Alejandro De la Herrán Félix

Expediente 492/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
492/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
03/02/2021

Partes del expediente

  • Alejandro De la Herrán Félix

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a tres de febrero de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, y dado que transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin haberse recurrido la sentencia recaída en este juicio, lo conducente en el caso, de acuerdo con los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, es declarar que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Documentos originales. No obran documentos originales para devolución. Constancias o actuaciones. No obran constancias originales. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Incidente. No fue tramitado. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; Y, RESULTANDO Primero. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veinte, vía electrónica, y recibido al día hábil siguiente, esto es el dieciocho de agosto de dos mil veinte, en este Juzgado Sexto de Distrito, 1) ************, en su calidad de asesor jurídico de 2) ************, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se trascriben: "(.) III. Autoridades responsables. C. Jueza de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, misma que cuenta con domicilio ampliamente conocido. IV. Acto reclamado. De la autoridad señalada como responsable reclamo, la omisión de su parte, esto, al no dar contestación a lo solicitado por el que suscribe, en audiencia celebrada el veintiocho de julio de dos mil veinte." En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos y, señaló que los derechos humanos que en su concepto se vulneraron, son los contenidos en los artículos 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado Federal. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda, la cual quedó registrada con el número 492/2020, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente, y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Mexicali, Baja California, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 3/2013, en relación con el Acuerdo General 28/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, el acto reclamado lo dictó una autoridad que tiene asiento en esta ciudad, en el lugar en donde este tribunal federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, luego del examen integral de la demanda de amparo y de la totalidad de las constancias que integran este juicio, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía, puede concluirse que el acto reclamado por la parte quejosa es: i. La determinación de la Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, en la audiencia celebrada el veintiocho de julio de dos mil veinte, respecto de las solicitudes de la ahora parte quejosa relativas a que se reconociera como ofendidas dentro de la causa penal 123/2020, a 3) ************, quien el asesor jurídico manifestó ser madre del finado 4) Alejandro de la Herrán Morales, así como a 5) ************, 6) ************ y 7) ************, en su calidad de hermanas del finado en cuestión; así como el reconocimiento en la calidad de terceros obligados a la reparación del daño, a las personas morales 8) ************, S.A. de C.V. y 1) ************, S.A. de C.V., a lo que la Juez señalada como responsable estableció que al no tener los antecedentes de lo planteado le solicitó al Fiscal que atendiera a la hoy parte quejosa en sede Ministerial, situación que estableció podría hacerse dentro del plazo de cierre de investigación. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa en su demanda de amparo, en el apartado de antecedentes en lo que aquí interesa estableció lo siguiente: "En ese sentido, de las diversas solicitudes que se realizaron al órgano jurisdiccional, fue omisa en hacer un pronunciamiento claro al respecto, ya que solamente estableció que se acudiera ante el Fiscal a realizar dichas solicitudes, cuestión, que como se mencionó en la propia audiencia, ya había sido solicitada ante la unidad de investigación respectiva, sin que se acordará favorablemente." Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte quejosa, lo procedente es el analizar la existencia del acto en cuestión, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Lo anterior, con apoyo en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior conformación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, al rendir su respectivo informe justificado, no se pronunciaron frontalmente en torno a la certeza o no del acto que se le reclama, pero sus diversas manifestaciones evidencian la existencia del propio acto, motivo por el cual debe tenerse por cierto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida en la Séptima Época, con número de registro 238215, Instancia Segunda Sala, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Tercera Parte, Materia(s): Común, página 7, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." Esta confesión, lejos de estar desvirtuada o contradicha en el juicio de amparo, se encuentra corroborada con el disco compacto en formato de video grabación de la audiencia en cuestión, mismo que remitió la juez responsable como complemento a su informe con justificación, el cual fue certificado, y de la reproducción del disco compacto con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de las audiencias en comento, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo, es accesible para su posterior consulta. En consecuencia, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; luego, se les confiere valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2°, de la Ley de Amparo, al equipararse a pruebas documentales. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida da por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causas de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Este órgano jurisdiccional considera que en relación al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia en el prevista en el el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, virtud de las consideraciones siguientes: Dicho precepto legal es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:--- (.)--- XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.--- Se exceptúa de lo anterior:--- a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;--- b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;--- c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.--- Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.--- (.)" Del numeral trascrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional reclamando un acto emanado de algún tribunal, sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa ordinario que proceda, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto la contenga para que estén a disposición de la parte interesada y ésta pueda interponerlo; de tal manera, no es optativo para la parte afectada cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, sino obligatorio, en virtud que el ya citado artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo es determinante en cuanto a que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable para estar en posibilidad de acudir al juicio constitucional. Empero, el precitado dispositivo legal establece diversas excepciones al citado principio de definitividad, contenidos en los incisos a), b) y c). Por lo que atañe al inciso a), es de señalar que se actualiza la citada excepción, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En cuanto al inciso b), que no hay necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa, cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Y, el inciso c), establece la excepción al principio de definitividad cuando se trate de persona extraña al procedimiento. A ese respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la jurisprudencia P./J. 7/98 que, para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la abrogada ley de la materia (de redacción similar al 107, fracción VI, antes trascrito), persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, incluido en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. El criterio de referencia se encuentra publicado en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE." A su vez, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció con relación al tercero extraño por equiparación, que no tiene esa calidad el quejoso que conoce de manera completa y exacta la existencia del juicio al que pretende ser llamado, aunque no haya comparecido a aquél. Lo anterior, básicamente, porque basta que tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Tales consideraciones se encuentran inmersas en la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), visible en la página 729, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." De lo anterior se infiere que, cuando el promovente tiene conocimiento del procedimiento seguido en su contra antes que se dicte sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio de origen; incluso, aun cuando no comparezca a él a defender sus derechos, está en aptitud de hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho constitucional de audiencia. Bajo esta línea jurisprudencial, este juzgador advierte que este juicio es improcedente, porque la parte quejosa conoce de forma completa y exacta la existencia la existencia de la determinación reclamada, ya que la misma estuvo presente en la audiencia en la que se pronunció el acto de reclamo, ya que así se advierte de la reproducción del disco compacto con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de las audiencias en cuestión, por consiguiente estuvo en aptitud jurídica y fáctica de agotar el principio de definitividad. Ahora bien, en la especie contra la determinación reclamada procede el recurso de revocación, que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 465, aplicable al caso concreto, dispositivo que es del tenor siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." En efecto, la parte quejosa debe interponer alguno de los citados medios de impugnación, previamente a la instauración del Juicio de Amparo, pues estos tienen como efecto, modificar, revocar o nulificar el acto tildado de inconstitucional, por lo que si se acude al juicio de amparo sin agotar el principio de definitividad, conforme al cual, el acto reclamado debe ser atacado previamente, mediante los recursos o medios de defensa establecidos en la Ley que rige ese acto, el citado medio de control constitucional deviene improcedente precisamente porque para su procedencia, es indispensable el cumplimiento de aquel principio, puesto que la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Asimismo, no se está en los supuestos de excepción que se indican en el referido numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, ya que la determinación reclamada versa respecto al reconocimiento como parte ofendida en la causa penal 123/2020, de 3) Lucía Morales Morales, 5) Andrea del Herrán Morales, 6) Brisia Yesenia Morgan Morales y 7) Lucía Yanet Morgan Morales, y el reconocimiento en la calidad de terceros obligados a la reparación del daño, a las personas morales 8) Viajes Estrella Roja, S.A. de C.V. y 1) Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.. Por lo anterior, como la parte quejosa no acreditó haber agotado el recurso que la misma ley aplicable le concede, es claro que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso 2) ************.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Vías de cumplimiento al fallo protector. Se tiene a la citada autoridad responsable, remitiendo las actuaciones relativas a la resolución del incidente de liquidación de doce de noviembre de dos mil veinte, por tanto, se le tiene en vías de cumplimiento al fallo protector, puesto que con el dictado de dicha resolución, únicamente se da cumplimiento al primero efecto de la ejecutoria de amparo, sin embargo, continúa pendiente su cumplimiento total. Continúan subsistentes apercibimientos. En el entendido de que, acorde a lo dispuesto por el párrafo tercero, del artículo 193 de la Ley de Amparo, continúan subsistentes los apercibimientos decretados en autos, hasta en tanto se logre dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan José Chávez Montes, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de noviembre de dos mil veinte. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del expediente en que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado, toda vez que en proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte se requirió al Juez de control del Partido Judicial de Mexicali, el disco versátil digital, que contenga las actuaciones del acto reclamado, y se requirió informara que Agente del Ministerio Público tienen el carácter de tercero interesado dentro del presente juicio de amparo; sin embargo todavía está transcurriendo el término concedido para que dé cumplimiento al mismo. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se designan diez horas con treinta minutos del once de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese.

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