Alejandro Castro Morales

Expediente 1136/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1136/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Castro Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1136/2023-II, promovido por ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por considerarlo violatorio del derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción. I. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido ese mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, ********************, por conducto de su apoderado legal ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se transcriben a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE "JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS." ACTO RECLAMADO "La omisión de la autoridad señalada como responsable, de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas en auto de tres de octubre de dos mil veintidós y señalar fecha oportuna para su desahogo.". SEGUNDO. Admisión y audiencia constitucional. Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, este juzgado de Distrito formó el expediente 1136/2023-II, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que, previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza laboral atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión del acto reclamado, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, es la omisión de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas en auto de tres de octubre de dos mil veintidós, en el juicio laboral ********************y señalar fecha oportuna para su desahogo.. TERCERO. Análisis de la existencia del acto reclamado. De la interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, 74, fracción I, y 117 de la Ley de Amparo, se advierten tres vías para acreditar la existencia de los actos reclamados, a saber: a) La prueba directa; b) La presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, salvo que exista prueba en contrario; y, c) El reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. CUARTO. Acto reclamado existente. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, por lo que se tiene por cierto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Certeza que se robustece con las copias certificadas relativas al juicio laboral ********************; a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 (Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones) y 202 (Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su artículo 2°. Resulta aplicable a lo antes citado, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394182, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Apéndice de 1995, Tomo VI, Página 153, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Ahora, previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, con registro 222780, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, manifestó que el juicio de amparo debe sobreseerse en virtud de que no existe dilación; sin embargo, dicho argumento debe desestimarse porque dicha causa de inejercitabilidad está relacionada con el fondo de este asunto; de ahí que su contestación no forme parte de la procedencia del juicio sino de su resolución definitiva. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 135/2001, con registro digital 187973, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, materia común, página 5, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.". Al no advertirse diversa causa de improcedencia que deba ser examinada a petición de parte o de oficio, se impone hacer el estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de2010, Página 830, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191384, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 38, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". En ese sentido, resulta fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado el concepto de violación en el que la parte quejosa aduce, sustancialmente, que se transgrede en su perjuicio el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, en virtud de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos no ha desahogado la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes, en el plazo establecido en la ley de la materia. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que en ellos se consagra el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. El derecho humano en comento, conforme al criterio del Alto Tribunal, posibilita que toda persona, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, acceda de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así, el acceso efectivo a la justicia comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos, a saber: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Sirve de apoyo lo antes citado, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2015591, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Tomo I, Página 151, de rubro y texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS, Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.". Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que el tres de octubre de dos mil veintidós, se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ********************-III. PARTE PROCESAL PRUEBAS ESTADO PARTE ACTORA ******************** 1. CONFESIONAL A CARGO DEL CODEMANDADO ******************** DESAHOGADA EL 09 DE NOVIEMBRE 2022 2. INFORME DE AUTORIDAD A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PENDIENTE DE DESAHOGAR 3. INFORME DE AUTORIDAD A CARGO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES PENDIENTE DE DESAHOGAR 4. TESTIMONIAL A CARGO DE ********************, ******************** Y ******************** LA PARTE ACTORA SE DESISTIÓ DE LA PRUEBA EL 29 DE MAYO DE 2023 5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA SE DESAHOGAN POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA PARTE CODEMANDADA ******************** 1. CONFESIONAL A CARGO DE ******************** DESAHOGADA EL 17 DE NOVIEMBRE 2022 2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA SE DESAHOGAN POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA 3. TESTIMONIAL A CARGO DE ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** Y ********************. SE DECLARÓ DESIERTA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 Como se desprende de la tabla que antecede, quedan pendientes por desahogar las pruebas consistentes en informes de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En ese sentido, cabe citar el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dispone: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días.". Del precepto transcrito se desprende que por regla general el desahogo de las pruebas en el juicio ordinario laboral debe efectuarse en un plazo de diez días; mientras que, por excepción, debe realizarse en treinta días. Ahora bien, en relación a las dilaciones presuntamente excesivas dentro de los procedimientos jurisdiccionales en la etapa previa al dictado de la resolución definitiva, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./33/2019 (10a.), señaló que, en materia laboral, para estimar actualizada la dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia por parte de las juntas, debe considerarse si han transcurrido cuarenta y días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos, ya que, precisó, que ese periodo es el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, pues dicho numeral refiere el tiempo en el que la inactividad procesal por parte del trabajador provocaría la caducidad del procedimiento. La jurisprudencia 2a./33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es consultable en la Décima Época, Gaceta del Seminario de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio - por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Con base en el criterio transcrito y las constancias de autos citadas, se impone precisar si en el caso existe una dilación; por tanto, se precisa que las pruebas cuya falta de desahogo constituye el acto reclamado, fueron admitidas en acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, por lo que el plazo extraordinario de treinta días para su desahogo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, concluyó el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós y el diverso de cuarenta y cinco días naturales a que se refiere la jurisprudencia 2a./33/2019 (10a.), ya citada, terminó el siete de diciembre de dos mil veintidós. Por tanto, la falta de desahogo de las pruebas señaladas denota que la Junta responsable ha omitido tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, lo cual a su vez ha retardado el procedimiento e impedido que el juicio sea substanciado dentro de los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Cabe decir que a la emisión de esta sentencia, no se tiene noticia del desahogo de las pruebas admitidas el tres de octubre de dos mil veintidós y que a la fecha se encuentran pendientes de desahogar, de lo cual la Junta responsable está en aptitud de informar porque tiene a su cargo el trámite del procedimiento de origen. En tal orden de ideas, es inconcuso que la autoridad responsable violó el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción en perjuicio de la parte quejosa, ya que desde el tres de octubre de dos mil veintidós, admitió las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen; sin embargo a más de un año de la admisión de las pruebas cuya omisión de desahogo se reclama, ello no se ha logrado. En esa tesitura, el concepto de violación expuesto por la parte quejosa resulta, como se adelantó, fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por la violación de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción de la quejosa, consagrado en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, siguiendo el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./33/2019 (10a.), de la Décima Época, visible en la Gaceta del Seminario de la Federación Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio - por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". En esa tesitura, se concluye que la autoridad responsable excedió del plazo establecido en la ley para desahogar las pruebas que la Junta responsable admitió en el juicio laboral ********************-III. Motivo por el cual es evidente que la autoridad responsable infringió el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción del quejoso, consagrado en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. OCTAVO. Efectos del amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a continuación se determinarán con precisión los efectos del amparo, especificándose las medidas que la autoridad debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución de la parte quejosa en el goce del derecho humano que se consideró infringido en el considerando sexto. Así, se otorga el amparo a la quejosa en contra de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para el efecto de que, una vez que cause estado esta sentencia: Desahogue de forma inmediata los informes de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Cabe destacar que los alcances por los que se otorga la protección constitucional se delimitan en función del acto reclamado y en consideración de la etapa en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, sin que se proyecte a etapas posteriores, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo antes determinado, lo establecido por la tesis 2a. CV/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 1, Tomo I, Diciembre de 2013, Página 732, con registro 2005150, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN LIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2ª./J.45/2007. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, en contra del acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el considerando octavo de este fallo. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, acusa recibo de las constancias remitidas y comunica el acuerdo de dieciséis de octubre del año actual, dictado en los autos del expediente 25/2023, por el que se admitió el recurso de inconformidad de que se trata; lo que se tiene por informado para los efectos legales conducentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, de los cuales se desprende que se señalaron las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la audiencia relativa a la denuncia de repetición del acto reclamado; sin embargo fueron declarados inhábiles del dieciocho al veintinueve de octubre del año en curso, derivado del paro organizado por la base trabajadora que integran los órganos jurisdicciones Federales del estado de Morelos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y, se señalan para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por medio del cual remite copia certificada de las constancias que integran el juicio laboral 01/617/21-III, a partir del acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós a la fecha; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable. Por último, tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que el día de hoy se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional; sin embargo de la revisión a este juicio se observa que no son suficientes las constancias que obran en autos; en consecuencia, con fundamento en el ordinal 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Cuernavaca, Morelos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, remita copias certificadas, completas, legibles y cronológicamente ordenadas de las constancias de integran el expediente laboral 01/617/21, a partir del acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós a la presente fecha. En el entendido que, de no cumplir con lo anterior, o bien de no manifestar su imposibilidad para ello, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano