Alejandro Diaz Madrid

Expediente 227/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
227/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Diaz Madrid

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y por diversa persona de la cual se desconoce su cargo y órgano jurisdiccional al que pertenece, por medio del cual informan que remitirán los autos del juicio de amparo 117/2021, de su índice, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. Se toma conocimiento de lo informado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido el oficio remitido electrónicamente por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite el testimonio de la resolución de ocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el conflicto competencial CCA-6/2021 de su índice, donde resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Es inexistente el conflicto competencial. SEGUNDO. Se ordena al Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México remitir las constancias del juicio de amparo al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la misma entidad, para los efectos conducentes." Acúsese recibo de estilo correspondiente a la Superioridad. En consecuencia, se remiten los autos originales del juicio de amparo en que se actúa al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Notifíquese.

  3. Principal

    Por recibido el oficio signado por el ******************** del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que acusa recibo de los autos del juicio de amparo en que se actúa vía interconexión, e informa que se admitió a trámite el conflicto competencial registrado bajo el número CCA-6/2021 de su índice. De lo expuesto, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Por recibidos los oficios suscritos por el Subsecretario y por el Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Subsecretaría, ambos del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por los que manifiestan estar dando cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos. Por otro lado, por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que remite el expediente 117/2021 de su índice, e informa que no acepta la competencia declinada para conocer del juicio promovido por ****, contra actos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades. Acúsese recibo correspondiente. Pese a los razonamientos del oficiante, este juzgador no comparte su determinación. En el caso, este Juzgado de Distrito considera que carece de competencia legal para conocer del asunto por razón de la materia, la cual es regulada por los artículos 48, 49, 51, fracción I y 52 de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su título cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", que regula la competencia por materia de los Jueces de Distrito en los siguientes términos: "Artículo 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo. Artículo 49. Cuando se establezcan en un mismo lugar varios juzgados de distrito que no tengan competencia especial o que deban conocer de la misma materia, tendrán una o varias oficinas de correspondencia común, las cuales recibirán las promociones, las registrarán por orden numérico riguroso y las turnarán inmediatamente al órgano que corresponda de acuerdo con las disposiciones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Los preceptos transcritos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito, en la parte que aquí atañe, del siguiente modo: Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal y Jueces de Distrito en Materia Administrativa. Asimismo, dispone que los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial, conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del capítulo transcrito. De la interpretación de los citados artículos se advierte que para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios: a) La naturaleza del acto reclamado. b) La naturaleza de la autoridad responsable. Es decir, el artículo 51 de la Ley en cita prevé que el juez especializado en materia penal conocerá de los juicios que se promuevan contra: - Resoluciones judiciales del orden penal. - Actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal o que tengan injerencia en los asuntos de la materia penal. - Resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil cuando la acción se funde en la comisión de un delito, - Leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal y, - Denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, atendiendo a lo expuesto con anterioridad, es dable señalar que la competencia por materia penal prevista en el artículo referido debe interpretarse siempre atendiendo a la naturaleza y origen del acto que se reclama. De manera que los supuestos ahí previstos no deben interpretarse de manera literal y restrictiva, sino de una manera enunciativa y extensiva para poder atender realmente, en cada caso, a la naturaleza del acto que se pone a consideración y conocimiento del juzgador. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que esta especie del género de competencia debe definirse tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen o por el tipo de autoridad que lo emitió; lo anterior regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda, pero en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Del estudio integral de la demanda, se advierte que el promovente acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la orden de traslado de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro diverso fuera o dentro esta ciudad, fuera de procedimiento. Lo anterior, al ser una persona que se encuentra compurgando una pena de carácter corporal en la Penitenciaría de la Ciudad de México y que, al parecer, será trasladado, sin su consentimiento y sin cumplir con lo estipulado, para dicho efecto, a otra diversa fuera o dentro de esta Ciudad de México. En ese sentido, resulta importante destacar que, en los amparo en los que se reclama la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el Pleno de la Corte sostuvo que de acuerdo a la reforma a los artículos 18 y 21 constitucionales que entró en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, compete a las autoridades judiciales en materia penal y no a las autoridades administrativas (aunque la orden de traslado provenga de una autoridad administrativa), por lo que el acto reclamado que se promueva en contra de dicha orden es competencia del Juez de Distrito en Materia Penal. Dicho acto no forma parte de la averiguación previa o del procedimiento penal; sin embargo, el origen de dicho acto, a saber, el procedimiento aludido o la sentencia en la que se señala el lugar en el que el sentenciado debe cumplir la condena que se le haya impuesto, sí es de carácter penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17 del tomo 1 del libro XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Octubre de dos mil doce. Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada." Como se expuso, en el caso se reclama el traslado de la parte quejosa de un centro penitenciario a otro. Acto que se considera de naturaleza penal y, en consecuencia, fuera de la competencia legal por materia de la que es titular este Juzgado. En efecto, el Máximo Tribunal de nuestro país ha señalado que todos aquellos temas relacionados con la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias competen a las autoridades judiciales en materia penal, no así a las administrativas; de ahí que se considere que la litis constitucional plateada en la demanda que se acuerda, es de naturaleza penal. Cuestión que se corrobora con las normas secundarias que circundan el caso, pues para poder determinar si la actuación de las autoridades responsables es o no acorde al orden constitucional, será necesario analizar diversas cuestiones de la sentencia que condenó a la parte quejosa, así como los ordenamientos de carácter penal aplicables al caso, tal como lo es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así las cosas, este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, determina carecer de competencia legal, por razón de materia, para conocer de la demanda que nos ocupa, ya que conforme al artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, deberán conocer, entre otros actos, de aquellos que guarden relación con determinaciones de orden penal. Consecuentemente, tomando en consideración el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que, se ponderó que dado que subsiste peligro para la salud de los trabajadores, la reactivación no se realizaría en un contexto de "normalidad", razón por la que se determinó que deben subsistir las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, se estima necesario implementar la habilitación del sistema integral de seguimiento de expedientes al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, que corresponda conocer del conflicto competencial planteado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y continúese actuando en el cuaderno de antecedentes. Comuníquese el presente proveído al Juzgado Federal oficiante para los efectos legales consiguientes. Sin que sea óbice para este Juzgador, que dicha determinación del homólogo, consistente en que se encuentra impedido para conocer del presente asunto, toda vez que está señalado como autoridad responsable, se considera que es errónea; en virtud de que la misma no es una causal inherente a la competencia. En ese orden sentido, dicho Juzgador tuvo que haber tramitado el respectivo impedimento, tal como lo dispone el artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (..) IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación;" Finalmente, por recibidos los oficios suscritos por el Encargado de la Subdirección de Seguridad, por el Director y por el Presidente del Comité Técnico, todos de la Penitenciaria de la Ciudad de México, por los que manifiestan estar dando cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos, remitiendo copia simple de la constancia con la que pretenden acreditar su dicho. Con fundamento en los artículos 158 en relación con el 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con los oficios y la documental exhibida, dése vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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