencionar que en sentencia de trece de mayo de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo a los quejosos ********************, para los efectos siguientes: "(.) Ahora bien, toda vez que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo la sentencia de amparo debe restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; en el caso, debe eliminarse la inseguridad jurídica causada por la violación al principio de legalidad tributaria, en virtud de la imprecisión destacada. Por ello, con la finalidad de precisar los efectos de la concesión decretada, es importante decir que aun cuando no existe un procedimiento o parámetros suficientes establecidos en ley, para determinar cuál de las distintas bases gravables refleja la verdadera capacidad contributiva del propietario o poseedor del inmueble, sí existe certeza de que todo inmueble con las características expresadas en determinado rango, revelan la capacidad contributiva mínima establecida para cada una de ellas. Por ende, la inconstitucionalidad declarada no implica que la parte quejosa deje de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, sino que, atendiendo a que la violación constitucional se genera por virtud de la falta de certeza en cuanto a la base aplicable a un determinado inmueble, el efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad consiste en que se le aplique a la parte quejosa el rubro que le corresponda de la tabla de valores, es decir, conforme al destino del inmueble previamente definido como habitacional, comercial e industrial, atendiendo al uso, tipología y sector, claro está, aplicando el monto de menor cuantía, aun cuando no corresponda a la colonia o fraccionamiento en que se encuentran los inmuebles mencionados, sin contemplar alguna otra subclasificación adicional, pues sólo así se puede lograr la restitución en el goce de la garantía constitucional quebrantada, según se establece en el artículo 77 de la Ley de Amparo. (.) Es necesario precisar que a las cantidades que deban devolverse a la parte agraviada, se deben adicionar las diferencias que resulten por los rubros accesorios al cobro del impuesto predial que se realizaron, ya que la cantidad que pagó por ese tributo representó la base para el cobro de dichos conceptos accesorios. Sin embargo, a fin de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las responsables deberán reintegrarles la diferencia de las cantidades que cubrieron por concepto del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, debidamente actualizada, a fin de darle su valor real al momento en que aquélla se efectuó, y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago. (.) En consecuencia, con base en las consideraciones precisadas, lo procedente es conceder el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión solicitado por los quejosos ********************, en contra de los actos que reclamaron del Congreso del Estado de Chihuahua y Director de Catastro del Municipio de Juárez, para los efectos antes precisados". Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable Director de Catastro del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, medio de defensa que le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, radicado como amparo en revisión 183/2021; por lo que tal tribunal de Alzada en sesión de veintisiete de abril de dos mil veintidós, determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión a que este toca se refiere". Por tanto, en auto de doce de mayo de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento de la sentencia a la Tesorera y Director General de Catastro, ambos del Municipio de Juárez, Chihuahua. En veinte de dicho mes, se abrió el incidente innominado, con el propósito de que las partes pudieran aportar pruebas fehacientes para determinar la cuantía exacta que debía pagarse a la parte quejosa, y en audiencia de cuatro de julio de dos mil veintidós, se resolvió el mismo y se requirió a las responsables el cumplimiento de la sentencia. Inconforme con dicha resolución el Director de Catastro del Municipio de Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad, interpuso recurso de queja, el cual se acordó el quince de julio del año anterior; conoció de aquél el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al que correspondió el registro 116/2022 y resolvió en sesión de cinco de octubre último, en la que determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja a que este toca se refiere". Por tanto en auto de once de octubre de dos mil veintidós, se requirió a la Tesorera y Director General de Catastro, ambos del Municipio de Juárez, Chihuahua, con domicilio en esta ciudad, a fin de que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Previos requerimientos que se hicieron a las mencionadas responsables el diez de noviembre y el veinte de diciembre, ambos de dos mil veintidós, se recibieron los oficios TM/CJT/4054/2022 y TM/CJT/4368/2022, firmados por la Tesorera del Municipio de Juárez, Chihuahua, sita en esta ciudad, de ocho de noviembre y catorce de diciembre, éstos de dos mil veintidós, a los que adjuntó el acuerdos de esas datas y copias certificadas de los cheques 0013863 y 0013870, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós y cuatro de noviembre de dos mil veintidós, a nombre de los quejosos ********************, por las cantidades de $22,631.21 (veintidós mil seiscientos treinta y un pesos 21/100) y $23,984.18 (veintitrés mil novecientos ochenta y cuatro pesos 18/100), moneda nacional, a cargo de la institución bancaria denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, con los que se dio vista a la impetrante de amparo, para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo que el autorizado de la parte quejosa en escrito recibido vía electrónica el doce de diciembre del año anterior, desahogó la primera vista en la que manifestó su conformidad con el cumplimiento, por lo que respecta a la segunda no realizó ninguna. Consecuentemente, dado que el amparo se concedió para que se devuelva a los impetrantes la diferencia de la cantidad de dinero que cubrieron por concepto del impuesto predial de dos mil veintiuno, debidamente actualizada, tal y como se hizo. Por ende, en términos del precitado artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento; asiéntese razón de ello en el libro de registro de juicios de amparo. Hágase del conocimiento de las partes que contra la presente determinación procede el recurso de inconformidad y que disponen de quince días para hacerlo, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.

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