Alejandro Díaz Madrid

Expediente 94/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
94/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Díaz Madrid
  • Hugo Melchor Nieto

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    DESECHAMIENTO: En el particular, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque el legislador estableció en dicha causal, que contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de éstas, no procede la acción de amparo, esencialmente, porque la función de los órganos en la materia es netamente de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley. Luego, si en el caso, la parte quejosa atribuye al Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales, se entiende que se hace en la función propio del control constitucional. De manera que, es claro que a través del juicio de amparo no puede someterse a examen la regularidad de los actos emitidos por los órganos jurisdiccionales que conocen de dicho medio de control constitucional, debido a que dentro del sistema constitucional que nos rige y a la luz de los principios de la técnica que impera en el juicio de amparo, sería algo fuera de toda lógica jurídica el admitir que los órganos de amparo, pudieran vulnerar directamente el orden constitucional establecido, cuya salvaguarda les confía la propia Carta Magna y, se trataría al juez de distrito del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. Al respecto, cabe hacer la precisión que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha sido objeto de una constante evolución interpretativa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, principalmente, a propósito de lo que disponía el artículo 11 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, de lo cual, dan cuenta múltiples precedentes emitidos en los asuntos de su conocimiento, en donde a pesar de mantenerse una base común o general sobre la noción de dicha figura, ésta se ha ido complementando o modulando caso por caso. Así, la doctrina judicial construida por ese Alto Tribunal ha dejado ver, que el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo surge de relaciones de supra a subordinación (entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social y que se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad) en contraposición a las relaciones de coordinación (entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver las controversias que se susciten entre las partes). En el caso, como se ha establecido, la relación que se plantea entre el juzgado de distrito de amparo y los quejosos, no es de las que son objeto de estudio del juicio de amparo, toda vez que los titulares de los Juzgado de Distrito, cuando actúan en su calidad de órganos de control constitucional, no puede atribuírseles la violación a preceptos pertenecientes a la Carta Magna, o bien a derechos fundamentales de los gobernados, en razón de que, dada su investidura constitucional y calidad de titulares de órganos de control constitucional, técnica y jurídicamente no es factible que transgredan disposiciones de la Ley Fundamental, pues ésta les confía la elevada responsabilidad de ejercer el control de constitucionalidad de los actos de autoridades, ciñéndose a la Ley de Amparo. Lo cual no significa que, sus actuaciones no puedan ser objeto de revisión, pero esto debe tener lugar, en vía de agravio, al interponerse el recurso correspondiente contra la resolución dictada por el juzgador de amparo, en los términos y condiciones de procedibilidad que establezca la Ley de Amparo. Lo que es acorde con el texto vigente de los artículos 1º de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme a los cuales el Estado Mexicano está obligado a proporcionar a los gobernados un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que los proteja contra actos que violen sus derechos fundamentales, lo que implica que es obligación de los tribunales procurar que ninguna disposición secundaria quede al margen de la posibilidad de someterla a su contraste con la Carta Magna, pues ésa es una de las formas de favorecer la protección más amplia de las personas. Lo cual se cumple a través de los recursos que prevé la Ley de la Materia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DE LA PARTE QUEJOSA: Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de este órgano federal, ya que los promoventes fueron omisos en indicarlo; no obstante se deja a salvo su derecho para señalar cualquier otro. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE Notifíquese.

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