Alejandro Cruz Ortiz

Expediente 487/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
487/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
17/09/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Cruz Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    A sus autos el escrito signado por el quejoso *********, atento a su contenido, se le tiene por autorizando a ********, únicamente para recibir los documentos que se pusieron a su disposición. En el entendido que para tal efecto, deberá agendar una cita, dentro de las doce horas con treinta minutos y las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes, al ser el horario asignado por el Consejo de la Judicatura Federal para que este órgano jurisdiccional realice labores presenciales.

  2. Principal

    Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de treinta de julio del presente año, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por **********, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de constancias originales. Finalmente, toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del aludido Acuerdo General, requiérasele para, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, lo anterior de conformidad con el artículo 21 antepenúltimo párrafo del citado acuerdo.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, que establece: "Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de treinta de julio del presente año, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo presentada por **********, sin que haya hecho uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años a partir de este auto, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Devolución de constancias originales. Finalmente, toda vez que en el presente expediente obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 18 del aludido Acuerdo General, requiérasele para, previa cita que obtenga, que dentro del término de noventa días naturales, ocurra a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo los documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el expediente, lo anterior de conformidad con el artículo 21 antepenúltimo párrafo del citado acuerdo."

  4. Principal

    Vista la constancia que antecede, de la que se deprende la comparecencia de la parte quejosa **********, por medio del cual ratifica la firma que calza el escrito registrado con el n mero 5990, a trav s del cual desahoga la prevención formulada en auto de veintiuno de julio del presente a o y exhibe copias para correr traslado a las partes. Ahora bien, en dicho escrito aclaratorio manifestó la parte quejosa: "[.] 3. Dando cumplimiento al último requerimiento, cierto es que, de esas declaraciones o datos de que me duelo las hago derivar del oficio consistente en el informe de reubicación definitiva, de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, Guanajuato." b) Desechamiento. En principio, es menester establecer que de acuerdo al art culo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechar de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atenci n al principio de impartici n de justicia pronta y expedita consagrado en el art culo 17 constitucional, no es dable dar tr mite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protecci n federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultar indudablemente el sobreseimiento. El art culo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Art culo 113. El rgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechar de plano". Tomando en consideraci n que el citado precepto impone ante todo la obligaci n de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuaci n se procede a efectuar el an lisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci n, Octava poca, Tomo 68, agosto de 1993, p gina 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuesti n explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; adem s, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara, finalmente, que tambi n sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicci n de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden p blico y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa en el escrito inicial de demanda se ala como actos reclamados: 1. Informe de Reubicación definitiva, de catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, Guanajuato, bajo el número de oficio D.F./0869/2021. 2. Acuerdo DH-020/2021 emitido de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. 3. Las declaraciones en medios públicos realizados por la Presidente Municipal ********** respecto a la intención de reubicación de los comerciantes del lugar donde tenemos derecho a ejercer el comercio a efecto de influir en el ánimo de la opinión pública en contra de la dignidad del suscrito. 4. Los supuestos dictámenes realizados por las Direcciones de Tránsito y Policía Vial y Protección Civil y Bomberos. 5. El estudio de Viabilidad para la Colocación de Puestos en la Vía Pública realizado por la Dirección de Fiscalización. Señala como antecedentes del acto reclamado: "[.] PRIMERO. El suscrito ejerzo el comercio en la vía p blica bajo el giro de Tortas, tacos y agua desde hace 31 años en la ubicación CALLE MORELOS FRENTE AL 3 NÚMERO 110 ACERA SUR, zona centro de la Ciudad de Celaya, Guanajuato; con un metraje autorizado de 1. 00 mts por 1.50 mts, lo cual acredito con la cédula de Identificación de Comerciante en vía pública con número ***** a nombre de ******. Al día de hoy no me encuentro bajo ningún adeudo u obligación pendiente hacia la autoridad municipal, estando en tiempo y forma con el pago del permiso correspondiente; para ello exhibo el recibo de pago de 05 de julio de 2021 y la constancia de no adeudo de 24 de junio de 2021. SEGUNDO.- La Vigencia de mi permiso abarca el periodo comprendido del 15 de julio de 2020 al 15 de julio de 2021, por lo que ese mismo día. TERCERO. Bajo Protesta de decir verdad, en fecha 15 de julio de 2021, sin realizar ningún tipo de procedimiento administrativo ni conceder garantía de audiencia, encontrándome en la ubicación autorizada para instalar el negocio en la Calle Morelos, me aborda un inspector de la Dirección de Fiscalización y me entrega el oficio D.F. **** consistente en El Informe De Reubicación Definitiva, de fecha 14 de julio de 2021, emitido por la Directora de Fiscalización del Municipio de Celaya, Gto., **********, el cual me señala que ya no puedo instalarme a trabajar en el lugar autorizado a partir del 16 de julio de 2021 y señalándome que tengo un espacio autorizado distinto al que habitualmente ocupo sin dar documento o razón alguna al respecto. En dicho acto no se me permite realizar ninguna manifestación, exhibir algún documento y negando en todo momento mi garant a de audiencia ni mucho menos me presentan alg n otro documento que permita constatar la motivaci n del acto administrativo que modifica mi esfera jur dica y que hoy me aquejo. CUARTO. El día 16 de julio de 2021, acudir a las oficinas de la Dirección de Fiscalización a realizar el trámite de refrendo anual para fotocredencialización para vendedores ambulantes como lo he venido haciendo desde hace 31 treinta y un años, me entregan el FORMATO DE SOLICITUD DE REFRENDO DE FOTO-CREDENCIAL 2021 y entregue la documentación correspondiente SIN QUE ME ACUSARAN DE RECIBIDO DICHOS DOCUMENTOS, y me dijeron que hasta el lunes 19 de este mismo mes y a o pasar a recoger el recibo para hacer el pago correspondiente para la renovaci n del refrendo para el siguiente periodo. El d a lunes 19 de julio acudo tal como se me indica a las oficinas de la Direcci n de Fiscalizaci n, me niegan la posibilidad de hacer el pago y completar el tr mite de refrendo, y de manera verbal que yo les entregue por escrito una solicitud donde yo les proponga tres posibles ubicaciones para instalar mi negocio, simulando as un nueva solicitud con la intenci n de ocultar el tiempo que llevo ejerciendo el giro autorizado y los derechos previamente adquiridos por la misma autoridad, situaci n a lo cual me niego en ese momento lo que me lleva al necesidad de pedir la protecci n de la justicia federal. [.]". Asimismo en los conceptos de violaci n se ala que desconoce todas las actuaciones que verific la directora de Fiscalizaci n del Municipio de Celaya, Guanajuato (ar bigos 2, 4 y 6 de los actos reclamados), para emitir el oficio de reubicaci n definitiva de que se duele; mientras que en los conceptos de violaci n nicamente ataca el aludido oficio de reubicaci n. De igual forma, en su escrito aclaratorio, manifest que las declaraciones o da os de que se duele (ar bigo 3 de los actos reclamados), las hace derivar del oficio consistente en el informe de reubicaci n definitiva, de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, emitido por la directora de Fiscalizaci n del Municipio de Celaya, Guanajuato. En esas condiciones se fija como actos reclamados: El oficio número D.F.*****, de fecha catorce de julio de la presente anualidad, as como las actuaciones que se tomaron en cuenta para su emisi n y sus consecuencias. Ahora bien, en el citado oficio la directora de Fiscalizaci n de esta ciudad de Celaya, manifiesta: Precisión de actos que también encuentra apoyo en la jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena poca del Semanario Judicial de la Federaci n y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, materia com n, p gina 227, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE NTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del an lisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se se ala alg n acto como lesivo de garant as dentro de los conceptos de violaci n o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe ten rsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Fijado lo anterior, se reitera, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia que se desprende del art culo 61, fracci n XX, de la Ley de Amparo; art culo y fracci n que disponen lo siguiente: "Art culo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos alg n juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposici n del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prev esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensi n definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensi n provisional, independientemente de que el acto en s mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligaci n de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentaci n, cuando s lo se aleguen violaciones directas a la Constituci n o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable se ala la fundamentaci n y motivaci n del acto reclamado, operar la excepci n al principio de definitividad contenida en el p rrafo anterior; (.)" De lo trascrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley com n no conceda alg n recurso o medio de defensa legal a trav s del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atenci n al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente -previo a la instauraci n del procedimiento constitucional- debe agotar el medio ordinario de defensa, pues es claro que a trav s de este puede alcanzar la pretensi n jur dica de nulificar el acto reclamado y lograr que desaparezcan de su esfera jur dica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. As , del contenido ntegro de la demanda de amparo y anexos, como se precis , se advierte que la parte quejosa instaura el juicio constitucional en contra de los actos reclamados consistentes en la misiva n mero D.F./*****, de fecha catorce de julio de la presente anualidad, a trav s de la cual la directora de Fiscalizaci n de esta ciudad de Celaya, hizo del conocimiento del accionante de la tutela federal, que derivado de la remodelaci n en la calle Morelos y los cambios de modalidad en el que se le otorg el permiso para ejercer el comercio en v a p blica 20-0598, perteneciente a la Uni n de Comerciantes, derivado de los dict menes realizados por las Direcciones de Transito y Polic a Vial, as como por Protecci n Civil y Bomberos de esta municipio entre otros, se advierte que la colocaci n en calle Morelos se ha tornado riesgosa para la ciudadan a, usuarios, trabajadores y comerciantes; por lo que determin que a partir del dieciséis de julio de la presente anualidad, podría colocarse en pasaje Juana Vela Poniente entre Democracia y Artemio Venegas. En el anterior oficio se aplicaron disposiciones del Reglamento de Administraci n para el municipio de Celaya, Guanajuato. De esta manera cobra aplicaci n lo dispuesto en el art culo 251 del Reglamento de Administraci n para el municipio de Celaya, Guanajuato, tal precepto dispone: "Art culo 251. En contra de los actos y resoluciones que dicten las autoridades municipales por la aplicaci n del presente Reglamento, proceder n los medios de impugnaci n establecidos en el C digo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato". En esas condiciones, en contra de los actos reclamados, previo a la promoci n del presente juicio, debi promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, o bien, el recurso de inconformidad en sede administrativa. Ello, porque a trav s de su instauraci n se puede obtener la modificaci n, revocaci n o nulificaci n de las referidas determinaciones, de conformidad con los art culos 226, 227, 234, 235 y 256 del C digo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que establecen: "Art culo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podr n, a su elecci n, interponer el recurso de inconformidad previsto en este T tulo o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podr impugnar el acto o resoluci n de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este T tulo, tambi n tienen el car cter de interesados los servidores p blicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad p blica que sean molestados en sus derechos e intereses, en t rminos de las leyes aplicables." "Art culo 227. El recurso de inconformidad tendr por objeto la confirmaci n, modificaci n, revocaci n o nulidad del acto administrativo recurrido." "Art culo 234. La interposici n del recurso suspender la ejecuci n del acto o resoluci n impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se cause perjuicio al inter s social o no se contravengan disposiciones de orden p blico; IV. No se ocasionen da os o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen stos para el caso de no obtener resoluci n favorable; y V. Trat ndose de cr ditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislaci n aplicable, cuando as lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa." "Art culo 235. El interesado podr solicitar la suspensi n del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad." "Art culo 256. Cuando las leyes o reglamentos establezcan alg n recurso o medio de defensa, ser optativo para el particular agotarlo o promover directamente el proceso administrativo ante el Tribunal o los Juzgados. Ejercitada la acci n, no se podr ocurrir a otro medio ordinario de defensa." Ahora de la lectura ntegra de los preceptos trascritos, se advierte la existencia de los medios de impugnaci n que prev el art culo 226 del C digo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como lo es el recurso de inconformidad o impugnar ante la autoridad jurisdiccional, a elecci n; por tanto, son estos medios de impugnaci n la alternativa del quejoso para controvertir los actos que ahora cuestiona en forma destacada. Luego, los actos aqu reclamados, encuadran en tales hip tesis, pues el oficio n mero D.F./0869/2021, de fecha catorce de julio de la presente anualidad, suscrito por la directora de Fiscalizaci n de esta ciudad de Celaya, se fundament en los art culos 209 y 210 fracciones V, VI, VII, VII, X, XII, XV, XVI, XIX y XXI, del Reglamento de Administraci n para el Municipio de Celaya, Guanajuato; es decir, son impugnables a trav s de los medios ordinarios de defensa aludidos en par grafos precedentes. Ciertamente, de lo anterior se obtiene que en contra de los actos reclamados destacados, el peticionario de amparo debi interponer optativamente, el recurso de inconformidad, o bien, el juicio de nulidad ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Guanajuato, dado que por virtud de los mismos, los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. Es indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues la promoci n del procedimiento constitucional se restringi a los casos en los cuales la determinaci n reclamada no tuviere remedio jur dico alguno dentro de las disposiciones del orden com n. Destaca que en el particular no es obst culo para desechar la demanda de m rito, lo relativo a la suspensi n del acto debatido, atendiendo a que una vez analizados los requisitos que establecen los art culos 268 al 278 del C digo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensi n de los actos cuestionados -en caso de que el quejoso hubiere tenido la intenci n de solicitarla-, en comparaci n con los preceptos de la Ley de Amparo, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, por los que el citado c digo no exige mayores requisitos para otorgar la suspensi n del acto reclamado, de ah que sea procedente previo a la instauraci n del juicio constitucional, los citados medios ordinarios de defensa. En raz n de lo cual no se actualiza la excepci n al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10)1, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, de rubro y texto: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL C DIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA 1 D cima poca, Semanario Judicial de la Federaci n y su Gaceta, Tomo II, libro 17, abril de 2015, p gina 1536. ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSI N DEL ACTO O RESOLUCI N IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del an lisis de los art culos 268 a 278 del C digo de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensi n del acto o resoluci n impugnada en el proceso administrativo, en comparaci n con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prev n en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el art culo 268 del primero, el actor podr solicitar la suspensi n en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en t rminos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el art culo 269 de la legislaci n local condiciona la procedencia de la medida nicamente a que no cause perjuicio evidente al inter s social, no se contravengan disposiciones de orden p blico, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al art culo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el c digo que debe ser lo antes posible (art culo 268, en relaci n con el 275), tal expresi n se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (art culo 144); los numerales 270 del c digo y 132 de la ley, exigen que se otorgue garant a suficiente para reparar el da o e indemnizar los perjuicios que con la suspensi n se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el art culo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejar de surtirlos si la garant a fijada para ello no se exhibe en el t rmino de cinco d as, precepto de similar redacci n al 271 del c digo; finalmente, tambi n concuerdan en que, trat ndose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida est n condicionados a la exhibici n de la garant a del inter s fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (art culos 276 del c digo y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (art culo 136) expresamente se se ale la reanudaci n de los efectos, aun cuando la garant a se exhiba extempor neamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensi n, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el c digo no exige mayores requisitos para otorgar la suspensi n que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislaci n de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de sta, que podr concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (art culo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Asimismo, debe puntualizarse que, a consideraci n de este juzgado, no se actualiza ninguna de las excepciones que prev la fracci n XX del art culo 61 de la Ley de Amparo, pues la determinaci n contenida en los oficios reclamados, se fundament en el Reglamento de Administraci n para el Municipio de Celaya, Guanajuato (foja 16); asimismo, se considera que no solo se reclaman violaciones directas a la constituci n, pues del escrito de demanda constitucional y atendiendo a la causa de pedir, se desprende que el quejoso cuestiona la interpretaci n de los fundamentos que se citaron en los oficios reclamados, con lo cual queda de manifiesto que no solo aduce violaciones a la constituci n, sino tambi n expresa motivo de disenso de legalidad. De ese modo el acto reclamado tampoco encuentra asidero en el supuesto de excepci n aludido en la causal de improcedencia que se analiza. Es de invocarse, en sentido contrario, la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, NO EXISTE OBLIGACI N DE AGOTARLOS SI EL ACTO CARECE DE FUNDAMENTACI N. Si en la demanda de garant as se impugnan los actos reclamados por falta de fundamentaci n, no existe obligaci n de agotar los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes previamente a la interposici n del juicio de garant as, pues el art culo 73, fracci n XV, p rrafo segundo, de la Ley de Amparo, es claro al establecer que no existe obligaci n de agotar tales medios de defensa si el acto carece de fundamentaci n." c) Determinaci n judicial En m rito de lo expuesto, al no haberse interpuesto el medio ordinario de defensa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art culo 61, fracci n XX, de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente desechar la demanda constitucional promovida por ************, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo.

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