Alejandro Cota Quiñonez

Expediente 462/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
462/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Cota Quiñonez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Ensenada, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, de los que se advierte que las autoridades responsables no han rendido su informe previo ni obra en autos el acuse de recibo de los oficios mediante los cuales se les solicitó. En consecuencia, con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha las doce horas con diez minutos del siete de enero de dos mil veinte. Notifíquese.

  2. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 462/2019-III-E, promovido por ****, por derecho propio, contra actos de las siguientes autoridades 1. Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2. Jefe del Departamento de Nóminas, Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. Con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se integra por duplicado el presente incidente de suspensión del acto reclamado y se procede a su trámite y estudio, tomando en consideración la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. SOLICITUD DE INFORME PREVIO En términos del artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a las autoridades responsables, las cuales deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para el efecto se les remite copia de la demanda de amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá, en lo individual, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 260 fracción I, de la Ley de Amparo. FIJACIÓN DE AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fija como fecha para la celebración de la audiencia incidental, las nueve horas con diez minutos del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. Primeramente, previo a analizar la procedencia o no de la medida cautelar que solicita la parte quejosa, cabe destacar que la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión de constitucionalidad planteada; es decir, su objetivo es paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución de lo combatido no se haga. Pues bien, la suspensión es una providencia cautelar de carácter meramente instrumental para preservar la materia del juicio de amparo cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiera ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el amparo. Con ello, se desprende que el objetivo primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto de que se duele le pudiera ocasionar. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, armonizando los elementos que la conforman, con la finalidad de obtener la verdadera intención de la promovente, se desprende que reclama lo siguiente: "a) La retención ilegal, inconstitucional y omisión injustificada del pago de la pensión y/o jubilación que por derecho fundamental nos corresponde relativo a los meses de octubre (2018), noviembre (2018), enero y julio (2019). b) La omisión del pago oportuno y puntual de diversas prestaciones de seguridad social durante los meses de meses de octubre (2018), noviembre (2018), enero y julio (2019)."(sic) Asimismo, el quejoso solicita la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos: "[.] para que las cosas guarden el estado que persisten a la fecha, lo que implica el no suspender o retener el pago de jubilación y/o pensión a los justiciables por parte de las responsables, pagando la pensión y/o jubilación de manera puntual y oportuna [.] [.] el pago inmediato de la pensión del mes de septiembre que por derecho nos corresponde [.] " Para resolver sobre la suspensión provisional solicitada es necesario en principio atender a la naturaleza del acto reclamado a fin de apreciar si es o no susceptible de suspensión; la violación alegada; y, a la satisfacción de los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, que son: I. Que lo solicite la quejosa. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En el presente caso, el primero de los requisitos del artículo 128 de la ley de la materia se encuentra satisfecho ya que la parte quejosa solicita expresamente la suspensión, acreditando su interés suspensional con las documentales consistentes en copias simples de: 1. Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral; 2. Talón de cheque emitido por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali; 3. Credencial de afiliación al hospital de Ensenada, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, todos a nombre de la parte quejosa. Documentales de las que se obtiene presuntivamente que el quejoso, es pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), lo que le otorga interés en gestionar la medida. El segundo de los requisitos aludidos, se reúne igualmente, ya que el acto se hace consistir en el retraso injustificado en el pago de su pensión. En esa tesitura, se advierte que con la suspensión del acto reclamado que se pide no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues no encuadra en los supuestos del numeral 129 de la ley de la materia. En ese sentido, es importante resaltar que la suspensión solicitada no afecta el interés social ni el orden público, dado que el aquí quejoso demuestra presuntivamente que es pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y que con anterioridad se le efectuaba el pago de su pensión; por el contrario, de seguir ejecutándose dichos actos se causarían daños y perjuicios al quejoso de difícil reparación; además, en el caso la retención de su pensión no se puede considerar un acto consumado, ya que en realidad se trata de un acto de tracto sucesivo, cuyo acto y consecuencias seguirán materializándose de momento a momento; por lo que dada la naturaleza del acto, aunque se trate de una omisión por parte de las responsables, sí puede ser suspendido. En consecuencia, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a Alejandro Cota Quiñonez, para el efecto de que las autoridades responsables paralicen la retención de la pensión que se siga generando, con efecto de que la parte quejosa siga percibiendo su pago, en tiempo y forma que fueron establecidos por la autoridad de Seguridad Social responsable. En la inteligencia de que la medida cautelar que se concede, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, surtirá efectos desde este momento y hasta en tanto reciban las autoridades responsables, notificación respecto de lo que se resuelva en la suspensión definitiva. Sin que haya lugar a exigir garantía para que surta efectos la medida cautelar concedida; lo anterior, en virtud de que sus efectos no causarían daños y perjuicios a terceras personas. De la misma forma, la suspensión que se concede no surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo o de diversas autoridades de las señaladas como responsables. Por otra parte, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en ****, en esta ciudad, y por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a ****, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos del segundo párrafo del artículo en mención a ****, por haberlo solicitado expresamente el quejoso. Lo anterior no obstante, de que la parte quejosa fue omisa en señalar en qué términos del numeral en cita autorizó a los citados profesionistas, a saber, amplios o restringidos, sin embargo sí se logra advertir dicha voluntad dado que hace la distinción entre cada uno de los autorizados.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, a través del cual remite copia certificada de la resolución emitida en la queja administrativa 200/2019; acúsese recibo vía electrónica. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que la superioridad declaró fundado el recurso de queja interpuesto por ****, en contra del auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve; y, en su lugar, ordenó proveer sobre la admisión de la demanda de amparo. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueve ****, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades 1. Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2. Jefe del Departamento de Nóminas, Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tal como lo solicitó la parte quejosa, tramítese por duplicado el incidente, a fin de proveer respecto de la procedencia de la suspensión provisional de los

  4. Principal

    Cúmplase

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