Alejandro Diaz Madrid
Expediente 1521/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1521/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 01/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Alejandro Diaz Madrid
Actuaciones
- Principal
...Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio 55042/2022 signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 1089/2022-II y su acumulado 1090/2022, promovido por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México, y otras autoridades, que contiene la determinación de cinco de julio del año en curso, en la que ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 1521/2022-2, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, y fórmese expediente. En consecuencia, en atención a las consideraciones expuestas en el oficio de cuenta, este órgano de control constitucional acepta la competencia legal propuesta para conocer y resolver el citado juicio de garantías. Ahora bien, analizada en su integridad la demanda de amparo de mérito, se estima que deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos que sean materia de otro juicio de amparo, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos: a) Que se trate del mismo quejoso; b) Se dirija contra las mismas autoridades; y c) Sea el mismo acto reclamado. Pues bien, Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Alejandro Díaz Madrid, Hugo Melchor Nieto y Eduardo Ampudia Fraustro, reclaman los mismos actos que serán analizados en los diversos juicios de amparo que han promovido en todos los circuitos del Poder Judicial de la Federación que comprenden la República Mexicana, los cuales son presentados por los citados agraviados, contra idénticas autoridades y actos reclamados. Para evidenciar lo expuesto, se destaca que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por citar algunos, se constató que los aquí agraviados promovieron los diversos juicios de amparo 233/2022, 192/2022, 298/2022 y 258/2022 del índice de los Juzgados Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Nayarit, Puebla, y Ciudad de México, respectivamente, y se cita como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los cuales se observa que fueron promovidos por los mismos quejosos, autoridades y actos reclamados, y se encuentran pendientes de resolver. Dado que constituye hecho notorio resulta innecesario recabar constancias de los aludidos expedientes. Sirve de apoyo al respecto, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Materia Común, Décima Época, (registro 2017123), que a continuación se transcribe: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." De manera que resulta evidente que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia en comento, ya que como ha quedado reseñado, aquí se solicita de nueva cuenta la protección constitucional por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, en contra de los mismos actos que serán materia en los diversos juicios de amparo que promovieron en todos los circuitos de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, cuestión que configura la improcedencia de la nueva demanda de amparo que nos ocupa. Apoya lo expuesto, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, página 260 (registro digital 209531), del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." A contrario sensu, también robustece lo aquí dicho, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 3, Libro XIII, Octubre de 2012, página 1545, registro digital 2001879, que dice: "COSA JUZGADA REFLEJA. NO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. En términos del precepto invocado, la cosa juzgada que actualiza la improcedencia del juicio de amparo exige de manera estricta la concurrencia de los supuestos consistentes en que: 1) El acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o una ley que hubiera sido materia de una ejecutoria emitida en otro; y, 2) Los juicios respectivos hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De ese modo, si la llamada cosa juzgada refleja no comparte esos supuestos, porque en su configuración no existe la concatenación de tales elementos personales y objetivos, es inconcuso que su prevalencia no actualiza la improcedencia del juicio de amparo." Por los motivos expuestos, es evidente que este asunto es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por tanto, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de la Materia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de derechos fundamentales promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros. Por otra parte, como se advierte que los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Alejandro Díaz Madrid, Hugo Melchor Nieto y Eduardo Ampudia Fraustro, se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 298 párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2°, y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto vía sise al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, en la Ciudad de México, para que comisione al personal a su cargo, en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, con la finalidad que se constituya en el citado reclusorio y notifique este proveído a los agraviados; una vez efectuado ello, devuelva a la brevedad posible la comunicación oficial de mérito. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. En otro aspecto, en obvio de mayores dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la parte quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, y personalmente vía exhorto a los quejosos.
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