Alejandro Dávila Arellano

Expediente 1507/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1507/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Dávila Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de treinta de septiembre de dos mil veintidós por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, intégrense los cuadernos incidentales respectivos y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, del análisis de la demanda de amparo y sus anexos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las razones que se establecen a continuación. El...De lo expuesto, se corrobora que la Ley de Amparo prevé un mecanismo único y específico para reclamar la aplicación de normas declaradas inconstitucionales en una declaratoria general de inconstitucionalidad; sin que pueda considerarse que es optativo para el gobernado acudir al juicio de amparo, o bien, a la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, según a sus intereses convenga, toda vez que los mecanismos de defensa que prevé la Ley de Amparo están configurados de modo que cada uno de ellos prevé supuestos de procedencia específicos, por lo que no es opcional para el gobernado ni para el órgano jurisdiccional substanciar las controversias de su conocimiento bajo el medio procesal que estimen conveniente, sino, necesariamente, atendiendo a los procedimientos que para tal efecto diseñó el legislador. Sin que sea obstáculo que el precepto 210 de la Ley de Amparo establezca que en caso de incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad, el interesado podrá denunciar esa circunstancia a través del mecanismo que establece dicho precepto; toda vez que la locución podrá no implica una facultad discrecional del gobernado de elegir entre la promoción del juicio de amparo o la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, sino que se refiere a la posibilidad genérica de denunciar ese incumplimiento ante los órganos jurisdiccionales federales o de optar por no hacerlo; en el entendido que, de hacerlo, dicho incumplimiento deberá ventilarse a través del procedimiento que regula el multicitado artículo 210 de la Ley de Amparo, y no así mediante la tramitación del juicio de amparo. Aunado a que, como se precisó, en términos del artículo 61, fracción VIII de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente contra normas declaradas inconstitucionales en una declaratoria general de inconstitucionalidad; lo que revela la clara voluntad del legislador de que la impugnación por incumplimiento a tales declaratorias se substancie bajo el procedimiento que regula el diverso 210 del ordenamiento en cita. En esas condiciones, se precisa que, en el caso concreto, el quejoso Alejandro Dávila Arellano reclama en la presenta instancia constitucional el oficio 223301EL350875 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, a través del cual la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud manifestó que se encontraba imposibilitada para evaluar su petición para obtener la autorización sanitaria para el consumo personal y lúdico de cannabis sativa (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol), los isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"), además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte. La anterior determinación de la autoridad responsable se fundamenta en el sistema prohibitivo conformado por los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción II, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud; los cuales fueron objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno. De tal modo que la pretensión de la parte quejosa es reclamar un incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el juicio de amparo es improcedente, pues, como se explicó, el artículo 210 de la Ley de Amparo establece un mecanismo único y específico para dilucidar la circunstancia que denuncia la parte quejosa, habida cuenta que no es optativo para el amparista entre acudir al juicio de amparo, o bien, a la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucional, ya que la Ley de Amparo establece de manera puntual los supuestos de procedencia de uno y otro mecanismos, los cuales son excluyentes entre sí. ... En las relatadas consideraciones, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, con relación en el diverso 210 del citado ordenamiento legal, al ser notoriamente improcedente el acto reclamado por la parte quejosa. ... Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, del análisis de la demanda de amparo y sus anexos se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las razones que se establecen a continuación. El...De lo expuesto, se corrobora que la Ley de Amparo prevé un mecanismo único y específico para reclamar la aplicación de normas declaradas inconstitucionales en una declaratoria general de inconstitucionalidad; sin que pueda considerarse que es optativo para el gobernado acudir al juicio de amparo, o bien, a la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, según a sus intereses convenga, toda vez que los mecanismos de defensa que prevé la Ley de Amparo están configurados de modo que cada uno de ellos prevé supuestos de procedencia específicos, por lo que no es opcional para el gobernado ni para el órgano jurisdiccional substanciar las controversias de su conocimiento bajo el medio procesal que estimen conveniente, sino, necesariamente, atendiendo a los procedimientos que para tal efecto diseñó el legislador. Sin que sea obstáculo que el precepto 210 de la Ley de Amparo establezca que en caso de incumplimiento a una declaratoria general de inconstitucionalidad, el interesado podrá denunciar esa circunstancia a través del mecanismo que establece dicho precepto; toda vez que la locución podrá no implica una facultad discrecional del gobernado de elegir entre la promoción del juicio de amparo o la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, sino que se refiere a la posibilidad genérica de denunciar ese incumplimiento ante los órganos jurisdiccionales federales o de optar por no hacerlo; en el entendido que, de hacerlo, dicho incumplimiento deberá ventilarse a través del procedimiento que regula el multicitado artículo 210 de la Ley de Amparo, y no así mediante la tramitación del juicio de amparo. Aunado a que, como se precisó, en términos del artículo 61, fracción VIII de la Ley de Amparo, el juicio es improcedente contra normas declaradas inconstitucionales en una declaratoria general de inconstitucionalidad; lo que revela la clara voluntad del legislador de que la impugnación por incumplimiento a tales declaratorias se substancie bajo el procedimiento que regula el diverso 210 del ordenamiento en cita. En esas condiciones, se precisa que, en el caso concreto, el quejoso Alejandro Dávila Arellano reclama en la presenta instancia constitucional el oficio 223301EL350875 de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, a través del cual la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud manifestó que se encontraba imposibilitada para evaluar su petición para obtener la autorización sanitaria para el consumo personal y lúdico de cannabis sativa (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol), los isómeros D6a (10a), D6a (7), D7, D8, D9, D10, D9 (11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"), además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte. La anterior determinación de la autoridad responsable se fundamenta en el sistema prohibitivo conformado por los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción II, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud; los cuales fueron objeto de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno. De tal modo que la pretensión de la parte quejosa es reclamar un incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el juicio de amparo es improcedente, pues, como se explicó, el artículo 210 de la Ley de Amparo establece un mecanismo único y específico para dilucidar la circunstancia que denuncia la parte quejosa, habida cuenta que no es optativo para el amparista entre acudir al juicio de amparo, o bien, a la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucional, ya que la Ley de Amparo establece de manera puntual los supuestos de procedencia de uno y otro mecanismos, los cuales son excluyentes entre sí. ... En las relatadas consideraciones, se sobresee en el presente juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, con relación en el diverso 210 del citado ordenamiento legal, al ser notoriamente improcedente el acto reclamado por la parte quejosa. ... Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso en representación de las autoridades responsables [1] Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y [2] Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS, por medio del cual rinde el informe justificado correspondiente, señala domicilio procesal y designa delegados. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes junto con las constancias que se acompañan, para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas: documentales, presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones, ofrecidas por la autoridad oficiante. Relaciónense en la audiencia constitucional. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se le tiene a la autoridad oficiante señalado el domicilio que indica en el oficio de cuenta para recibir notificaciones y designando como delegados a las personas que menciona en el citado oficio. ...

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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