Alejandro Castro Navarro
Expediente 921/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 921/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Castro Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, atento a su contenido, se acusa recibo del exhorto número 901/2018 del índice de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Por recibido el oficio número 1947/2018-V, a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (S.I.S.E.), que remite el Secretario adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco; mediante el cual devuelve sin diligenciar, por los motivos que expone, el exhorto número 881/2018 (número de orden 1269/2018), que le fue remitido por este Tribunal Federal, para que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado notificara a la parte quejosa el auto de seis de los actuales. Acúsese recibo de estilo. En consecuencia, a fin de que la moral quejosa se imponga del auto de seis de noviembre del presente año, y toda vez que tiene señalado domicilio para recibir notificaciones personales en - con fundamento en lo dispuesto los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria en Materia de Amparo, por disposición expresa del numeral 27 fracción III, GÍRESE ATENTO EXHORTO POR LA VÍA ELECTRÓNICA al Juez de Distrito en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda se constituya en el domicilio de -, en cuanto apoderado jurídico de la moral quejosa - y notifique el auto de seis de los actuales, del que se ordena acompañar copia certificada; además deberá requerirle para que señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes se le practicarán por medio de lista que se fijen en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designe domicilio para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario para que realice la notificación personal encomendada aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente. Hecho lo anterior, devuelva a este Juzgado el exhorto de referencia, por la misma vía, adjuntando las constancias con las cuales se acredite su diligenciación. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el ocurso de cuenta, signado por -, apoderado jurídico de la moral quejosa, mediante el cual desahoga la prevención que le fue formulada en proveído de veintiséis de octubre del presente año, y al efecto precisa el acto reclamado, mismo que hace consistir en lo siguiente: ". lo que se especifica como acto reclamado es la negación por parte de la Fiscalía Regional de Jiquilpan, a dejarnos comparecer y conocer los hechos que integran la carpeta de investigación que se está llevando a espaldas de mi representada -en la cual se le denuncia por un supuesto delito de despojo. Ya que mi representada tiene el temor fundado de que se este maquinando algo a espaldas de nosotros en nuestra contra que laka al señalar que fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-919/2018-C. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".4. ACTOS RECLAMADOS. La negativa de restitución el desalojo del inmueble ubicado en el kilómetro 6.5 carretera Morelia-Salamanca Local Comercial número 03 del Fraccionamiento Francisco Villa en el municipio de Tarímbaro, Michoacán aludido y la imposición de sellos de aseguramiento en las puertas de la finca, notificado con fecha 3 de octubre del año en curso. El acuerdo de aseguramiento de fecha 1 uno de septiembre de dos mil dieciocho, en la Carpeta de Investigación número -, con número único de Caso - Ahora respecto de dichos actos, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedentes, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse las causas de improcedencia, previstas por el artículo 61, fracción XIV -respecto del segundo acto en comento- y XVIII -respecto del primer acto en mención-, la primera en relación con los diversos 17 y 18 ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Ahora, por lo que ve al segundo de los actos aquí reclamados, los numerales 61, fracción XIV en relación con los artículos 17, 18 y 19 todos de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)". De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, se interpondrá dentro de los quince días, existiendo las siguientes hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución, o se ostente sabedor. c) A partir de la entrada en vigor en el supuesto de la fracción I, del numeral 17. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame o a aquél en que ostente sabedor del mismo, actualizándose en el particular el segundo de los supuestos descritos. En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad del quejoso con ellos; además de que el artículo 19 de la ley de la materia, señala claramente los días inhábiles para su presentación. Ahora, del libelo constitucional, se desprende que la peticionaria de garantías, refiere bajo protesta de decir verdad que el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se dio cuenta de que el inmueble de su propiedad tenía pegado un letrero con datos de identificación de una carpeta de investigación, por lo que el veinticinco de septiembre siguiente, compareció ante el Agente responsable a deducir sus derechos. En las relatadas condiciones, es inconcuso que si la parte quejosa se enteró del acto reclamado, desde la fecha que se precisó en el párrafo que antecede, esto es el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho y luego el veinticinco de septiembre siguiente, tal hecho surtió efectos al día siguiente, de ahí que, el término de quince días que prevé la ley, empezó a computarse respecto a la primera de las fechas a partir del veintinueve siguiente, y feneció el diecinueve de septiembre del año que transcurre, en tanto que respecto de la segunda de las datas, transcurrió del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho al dieciocho de los actuales; por tal motivo, es incuestionable que tuvo que haber comparecido dentro de dicho término a solicitar la protección y amparo de la justicia de la unión y no hasta ahora después de tanto tiempo, por ende resulta extemporánea la demanda de garantías en virtud de haber excedido el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, puesto que la misma se presentó hasta el veinticuatro del mes y año que transcurre, como se advierte del sello de recibido que obra en autos. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: XXII, agosto de 2005, página 1890, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Igualmente, se cita la tesis publicada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 316, tomo X Octubre, que a la letra dice: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA.- En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los Jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: "El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado". Se comprende, pues, que los motivos manifiestos e indudables a que alude el precepto citado son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicas a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece, por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la procedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Sin que obste que anexó a su libelo constitucional una constancia de notificación de tres de octubre de dos mil dieciocho, donde le fue notificado en esa fecha el acuerdo de uno de septiembre del presente año, en el cual se decretó el aseguramiento del inmueble que reclama, esto dado que como ya se dijo tuvo conocimiento de tal acto desde el veintisiete de agosto del año que transcurre, y compareció a deducir sus derechos ante la representante del veinticinco de septiembre siguiente. Por otra parte, en lo que respecta al primero de los actos que aquí se reclaman, también se evidencía que procede desecharla, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La fracción invocada establece en lo que aquí interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente; que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El mencionado -principio de definitividad- supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios y/o medios de defensa tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, es necesario precisar que el acto que aquí se reclama fue emitido en dentro de una carpeta de investigación, del índice del Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad especializada de Combate al Secuestro, mismo que se encuentra sujeto a una regulación específica. Dicha regulación se halla en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo ese orden de ideas, tenemos que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Tal precepto, en lo que aquí interesa, señala que la promovente tiene expedito su derecho de hacer valer el medio de defensa de que se trata, a fin de revocar, modificar o confirmar la determinación de la que se duele, a lo cual tiene un término de diez días hábiles siguientes a la fecha de su notificación; esto tomando en consideración de que a la quejosa le reviste el carácter de ofendida dentro del procedimiento de origen, pues se queja de una afectación a su patrimonio. En ese orden de ideas, se tiene que si la parte quejosa reclama, la negativa de restitución de desalojo del inmueble que hace alusión, la ley que rige el acto reclamado establece un recurso que tiene como finalidad revocar y/o modificar las determinaciones hechas por el Ministerio Público, por tanto, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en comento, toda vez que existe una ley de carácter formal y material, que prevé un procedimiento por virtud del cual puede ser revocada dicha negativa. Por tanto, se concluye que una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia; por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 128, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo XXIV, que a la letra reza: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Así como la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Agosto de dos mil dieciocho consultable en la página 945, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo I, que a la letra dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En ese orden de ideas y por lo aquí expuesto se estima la actualización de las causas de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XVIII del artículo 61, la primera en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, siendo por tanto procedente desechar la presente demanda. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Finalmente, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas inhábiles, se tiene a la parte quejosa, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y por autorizando para tal efecto a las personas que menciona.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que la parte quejosa señalo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado -, por tanto, gírese atento exhorto a fin de que sea notificada la prevención dictada en proveído del pasado veintiséis de octubre, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Toda vez que dicho domicilio se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado, con apoyo en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria en Materia de Amparo, por disposición expresa del numeral 27 fracción III, GÍRESE ATENTO EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, en turno, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda se constituya en el domicilio de referencia y notifique personalmente a la moral quejosa, con copia simple del auto de prevención; además deberá requerirle para que señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones personales, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes se le practicarán por medio de lista que se fijen en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designen domicilio para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario para que realice la notificación personal encomendada aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente. Hecho lo anterior, devuelva a este Juzgado el Despacho de referencia, adjuntando las constancias con las cuales se acredite su diligenciación.
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