Alejandro Cruz Tamez
Expediente 1514/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1514/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alejandro Cruz Tamez
Actuaciones
- Principal
....En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Jaime César Pereyra Román. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, la razón suscrita por el actuario adscrito, por el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa ********************por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales********************, la determinación emitida el nueve de noviembre de dos mil veintitrés; al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por la fedataria judicial; en consecuencia, se ordena notificar a la parte procesal en cita dicha determinación, así como el presente proveído y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA MARÍA CONCEPCIÓN DURON RAMÍREZ Y EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO CON INICIALES S.E.D POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Cuernavaca, Morelos, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como el contenido de la certificación con que se da cuenta, de donde se desprende que ha transcurrió el plazo de tres días concedido a la quejosa María Concepción Duron Ramírez, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales S.E.D, en auto de trece de septiembre del año en curso, para que manifestara si tiene alguna imposibilidad económica para cubrir el costo de la publicación de los edictos, para emplazar al tercero interesado Samir Estrada Lozada, sin que hubiera hecho manifestación alguna. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa contenido en el auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, y con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso b), 63, fracción II y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en el precepto 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, queda sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS, DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. Esta determinación se adopta tomando en consideración lo siguiente: Mediante auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se le reconoció el carácter de terceros interesados a Samir Estrada Lozada y se ordenó su emplazamiento por conducto del Actuario adscrito, en Acacias número ciento treinta y cinco, departamento cuarenta y tres, en Tlaltenango, Morelos. En proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la razón actuarial suscrita por la fedataria de la adscripción, a través de la cual manifiesto su imposibilidad para emplazar al presente juicio de amparo al tercero interesado Samir Estrada Lozada, por lo que en esa misma fecha se le dio vista a la parte quejosa para que proporcionara algún domicilio cierto, correcto y actual donde pudiera ser emplazado el tercero interesado en mención; apercibiéndola del inicio del procedimiento de localización y búsqueda además, se dijo a la parte quejosa que una vez agotadas las medidas necesarias tendentes a la investigación del domicilio del tercero interesado, sin obtener resultados favorables o en caso de que los proporcionados fuera incorrecto, se ordenaría su emplazamiento por edictos, a costa de la parte quejosa. Por auto de tres de enero de dos mil veintitrés, se hizo efectivo a la quejosa María Concepción Duron Ramírez, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales S.E.D, el apercibimiento decretado en el auto citado en el punto que antecede y se ordenó girar oficios a diversas instituciones, para que informaran lo relativo al domicilio del tercero interesado Samir Estrada Lozada. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés y una vez desahogada en su totalidad la investigación ordenada por este órgano de control constitucional, para lograr la localización de un domicilio del tercero interesado Samir Estrada Lozada, se ordenó su emplazamiento en los domicilios que aún no se agotaban. Asimismo, en la misma fecha este Juzgado de Distrito se reservó un diverso domicilio foráneo, mismo que fue proporcionado por la Administradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Morelos "1" , hasta en tanto se agotaran los domicilios locales que se precisaron en el auto que antecede. En proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se recibió la razón actuarial suscrita por la fedataria de adscripción, a través de la cual manifestó su imposibilidad para emplazar al presente juicio de amparo al tercero interesado Samir Estrada Lozada, se levantó la reserva del auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés y se ordenó el emplazamiento de dicho tercero mediante exhorto girado al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en Turno. En proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio con folio 12693, signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual devolvió sin diligenciar el exhorto 197/2023-II, orden 199/2023, del índice de este Juzgado Federal por los motivos que ahí expone; en consecuencia, se requirió a la quejosa María Concepción Duron Ramírez, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales S.E.D, para que por última ocasión proporcionara algún domicilio cierto, correcto y actual donde pueda ser emplazado el tercero interesado antes referido, apercibiéndola que se ordenaría el emplazamiento por edictos, a su costa. Por auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se hizo efectivo el apercibimiento de veintinueve de junio del año en curso, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y articulo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, a costa de la parte quejosa, emplácese al tercero interesado antes mencionado, mediante edictos; habiendo transcurrido el plazo de veinte días que ahí se concedió a la parte quejosa para dicha publicación, sin que lo hubiere efectuado. Por auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se le otorgó a la parte quejosa un plazo de tres días para que si tiene alguna imposibilidad económica para cubrir el costo de la publicación de los edictos; sin embargo, dicha parte no realizo manifestación alguna aun y cuando se encontraba debidamente notificada. Todos estos últimos trámites relatados, sin haber logrado el emplazamiento del tercero interesado antes referido; ello, a parte de la investigación que se hizo previo a la orden de su emplazamiento a través de edictos. Notifíquese; y personalmente a la quejosa María Concepción Duron Ramírez, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales S.E.D. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa Eloisa Romero Ávila, así como de sus autorizados, el contenido de la determinación de diez de octubre de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: VISTO, para resolver el juicio de amparo 42/2022, promovido por Eloisa Romero Avila, contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Eloisa Romero Ávila, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable: ° Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".LA INTERLOCUTORIA DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA POR LA JUNTA RESPONSABLE EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE LABORAL 01/701/06, QUE RESUELVE ILEGALMENTE DECLARARME PATRÓN SUSTITUTA DE MARCELO RIOS TEJEDA, CON LAS IMPLICACIONES LEGALES QUE REPRESENTA DICHA CARGA.". SEGUNDO. El seis de enero de dos mil veintidós, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, radicó el expediente con el número 4/2022, y declaró la legal incompetencia del asunto, por lo que ordenó remitir los autos a este Juzgado Federal. TERCERO. Por auto de catorce de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal aceptó la competencia declinada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, radicó el asunto con el número de expediente 42/2022, y se realizó prevención, la que una vez desahogada el veintidós de enero de dos mil veintidós, esta autoridad admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Con fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, y el veintiocho de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en la que negó el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la ahora quejosa. QUINTO. Mediante escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veintidós, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva. Por auto de seis de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado Federal realizó prevención al recurso de revisión; por lo que una vez desahogada la prevención el catorce de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por interpuesto el referido recurso. SEXTO. El trece de junio de dos mil veintitrés, se recibió oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de ejecutoria de sesión del dos de junio del año en curso, en el Amparo en revisión 48/2023, que en sus puntos resolutivos determinó: ".Primero. Se revoca la sentencia recurrida dictada el veintiocho de junio de dos mil veintidós, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en el juicio de amparo 42/2022. Segundo. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 42/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de este fallo.". Atendiendo a lo anterior, por auto de catorce de junio de dos mil veintitrés, se mandó agregar a los autos la ejecutoria de mérito, y de conformidad con lo que dispone el artículo 75 de la Ley de Amparo, se hizo el requerimiento de constancias ordenado por la Superioridad para los efectos legales conducentes, y además fue señalada fecha y hora el verificativo de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama la resolución interlocutoria dictada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del expediente laboral 01/701/06, índice de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo en vigor, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a Mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Precisado lo anterior, y una vez analizada la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, se advierte que al ser impetrante de amparo, se trata de la parte "patronal" no procede suplir la deficiente expresión de conceptos de violación planteados. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia 2a./J.42/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Materia Laboral, Página: 305: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora." En ese orden de ideas, y una vez analizados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, se estiman infundados, tal y como se demostrará a continuación. En principio para una mejor comprensión del asunto, conviene traer a contexto los antecedentes del acto reclamado, los cuales en lo que aquí interesa, son los siguientes: 1. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil catorce, la parte actora promovió incidente de sustitución patronal, señalando como patrón sustituto a las joyerías ubicadas donde se llevó a cabo el requerimiento de pago (foja 1 a 2 del cuaderno anexo). 2. Por resolución de quince octubre de dos mil diecinueve, se declaró improcedente la sustitución patronal, entre otros respecto de la ahora quejosa ******************** (fojas 176 a 179 del cuaderno anexo). 3.- Inconforme con lo anterior, la aquí tercero interesada Clara Vanessa Gómez Rojas, presentó demanda de amparo, la cual quedó radicada ante este Juzgado Federal bajo el número 1674/2019; misma que fue resuelta el veintiuno de agosto de dos mil veinte, concediéndole el amparo y protección de la justicia federal, (fojas 186 a 188 del cuaderno anexo). 4. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Junta responsable dictó la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, misma que declaró procedente la sustitución patronal, promovida por la parte actora (fojas 190 a 196 del cuaderno anexo). 5. Asimismo, con fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno, derivado del oficio emitido dentro del juicio de amparo 1674/2019, y al haberse determinado al incumplimiento de la ejecutoria, de nueva cuenta se dictó interlocutoria en la fecha referida y en la que se resolvió procedente la sustitución patronal (fojas 220 a 223 del cuaderno anexo). Interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, la cual constituye el acto reclamado en el presente asunto. Ahora bien, como la materia de la resolución reclamada consistió en determinar si en el caso existió sustitución patronal, resulta pertinente estudiar dicha figura, la cual se encuentra regulada por el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone lo siguiente: "Artículo 41.- La substitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón substituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los trabajadores." Del análisis del precepto transcrito se desprende, que la sustitución del patrón no afectará las relaciones de trabajo existentes de la empresa o establecimiento. Conforme con la figura jurídica de la sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo, por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de seis meses a partir de que se haya dado aviso al sindicato o a los trabajadores y, concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. Respecto a este tema la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página veintitrés, Tomo LXXIX, Quinta Parte, visible en el Semanario Judicial de la Federación, estableció que debe reunirse diversos requisitos para que se actualice la figura jurídica de la sustitución patronal, lo cual se desprende del criterio que se trascribe a continuación: "PATRÓN SUSTITUTO. Para que exista sustitución de patrón es requisito indispensable que una negociación, considerada como unidad económico-jurídica, se transmita de una persona a otra en forma tal, que el patrimonio, como unidad, o parte del mismo que, a su vez constituya una unidad de la misma naturaleza económico-jurídica, pase a ser el patrimonio o parte del patrimonio de otra persona". Del contenido del precepto y criterio mencionados se pueden deducir como requisitos para que opere la sustitución patronal, los siguientes: 1. Que exista la transmisión total o parcial de una negociación, considerada como una unidad económica jurídica que dio origen a la relación laboral, de forma tal, que el patrimonio o parte del mismo, constituya una unidad de la misma naturaleza. 2. Que se empleen las mismas herramientas y bienes con que operaba el patrón sustituido. 3. Que la nueva unidad se constituya bajo la misma naturaleza económica-jurídica; es decir, con el mismo giro comercial: y, 4. Que exista identidad en el centro de trabajo y que la explotación de éste, se realice de manera ininterrumpida, esto es, sin haber existido paralización de las labores. Es aplicable la tesis emitida por la citada Cuarta Sala, publicada en la página 41, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volúmenes 163-168, quinta parte, séptima época, de rubro y texto siguientes: "SUSTITUCIÓN PATRONAL EN CASO DE TRANSMISIÓN PARCIAL DE LA EMPRESA. La sustitución patronal opera no solo cuando se transfiere la totalidad de la entidad jurídico económica que constituye los elementos necesarios para el desempeño de las labores que en tales términos debe servir para responder de la continuidad y la estabilidad en el empleo, sino que también opera cuando se transmite una parte de los bienes de la entidad económica jurídica con la cual puede seguir desempeñándose parte del trabajo realizado para el patrón original". De lo anterior se desprende, que los efectos de la sustitución patronal tienden a que las relaciones de trabajo permanezcan intactas como si no se hubiese efectuado la transmisión, en virtud de que los trabajadores no participan en ella y, por tal razón, no pueden afectarse sus derechos, de ahí que el nuevo patrón tendrá o conservará la carga de responder por las obligaciones preexistentes en favor de los trabajadores, lo cual a su vez implica una transmisión de obligaciones, cuyo objeto es garantizar los salarios y demás prestaciones a que tienen derecho los empleados. En ese sentido, al ser la sustitución patronal una figura jurídica en la cual participan solamente dos entes, a saber: patrón sustituto y patrón sustituido, y partiendo de la hipótesis que hacia el futuro prevalecerá la figura del nuevo patrono, es decir, el sustituto y que en tal modificación patronal no participa en ningún momento ni aspecto el trabajador, es obligación del patrón sustituto o del sustituido acreditar o en su defecto desacreditar tal circunstancia. Por tanto, corresponde al patrón a quien se le atribuye haber sustituido al anterior en sus obligaciones laborales o en su caso, a esté, demostrar que no se dan los elementos distintivos de la institución en comento, pues aun cuando por regla general en materia laboral la carga de la prueba incumbe al que afirma; por las particularidades que presenta la figura jurídica en examen y porque la negación efectuada en torno a la actualización de tal figura envuelve una afirmación, corresponde al demandado incidentista acreditar que no se actualiza el supuesto de la sustitución. Máxime, que el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo no obliga al actor a conocer el nombre del patrón o la denominación del lugar donde laboró, siempre y cuando precise al menos el domicilio de la fuente de trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. "Artículo 712.- Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social en donde labora o laboró, deberá precisar por lo menos en su escrito de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. La sola presentación de la demanda o de la instancia conciliatoria, en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador. (.)". Además, el diverso numeral 784 del mismo ordenamiento legal establece, que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos y, para tal efecto, requerirá al patrón para que exhiba los documentos que -de acuerdo con las leyes- tiene la obligación legal de conservar en la empresa y, en todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia respecto de los elementos esenciales de la relación de trabajo. "Artículo 784.- El Tribunal eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto a petición del trabajador o de considerarlo necesario requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre. (.)". En torno al tema, es pertinente establecer, que de conformidad con los arábigos 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo, en los juicios en materia laboral la actividad probatoria de las partes debe circunscribirse a los hechos controvertidos. "Artículo 777.- Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes. Artículo reformado DOF 04-01-1980 (.)". "Artículo 779.- El Tribunal desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten inútiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello. Artículo reformado DOF 04-01-1980, 01-05-2019 (.).". En esa perspectiva, si de acuerdo con el numeral 41 de la ley laboral, la sustitución patronal es la transmisión total o parcial de la entidad jurídico económica que dio origen a la relación laboral y en la cual los trabajadores no tienen intervención legal alguna -pues se realiza únicamente entre el transmisor y el adquirente de dicha entidad entonces, cuando se alega una sustitución patronal corresponderá a la parte demandada la carga de la prueba, toda vez que al carecer los trabajadores de intervención legal en la sustitución, no cuentan con los medios para demostrarla y, por tanto, considerar lo contrario rompería con las reglas específicas de la carga probatoria y dejaría a los trabajadores en estado de indefensión. Esto es, si el trabajador alega -en cualquier etapa de un procedimiento laboral- la existencia de una sustitución patronal y precisamente la parte patronal niega tal circunstancia, a este último le corresponde la carga de la prueba, en virtud de que la sustitución patronal es una figura jurídica en la cual participan únicamente la parte patronal sustituto y la patronal sustituida, es decir, sin intervención de los trabajadores, por lo cual, se reitera, corresponderá a la parte patronal la carga de la prueba cuando se alegue la sustitución patronal y sea el patrón quien niegue tal figura. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que la sustentan, la Jurisprudencia 2a./J. 28/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XXVII, marzo de 1998, página 261, de rubro y texto siguiente: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. SI LA DEMANDADA SUSTITUTA NIEGA TENER TAL CARÁCTER, A ELLA LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA. De la interpretación sistémica de la Ley Federal del Trabajo, y en especial de sus artículos 41 y 784, se concluye que cuando el trabajador alegue en cualquier etapa del procedimiento de trabajo la existencia de una sustitución patronal y la persona física o moral en su calidad de patrono sustituto niegue tal carácter, a este corresponderá la carga de la prueba, en virtud de que la sustitución patronal es una figura jurídica en la cual participan únicamente la parte patronal sustituta y la patronal sustituida, es decir, se realiza solamente entre el transmisor y el adquirente de la unidad económico-jurídica, sin que los trabajadores tengan participación alguna en su realización, de ahí que le corresponda a la parte patronal la carga de la prueba cuando se alegue la sustitución patronal y este la niegue, en cualquier plazo, en el entendido de que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el sustituto por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la legislación laboral, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de seis meses, por lo que concluido este lapso, subsistirá hacia el futuro únicamente la responsabilidad del patrón sustituto". En ese sentido, es infundado el concepto de violación en el que la quejosa señala que la resolución reclamada es incongruente porque no se demostró la sustitución patronal, en virtud de que la Junta responsable hizo una incorrecta valoración de las pruebas ofrecidas de su parte, especialmente la documental consistente en los contratos de arrendamiento ofrecidos de su parte de fechas veinticinco de abril de dos mil quince y uno de mayo de dos mil dieciséis, con las cuales a su consideración demostró que no existió sustitución patronal entre ella y las demandadas Joyería Marce, Marcela Ríos Tijera y quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo, al ser la quejosa, propietaria de una negociación totalmente independiente a la misma. Lo anterior se considera infundado, como ya se precisó atendiendo al argumento expuesto en párrafos precedentes, en relación a lo que establece el numeral 41 de la ley laboral, en el sentido de que cuando se alega una sustitución patronal corresponderá a la parte demandada la carga de la prueba, toda vez que al carecer los trabajadores de intervención legal en la sustitución, no cuentan con los medios para demostrarla y, por tanto, considerar lo contrario rompería con las reglas específicas de la carga probatoria y dejaría a los trabajadores en estado de indefensión. Además de que conforme a la interlocutoria reclamada se advierte, que en efecto la autoridad señalada como responsable, sí valoró las documentales ofertadas por la parte demandada incidentalmente, en el sentido de considerarlas como documentales privadas, al haber sido celebrados los contratos de mérito entre particulares conforme al numeral 795 de la Ley Federal del Trabajo; además de manera correcta no los consideró prueba plena y para lo que se pretendía probar con dichas documentales resultan insuficientes, pues como de manera acertada fue señalado en la resolución reclamada, el primer contrato de arrendamiento fue llevado a cabo el veinticinco de abril de dos mil quince, empero, la licencia de funcionamiento con la que explota su actividad comercial data del veintisiete de febrero de dos mil catorce, por lo que resulta inconcuso que fuera conducente el trámite y vigencia de una licencia para algún giro comercial con fecha anterior a más de un año de la celebración del contrato de arrendamiento de mérito. Por otro lado, respecto de la interrupción de la actividad comercial bajo el giro que señala la incidentista demandada hoy quejosa y de las personas que refiere operaron el giro comercial, no acreditó dicha circunstancia con probanza alguna, sino solo hizo manifestaciones al respecto, por lo que se considera correcta la valoración realizada por la autoridad señalada como responsable. Ello es así, ya que tal y como se advierte de la interpretación de la jurisprudencia transcrita, si la parte quejosa, en el incidente de sustitución patronal, negó que se le considerara como patrón sustituido, a ella le correspondía la carga de probar de manera fehaciente que no se daban los elementos distintivos de esa figura laboral, y al no haberlo demostrado así, es que la autoridad responsable al emitir el acto combatido, acertadamente, la tuvo con ese carácter, ello de acuerdo, con la valoración de las pruebas ofrecidas por el actor incidentista, pues las ofrecidas por el quejoso se estiman insuficientes para apoyar su negativa. Lo anterior, y en relación también al concepto relativo a la transmisión de propiedad total o parcial, en virtud que, como se señaló con anterioridad, la sustitución patronal es una figura jurídica en la cual participan únicamente la parte patronal sustituto y la patronal sustituida, es decir, sin intervención de los trabajadores, es por ello que le corresponde a la parte patronal la carga de la prueba cuando se alegue la sustitución patronal y sea el patrón quien niegue tal figura, de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Así, de la resolución reclamada se advierte, que la autoridad responsable para los efectos de declarar procedente el incidente de sustitución, principalmente realizó la siguiente valoración: "...se le resta valor probatorio en razón de que de la misma se advierten tanto la licencia de funcionamiento número 11760, de la cual se obtiene como nombre ROMERO AVILA ELOISA, con razón social de MINICENTRO JOYERO, giro o actividad comercial joyería y bisutería de fecha veintisiete de febrero del dos mil catorce, así como los contratos de arrendamiento de fechas veinticinco de abril del dos mil quince y uno de mayo del dos mil dieciséis, mismos de los que se puede advertir que la posible patrón sustituto refiere haber celebrado contrato de arrendamiento con fecha veinticinco de abril del dos mil quince, sin embargo la licencia de funcionamiento con la que explota su actividad comercial data del veintisiete de febrero del dos mil catorce, esto es aproximadamente un año cuatro meses antes de la celebración del contrato de arrendamiento, esto es, no es creíble que primero le fuera expedido su licencia de funcionamiento un año y cuatro meses antes, de que realizara sus actividades en el local comercial que refiere celebró contrato de arrendamiento, aunado a ello con ningún medio de prueba acreditó que no se ha realizado la explotación del centro de trabajo de manera ininterrumpida. ...es importante precisar que dichos contratos tienen el carácter de documentales privadas, en primer lugar porque fueron celebrados entre particulares y no reúnen las características establecidas por el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo. ...los contratos exhibidos por la posible patrón sustituto no pueden hacer prueba plena, ni otorgárseles valor probatorio alguno, toda vez que de su análisis se advierte que la fecha del primer contrato de arrendamiento data del veinticinco de abril de dos mil quince, sin embargo de la diligencia de embargo de fecha veinticinco de abril de dos mil catorce, la persona que atendió la diligencia C. PABLO JIMENEZ PATRICIA, refirió que la persona buscada (MARCELA RIOS TEJEDA), tenia un local comercial aproximadamente hace cuatro años en el lugar en que se actuaba, motivo por el cual tomando en consideración la manifestación de la persona referida, si la diligencia de embargo fue en el año dos mil quince y refirió hace cuatro años, se adquiere que como por el año dos mil diez, fungía la demandada en dicho lugar, por lo que de ese año a la fecha de la diligencia (25 de abril del 2015), pasaron aproximadamente cinco años de incertidumbre si el local que fungió como fuente de trabajo, se encontraba cerrado, arrendado por otra persona, laborando bajo la misma actividad que la demandada principal o bajo otra actividad, razón suficiente para no otorgarle valor probatorio pleno. Lo anterior en términos de los artículos 17, 685, 776 de la Ley Federal del Trabajo.". En otro aspecto de la resolución interlocutoria, la autoridad responsable estimó procedente al incidente de sustitución patronal al considerar que negociaciones tienen el mismo domicilio y la misma actividad (joyería), como lo corroboró con la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que fueron ofrecidas en autos; expresando además diversos argumentos que la llevaron a concluir que los medios probatorios resultaban suficientes para tener por demostrada la sustitución patronal. Además, aun y cuando a la demandada incidentista ********************, le correspondía la carga de la prueba, de manera correcta la autoridad señalada como responsable no ofreció medio de convicción fehaciente que apoyara su negativa de no ser patrón sustituto, pues a pesar de haber ofrecido la presunción e instrumental de actuaciones, así como la documental consistente en los contratos de arrendamiento de fechas veinticinco de abril de dos mil quince y uno de mayo de dos mil dieciséis; sin embargo, tales medios de convicción se estimaron insuficientes para acreditar el hecho de no tener el carácter de patrón sustituto con la parte actora en el juicio de origen, ya que la citada documental, no se encuentra concatenada con diverso medio de convicción suficiente que genere mayor certeza y credibilidad de lo afirmado de su parte; y que incluso, las respuestas dadas por la absolvente Clara Vanessa Gómez Rojas, al momento del desahogo de la prueba confesional ofrecida de su parte no se advierten elementos de convicción que apoyen lo afirmado por la quejosa, en el sentido de que no es patrón sustituto en el juicio laboral de origen. Lo anterior es así, máxime que la quejosa no desvirtúa los argumentos de la Junta responsable, pues no formula alguno para destruir los razonamientos realizados en el sentido de que, a la quejosa le corresponde demostrar de manera fehaciente que no es patrón sustituto de la quejosa, ni que tenga el mismo domicilio y actividad comercial que la parte demandada en el juicio laboral Joyería Marce, Marcela Ríos Tijera y quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo; argumentos torales que sirvieron de base para dar sustento a la resolución reclamada, y que la quejosa, fue omisa en combatir. Toda vez que a ella es a quien le correspondía la carga de la prueba, se estima que tiene el carácter de patrón sustituta de Joyería Marce, Marcela Ríos Tijera y quien resulte propietario o responsable de la fuente de trabajo, pues fue omisa en acreditar que no existió transmisión total o parcial de la entidad jurídica patrimonial, por lo que se estima, como lo afirma la responsable, que existe responsabilidad de tipo laboral entre ambas; máxime que la quejosa ********************, continúo con la prestación y explotación de la misma actividad comercial, es decir, la de joyeria e incluso en el mismo domicilio, es decir, "Local M, Guión Doce M-12 ubicada en la planta alta del Condominio Vertical denominado Centro Comercial Plaza Cuernavaca, en el Estado de Morelos"; de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio, pues se estima que la responsable valoró de manera adecuada los medios de convicción ofrecidos por la parte quejosa. Sin que obste a lo anterior, el concepto de violación relativo a que en el laudo ejecutoriado de dieciocho de enero de dos mil trece, dictado en los autos del juicio de origen, se absolvió a "JOYERIA MARCE" y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, en específico de los locales KA-1, KA-12 y M-12 Colonia Lomas de la Selva, Cuernavaca, Morelos, lo anterior toda vez que si bien es cierto que su inconformidad va encaminada al respeto de la inmutabilidad de las sentencias firmes, sin que pueda admitirse su modificación por circunstancias posteriores, pues en ella descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, es decir, respecto de las mencionadas partes las prestaciones que le demandó la actora en el juicio natural, no logró demostrar la relación laboral, aspecto distinto al que fue sujeto a debate en el incidente relativo aquí reclamado, por ello no puede confundirse su legalidad. De ahí que, ese concepto de violación en relación a la decisión, no puede ser tomada en cuenta en relación con la resolución del incidente de sustitución patronal que ahora se estudia, puesto que las circunstancias y causas que lo generan pueden ser diferentes; como pudiera ser, por ejemplo, que la persona moral a quien se le atribuye, haya adquirido o se le haya trasmitido la unidad económica jurídica a razón del título que corresponda, posterior a la emisión del laudo. Esto es, la circunstancia de que los codemandados citados que fueron absueltos en el laudo ejecutoriado que refiere la parte quejosa, no hace por sí solo improcedente el incidente de sustitución patronal planteado en su contra, pues se insiste, la naturaleza incidental de la solicitud de sustitución patronal, no requiere un pronunciamiento en torno a la procedencia de la acción principal, sino únicamente tiene relación con la decisión que debe tomarse sobre una circunstancia accidental ocurrida en etapa de ejecución del laudo, al que no se le puede aplicar la institución de cosa juzgada, toda vez que este tipo de resoluciones no ponen fin al procedimiento, sino que a través de ellos la responsable emite una declaración respecto de quién debe cumplir el laudo, y por tanto, este tipo de incidentes pueden promoverse según el número de hechos o pruebas novedosas que se aporten. Razón por la cual, a pesar de la absolución en comento, la junta responsable se encontraba en aptitud de resolver la litis propuesta en el incidente que nos ocupa y pronunciarse sobre la procedencia, o no, de la solicitud correspondiente, inclusive, analizando las pruebas ofrecidas por las partes, tomando en cuenta que los elementos constitutivos de dicha figura jurídica son diversos al carácter de patrón demandado en el juicio principal, pues ahí se le atribuía el carácter directo de patrón responsable de la relación laboral origen de la contienda. Máxime que como se asentó en la resolución materia de estudio de la presente sentencia, en efecto corresponde al patrón a quien se le atribuye sustituido al anterior en sus obligaciones laborales, demostrar que no se dieron los elementos distintivos de la sustitución, pues aun cuando por regla general en materia laboral, la carga de la prueba incumbe al que afirma, por las particularidades de dicha figura jurídica (sustitución patronal) y porque la negación efectuada en torno a la actualización de tal figura envuelve una afirmación, es por lo que corresponde al posible patrón sustituto, acreditar los hechos en los que apoya sus excepciones. Baja esa línea de argumentación, se advierte que la parte quejosa no desvirtuó los razonamientos jurídicos de la autoridad señalada como responsable, y por los cuales sostiene que ********************, no acreditó que no se ha realizado la explotación del centro de trabajo de forma ininterrumpida y que existieron diversos negocios o personas comerciantes antes que la hoy quejosa. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo solicitado por ********************, contra la resolución interlocutoria de sustitución patronal dictada en el expediente laboral 01/701/06, que reclamó de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, Fracción I, 73, 74, 75, 76, 119, 124, 217 y demás relativos a la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a ********************, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero; por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy diez de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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