Alejandro Dominguez Linage

Expediente 852/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
852/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Dominguez Linage

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Alejandro Domínguez Linage, mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo con tal carácter a: Titular y/o Encargado del Despacho de la Unidad de Consignaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Investigación Especializada de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional. IV.- ACTO RECLAMADO.- LO ES LA OMISIÓN Y/O NEGATIVA DE REMITIR LA AVERIGUACIÓN PREVIA número 888/2012/DMZS radicada en la AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA MESA CUATRO DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA DEL SISTEMA TRADICIONAL, al JUZGADO PENAL QUE EN TURNO CORRESPONDA. Indagatoria que ya fue consignada por el Agente del Ministerio Público de referencia, ejercitándose acción penal." (fojas 2 y vuelta). Mediante proveído de diez de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 5 a 8), se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 852/2018-E y se requirió a la parte quejosa en términos de los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, para que realizara lo siguiente: "PRIMERO.- Precise qué acto reclama a cada una de las autoridades responsables. SEGUNDO.- En caso que el acto reclamado sea la negativa de remitir la averiguación previa 888/2012/DMZS, radicada en la Agencia del Ministerio Público de la Mesa Cuatro de Investigación Especializada de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, deberá manifestar si tal acto fue emitido por las autoridades responsables de forma verbal o de manera escrita; en la inteligencia que deberá informar la fecha en la que aconteció ello." Así las cosas, mediante escrito recibido en este juzgado el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 11), el quejoso Alejandro Domínguez Linage, dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en los siguientes términos: "(.) El acto reclamado es la OMISIÓN de remitir la averiguación previa número 888/2012/DMZS radicada ante la agencia del ministerio público de la mesa cuatro de investigación especializada de la unidad de investigación especializada del sistema tradicional, al JUZGADO PENAL QUE EN TURNO CORRESPONDA. Indagatoria que ya fue consignada por el Agente del Ministerio Público de referencia, ejercitándose acción penal. (.)" Ahora bien, el uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 34 y 35), se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable 1. Encargado del Despacho de la Agencia del Ministerio Público de Consignaciones adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, quien negó la existencia del acto que le atribuyó el quejoso (foja 22). Sin embargo, de las constancias que acompañó a su informe, se advierte: Que mediante pliego de consignación número 8/2018 de once de junio de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional, consignó la averiguación previa 888/2012/DMZS, ante el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla (foja 25). Que por oficio 350/2018/CONS de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, el 1. Encargado del Despacho de la Agencia del Ministerio Público de Consignaciones adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, remitió los cuadernos original y duplicado de la averiguación previa 888/2012/DMZS al juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla (foja 24), y fue recibido el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. De lo que se colige que la omisión reclamada existía a la fecha de la presentación de la demanda (siete de septiembre de dos mil dieciocho). Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de la revisión de las constancias que integran el presente sumario este Juzgado advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia notoria e indudable prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo y, para explicar lo anterior, es menester transcribir el artículo en cita que dispone: "Artículo. 61- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En ese sentido, si el acto reclamado consiste en la omisión de remitir la averiguación previa número 888/2012/DMZS del índice del agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Y, como se dijo, el 1. Encargado del Despacho de la Agencia del Ministerio Público de Consignaciones adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, mediante oficio 350/2018/CONS de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, remitió al juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla los cuadernos original y duplicado de la averiguación previa 888/2012/DMZS (foja 24), así como el pliego consignatorio número 8/2018 de once de junio de dos mil dieciocho, los cuales fueron recibidos en la Oficialía de Partes del Juzgado de lo Penal de Atlixco, Puebla el veinticinco de septiembre pasado, es decir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, recibida el siete de septiembre de dos mil dieciocho en este Juzgado. Entonces, se sigue que, han cesado los efectos del acto reclamado en la presente instancia constitucional, pues han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior, en virtud de que si lo que le causaba agravio al quejoso era la omisión del 1. Encargado del Despacho de la Agencia del Ministerio Público de Consignaciones adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla de remitir la averiguación previa 888/2012/DMZS de la estadística del agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional al Juzgado Penal que por turno le correspondiera conocer de la consignación de que se trata; al haber remitido dicha indagatoria y el pliego consignatorio correspondiente y ser recibidos en la Oficialía de Partes del Juzgado de lo Penal de Atlixco, Puebla, entonces, en el presente caso, se satisfizo su pretensión, es decir, se le ha restituido en el goce del derecho que estimó transgredido, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, por lo que se concluye que han cesado los efectos del mismo, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Tiene aplicación la jurisprudencia: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita la jurisprudencia III.2o. CJ/22, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 12 vuelta y 13). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese la presente determinación a las partes. No es obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa haya sido omisa en realizar manifestaciones en relación con el oficio 1304/2018 signado por la 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Cuatro de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional (foja 27), quien no rindió su informe justificado y devolvió el oficio 846-B-28 de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho y las copias con las que se le pretendió emplazar, pues señaló que no conoce de la averiguación previa 888/2012/DMZS, ya que no se encuentra contemplada en su acta de entrega. Máxime que de las constancias que obran en autos se advierte que la indagatoria 888/2012/DMZS, corresponde al índice del agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional (foja 25). Se estima así, porque a pesar de ello en nada cambiaría el sentido de la presente resolución, puesto que la omisión reclamada ha dejado de existir, como se explicó en párrafos precedentes. Finalmente, no escapa a la atención del suscrito juez Federal que en autos del sumario en que se actúa no existe constancia sobre el emplazamiento del tercero interesado, sin embargo, tal circunstancia no impide el dictado de este acuerdo, pues dado el sentido de la misma (sobreseimiento), es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio. Cobra aplicación la tesis de datos siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado.

  3. Principal

    (CITATORIO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 19 DE OCTUBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Alejandro Domínguez Linage, mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo con tal carácter a: Titular y/o Encargado del Despacho de la Unidad de Consignaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Investigación Especializada de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional. IV.- ACTO RECLAMADO.- LO ES LA OMISIÓN Y/O NEGATIVA DE REMITIR LA AVERIGUACIÓN PREVIA número 888/2012/DMZS radicada en la AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA MESA CUATRO DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA DEL SISTEMA TRADICIONAL, al JUZGADO PENAL QUE EN TURNO CORRESPONDA. Indagatoria que ya fue consignada por el Agente del Ministerio Público de referencia, ejercitándose acción penal." (fojas 2 y vuelta). Mediante proveído de diez de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 5 a 8), se registró la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 852/2018-E y se requirió a la parte quejosa en términos de los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, para que realizara lo siguiente: "PRIMERO.- Precise qué acto reclama a cada una de las autoridades responsables. SEGUNDO.- En caso que el acto reclamado sea la negativa de remitir la averiguación previa 888/2012/DMZS, radicada en la Agencia del Ministerio Público de la Mesa Cuatro de Investigación Especializada de la Unidad de Investigación Especializada del Sistema Tradicional, deberá manifestar si tal acto fue emitido por las autoridades responsables de forma verbal o de manera escrita; en la inteligencia que deberá informar la fecha en la que aconteció ello." Así las cosas, mediante escrito recibido en este juzgado el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho (foja 11), el quejoso Alejandro Domínguez Linage, dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en los siguientes términos: "(.) El acto reclamado es la OMISIÓN de remitir la averiguación previa número 888/2012/DMZS radicada ante la agencia del ministerio público de la mesa cuatro de investigación especializada de la unidad de investigación especializada del sistema tradicional, al JUZGADO PENAL QUE EN TURNO CORRESPONDA. Indagatoria que ya fue consignada por el Agente del Ministerio Público de referencia, ejercitándose acción penal. (.)" Ahora bien, el uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 34 y 35), se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable 1. Encargado del Despacho de la Agencia del Ministerio Público de Consignaciones adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, quien negó la existencia del acto que le atribuyó el quejoso (foja 22). Sin embargo, de las constancias que acompañó a su informe, se advierte: Que mediante pliego de consignación número 8/2018 de once de junio de dos mil dieciocho, el agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional, consignó la averiguación previa 888/2012/DMZS, ante el Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla (foja 25). Que por oficio 350/2018/CONS de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, el 1. Encargado del Despacho de la Agencia del Ministerio Público de Consignaciones adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, remitió los cuadernos original y duplicado de la averiguación previa 888/2012/DMZS al juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla (foja 24), y fue recibido el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. De lo que se colige que la omisión reclamada existía a la fecha de la presentación de la demanda (siete de septiembre de dos mil dieciocho). Constancias a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de la revisión de las constancias que integran el presente sumario este Juzgado advierte de oficio, que se actualiza la causal de improcedencia notoria e indudable prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo y, para explicar lo anterior, es menester transcribir el artículo en cita que dispone: "Artículo. 61- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El precepto reproducido prevé como causal de improcedencia del juicio de garantías, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal, la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En ese sentido, si el acto reclamado consiste en la omisión de remitir la averiguación previa número 888/2012/DMZS del índice del agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional al Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Y, como se dijo, el 1. Encargado del Despacho de la Agencia del Ministerio Público de Consignaciones adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla, mediante oficio 350/2018/CONS de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, remitió al juez de lo Penal del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla los cuadernos original y duplicado de la averiguación previa 888/2012/DMZS (foja 24), así como el pliego consignatorio número 8/2018 de once de junio de dos mil dieciocho, los cuales fueron recibidos en la Oficialía de Partes del Juzgado de lo Penal de Atlixco, Puebla el veinticinco de septiembre pasado, es decir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, recibida el siete de septiembre de dos mil dieciocho en este Juzgado. Entonces, se sigue que, han cesado los efectos del acto reclamado en la presente instancia constitucional, pues han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia del acto reclamado, como si se hubiera otorgado el amparo. Lo anterior, en virtud de que si lo que le causaba agravio al quejoso era la omisión del 1. Encargado del Despacho de la Agencia del Ministerio Público de Consignaciones adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana del Estado de Puebla de remitir la averiguación previa 888/2012/DMZS de la estadística del agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional al Juzgado Penal que por turno le correspondiera conocer de la consignación de que se trata; al haber remitido dicha indagatoria y el pliego consignatorio correspondiente y ser recibidos en la Oficialía de Partes del Juzgado de lo Penal de Atlixco, Puebla, entonces, en el presente caso, se satisfizo su pretensión, es decir, se le ha restituido en el goce del derecho que estimó transgredido, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, por lo que se concluye que han cesado los efectos del mismo, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Tiene aplicación la jurisprudencia: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita la jurisprudencia III.2o. CJ/22, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (fojas 12 vuelta y 13). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y comuníquese la presente determinación a las partes. No es obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que la parte quejosa haya sido omisa en realizar manifestaciones en relación con el oficio 1304/2018 signado por la 2. Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Cuatro de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional (foja 27), quien no rindió su informe justificado y devolvió el oficio 846-B-28 de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho y las copias con las que se le pretendió emplazar, pues señaló que no conoce de la averiguación previa 888/2012/DMZS, ya que no se encuentra contemplada en su acta de entrega. Máxime que de las constancias que obran en autos se advierte que la indagatoria 888/2012/DMZS, corresponde al índice del agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional (foja 25). Se estima así, porque a pesar de ello en nada cambiaría el sentido de la presente resolución, puesto que la omisión reclamada ha dejado de existir, como se explicó en párrafos precedentes. Finalmente, no escapa a la atención del suscrito juez Federal que en autos del sumario en que se actúa no existe constancia sobre el emplazamiento del tercero interesado, sin embargo, tal circunstancia no impide el dictado de este acuerdo, pues dado el sentido de la misma (sobreseimiento), es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio. Cobra aplicación la tesis de datos siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1. Encargado del Despacho de la Agencia del Ministerio Publico de Consignaciones Adscrito a la Fiscalía de investigación Metropolitana del Estado y 2. Agente del Ministerio Publico de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Mesa Cuatro de la Unidad de Investigación Especializada en el Sistema Tradicional., con los que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, dese vista a las partes con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En ese orden, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, téngase a la citada autoridad ofreciendo como prueba de su parte las constancias que acompaña a su oficio de cuenta, la cual se desahoga dada su propia y especial naturaleza. Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla al licenciado HORACIO ÓSCAR ROSETE MENTADO, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

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