Alejandro Dimas Magaña
Expediente 669/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 669/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Dimas Magaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Autoridad informa trámites Visto el oficio de cuenta que suscribe el Gerente Estatal Michoacán de Correos de México, con sede en esta ciudad, mediante el cual, exhibe copia del correo electrónico que le fue enviado sobre el trámite para el pago proporcional del Fondo de Ahorro Capitalizable, que le fue solicitado por el quejoso; lo anterior, tómese en consideración al momento de proveer sobre el cumplimiento o no de la de ejecutoria de amparo, toda vez que, en proveído de siete de los actuales se ordenó dar vista a la parte quejosa con las respuestas dadas por la responsable a las peticiones que le formuló. Vista a las parte quejosa En consecuencia, en alcance a la vista ordenada en autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la información que proporcionada la autoridad responsable a través de su oficio de cuenta, dése nueva vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a treinta de octubre de dos mil dieciocho. SE DA CUENTA CON ESTADO DE AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de engrose de diez de octubre de dos mil dieciocho, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a Alejandro Dimas Magaña; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Ahora, tomando en consideración que se concedió el amparo al quejoso Lucas Orozco Gallegos, requiérase a la Gerencia Estatal de Michoacán, Correos de México, a través de su Titular, para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo en vigor, dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite tal cumplimiento. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Se reitera a la autoridad responsable que la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consiste en: La autoridad responsable en cita, emita respuesta en relación a los escritos presentados el veinticinco de julio y siete de agosto, todos de dos mil dieciocho, respectivamente, por el quejoso Alejandro Dimas Magaña; la cual deberá formularse de manera congruente a lo solicitado por el aquí quejoso; y, Le notifique de manera personal y en breve término, la respuesta que al efecto emita. REQUERIMIENTO POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Hágase saber lo anterior al Director General de Correos de México, con sede en la Ciudad de México, en cuanto superior jerárquico de la Gerencia Estatal de Michoacán, Correos de México, a través de su Titular, para los efectos precisados en el artículo 194 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.
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Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-669/2018 promovido por Alejandro Dimas Magaña, por su propio derecho, contra actos de la Gerencia Estatal de Michoacán, de Correos de México, a través de su titular; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con el informe justificado rendido en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Gerente Estatal del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta capital. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que llegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos la documental que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda. EL JUEZ: Téngase por admitida y desahogada dicha documental, dada su propia y especial naturaleza, y al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que las partes no formularon alegatos en el presente sumario constitucional. EL JUEZ: Al no tener alegatos que tener por reproducidos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-669/2018, promovido por Alejandro Dimas Magaña, contra actos de la Gerencia Estatal de Michoacán, de Correos de México, a través de su titular, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a éste órgano jurisdiccional, Alejandro Dimas Magaña, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Gerencia Estatal de Michoacán, de Correos de México, a través de su titular, con sede en esta ciudad. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa prevención formulada en autos, en proveído de diez de septiembre pasado, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de garantías, misma que quedó registrada bajo el número V-669/2018; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos de la presente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama actos de autoridad administrativa con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Lo anterior con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero". Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de la Gerencia Estatal de Michoacán, de Correos de México, a través de su titular, en dar respuesta a las peticiones que le fueron formuladas por el quejoso Alejandro Dimas Magaña, mediante escritos presentados el veinticinco de julio y siete de agosto, de dos mil dieciocho, respectivamente. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable adscrita a la Gerencia Estatal de Michoacán, de Correos de México, al rendir su informe con justificación manifestó que no es cierto el acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada con el contenido del propio informe justificado, dado que en él se contienen manifestaciones en torno a la certeza del acto reclamado, al referir que las peticiones formuladas por el quejoso no son claras, concisas y pertinentes; asimismo, que no ha dictado, publicado, ordenado o ejecutado algún acto de molestia; motivo por el que se tiene por cierta la omisión que se le atribuye. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis que se cita a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". En ese sentido, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se obtiene que únicamente se limitó a referir que se debe sobreseer el juicio de amparo, sin que hubiera referido expresamente alguna causal de sobreseimiento; por lo que, al no desprenderse que se actualice alguna causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte promovente expresó como conceptos de violación, los contenidos en su escrito inicial de demanda, los que no se transcriben en atención a la tesis jurisprudencia con registro número emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que a la letra dice: "Tesis: VI.2o. J/129 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 196477 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo VII, Abril de 1998 Página 599 Jurisprudencia (Común) CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca". SEXTO. ESTUDIO DEL FONDO. Es fundado el concepto de violación que hace valer la parte quejosa, como se verá a continuación. El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa establece: "Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Según se indicó en el considerando quinto del presente fallo, aunque la autoridad responsable negó el acto que se le atribuye, la realidad es que debe presumirse cierto el mismo, dada las manifestaciones que vertió en su informe respectivo, además de que existe constancia de que el promovente del amparo presentó diversos escritos ante la autoridad en cita, los cuales fueron recibidos por ésta el veinticinco de julio y siete de agosto, de la presente anualidad, respectivamente, según se advierte de los propios acuses de recibo, sin que hasta la fecha el quejoso tenga la respuesta correspondiente, de lo cual se desprende que la autoridad en comento tuvo conocimiento de los escritos presentados por el promovente desde aquellas fechas. Ahora, en la especie, está acreditado que el quejoso ejerció el derecho de petición que consagra el artículo 8° Constitucional y previa satisfacción de los requisitos que el mismo establece, elevó sus peticiones de manera pacífica y respetuosa a la autoridad en cita, haciendo mención que hasta la fecha no hay constancia alguna de que se le haya dado respuesta, y menos aún, que se le haya notificado la respuesta recaída a sus peticiones. Se hace mención de lo anterior, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 8º constitucional, para observar cabalmente la garantía prevista en ese precepto, se hace indispensable hacer saber en breve término al peticionario la respuesta dada a la petición formulada; sin embargo, en la especie, el peticionario del amparo no proporcionó ante la autoridad responsable para recibir domicilio. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios jurisprudenciales del rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 162603 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Marzo de 2011 Materia(s): Constitucional Tesis: XXI.1o.P.A. J/27 Página: 2167 DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. Amparo en revisión 225/2005. **********. 2 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Sánchez Birrueta, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Amparo directo 229/2005. José Domingo Zamora Arrioja. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Amparo en revisión 23/2006. Saúl Castro Hernández. 2 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Amparo en revisión 361/2006. Sixto Narciso Gatica Ramírez. 28 de septiembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretaria: Gloria Avecia Solano. Inconformidad 2/2010. Amanda Flores Aguilar. 11 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Adriana Barrera Barranco. Secretaria: María Trifonía Ortega Zamora". "Tesis: 2a./J. 98/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 181149 Segunda Sala Tomo XX, Julio de 2004 Página 248 Jurisprudencia (Común) DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. Contradicción de tesis 9/2004-PL. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (ahora Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito). 25 de junio de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez". Ahora, se estima que la Gerencia Estatal de Michoacán, de Correos de México, a través de su titular, tiene la calidad de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, dado que constituye un ente público del Estado, esto es, un organismo descentralizado, creado en mil novecientos ochenta y seis, y encargado de la recepción, transportación así como la entrega de la correspondencia, así como de la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos contenidos en la Ley del Servicio Postal Mexicano, acorde a los artículos 3, 4 y 5 de dicho ordenamiento y, por tanto, facultado para emitir actos con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas concretas. En ese orden de ideas, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público dé respuesta a la petición. No es óbice, que al rendir su informe justificado, la responsable expresara diversas razones por las cuales consideró que las solicitudes formuladas por el aquí peticionario del amparo resultaban improcedentes; empero, no puede considerarse que tales manifestaciones constituyan la respuesta requerida por el solicitante de la protección constitucional; habida cuenta que no existe constancia de que dicha información haya sido notificada al amparista. Tampoco es factible considerar que el contenido del mencionado informe irrogue a este órgano de control constitucional la obligación de actuar en los términos del artículo 117, párrafo ocho, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor siguiente: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. [.] Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional." Es así, porque el supuesto ahí previsto se actualiza cuando existe un acto al que se le atribuye la carencia de fundamentación y motivación; sin embargo, en el caso, ya quedó precisado que no existe algún acto que pueda ser complementado, porque en realidad, se insiste, no se ha dado respuesta a las solicitudes formuladas por el peticionario del amparo. Por tanto, en atención a la garantía a que se refiere el citado numeral 8o constitucional, y a efecto de no dejar en estado de indefensión al promovente, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Alejandro Dimas Magaña, para los siguientes efectos: La autoridad responsable en cita, emita respuesta en relación a los escritos presentados el veinticinco de julio y siete de agosto, todos de dos mil dieciocho, respectivamente, por el quejoso Alejandro Dimas Magaña; la cual deberá formularse de manera congruente a lo solicitado por el aquí quejoso; y, Le notifique de manera personal y en breve término, la respuesta que al efecto emita. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 126, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802744 Segunda Sala Volumen CXXXII, Tercera Parte Página 138 Jurisprudencia (Administrativa) PETICION, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTO LA RESOLUCION A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO. La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, le corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva, y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación. Volumen IV, página 225. Amparo en revisión 2027/57. Roberto Fonseca. 23 de octubre de 1957. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Volumen XXIV, página 27. Amparo en revisión 1289/59. Raúl Núñez Vargas. 29 de junio de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Volumen XXIX, página 38. Amparo en revisión 5229/59. Jesús Zaragoza Ruiz. 4 de noviembre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Octavio Mendoza González. Volumen CXXV, página 30. Amparo en revisión 5479/67. Erasmo Hernández Sánchez. 22 de noviembre de 1967. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Volumen CXXXII, página 69. Amparo en revisión 6924/67. Pedro Martínez Martínez. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos". De igual forma orienta el anterior criterio la tesis pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "Semanario Judicial de la Federación Sexta Época Número de identificación 802384 Segunda Sala Volumen XXIV, Tercera Parte Página 27 Tesis Aislada (Constitucional) PETICION. PRUEBA DE LA NOTIFICACION. El artículo 8o. constitucional establece que las autoridades están obligadas a dictar acuerdo escrito a toda petición que se les hubiera dirigido en términos pacíficos y respetuosos y que, además, están obligadas a hacer conocer en breve término al peticionario, el acuerdo citado, así que, es necesario que las autoridades demuestren en autos que el acuerdo que hubieren dictado se hizo del conocimiento del solicitante. Si en el juicio de garantías las responsables afirman que ya se hizo una notificación, deben probarlo, atento el principio general de derecho en el sentido de que quien afirma está obligado a probar la certeza de su aseveración. Amparo en revisión 1289/59. Raúl Nuñez Vargas. 29 de junio de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Rafael Matos Escobedo". En la inteligencia de que la respuesta que se emita deberá ser notificada al quejoso en el domicilio que la autoridad tenga registrado como el perteneciente al quejoso, en caso de ser así, o en su defecto, en el ubicado en Lago de Chapala, número 104, colonia Ventura Puente de esta ciudad capital, el cual fue señalado para efecto de recibir todo tipo de notificaciones concernientes al juicio de amparo que se resuelve, como podría ser todo lo relativo al cumplimiento de la presente ejecutoria; lo anterior, sin perjuicio de que el promovente pueda acudir personalmente a las oficinas que ocupa la Gerencia Estatal de Michoacán, de Correos de México, con sede en esta capital. Es menester señalar que no constituye un obstáculo para resolver en la forma en que se hace, la relación laboral existente entre el quejoso y la autoridad responsable, ni siquiera la diversa relación jurídica que aduce el quejoso, en el sentido de que se encuentra en trámite el expediente ordinario laboral 620/2018, del índice de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; ello, porque el promovente del amparo realizó las peticiones en términos del artículo 8º. Constitucional y fuera de cualquier procedimiento. Cabe señalar, que la concesión del amparo no obliga a la autoridad a que dé respuesta en determinado sentido, sino que la autoridad sólo se encuentra obligada a responder en forma congruente y completa a lo solicitado por el ahora amparista. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Alejandro Dimas Magaña, contra la omisión que reclamó de la autoridad precisada en el considerando tercero del presente fallo, para los efectos indicados en el sexto de los mismos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autorizada y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil dieciocho. VISTA CON INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Gerente Estatal del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde el informe justificado, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, lo anterior en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Asimismo, se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta, y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, a las personas que refiere. Finalmente, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento en relación a la manifestación que vierte en el sentido de rendir su informe previo, toda vez que de autos se obtiene que no se formó cuaderno de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.Dva
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