Alejandro Diaz Farfan

Expediente 136/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
136/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Alejandro Diaz Farfan
  • Juez de Control Oral Región Morelia

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en virtud de que por acuerdo de nueve de octubre de dos mil veinte de dos mil veinte, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción lll, Punto Vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haber dictado la interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese el oficio sin número, signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el veintidós de septiembre del año en curso, remite las constancias que le fueron solicitadas. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado Agente del Ministerio Público a su oficio de cuenta, se advierte que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, giró el oficio de libertad de personas a favor del aquí quejoso ..., dirigido al Subdirector de la Unidad de Control de Internamiento de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, por habérsele otorgado la libertad dentro de la carpeta de investigación M0R/053122563/2020, con número único de caso 1003202005130, instruida en contra del aludido quejoso por el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en detrimento de la sociedad, acorde a los artículos 16, 19 y 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 113, 140 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de nueve de febrero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional suspendió de oficio y de plano la tortura y malos tratos de que se decía era objeto el quejoso, así como la incomunicación de que pudiera ser objeto y demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que afecten la integridad personal de mismo, y previa ratificación de demanda por parte del quejoso directo ..., por diverso auto de diez de febrero del año en curso, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida contra actos del Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y otras autoridades, consistentes en la privación ilegal de la libertad, actos de tortura y malos tratos y demás prohibidos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, así como las que obran dentro del presente juicio, se advierte que el siete de febrero del año en curso, el quejoso ..., fue detenido por la policía de investigación y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, quien inició la carpeta de investigación número M0R/053122563/2020, instruida en contra del aludido quejoso por el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en detrimento de la sociedad, en la que el nueve de febrero de dos mil veinte, el Agente de mérito, elaboró el oficio sin número, dirigido al Subdirector de la Unidad de Control de Internamiento de la Fiscalía Regional de Morelia, informando que de manera inmediata dejara en libertad al ahora quejoso ..., al habérsele otorgado su libertad a la mencionada carpeta de investigación, constancias que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, de lo que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la privación ilegal de la libertad, también lo es que el nueve de febrero se elaboró el oficio sin número, que ordena la libertad inmediata decretada a favor del aquí quejoso ..., en la carpeta de investigación de que se trata. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En acuerdo de once de febrero de dos mil veinte, se ordenó requerir a la parte quejosa para que precisara las denominaciones correctas de las autoridades señaladas como: Titular de la Fiscalía Regional de la Unidad Antisecuestro de Michoacán, Coordinador de Agentes de la Policía Ministerial adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas y Coordinador de Agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro en Michoacán, todos con sede en esta ciudad, atento a ello, y como no manifestó nada al respecto, en auto de dos de marzo del presente año, se dejó de tener como autoridades responsables, y se tuvieron como inexistentes, ordenándose suspender toda comunicación con las mismas, por tanto, no se realizará pronunciamiento alguno al respecto de tales autoridades. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1a./J.111/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN". Por otra parte, las autoridades responsables Coordinador General de la Policía de Investigación y Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistente en la privación ilegal de la libertad y actos de tortura y malos tratos y demás prohibidos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal, y como la parte quejosa no ofreció prueba alguna para demostrar lo contrario, ni de las constancias remitidas por las responsables se advierte la existencia de dichos actos, por tanto, se impone SOBRESEER en el juicio en relación a dichos actos, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, y la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Lo que se corrobora, con las constancias a que se hizo alusión en líneas precedentes de las que se advierte, en principio, que el quejoso ..., fue detenido por la policía de investigación y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, quien inició la carpeta de investigación número M0R/053122563/2020, instruida en contra del aludido quejoso por el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en detrimento de la sociedad, en donde con nueve de febrero de dos mil veinte, el Agente responsable en alusión respectivo, elaboró el oficio sin número, a efecto de que se dejara en libertad inmediata al quejoso del lugar de internación en que se encontraba, por así haberse decretado en la mencionada carpeta, de ahí la inexistencia del acto de privación reclamado a las autoridades responsables de referencia Sin que impida estimar lo anterior, que el Titular de la Unidad de Centro de Operaciones Estratégicas fue omiso en rendir su informe justificado, toda vez que no ha lugar a presumir cierto el acto reclamado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dado que, como se anticipó, el ahora quejoso estuvo a disposición de diversa autoridad. Así también, en relación a los actos de tortura incomunicación y demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional, del acta de ratificación practicada por el actuario de la adscripción, se desprende que el propio peticionario indicó que no había sido golpeado, ni torturado, robustecido con el examen de integridad, e informe médico de integral corporal, practicados el siete y nueve de febrero del año en curso, emitidos por el perito médico adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales, en los que asentó que el quejoso ..., no presentó lesiones de reciente producción y sin lesiones físicas por calificar, respectivamente. Asimismo, de la citada actuación levantada por la Actuaria de la adscripción, se desprende que el solicitante del amparo precisó, haber tenido comunicación con su familia el ocho de febrero del año en curso, y con su abogado al día siguiente, lo que además se advierte de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Publico de mérito a su oficio sin número presentado ante esta autoridad federal el veinte de febrero de dos mil veinte, de la que se advierte la constancia de nombramiento de defensor, así como el pase para entrevista con el imputado, por parte de cuñado del ahora quejoso, lo que demuestra la inexistencia de los actos reclamados, consistentes en los actos de tortura e incomunicación de que se dijo fue objeto el quejoso. Por lo que, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha nueve de octubre dos mil veinte, el cual en lo conducente señala: MORELIA, MICHOACÁN, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Agréguese el oficio sin número, signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el veintidós de septiembre del año en curso, remite las constancias que le fueron solicitadas. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado Agente del Ministerio Público a su oficio de cuenta, se advierte que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, giró el oficio de libertad de personas a favor del aquí quejoso ..., dirigido al Subdirector de la Unidad de Control de Internamiento de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán, por habérsele otorgado la libertad dentro de la carpeta de investigación M0R/053122563/2020, con número único de caso 1003202005130, instruida en contra del aludido quejoso por el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en detrimento de la sociedad, acorde a los artículos 16, 19 y 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 113, 140 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de nueve de febrero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional suspendió de oficio y de plano la tortura y malos tratos de que se decía era objeto el quejoso, así como la incomunicación de que pudiera ser objeto y demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que afecten la integridad personal de mismo, y previa ratificación de demanda por parte del quejoso directo ..., por diverso auto de diez de febrero del año en curso, este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo promovida contra actos del Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán y otras autoridades, consistentes en la privación ilegal de la libertad, actos de tortura y malos tratos y demás prohibidos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal. Ahora bien, de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas al oficio de cuenta, así como las que obran dentro del presente juicio, se advierte que el siete de febrero del año en curso, el quejoso ..., fue detenido por la policía de investigación y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, con sede en esta ciudad, quien inició la carpeta de investigación número M0R/053122563/2020, instruida en contra del aludido quejoso por el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en detrimento de la sociedad, en la que el nueve de febrero de dos mil veinte, el Agente de mérito, elaboró el oficio sin número, dirigido al Subdirector de la Unidad de Control de Internamiento de la Fiscalía Regional de Morelia, informando que de manera inmediata dejara en libertad al ahora quejoso ..., al habérsele otorgado su libertad a la mencionada carpeta de investigación, constancias que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, de lo que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la privación ilegal de la libertad, también lo es que el nueve de febrero se elaboró el oficio sin número, que ordena la libertad inmediata decretada a favor del aquí quejoso ..., en la carpeta de investigación de que se trata. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En acuerdo de once de febrero de dos mil veinte, se ordenó requerir a la parte quejosa para que precisara las denominaciones correctas de las autoridades señaladas como: Titular de la Fiscalía Regional de la Unidad Antisecuestro de Michoacán, Coordinador de Agentes de la Policía Ministerial adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas y Coordinador de Agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Unidad Especializada de Combate al Secuestro en Michoacán, todos con sede en esta ciudad, atento a ello, y como no manifestó nada al respecto, en auto de dos de marzo del presente año, se dejó de tener como autoridades responsables, y se tuvieron como inexistentes, ordenándose suspender toda comunicación con las mismas, por tanto, no se realizará pronunciamiento alguno al respecto de tales autoridades. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1a./J.111/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN". Por otra parte, las autoridades responsables Coordinador General de la Policía de Investigación y Titular de la Agencia de Inteligencia Criminal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistente en la privación ilegal de la libertad y actos de tortura y malos tratos y demás prohibidos a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Federal, y como la parte quejosa no ofreció prueba alguna para demostrar lo contrario, ni de las constancias remitidas por las responsables se advierte la existencia de dichos actos, por tanto, se impone SOBRESEER en el juicio en relación a dichos actos, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo vigente, y la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Lo que se corrobora, con las constancias a que se hizo alusión en líneas precedentes de las que se advierte, en principio, que el quejoso ..., fue detenido por la policía de investigación y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, quien inició la carpeta de investigación número M0R/053122563/2020, instruida en contra del aludido quejoso por el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en detrimento de la sociedad, en donde con nueve de febrero de dos mil veinte, el Agente responsable en alusión respectivo, elaboró el oficio sin número, a efecto de que se dejara en libertad inmediata al quejoso del lugar de internación en que se encontraba, por así haberse decretado en la mencionada carpeta, de ahí la inexistencia del acto de privación reclamado a las autoridades responsables de referencia Sin que impida estimar lo anterior, que el Titular de la Unidad de Centro de Operaciones Estratégicas fue omiso en rendir su informe justificado, toda vez que no ha lugar a presumir cierto el acto reclamado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dado que, como se anticipó, el ahora quejoso estuvo a disposición de diversa autoridad. Así también, en relación a los actos de tortura incomunicación y demás prohibidos por el artículo 22 Constitucional, del acta de ratificación practicada por el actuario de la adscripción, se desprende que el propio peticionario indicó que no había sido golpeado, ni torturado, robustecido con el examen de integridad, e informe médico de integral corporal, practicados el siete y nueve de febrero del año en curso, emitidos por el perito médico adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales, en los que asentó que el quejoso ..., no presentó lesiones de reciente producción y sin lesiones físicas por calificar, respectivamente. Asimismo, de la citada actuación levantada por la Actuaria de la adscripción, se desprende que el solicitante del amparo precisó, haber tenido comunicación con su familia el ocho de febrero del año en curso, y con su abogado al día siguiente, lo que además se advierte de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Publico de mérito a su oficio sin número presentado ante esta autoridad federal el veinte de febrero de dos mil veinte, de la que se advierte la constancia de nombramiento de defensor, así como el pase para entrevista con el imputado, por parte de cuñado del ahora quejoso, lo que demuestra la inexistencia de los actos reclamados, consistentes en los actos de tortura e incomunicación de que se dijo fue objeto el quejoso. Por lo que, procede SOBRESEER en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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