Alejandro Chenhalls Arauz
Expediente 411/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 411/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alejandro Chenhalls Arauz
Actuaciones
- Principal
MESA I.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se apertura incidente de suspensión ni tomo de pruebas por separado. HACM
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SINTESIS DICE.- Vista la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 411/2023 I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De otra manera, la improcedencia manifiesta e indudable implica que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. [...] Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: El auto de ejecución de nueve de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral ****. La omisión de notificar el auto de admisión de pruebas y el laudo, emitidos en el referido juicio laboral. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En principio, el citado artículo y fracción son del orden siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Del citado precepto se sigue que el juicio de amparo es improcedente contra actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de los cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa por el cual dicho acto o resolución pueda ser modificado, revocado o nulificado. A mayor claridad, el indicado precepto y fracción configuran lo que se conoce como el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, respecto de actos provenientes de órganos jurisdiccionales. Asimismo, se advierte que las excepciones a la obligación de agotar tal recurso o medio de defensa son las siguientes: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Tratándose de órdenes de aprehensión, reaprehensión, providencias precautorias o medidas cautelares restrictivas de libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que fije requisitos para su disfrute, el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal, siempre que no se trate de sentencia definitiva; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; Cuando se trate de un auto de vinculación a proceso, y Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente, en cuyo caso será optativo para el quejoso acudir al medio que se trate o promover desde luego el juicio de amparo. Por último, debe decirse que el principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, por encontrarse directamente previsto en la Constitución Federal y por ser su objeto inmediato el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad y no el control de legalidad , pues este último se encuentra reservado a los jueces que conocen de los procesos ordinarios. Por tanto, con base en ese carácter extraordinario, la Constitución Federal y la Ley de Amparo previeron que el juicio constitucional de amparo , solo procederá una vez que el quejoso haya agotado los recursos o medios ordinarios de defensa que la norma le conceda para revocar, modificar o nulificar el acto que considera que le causa afectación a sus derechos; lo anterior, desde luego, con las excepciones que la propia Norma Fundamental y la Ley de Amparo reconocen. En ese sentido, respecto de los actos reclamados, se advierte que previo a la promoción del juicio de amparo el quejoso debió plantear el incidente de nulidad, de conformidad con los artículos 752 y 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo vigente a la fecha en que fue iniciado el procedimiento de origen, por ser un medio que puede conducir a la revocación modificación o anulación de los actos aquí reclamados. En efecto, el quejoso se duele de la falta de notificación del auto de admisión de pruebas y del laudo dictados en el juicio natural y, como consecuencia de ello, del auto de ejecución dictado en su contra; por tanto, contra tales actos debió agotar el incidente de nulidad previsto en la legislación laboral. [...] Sin que este caso el quejoso se ubique en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que contempla el numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados no importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, ni se combate una resolución que niegue la libertad bajo caución o que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, ni mucho menos se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal. Además, el quejoso no resulta ser persona extraña al procedimiento, pues se trata de uno de los demandados en el juicio de origen; máxime, que se apersonó al mismo, dio contestación a la demanda y ofreció diversas pruebas para justificar sus defensas. Aunado a lo anterior, por lo que hace al acto reclamado consistente en el auto de requerimiento de pago de nueve de enero de dos mil veintitrés, la Ley Federal del Trabajo prevé un recurso que puede modificar o revocar dicho auto, el cual se encuentra previsto en el artículo 849 de la citada ley. En efecto, el recurso de revisión procede contra los actos de ejecución de los Presidentes, Actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en la etapa de ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. Bajo ese contexto, dado que el auto de nueve de enero de dos mil veintitrés fue emitido por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado dentro del juicio laboral ****, en la etapa de ejecución de laudo, es innegable que el recurso de revisión procede contra dicho acto reclamado. [...] En tales condiciones, de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que promueve ***. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta, y únicamente para los mismos efectos a las personas que propone, toda vez que no proporciona los datos de las cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." REPRODUCCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. [...]" HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República y 21 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la ley de la materia, desde este momento se faculta a los actuarios de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a todas las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes.
- Principal
MESA II. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en el que remite copia certificada del auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, que obra en el expediente laboral 1192/2017. Lo anterior se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes, no obstante, una vez que transcurra el término concedido por auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, provéase lo conducente. Notifíquese. EDC
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