Alejandro Daniel López Alvarado

Expediente 184/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
184/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
23/06/2016

Partes del expediente

  • Alejandro Daniel López Alvarado
  • Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Primer Turno. Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 76 a 80), por el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del proveído de referencia. (...) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro deDocumentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de dos de los corrientes (foja 87), practicada por el Actuario de la adscripción, en la que hace constar que no le fue posible notificar en forma personal al quejoso ***, el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso (fojas 76 a 80), en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, por los motivos expuestos en la misma. En atención a ello, a fin de no dejar al quejoso en estado de indefensión, con fundamento en los artículos 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación del proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, la del presente proveído, y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este tribunal.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en especial, el oficio 381/2016-CJPN, signado por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y anexos, mediante el cual cumplió con el requerimiento que se le hizo en auto de dieciocho de los actuales (foja 66), y al efecto remitió copia certificada de los registros en audio y video de la Audiencia Inicial de quince de marzo del año en curso; de la Audiencia de Vinculación a Proceso de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis; de la Audiencia de Revisión de Medida Cautelar que tuvo verificativo el ocho de mayo de este año; de la Audiencia de Soluciones Alternativas al Procedimiento de Suspensión Condicional del Proceso, de once de los actuales, así como de la transcripción relativa a la Audiencia de Vinculación a Proceso, dentro de la causa penal número 0008/CA/2016-PJ-COA-0002, instruida en contra del aquí quejoso ****, por el hecho que la Ley prevé como delito de posesión simple de narcóticos, previsto y sancionado por los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se provee lo siguiente: El trece de marzo de dos mil dieciséis (fojas 3 a 5), la Secretaria de guardia adscrita a este Juzgado, recibió demanda presentada por ****, en representación de ****, promoviendo juicio de amparo indirecto, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Piedras Negras. Ciudad. Primer Comandante de la Policía Investigadora adscrita a la Unidad de Investigación de Piedras Negras. Ciudad Agente del Ministerio Público de la adscripción. Ciudad. "IV.- ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- A LA ORDENADORA.- La privación ilegal que se llevó a cabo sobre la persona de mi hermano *** el día de hoy por la mañana en la Ciudad de Sabinas, Coahuila cuando fue privado de su libertad sin proporcionar identificación alguna y sin más explicaciones según el dicho de algunos conocidos de mi hermano que vía telefónica me lo avisaron y que lo trasladarían a esta ciudad, pero sin darme más detalles por lo que al ir a buscarla en diversas corporaciones policiacas en el palacio de justicia me dicen que ahí está detenido pero sin indicarme quien lo tiene y para qué ni siquiera he podido verlo para cerciorarme de su buen estado, entonces tengo el temor fundado de que se proceda en contra de mi hermano sujetándolos a los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o que se proceda a su desaparición forzada sin que hasta este momento tenga más noticias de su situación". En la citada fecha, se ordenó por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda del quejoso directo y en su caso, la ratificación del escrito de demanda, ordenándose suspender de plano los actos reclamados a las responsables. Posteriormente, de la razón actuarial de trece de marzo de dos mil dieciséis (fojas 8 y 9), efectuada por el funcionario adscrito, se advierte que el quejoso directo ****, ratificó la demanda de amparo instaurada en su nombre. De ese modo, el catorce de marzo del año en curso (fojas 11 a 14), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mesa Dos, de esta ciudad (foja 19), se desprende lo siguiente: Que el trece de abril del año en curso, recibió el Informe Policial Homologado, con número de oficio GATEM001/2016 y anexos, por medio del cual se puso a disposición de esa Representación Social al aquí quejoso ****, como probable responsable en la comisión del delito de posesión simple de narcóticos, previsto y sancionado por los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud, realizándose el examen de detención, en la misma fecha por la fiscalía actuante, encontrándose ajustada a derecho la detención del citado quejoso, por lo que fue ratificada. Luego el quince de marzo del año en curso, el ahora quejoso fue internado en el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, solicitándose al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio, la audiencia inicial para formulación de la imputación, en donde el quejoso directo fue vinculado a proceso, haciendo de su conocimiento que se le otorgó la medida cautelar de prisión preventiva. De esa manera, la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, con los anexos que acompañó a su oficio 381/2016-CJPN, consistentes en copia certificada de los registros en audio y video de la Audiencia Inicial de quince de marzo del año en curso; de la Audiencia de Vinculación a Proceso de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis; de la Audiencia de Revisión de Medida Cautelar que tuvo verificativo el ocho de mayo de este año; de la Audiencia de Soluciones Alternativas al Procedimiento de Suspensión Condicional del Proceso, de once de los actuales, así como de la transcripción relativa a la Audiencia de Vinculación a Proceso, dentro de la causa penal número 0008/CA/2016-PJ-COA-0002, instruida en contra del aquí quejoso ****, por el hecho que la Ley prevé como delito de posesión simple de narcóticos, previsto y sancionado por los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud. Conviene dejar transcrito la audiencia de vinculación a proceso, a cargo de la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, que dice: ". . . TRANSCRIPCION DE VINCULACIÓN A PROCESO ". . .una vez que he escuchado lo argumentos de la Defensa en réplica a lo solicitado por el Agente del Ministerio Publico que ha llevado el uso de la voz y en la que solicita se vincule a proceso al imputado ****, debo pronunciarme en relación a lo solicitado y de conformidad con el artículo 19 Constitucional, el primer párrafo, en cuanto al plazo de 72 horas dentro del cual se debe resolver la situación jurídica del imputado, conducido detenido ante este órgano jurisdiccional, encontrándonos dentro de este plazo constitucional y a fin de dar cumplimiento de los requisitos legales, que se precisan para vincular o no a proceso debo de pronunciarme en la relación a lo expuesto por la representación social. Encuentro elementos para decretar auto de vinculación a proceso a ****, esto en virtud de que con el artículo 316 del código nacional de procedimientos penales se surten los requisitos básicos para ellos, como son, que se haya formulado a imputación cuestión que se realizó en audiencia previa, se le informó cabalmente acerca del hecho por cual se pretende iniciarle la investigación, se le dio en esa misma audiencia del día 15 de los corrientes, oportunidad de rendir declaración; y ahora por lo que ve al tercer requisito, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Publico de que establezcan datos de prueba, que con relación a ellos se establezca que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado, lo cometió o participó en su comisión, sin prejuzgar sobre la cantidad, pero si sobre en la calidad de los datos de prueba con los que se cuenta, aquí me pronuncio en relación por lo expresado, alegado, y argumentado por la defensa, a quien le asiste la razón y en ese sentido me permito clasificar jurídicamente el hecho imputado, bajo esta hipótesis que ha señalado la defensa, siendo que la hipótesis jurídica que ha invocado la representante social, establece en el artículo 476 y tiene que ver con un elemento adicionado a la posesión de narcóticos que es la finalidad de comerciarlos o suministrarlos aun gratuitamente, argumentó con base en los datos de prueba del Ministerio Publico que ahorita reseñare, la finalidad de comerciarlos, sin embargo el artículo 477 de la Ley General De Salud establece igualmente el verbo rector que señala la defensa, es la posesión de narcóticos, de acuerdo a los elementos esgrimidos aquí por él representante social la tengo por sustentada, de acuerdo al informe policial homologado gatem01/016, en el que reseña las circunstancias por las cuales se dio o verificó a las 10:25 horas la detención de ****, cuando establece que al circular por la carretera 2, aledaño al ejido el moral en un vehículo de color gris, cuando conducía el vehículo y era acompañado por una persona del sexo femenino, la razón por la que le marcan el alto y deciden los oficiales perseguirlo y luego darle alcance al descender del vehículo es la forma porque conducía de manera imprecisa o zigzagueando, y luego al realizarle una persecución material se suscita este accidente que ya ha relatado el agente del Ministerio Publico, y en lo que interesa por lo que ve al verbo que establece la posesión de narcóticos es que al revisarle en sus pertenencias, disponía bajo una tenencia material, de 7 bolsas de plástico que contenían hierba verde y seca que hasta ese momento parecía dar cuenta de lo que es marihuana, esta constatación se realiza a través de lo que es la cadena de custodia el aseguramiento de objetos, donde finalmente este enervante es dictaminado por el perito químico ****, y de él se deriva que ese vegetal verde en un total de 13 envoltorios, de hierba verde y seca corresponde específicamente al estupefaciente de marihuana o cannabis, entonces se encuentra satisfecha la posesión simple de narcóticos, ¿por qué la posesión simple de narcóticos?, bueno efectivamente como lo ha destacado la defensa de los datos de prueba expuestos aun de la declaración de la menor a que refiere, **** que acompañaba el imputado, no es un dato objetivo del cual este órgano jurisdiccional como lo ha destacado la defensora, no otorga una convicción razonable ni suficiente para establecer, que la posesión de ese narcótico tenía la finalidad de comerciarlo y luego los restantes datos de prueba como lo son el diverso dictamen de criminalista de campo, la misma pericial sobre el vehículo, no informan ni otorgan algún un dato objetivo ni razonable para establecer la presunción a que se refiere el artículo 476 de la Ley General de Salud, por esta razón en término de las facultades que se confieren a esta autoridad para otorgar una clasificación distinta, a la señalada por la Representante Social considero que se reúne el hecho establecido como delito en la Ley General de Salud, sin embargo la prevista en el artículo 477 de la misma ley, también se cumple con los elementos normativos que en su caso requiere y se precisa este mismo ordenamiento, dado que el narcótico que llega a conclusión del dictamen químico forense, si se encuentra en el artículo 479 que mencionó la Representación Social dentro de la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal o inmediato, lo que es la marihuana, por lo tanto se satisface el tercero de los requisitos legales para la resolución de que se trata. Por último en el artículo analizado que es el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que hasta este momento no hay una causa de extinción de la acción penal que se haya hecho valer, y tampoco la advierto en los antecedentes expuestos, tampoco hay una excluyente de delito, de los previstos en los artículos 57 y 58 del Código Penal del Estado de Coahuila; Por consiguiente me pronuncio en ese sentido y decretó auto de vinculación a proceso en contra de **** por la conducta tipificada como delito de posesión simple de narcóticos previsto y sancionado, en la Ley General De Salud en su artículo 477, únicamente para efectos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales". Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser expedidas por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Ahora bien, toda vez que de lo narrado anteriormente y conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo , se desprende la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, la cual de actualizarse, provoca el sobreseimiento en el juicio de amparo. En el caso, se patentiza de manera indudable y manifiesta la actualización de una de ellas, antes de la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: ***** En efecto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)" Del análisis al numeral 61 que antecede, se advierte que la fracción XVII establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Orientan esta interpretación en lo conducente, los criterios jurisprudenciales sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visibles a fojas doscientos diecinueve y ciento noventa y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos IV, Diciembre de mil novecientos noventa y seis y VIII-Septiembre, de la Novena y Octava Épocas, respectivamente, que textualmente dicen: **** En este caso particular, es evidente que se actualiza uno a uno los elementos esenciales que integran la causa de improcedencia de mérito, ello es así, porque el acto reclamado se resume en la privación de la libertad del quejoso, y en la actualidad la situación jurídica del quejoso se rige por la incoación de la causa penal número 0008/CA/2016-PJ-COA-0002, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; entonces, ante tales circunstancias ha operado un cambio de situación jurídica en relación con el impetrante de amparo, porque primigeniamente la afectación de su libertad, fue en razón de haber sido detenido en flagrancia, y al haber sido consignado ante el Juzgado antes mencionado, para el seguimiento del proceso en su contra, es claro que con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo, resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del acto aquí reclamado sin afectar la nueva situación. Lo anterior, toda vez que la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, se pronunció en ese sentido y decreto auto de vinculación a proceso, dentro de la causa penal número 0008/CA/2016-PJ-COA-0002, instruida en contra del aquí quejoso ****, por el hecho que la Ley prevé como delito de posesión simple de narcóticos, previsto y sancionado por los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud. Dicha circunstancia hace que en el caso concreto se actualice la causal de improcedencia en estudio; por tanto, el acto reclamado que impugnó la parte quejosa, no puede válidamente analizarse en este juicio de amparo desde el momento en que se consignaron los hechos a la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, y ésta última, haya dictado auto de vinculación a proceso, por el delito especificado en el párrafo que antecede, pues la nueva situación jurídica constituye un obstáculo legal para que se emita pronunciamiento alguno respecto de la privación ilegal de la libertad que se reclamó, sin que se afecte en su caso la nueva situación jurídica del aquí quejoso ****. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas del siete de junio de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 381/2016-CJPN, signado por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompaña; en su atención, se provee: Téngase a la autoridad oficiante desahogando el requerimiento que se le hizo en proveído de dieciocho de los actuales (foja 66), y al respecto remite copia certificada de los registros en audio y video de la Audiencia Inicial de quince de marzo del año en curso; de la Audiencia de Vinculación a Proceso de veintisiete de marzo de dos mil dieciséis; de la Audiencia de Revisión de Medida Cautelar que tuvo verificativo el ocho de mayo de este año; de la Audiencia de Soluciones Alternativas al Procedimiento de Suspensión Condicional del Proceso, de once de los actuales, así como de la transcripción relativa a la Audiencia de Vinculación a Proceso. Probanzas que se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su propia naturaleza, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer referencia de ellas en la audiencia constitucional.

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