Alejandro Dorantes Aranda
Expediente 1730/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1730/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/08/2017
Partes del expediente
- Alejandro Dorantes Aranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa se haya inconformado con lo proveído en auto de trece de julio del presente año, en el que se determinó que no existía materia para el cumplimiento; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. Por lo que hace a los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténgase por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo fracción XV y Vigésimo Primero fracción III, primer párrafo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se negó la medida cautelar, solicitada. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, catorce de agosto de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, mediante al cual promueve incidente por incumplimiento de la suspensión definitiva otorgada por este juzgado; atento su contenido, dígasele que no resulta necesario tramitarlo, pues únicamente resulta suficiente precisar los alcances y efectos de la suspensión definitiva concedida. En ese sentido, al respecto se establece que mediante resolución interlocutoria de dieciocho de mayo de dos mil quince, este órgano jurisdiccional concedió la suspensión definitiva en los términos y para el efecto siguiente: "De la transcripción anterior se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí procede conceder la suspensión contra la aplicación y ejecución de los artículos 17-K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, ya que con ello no se afecta el orden público ni se causa perjuicio al interés social, pues si bien es cierto que los deberes impuestos a los contribuyentes en dichos numerales, consistentes en emplear el buzón tributario como mecanismo de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria e ingresar mensualmente su información contable en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, forman parte del conjunto de medidas implementadas por el legislador a fin de que los procedimientos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no significa que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones fiscales ni impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación. La contradicción de tesis referida, dio lugar a la jurisprudencia 2ª./J. 2/2015 (10ª.) definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1760, que a la letra señala: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).El análisis del proceso legislativo que culminó con la adición y modificación de los anteriores preceptos por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013 y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, permite establecer que procede conceder la suspensión en contra de su aplicación, al no contravenirse disposiciones de orden público ni afectarse el interés social, ya que las obligaciones que se imponen a los contribuyentes, consistentes en emplear el buzón tributario como medio de comunicación electrónica con la autoridad hacendaria y enviar de manera mensual su información contable mediante la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, si bien forman parte de las medidas implementadas a fin de agilizar los procesos de recaudación y fiscalización, lo cierto es que la concesión de la medida cautelar no impide que el contribuyente cumpla con sus obligaciones fiscales de presentar promociones, solicitudes y avisos e incluso desahogar los requerimientos que la autoridad hacendaria le formule en forma directa, ya sea mediante documento impreso o a través de otros medios electrónicos en documento digital, ni tampoco que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación; habida cuenta que ésta puede notificar a los contribuyentes los actos y resoluciones que emita a través de los mecanismos ordinarios previstos para tal efecto, solicitando la información contable para verificar el cumplimiento de las obligaciones a través de los procedimientos de fiscalización, como son la revisión de gabinete y la visita domiciliaria." Ahora bien, debe tomarse en consideración que existe una normatividad complementaria que atañe a aspectos específicos, derivados de las disposiciones materia de los razonamientos que anteceden, como parte de la cual se integra incluso, entre otras, la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil quince, y que resulta trascendente respecto de esta resolución porque de un modo u otro obligan al contribuyente a sujetarse al sistema denominado buzón tributario, así como a las denominadas contabilidad electrónica, en sus diversos aspectos inherentes tanto al registro como a la remisión, y revisión electrónica; por tanto, la conclusión alcanzada comprende también a esas diversas disposiciones que en uno u otro aspecto, inciden en la situación jurídico tributaria de la parte quejosa en relación con la obligación de registrar y enviar mensualmente su información contable por medios electrónicos, particularmente a través del buzón tributario y, por tanto, deben seguir la misma suerte que las disposiciones complementadas. Considerarlo de otro modo implicaría dejar sin materia el juicio de amparo, particularmente si se considera que expresa o implícitamente involucra lo relativo a buzón tributario, registro electrónico de contabilidad, remisión de la contabilidad a través del buzón tributario, revisión electrónica y preliquidación, por lo que, excluir de los alcances y efectos de la medida cautelar cualquiera de esos rubros, conllevaría inevitablemente la sujeción del contribuyente quejoso a la regulación inherente a todos los demás y, consecuentemente, a dejar sin materia el juicio de garantías..." En consecuencia, con la finalidad de no generar incertidumbre jurídica, se precisa que tal como se desprende del texto y el contexto de la resolución, el alcance y efecto relativo consiste en que la autoridad fiscal no podrá exigir que la quejosa ingrese su contabilidad electrónica mensualmente a través del denominado buzón tributario, además, el referido medio de comunicación electrónica no podrá ser utilizado de manera oficiosa por la autoridad para notificarles cualquier acto o resolución que emita, menos aquellos que resulten perjudiciales para los contribuyentes. Se precisa que la suspensión otorgada no implica que el citado medio de comunicación deba suspenderse totalmente por la autoridad, ya que deberá quedar habilitado a efecto de que, de optar por ese medio, la quejosa pueda realizar otras operaciones, tales como presentar promociones, solicitudes, avisos y consultar su situación fiscal, casos en los que la autoridad podrá dar respuesta o solución por el mismo medio o vía electrónica. Sin que pueda considerarse que el otorgamiento de la medida solicitada implique que los contribuyentes queden relevados de la obligación de llevar los registros contables de manera electrónica, ni que la autoridad exactora esté impedida para ejercer sus facultades de comprobación o verificación, siempre y cuando sea por un medio distinto a la vía electrónica. En ese sentido, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la medida cautelar concedida; apercibido que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se le impondrá una multa por la cantidad que resulte equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación al artículo 259 Ley de Amparo; por lo que una vez que transcurra el plazo concedido provéase lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Visto el oficio del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, atento a su contenido, acúsese recibo del oficio 05730-VII, recibido en este órgano jurisdiccional el tres de noviembre de dos mil dieciséis, por medio del cual remitió debidamente diligenciado el exhorto 317/2016 (número de origen 311/2016) de su índice, formado con motivo de su similar 1793/2016, derivado de este asunto. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a trece de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los autos del que se advierte que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primer Región con residencia en la Ciudad de México, mediante oficio de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, informó que se estimó necesario realizar una consulta a la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que determine si le compete conocer del recurso de revisión interpuesto. En consecuencia, de no existir impedimento alguno, solicítese a dicho Tribunal Colegiado, que informe del estado procesal que guardan los autos del presente juicio, a fin de poder estar en posibilidad de acordar lo conducente. Notifíquese.
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