Alejandro Chavez Llamas

Expediente 1624/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1624/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Chavez Llamas

Actuaciones

  1. Principal

    Con la promoción de cuneta fórmese un segundo tomo del presente juicio de amparo. Visto el oficio suscrito por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, adjunto al cual remite los autos originales del juicio de amparo - del índice de este órgano jurisdiccional, así como copia certificada de la ejecutoria dictada por dicho Tribunal, en sesión de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, en la revisión principal 224/2019, de la que se advierte que la superioridad determinó: "PRIMERO. En materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. --- SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a parte quejosa , respecto de los actos y autoridades que quedaron precisados en la presente ejecutoria." En consecuencia, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y agréguense a los autos el oficio y la copia certificada de la ejecutoria de mérito, Hágase saber la circunstancia anterior a las partes. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de mérito,

  2. Principal

    Visto el primero de los escritos de cuenta, signado por --- mediante el cual refiere que no le ha sido notificada la sentencia dictada en el sumario en que se actúa; asimismo, que solicitó copia de la referida sentencia y que las mismas no le han sido acordadas, además de referir que la resolución en comento no ha sido cargada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en relación con lo que manifiesta, dígasele que las copias que solicitó fueron proveídas mediante acuerdo de siete de diciembre pasado; asimismo, hágase de su conocimiento que, contrario a lo que manifiesta, la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre pasado en el sumario en que se actúa, sí se encuentra cargada en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, como se advierte de la imagen que se inserta a continuación: Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no obran en ellos las constancias de notificación a las partes, de la sentencia dictada veinticuatro de noviembre de dos mil veinte; consecuentemente, a fin de evitar mayores dilaciones, túrnense los autos al Actuario Judicial adscrito a este juzgado de Distrito que corresponda, para que de inmediato, realice las referidas notificaciones. agréguese a los autos y dígasele que no ha lugar a tener como autorizado a la persona que señala, ya que conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, sólo pueden designar autorizados el quejoso y los terceros interesados, Zapopan, Jalisco; a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. VISTOS para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 94/2020-VIIIB, y sus acumulados 95/2020-I y 96/2020-II-B, promovidos por - y por respectivamente, todos de -- contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, hoy Juez de Primera Instancia en Materia Civil, del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Sergio Martínez López acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, hoy Juez de Primera Instancia en Materia Civil, del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco, del Secretario y Actuario, adscritos a dicho Juzgado, Del Jefe del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Arandas, Jalisco y del Jefe de la Oficina de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, que serán precisados en el considerando correspondiente. El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Norma Alicia Martínez López acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, hoy Juez de Primera Instancia en Materia Civil, del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco, del Secretario y Actuario, adscritos a dicho Juzgado, Del Jefe del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Arandas, Jalisco y del Jefe de la Oficina de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, que serán precisados en el considerando correspondiente. La quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. TERCERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Abel Martínez López acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, hoy Juez de Primera Instancia en Materia Civil, del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco, del Secretario y Actuario, adscritos a dicho Juzgado, Del Jefe del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Arandas, Jalisco y del Jefe de la Oficina de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, que serán precisados en el considerando correspondiente. El quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. CUARTO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dichos juicios a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; por auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, se formaron los expedientes respectivos y se registraron bajo los números 94/2020-VIII-B, 95/2020-I y 96/2020-II-B, respectivamente; asimismo, se ordenó la acumulación del segundo y tercero de los expedientes en mención al primero de los referidos, se admitieron las demandas de amparo de mérito, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables y se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló el pedimento que a su representación corresponde. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis número P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de las demandas de amparo, se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en: Del Juez Mixto de Primera Instancia, hoy Juez de Primera Instancia en Materia Civil, del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco, así como del Secretario y del Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional: a) La omisión de emplazar a los quejosos al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Marina López Orozco, con número de expediente 73/2017, y como consecuencia de ello, todo lo actuado en dicho expediente. Del Jefe del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Arandas, Jalisco y del Jefe de la Oficina de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco: b)La inscripción o registro en sus archivos de cualquier inmueble que pudiera ser parte del acervo hereditario materia del aludido juicio sucesorio intestamentario. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Arandas, Jalisco, al rendir su informe justificado, (foja 60), negó la existencia del acto que se le atribuyó. Por su parte, los quejosos no aportaron elemento de convicción suficiente para desvirtuar tal negativa; consecuentemente, al no haberse demostrado los actos reclamados a la aludida autoridad responsable, procede sobreseer en el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que reza: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Es aplicable, la jurisprudencia número 310, publicada en la página doscientos nueve, tomo Sexto, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuya sinopsis es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". No pasan inadvertidas las documentales exhibidas por los quejosos, como anexos de sus demandas de amparo; consistentes en tres copias certificadas de actas de nacimiento y una de matrimonio, así como copia certificada de una cédula profesional, por cada una de las demandas; sin embargo, las mismas únicamente son aptas para acreditar el interés jurídico de los solicitantes del amparo y la capacidad procesal de su abogado autorizado, mas no la existencia del acto reclamado a la autoridad de referencia. En otro orden de ideas, son ciertos los actos reclamados al Juez, Secretario y Actuario, adscritos al Juzgado Mixto de Primera Instancia, hoy Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco; así como al Jefe de la Oficina de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco por así haberlo manifestado dichas autoridades, al momento de rendir sus respectivos informes con justificación, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad de tales actos. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, atendiendo al contenido de los artículos 86 (aplicado stricto sensu) y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, la existencia de los actos imputados a dichas responsables se corrobora con las documentales allegadas al sumario, en especial con las copias certificadas derivadas del juicio sucesorio con número de expediente 73/2017, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco; así como de la copia certificada de la escritura pública veinticinco mil treinta y nueve, pasada ante la fe del Notario Público número Seis de San Francisco del Rincón, Guanajuato; mismas que por su naturaleza de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 700, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, página 1166, bajo el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Causales de improcedencia. No se analizarán los conceptos de violación ni los fundamentos de los actos reclamados, toda vez que, en la especie, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Previo a demostrar tal afirmación, por la relevancia que adquiere en el análisis del motivo de improcedencia apenas apuntado, resulta menester dejar asentado el concepto de persona extraña a juicio (tanto en estricto sentido como por equiparación), carácter este que, según se desprende de la lectura de las demandas de amparo, los impetrantes aducen tener en relación con el juicio sucesorio intestamentario del cual emanan los actos reclamados, en tanto señalan que se les excluyó del procedimiento natural. Así pues, el tercero extraño para efectos del juicio de amparo, es la persona que no ha figurado en el procedimiento del que emana el acto impugnado como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido oportunidad de ser oída en defensa, por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto la persona que, siendo parte, no fue llamada al procedimiento o fue llamada incorrectamente, supuesto este último, en el que se le conoce como tercero extraño por equiparación. Expuesto lo anterior y con la finalidad de acreditar la hipótesis de improcedencia invocada en líneas previas, lo que procede es atender a los preceptos legales precisados con antelación, cuyo contenido, relacionado con la figura jurídica de la persona extraña a juicio por equiparación, sirven de sustento para decretar desechar la demanda en estudio. Así pues, los numerales en cita textualmente establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;.." Como es de advertirse de los preceptos legales previamente transcritos, por un lado, la improcedencia de amparo puede derivar de cualquier otra disposición establecida en la ley de la materia o en la Carta Magna, diversa a las expresamente establecidas en las fracciones de su artículo 61. Por su parte, el numeral citado en segundo término prevé uno de los supuestos de procedencia del juicio de protección de derechos humanos, a saber, contra actos que afecten a personas extrañas al juicio (o terceras extrañas por equiparación según se vio en párrafos que anteceden), con independencia de que los mismos sean ejecutados dentro o fuera del procedimiento. Ahora bien, una interpretación a contrario sensu del supuesto de procedencia antes referido, ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a establecer jurisprudencia de carácter obligatorio en el sentido de que, cuando en el amparo el quejoso se ostente como tercero extraño a juicio, pero de las constancias de autos se evidencie que tuvo conocimiento del procedimiento de origen previo a la emisión de la resolución definitiva, el amparo en la vía indirecta resulta improcedente en virtud de que ya no puede considerarse que la falta o ilegalidad del emplazamiento, le haya ocasionado un desconocimiento total que le impidió defenderse en el juicio natural y, por ende, no se actualizaría el supuesto de procedencia que prevé la fracción VI del artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, para que opere la causal de improcedencia en estudio, basta con que el quejoso acuda a esta instancia constitucional con el carácter de tercero extraño y que, del análisis de los autos, se desprenda que aquél tuvo conocimiento del procedimiento de origen previo a que se hubiera emitido la sentencia definitiva; situación que acontece en la especie. En efecto, a fin de acreditar la actualización de la hipótesis de improcedencia en estudio, deviene oportuno señalar que el juicio sucesorio intestamentario constituye un procedimiento de carácter universal y de naturaleza peculiar que se compone de cuatro etapas, siendo estas: 1. La de sucesión que comprende el reconocimiento de herederos y el nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores; 2. La de inventarios y avalúos; 3. La de administración; y, 4. La de sentencia de partición y adjudicación, con la que finaliza el juicio, misma que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva. Partiendo de ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/97, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sostuvo que cuando un posible heredero no fuera llamado a juicio y éste hubiere concluido, procede el amparo indirecto, de lo que se obtiene, a contrario sensu, que en el supuesto de que el juicio sucesorio no hubiese concluido, el juicio de protección de derechos fundamentales promovido por quien se ostenta como tercera extraño, resulta improcedente, en virtud de que tiene expedito su derecho para comparecer al procedimiento de origen y hacer valer su derecho en defensa de sus intereses. Bajo esas condiciones, si en el caso particular, los solicitantes de la tutela constitucional se ostentan como terceros extraños al juicio sucesorio intestamentario 73/2017, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, hoy Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil, del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco, y reclaman la falta de emplazamiento así como como todo lo actuado con posterioridad, se concluye que el juicio de protección de derechos fundamentales en que se actúa es improcedente. Lo anterior es así, pues basta imponerse de las constancias que remitió el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco, consistentes en copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario con número de expediente 73/2017, se su índice, para acreditar que en el mismo no se ha emitido la resolución definitiva que aprueba la partición y adjudicación de los bienes, dado que, adverso a ello, de las actuaciones que obran en el sumario constitucional en que se actúa, se observa, en lo que aquí interesa: a) Que mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil diecisiete, los hoy terceros interesados denunciaron la sucesión intestamentaria a bienes de Marina López Orozco, ante el Juez Mixto de Primera Instancia, hoy Juez de Primera Instancia en Materia Civil, del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco (fojas 82 a 85). b) Que mediante proveído de uno de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el referido expediente, se radicó el aludido juicio y entre otras cosas, se ordenó la publicación de edictos, citando a quienes se creyeran con derechos a la herencia, para que comparecieran a deducir y justificar derechos (foja 100); c) Que el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, se realizó la declaratoria de herederos, se reconoció con tal carácter a los hoy terceros interesados y se designó como albacea a -- asimismo, se asentó que se dejaban a salvo los derechos que les pudieran corresponder a terceros para que pudieran hacerlos valer en la vía ordinaria, acorde con los numerales 12, 13 y 844 de la Ley Adjetiva Civil Local (foja 122); y, d) Que el veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete y el veinte de agosto de dos mil diecinueve, se autorizó a los hoy terceros interesados la expedición de copias certificadas del referido expediente. Circunstancia que, adminiculada con lo manifestado por la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado en el sentido de que en el juicio natural no se han presentado operacines de inventario y avalúo, permite arribar a la conclusión de que el juicio sucesorio intestamentario no ha culminado en sus cuatro etapas, lo que denota la improcedencia del presente asunto. Así pues, tales circunstancias conllevan a desvirtuar el carácter de tercero extraño con el que comparecen los solicitantes del amparo, pues como se vio, a la fecha en que promovieron los presentes juicios constitucionales no se había pronunciado la determinación que constituye la sentencia definitiva en el juicio sucesorio intestamentario -la que aprueba la partición y adjudicación de los bienes-; de tal manera que no se ubican en el supuesto relativo a que el desconocimiento total de dicho procedimiento los haya dejado en estado de indefensión al no poder defender sus intereses dentro del mismo. Ahora bien, no pasa inadvertido el hecho de que el Jefe de la Oficina de Impuestos Inmobiliarios y de Catastro de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, al momento de rendir su informe justificado hubiese manifestado que con fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, recibió avisos de transmisión y constancias remitidas por el Notario Público Número Seis de San Francisco del Rincón, Guanajuato, derivados del trámite de protocolización del juicio intestamentario a bienes con número de expediente 73/2017, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, hoy Juez de Primera Instancia en Materia Civil, del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco; sin embargo, del contenido de las documentales que se acompañaron a dicho informe, en especial de la ya mencionada copia certificada de la escritura pública número veinticinco mil treinta y nueve, se advierte que en ella se protocolizó lo hasta ese momento actuado ante el aludido Juez y se continuó con las siguientes etapas del multicitado juicio sucesorio de manera extrajudicial, Es decir, con posterioridad a la declaratoria de herederos y la designación de albacea, se presentaron ante el aludido fedatario público, copias certificadas del juicio de origen y el veinte de diciembre de dos mil diecisiete (fecha de protocolización de la escritura pública); se radicó la sucesión intestamentaria de mérito, en forma extrajudicial, por lo que la persona nombrada por el Juez responsable, como albacea Tomás Martínez López, procedió a formular operaciones de inventario y avalúo; asimismo, tuvo lugar ante dicho fedatario público la rendición de cuentas del albacea y la presentación del proyecto de partición y adjudicación, mismo que en esa fecha fue aprobado; motivo por el cual el referido Notario Público Número Seis de San Francisco del Rincón, Guanajuato, procedió a otorgar a favor de Tomás Martínez López, escritura de adjudicación de los bienes inmuebles que constituían la masa hereditaria de la Sucesión Intestamentaria radicada Extrajudicialmente a bienes de -- No obstante lo anterior, del contenido del informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco, se advierte que en él la autoridad responsable manifestó que no existe en los autos del juicio natural autorización para que se continuara con la tramitación del mismo de manera extrajudicial ante Notario Público; lo que se corrobora con las copias certificadas del aludido expediente de las cuales no se advierte que en ellas obre oficio en el que el fedatario avisara al Juzgado que previno, para que se asentara razón en los autos, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 9351 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco; de ahí que no pueda imputarse al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco, la culminación del expediente de origen, pues se insiste, la última actuación del juicio tramitado ante su jurisdicción fue la declaratoria de herederos, sin que en el mismo se hubiese emitido la resolución definitiva que aprueba la partición y adjudicación de los bienes. 1 "Artículo 935.- El albacea y los herederos comparecerán ante el Notario y exhibiendo copia certificada de la resolución judicial que les hubiere reconocido su carácter, así como testimonio del testamento, cuando lo hubiere, le manifestarán su conformidad de que él continúe extrajudicialmente el procedimiento. El Notario hará constar en su protocolo la declaración y la dará a conocer publicándola por una vez en el periódico oficial del Estado y en un diario de los de mayor circulación a su juicio. También avisará al Juzgado que previno, por medio de oficio, para que se siente razón en los autos y a los representantes del Fisco, si no estuvieren cubiertos los impuestos, para los efectos relativos." Lo anterior sin que, por otro lado, el presente juicio de amparo sea el medio idóneo para combatir lo actuado ante el Notario Público Número Seis de San Francisco del Rincón, Guanajuato, pues en dicho trámite aquél actúa como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." De lo anterior, queda en evidencia que en todo caso, lo actuado ante el Notario Público Número Seis de San Francisco del Rincón Guanajuato, deberá ser combatido por los solicitantes del amparo ante la instancia ordinaria que corresponda y no por medio del presente juicio constitucional. En las relatadas condiciones, al quedar desvirtuado el carácter de tercero extraño con el que comparecen los peticionarios del amparo, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, por lo que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos en mención. En consecuencia, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos reclamados al Jefe de la Oficina de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, por no haberse reclamado su acto por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 94/2020-VIII-B, y sus acumulados 95/2020-I y 96/2020-II-B, promovidos por Sergio, Norma Alicia y por Abel, todos de apellidos Martínez López, respectivamente, contra los actos del Juez Mixto de Primera Instancia, hoy Juez de Primera Instancia en Materia Civil, del Séptimo Partido Judicial, con sede en Arandas, Jalisco, del Secretario y Actuario, adscritos a dicho Juzgado, del Jefe del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Arandas, Jalisco y del Jefe de la Oficina de Impuestos Inmobiliarios y Catastro de San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco, por las razones expuestas en los considerandos tercero y último del presente fallo.

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