Alejandro Díaz López
Expediente 959/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Alejandro Díaz López
Actuaciones
- Principal
"...Vistos los autos y la certificación precitada; toda vez que en la especie por acuerdo de trece de junio de dos mil dieciséis, se desechó la demanda de amparo en el presente asunto; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. MESDA 3
- Principal
MESA III ".... Vista la demanda de amparo promovida por ALEJANDRO DÍAZ LÓPEZ, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 959/2016. En principio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, relación con el diverso 5º, fracción I, párrafo quinto de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de in interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de esta ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación al orden jurídico. (..). La victima u ofendido del delito podrán tener ese carácter de quejosos en los términos de esta ley". De conformidad con los preceptos antes transcritos, el juicio de amparo puede ser promovido por la persona que tenga el carácter de víctima u ofendido del delito, siempre y cuando sea el titular de un derecho subjetivo legítimo individual que se vea afectado por el acto de autoridad, es decir, debe existir un agravio personal y directo, pues de no haberlo carecería de legitimación para promover la instancia constitucional; en este sentido hay que precisar, la legitimación de la víctima u ofendido del delito para acudir al juicio de amparo como parte quejosa, no sólo comprende actos procesales que impliquen la reparación del daño sino de someter al análisis constitucional cualquier determinación judicial que pueda ser lesiva de sus derechos humanos establecidos en la Carta Magna, como lo pueden ser los de debido proceso y exacta aplicación de la ley penal, fundamentación y motivación, acceso a la justicia entre otros. Al respecto, el artículo 20, aparatado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los derechos que tiene la víctima dentro del proceso penal, mismos que si son transgredidos por una autoridad puede acudir a su defensa mediante el juicio de amparo, para su restitución. Ahora bien, se actualiza dicha causal de improcedencia, pues de la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso le resulta el carácter de ofendido y reclama la resolución dictada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis dentro del toca penal 38/2016, del índice de la Sal Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; en la cual se deja insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, en la causa penal 116/2015 de su índice; y se ordena reponer el procedimiento para efectos del desahogo de una prueba de interrogatorio a favor del inculpado. Así, toda vez que dicha determinación no transgrede ninguno de los derechos que consagra la Constitución ni el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede combatir en amparo la resolución de apelación que ordenó reponer el procedimiento y dejar insubsistente en este caso el auto de formal prisión, pues no existe como tal un agravio personal y directo, ya que la resolución combatida, no fue estudio de ninguno de los anteriores derechos ni mucho menos de la reparación del daño, por ende, éste carece de legitimación activa para promover el juicio de amparo; pues únicamente se repone para efectos de que se desahoguen interrogatorios dentro del términos constitucional, se estimar lo contrario se estaría violando las defensas del indiciado conforme a lo establecido en el artículo 173, fracción X de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la siguiente tesis: LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ELLA EL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y SE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, PUESTO QUE NO AFECTA SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO. Tomando en consideración que un principio general de la procedencia del juicio de amparo, es la existencia de un agravio personal y directo; entonces, el ofendido o víctima del delito no puede combatir en amparo la resolución de apelación, que ordenó dejar insubsistente la sentencia definitiva y decretó la reposición del procedimiento a partir de la diligencia en la que el inculpado rindió declaración preparatoria; en virtud de que la referida resolución reclamada no se avocó al estudio de la legal o ilegal imposición de la reparación del daño como pena, por tanto, no puede afectar el derecho del ofendido a tal resarcimiento y, por ende, éste carece de legitimación activa para promover el juicio de garantías contra esa determinación; de ahí que sea improcedente el amparo promovido, por resultar manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el ordinal 10, ambos de la Ley de Amparo. (Época: Novena Época; Registro: 162097; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXXIII, Mayo de 2011; Materia(s): Común; Tesis: III.2o.P.268 P; Página: 1209). En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo además en el diverso 113, de Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, el que indica; y por autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ALEJANDRO DÍAZ LÓPEZ, dado que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para recibir notificaciones a las personas restantes. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por exhibidas las documentales que anexa, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. CONSTE.)
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