Alejandro Cuevas de Alba
Expediente 1224/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1224/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/01/2019
Partes del expediente
- Alejandro Cuevas de Alba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese para efectos de control el escrito de Cristobal Josue Meza Amezcua, toda vez que mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se le tuvo únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en el presente juicio, al carecer de cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por lo tanto, no se encuentra facultado para promover. Sin que pase desapercibido que en el diverso proveído de veintiocho siguiente, se asentó que tenía el carácter de autorizado en términos amplios, ya que se reiteró que carecía del registro señalado con antelación, por lo que lo correcto es tenerlo en términos restringidos.
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo.
- Principal
aviso. por este medio de lista se notifica al quejoso el auto que dice: El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, Héctor Hugo Ordaz Arredondo, secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, doy cuenta al juez con el escrito registrado con el número de orden 18201 y cuatro copias simples de éste. Doy fe. El secretario. Zapopan, Jalisco, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. I. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito del quejoso Alejandro Cuevas de Alba, mediante el cual, en atención a la prevención contenida en proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, manifiesta que no es su voluntad señalar como acto reclamado el acta de requerimiento, embargo y emplazamiento; en ese orden se tiene por cumplida la prevención de que se trata. II. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Cabe precisar que los actos reclamados en el juicio de amparo en que se actúa, se hacen consistir en: 1.- El auto de seis de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, sin especificar el número de expediente de su índice, por el cual se decretó la medida precautoria de separación de cónyuges solicitada por la tercera interesada; y, 2.- El auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, por el cual se tuvo al impetrante dando contestación a la demanda instaurada en su contra y se negó el juez responsable a lo peticionado por el disconforme, en el sentido de levantar la medida precautoria concedida a su contraparte. Del análisis acucioso de la demanda, este juzgador federal determina que en la especie, se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracciones XIV y XVIII , de la ley de la materia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar la demanda de garantías. a. Extemporaneidad. Por lo que ve al acto que hace consistir en el auto de seis de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, sin especificar el número de expediente de su índice, por el cual se decretó la medida precautoria de separación de cónyuges solicitada por la tercera interesada, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, como se verá a continuación. Los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.(.)" De los preceptos legales transcritos, se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo de quince días. También se evidencia que el legislador estableció las siguientes hipótesis para iniciar el cómputo del plazo de quince días, para la promoción del juicio de garantías, el cual comienza desde el día siguiente al en que: Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o de la resolución que reclame; o, El quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable al caso concreto, de los establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, por analogía la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE. SÓLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL CÓMPUTO DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado" . Del escrito de cuenta, se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que fue emplazado al juicio de origen, el diez de julio de dos mil dieciocho, data en la que tuvo conocimiento del acto reclamado que nos ocupa; manifestaciones que en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, tienen valor en su contra. En virtud de lo anterior, debe tenerse como fecha de conocimiento del acto reclamado el diez de julio de dos mil dieciocho, data en la que fue notificado personalmente por la autoridad responsable del auto que ahora se duele; por ende, esa data es la que debe ser valorada a efecto de computar el plazo que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, para establecer la temporalidad del juicio de amparo. El plazo de quince días a que se hace alusión, transcurrió del doce de julio al diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, descontándose los días uno, siete, ocho, catorce y quince de julio, así como cuatro, cinco, once y doce de agosto todos del año en curso, por ser sábados y domingos, por ende, inhábiles, en términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 19 de la Ley de Amparo, así como del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en términos de la circular 3/2018 del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en la 18° sesión ordinaria celebrada el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, tal y como se advierte del siguiente cuadro ilustrativo. (TEMPORALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDA) Julio 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día inhábil. 2 3 4 5 6 7 Día inhábil. 8 Día inhábil. 9 10 Se emplazó a juicio 11 Surte efectos 12 Día uno 13 Día dos 14 Día inhábil. 15 Día inhábil. 16 Día inhábil. Vacaciones 17 Día inhábil. Vacaciones 18 Día inhábil. Vacaciones 19 Día inhábil. Vacaciones 20 Día inhábil. Vacaciones 21 Día inhábil. 22 Día inhábil. 23 Día inhábil. Vacaciones 24 Día inhábil. Vacaciones 25 Día inhábil. Vacaciones 26 Día inhábil. Vacaciones 27 Día inhábil. Vacaciones 28 Día inhábil. 29 Día inhábil. 30 Día inhábil. Vacaciones 31 Día inhábil. Vacaciones Agosto 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Día tres 2 Día cuatro 3 Día cinco 4 Día inhábil. 5 Día inhábil. 6 Día seis 7 Día siete 8 Día ocho 9 Día nueve 10 Día diez 11 Día inhábil. 12 Día inhábil. 13 Día once 14 Día doce 15 Día trece 16 Día catorce 17 Último día para presentar el amparo 18 Día inhábil. 19 Día inhábil. 20 21 22 23 24 25 Día inhábil. 26 Día inhábil. 27 28 29 30 31 En consecuencia, si la demanda de garantías fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, el quince de noviembre de dos mil dieciocho, es evidente que es notoriamente extemporánea, porque transcurrió en exceso el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que ejerciera su derecho y, por ende, la parte quejosa consintió tácitamente los actos reclamados en estudio, razón por la cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia que se citan enseguida: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CUANDO DEBE EMPEZAR A CONTARSE SEGUN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El término para la interposición de la demanda de amparo es, por regla general, de quince días, a excepción de los casos determinados por el artículo 22 de la Ley de Amparo. Dicho término fijado en el artículo 21 del aludido cuerpo de leyes, se cuenta desde el día siguiente al en que surta efectos de notificación al quejoso el acto reclamado, atendiéndose a la ley que lo rige, al en que haya tenido conocimiento de aquél o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo, sin incluirse dentro del término referido los días feriados. Este criterio prevalece en la actualidad y no el que se sostenía en los siguientes términos: "AMPARO, TERMINO PARA LA PROMOCION DEL". Los términos para la interposición del juicio de amparo deben regirse por el artículo 21 de la ley de la materia y no por las disposiciones que regulan el procedimiento civil en el fuero común; y por tanto, dicho término empieza a correr desde el día siguiente al en que se notifica al quejoso la resolución judicial impugnada y no al siguiente del en que surte efectos la notificación correspondiente, de conformidad con las reglas procesales comunes, que no tienen aplicación dentro del procedimiento constitucional" . Así como la diversa tesis de rubro: "TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUÁNDO DEBE EMPEZARSE A CONTAR. Ni literal ni lógica ni jurídicamente puede estimarse, que en el caso de que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, deba tomarse necesariamente como punto de partida, para hacer el cómputo del término para la interposición del amparo, la notificación del propio acto, en primer lugar porque la interpretación gramatical no permite hacer esa distinción, y en segundo, porque no existe precepto alguno en la ley que lo autorice. Por el contrario, es lógico admitir que el legislador estimó que el elemento principal a tomarse en cuenta, es el de que el afectado tenga conocimiento de los actos, de hecho, pues esto está de acuerdo con la teoría jurídica de los actos de autoridad, que si por una parte deben tener firmeza, por la otra, tienen la presunción de legalidad, mientras no se demuestre lo contrario, mediante el juicio constitucional y ello, dentro del término perentorio de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, no siendo otro el principio en que descansa el motivo de improcedencia que se contiene en la fracción XII del artículo 73 del propio ordenamiento, y cuya consecuencia es la de que no siendo combatidos en tiempo los actos de autoridad, queden éstos firmes y su legalidad no puede ser objeto de discusión. En tal virtud, debe concluirse que no es la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, la que debe servir de base para determinar el momento a partir del cual debe empezarse a computar el término aludido, sino simplemente el hecho de que el quejoso conozca el acto y de esta manera esté en posibilidad de atacarlo, surgiendo esta posibilidad desde el momento mismo en que se entere del acto o legalmente se le tenga por enterado mediante una notificación, independientemente de la naturaleza del procedimiento del que se haya derivado." b. Definitividad. Luego, respecto al diverso acto consistente en el auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, por el cual se tuvo al impetrante dando contestación a la demanda instaurada en su contra y se negó el juez responsable a lo peticionado por el disconforme, en el sentido de levantar la medida precautoria concedida a su contraparte, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que ella establezca. Así se desprende de la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo. En el caso en concreto el acto reclamado se hace consistir en el auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, sin especificar el número de expediente de su índice mediante el cual el juez responsable se negó a levantar la medida concedida en favor de su contraparte. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 83 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, las resoluciones judiciales son clasificadas en "decretos" las cuales constituyen determinaciones de mero trámite, "autos" aquellas actuaciones que contengan orden de ejecución, ya sea provisional o definitiva, que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio o procedimiento, como lo son entre otros aquellos ordenan admiten o desahogan pruebas, y sentencias definitivas o interlocutorias, según que decidan el negocio principal o un incidente, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia. En esas condiciones para quien aquí resuelve, se considera que el auto materia del acto reclamado, encuadra en el supuesto de la fracción segunda del referido artículo, esto es, los denominados como "autos", en ese sentido, los artículos 424 y 431 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco señalan lo siguiente: "ARTÍCULO 424.- Los recursos de revocación y apelación, tendrán por efecto el que se confirmen, revoquen o modifiquen las resoluciones impugnadas; y el recurso de queja, que se confirmen o revoquen los actos procesales efectuados con exceso o defecto en la ejecución de una resolución. ARTÍCULO 431.- Procede el recurso de revocación contra los autos de primera y segunda instancia, con excepción de los que conforme a este código admitan el recurso de apelación en su contra, sean irrecurribles o decretos de mero trámite." De la interpretación sistemática de los artículos transcritos, se advierte que el recurso de revocación procede en contra de los autos de primera o segunda instancia que no fueren apelables, sean irrecurribles o decretos de mero trámite. En ese orden de ideas, en contra del proveído de veintitrés de octubre del año en curso, que constituye el acto reclamado del que deviene la presente instancia constitucional, no procede apelación, tampoco es un auto irrecurrible, ni se trata de un decreto de mero trámite. Por tanto, se estima que en contra del acto reclamado, procede el recurso de revocación previsto por el numeral 431 aludido, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que dice: "REVOCACIÓN. ES EL RECURSO PROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN JUICIO SUMARIO, QUE NO SON APELABLES. Aunque el Código de Procedimientos Civiles de Jalisco no determina expresamente cuál recurso procede en los juicios sumarios, contra las resoluciones que no son apelables, por no estar incluidas en las hipótesis prevenidas por el artículo 639 de ese ordenamiento, débese advertir que el numeral 423 del propio código establece que las resoluciones que no fueren apelables, pueden ser revocadas por el mismo Juez o tribunal que las haya pronunciado, por lo que conforme al método inductivo de interpretación legal, debe estimarse en tal supuesto, que aquellas resoluciones no apelables son combatibles por medio de la revocación" Cabe destacar que aun cuando el recurso ordinario no prevé la suspensión, no se actualiza el supuesto de excepción establecido en la jurisprudencia 1a. /J. 77/2013, que lo condiciona a que esté involucrado un menor y se alegue un riesgo para él. Tienen aplicación las tesis de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada" "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional" En congruencia con lo anterior y en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de garantías, se concluye que si la legislación civil procesal local, aplicable en el caso concreto, prevé el recurso de revocación como medio ordinario de impugnación, éste debe agotarse antes de promover el juicio de amparo. En las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia en estudio; razón por la cual, en términos del artículo 113 de la ley de la materia, procede desechar la demanda de garantías que nos ocupa. Tienen aplicación la siguiente tesis, que su rubro y texto reza: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO COBRA VIGENCIA SI EXISTE JURISPRUDENCIA QUE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. El apartado referido prevé un caso de excepción al principio de definitividad, consistente en que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso no está obligado a interponer dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo. Sin embargo, cuando existe jurisprudencia obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en la que se concluye cuál es el recurso procedente, según la legislación aplicable que debe agotarse y con base en ella, la procedencia del recurso o medio de defensa legal ya no se encuentra sujeta a interpretación adicional, el quejoso ya no está en aptitud de no optar por interponer dicho recurso antes de acudir al juicio de amparo, porque no hay motivo de interpretación alguno si el aspecto toral ha quedado dilucidado por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; máxime, cuando de suyo, involucra un aspecto de procedencia del juicio de amparo, cuyo estudio es oficioso, ya que cuando existe jurisprudencia no es factible hacer una interpretación adicional, pues debe entenderse que la ley ya está integrada a través de aquella que determina cuál es el recurso que debe agotarse" II. Intervención de las partes. 1. Quejoso: Alejandro Cuevas de Alba. a. Domicilio y autorizados. La designación de domicilio para recibir notificaciones, así como autorizados para tal efecto, se acordó en el auto de prevención, en el entendido que se tuvo en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Cristobal Josue Meza Amezcua y Juan Carlos García Amador, al no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. III. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. IV. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Héctor Hugo Ordaz Arredondo, secretario que autoriza y da fe. EEVP/HHOA/lupita*
- Principal
Notifíquese personalmente.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes
- Alejandro Cabrera Aguilar1303/2020
- Alejandro Cárdenas Enríquez1644/2021
- Alejandro Carrada Sapien174/2018
- Alejandro Contreras Rodríguez1605/2019
- Alejandro Córdova Flores1414/2023
- Alejandro Corona Falcón321/2020
- Alejandro Daniel González Zúñiga y Otros.904/2018
- Alejandro Daniel Romero Velázquez1482/2022
- Alejandro Delgado Torres1186/2013
- Alejandro Farias Franco955/2021
- Alejandro Federenko Martínez2049/2019
- Alejandro Fernández Rivas450/2022