Alejandro Cruz Custodio

Expediente 626/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
626/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Cruz Custodio

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dos de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que precede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el PARTE NOTIFICACIÓN DE AUTO FECHA EN QUE SURTIÓ EFECTOS LA NOTIFICACIÓN PLAZO DE CINCO DÍAS DÍAS INHÁBILES QUEJOSOS 23 DE JUNIO DE 2021. 24 DE JUNIO DE 2021. DEL 25 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2021. 26 Y 27 DE JUNIO DE 2021. artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja, previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), en contra del auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Alejandro Cruz Custodio, sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena:**********

  2. Principal

    Juicio 626/2021 folio 6394 dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 5 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo, bajo el número 626/2021-I, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que el estudio de las causales de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 6° del mismo cuerpo normativo que dispone lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6o.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley..." De la interpretación a lo transcrito, se obtiene que las causas de improcedencia no se limitan a las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus primeras XXII fracciones, dado que su fracción XXIII posibilita la improcedencia de la instancia constitucional en comento, en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución General de la República o de la ley, uno de los cuales es el que deriva de lo ordenado por el artículo 6° de la Ley de Amparo, de acuerdo con el cual, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Es decir, tomando como base doctrinal los principios de instancia de parte agraviada y de la existencia de agravio personal y directo para la procedencia de un juicio de amparo, la afectación que se resiente en una esfera jurídica de derechos, debe ser invocada necesaria y obligadamente por disposición de la ley, por la persona directamente involucrada en dicha lesión, pudiendo hacerlo por sí o por su representante. Se toma en consideración lo anterior, en atención a que en la hipótesis, el quejoso Alejandro Cruz Custodio, si bien se encuentra plasmado su nombre en el apartado respectivo de la persona que comparece a solicitar la protección constitucional, lo cierto es que al calce de la demanda no obra firma o rúbrica que con motivo de manifestación de voluntad y aceptación con el contenido del citado documento, se atribuya a éste. Así pues, en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta precisamente a través de su firma, ya que de lo contrario no existe evidentemente tal manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. En consecuencia, si como se advierte de la demanda de amparo que efectivamente no fue firmada por el mencionado quejoso, debe válidamente concluirse que no existe por tanto cumplimiento con el principio de instancia de parte agraviada, dado que al no plasmar por medio de la firma su conformidad, no se encuentra exteriorizada la voluntad en la promoción del juicio de amparo; hecho que no puede subsanarse mediante la prevención correspondiente, pues no es un requisito de forma, sino un elemento esencial. Tiene aplicación, la tesis marcada con el número VI. 2o. 692 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, de noviembre de 1994, página 435, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. NO FIRMADA POR EL DIRECTAMENTE INTERESADO. En el procedimiento escrito, la voluntad de las partes en el ejercicio de un derecho, se manifiesta a través de su firma, y cuando no saben, o no pueden firmar, lo hará otra persona a su ruego pero imprimirán su huella digital, pues de lo contrario no existe manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho. Por lo tanto, si la demanda de garantías no fue firmada por el quejoso ni por su representante, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de garantías, por lo que, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 4o. del mismo ordenamiento legal, máxime que de admitir y tramitar esa promoción, se fomentaría la práctica viciosa de que cualquier persona, con cualquier firma o sin ella, presentara escritos en forma oportuna, para que después, en cualquier tiempo, el directamente interesado pretendiera subsanar la omisión de expresión de voluntad de promover, mediante una simple aceptación de que esa firma, que no corresponde a su puño y letra, es suya, lo cual evidentemente iría en perjuicio de las demás partes. Así como la tesis aislada emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 314, del tomo X, de octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tenor literal siguiente "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una irregularidad de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." Y la diversa consultable en la página 542, del tomo XIV, de julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA. NO SE CONVALIDA. La falta de firma de la demanda equivale a la ausencia total de manifestación de la voluntad, por lo cual, se trata de un acto inexistente, y el hecho de que, la recurrente haya exhibido la fianza para que surtiera efectos la suspensión de ninguna manera convalida la falta de firma dado que los actos inexistentes no son susceptibles de convalidación. El artículo 4o., de la ley de la materia preceptúa que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, a través de su representante legal o de su defensor, por consiguiente, el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte y, por ello, todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante." No pasa desapercibido el contenido en la Jurisprudencia 1/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, libro IV, Enero 2012, Tomo III, Página 2333, del rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES INNECESARIO REQUERIR SU RATIFICACIÓN PREVIO A SU ADMISIÓN, POR EL HECHO DE CONTENER LA HUELLA DIGITAL DEL PROMOVENTE Y LA RÚBRICA DE QUIEN FIRMA A SU RUEGO; lo anterior, tomando en consideración que en el caso, no se da dicho supuesto, tomando en consideración que la firma a ruego es una figura que dispensa la falta de firma del promovente, dada la imposibilidad de este para realizar dicho acto, como podría ser el analfabetismo o una enfermedad incapacitante, lo que conlleva a que estampe su huella digital y otra persona firme el documento. De ahí que, en el caso, no se advierte excepción alguna para que la demanda no se encuentre suscrita por el directo quejoso, tomando en consideración que no se está en presencia de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y, mucho menos se firmó a su ruego; y, por ende, al no colmarse el principio de instancia de parte agraviada, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en comento de manera manifiesta e indudable, por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXIII, en relación con el numeral 6 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Es aplicable la tesis aislada, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Página 241 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1998, Materia Administrativa, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." HABILITACION DE DÍAS Y HORAS. En otra línea, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho humano constitucionalizado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el libelo de cuenta y por autorizados en términos de lo preceptuado por el arábigo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala en el mismo, por ser la parte trabajadora en el juicio obrero de origen. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico david.rodriguez.cruz@correo.cjf.gob.mx. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.

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