Alejandro Cortés Moreno
Expediente 527/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alejandro Cortés Moreno
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por **, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Archivo. Con base en lo anterior, se ordena el archivo del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de mayo de dos mil veintitrés. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 527/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Consideración previa. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, al realizar una lectura íntegra del escrito de cuenta, este juzgado de distrito advierte que se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, toda vez que no se promovió dentro del término que se señala en el artículo 17 de la Ley de Amparo; numerales cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." De conformidad con los artículos transcritos, el plazo para la interposición de la demanda de amparo, conforme a la Ley del acto, es de quince días contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo que reclame, al que haya tenido conocimiento de ellos o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. En ese sentido, para arribar a la anterior consideración, conviene destacar que, en la demanda de cuenta, en el apartado correspondiente al capítulo V del escrito inicial de demanda, la parte quejosa refirió lo siguiente: Asimismo, anexo a su escrito inicial de demanda lo siguiente: Es decir, de la lectura integra del escrito inicial de demanda se advierte que desde el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, el promovente tuvo conocimiento del acto reclamado, consistente esencialmente en el indebido emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio ********** del índice del Juzgado Sexagésimo Séptimo Civil de la Ciudad de México, al no haber sido llamado a juicio. En este orden de ideas, se concluye que si el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados desde el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, por así desprenderse de las manifestaciones realizadas en el escrito inicial de demanda bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que anexó a su escrito de cuenta, entonces, fue presentada de manera extemporánea, tal como se observa a continuación: ENERO 2023 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO 18 19 SURTE EFECTOS 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 FEBRERO 2023 DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 1 2 3 4 5 6 7 8 FENECE TERMINO 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 Por lo que, de conformidad con los artículos 82 y 94 del Código Nacional de Procedimientos Penales las notificaciones realizadas en audiencia surten al día siguiente de haberse realizado, "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." [Énfasis añadido] "Artículo 94. Reglas generales Los actos procedimentales serán cumplidos en los plazos establecidos, en los términos que este Código autorice. Los plazos sujetos al arbitrio judicial serán determinados conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba de desarrollar, teniendo en cuenta los derechos de las partes. No se computarán los días sábados, los domingos ni los días que sean determinados inhábiles por los ordenamientos legales aplicables, salvo que se trate de los actos relativos a providencias precautorias, puesta del imputado a disposición del Órgano jurisdiccional, resolver la legalidad de la detención, formulación de la imputación, resolver sobre la procedencia de las medidas cautelares en su caso y decidir sobre la procedencia de su vinculación a proceso, para tal efecto todos los días se computarán como hábiles. Con la salvedad de la excepción prevista en el párrafo anterior, los demás plazos que venzan en día inhábil, se tendrán por prorrogados hasta el día hábil siguiente. Los plazos establecidos en horas correrán de momento a momento y los establecidos en días a partir del día en que surte efectos la notificación." [Énfasis añadido] Es decir, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del diecinueve de enero al ocho de febrero de dos mil veintitrés; mientras que la demanda de amparo se presentó hasta el tres de mayo del año en curso, tal como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, misma que fue turnada a este órgano jurisdiccional el día ocho de mayo del año en que se actúa y como se advierte a continuación: Por tanto, resulta inconcuso que la presentación fue extemporánea en términos de lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a esta determinación, la Jurisprudencia P.J. 27/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: III, Junio de 1996, Página: 57, cuyo texto es: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." También cobra aplicación, la diversa tesis I.5o.T.166 L, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 706, Tomo X, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. DESECHAMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD. ES CORRECTO, DADO EL RECONOCIMIENTO DE LA FECHA DEL ACTO RECLAMADO, EN RELACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE HAYAN RECLAMADO ACTOS DIVERSOS Y POSTERIORES. Si el propio quejoso reconoce haber tenido noticia del acto reclamado en determinada fecha, y ante esa situación el Juez de Distrito estima que el amparo fue presentado fuera de tiempo, tal consideración es correcta, no obstante que el impetrante aludiera además a actos diversos y posteriores, ya que no existe razón para alterar lo decidido, tomando en cuenta que la demanda es desechada en su totalidad y, por su carácter indivisible, no es dable ordenar su aceptación parcial." En igual sentido es aplicable la tesis visible en la página 200, del Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA. Es inexacto que conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, existan dos oportunidades para combatir un mismo acto de autoridad: al conocer su emisión y al conocer que se va a ejecutar; el precepto debe entenderse en el sentido que sólo se tiene un término de quince días, es decir, una oportunidad para reclamar el acto o resolución de la autoridad, pudiéndose solicitar la suspensión de éste para evitar su ejecución, resguardando de este modo la materia del amparo o que el amparo quede sin ella; ya que es cierto que existen dos oportunidades para promover el juicio de garantías, pero no contra actos o resoluciones de autoridad administrativa y en términos del artículo 21 de la ley en comento, sino cuando lo que se reclama es una ley o reglamento, casos en que puede impugnarse dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de ésta (autoaplicativa) o dentro de los quince días siguientes al en que se tenga conocimiento del primer acto de aplicación (heteroaplicativa), conforme al artículo 22, fracción I y 73, fracción XII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." Se desecha demanda. Por lo tanto, acorde con lo ya expuesto, que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Le de Amparo, de modo que el juicio de amparo intentado es improcedente. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la parte quejosa, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuario "**********" Notificación electrónica. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 fracción II, de la ley de la materia, SE AUTORIZA QUE LAS NOTIFICACIONES, SE LE REALICEN DE MANERA ELECTRÓNICA en el usuario proporcionado para tal efecto. En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR."1 . Autorizados y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, quien cuenta con su cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho. Con fundamento en el artículo 12, última parte del segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a **********, quien, una vez que inscriba en el registro correspondiente su cédula profesional o proporcione el número de la misma para realizar su cotejo en el sistema correspondiente, que los faculte para ejercer su profesión, se le reconocerá las amplias facultades previstas en el artículo 12 mencionado. Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos a la persona que refiere. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de correo electrónico y número telefónico que refiere, dígasele a la autoridad oficiante que, no ha lugar a autorizar dichos medios de comunicación, ello en atención a que los mismos no se encuentran previstos dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, autorizados, delegados y autoridades responsables, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Son aplicables a lo anterior, los criterios sustentados en las tesis números I.3o.C.725 C y I.1o.A.23 K (10a.), cuyos rubros son los siguientes: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."2 y "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."3 . Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental4 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica.
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