Alejandro Castillo Galaviz
Expediente 3025/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 3025/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/05/2016
Partes del expediente
- Alejandro Castillo Galaviz
- Legislatura del Estado de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente expediente.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la autoridad responsable, por el que informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa con el oficio de mérito y anexo, a fin de que en el término de tres días manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo el apercibimiento de que en caso contrario este Juzgado se pronunciará de oficio respecto del cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por la delegada del Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, circunstancia que acredita con copia del contra recibo que sustenta su dicho. Ahora, cabe precisar que del contenido de las constancias que integran el expediente en el que se actúa y de las misma allegadas por la delegada de la autoridad responsable, se advierte que a virtud de la sentencia concesoria, se requirió a la exactora municipal, para que realizara lo siguiente: "[.] I. Para que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, lleve a cabo las acciones administrativas tendentes a lograr que no se vuelva a recibir ningún pago por causa de las contribuciones que tengan sustento en los artículos que han sido declarados inconstitucionales, a saber: 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los municipios del Estado de Querétaro, vigente; y 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro., para el ejercicio fiscal 2015.[.] En ese sentido, la autoridad exactora vinculada al cumplimiento remite la copia simple del contra recibo citado en párrafos anteriores con el que pretende cumplimentar la ejecutoria de amparo; sin embargo, de dicha comunicación y su anexo se advierte que no emitió adecuadamente la declaratoria de desincorporación correspondiente a los artículos declarados inconstitucionales. En consecuencia, se requiere al Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, para que, emita la declaratoria de desincorporación correspondiente, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. En el entendido, subsiste el apercibimiento decretado en auto de doce de abril de dos mil dieciséis y que el plazo otorgado en tal para el cumplimiento seguirá corriendo a partir de que surta efectos la notificación del presente auto. Finalmente, con el oficio y anexos de cuenta resérvese dar vista a la parte quejosa hasta en tanto se encuentre cumplida cabalmente la sentencia de amparo. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que al día de la fecha no obra el cumplimiento a la ejecutoria de amparo por cuanto ve al Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro y considerando que ha fenecido el plazo otorgado a la misma mediante proveído de ocho de marzo del año en curso, por tanto, requiérase a la autoridad exactora de mérito, para que dentro del improrrogable término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la concesión constitucional. De igual manera se vincula al superior jerárquico de la autoridad exactora, que en el caso lo es el Presidente Municipal de Querétaro, pues su participación se hace necesaria para que ordene a su subordinado que cumpla con la ejecutoria de amparo y lo demuestre así ante este tribunal dentro del mismo plazo que se le concede a aquélla para dar cumplimiento material a la ejecutoria de amparo. Finalmente, se reitera a las autoridades precisadas líneas precedentes que de no cumplir con el requerimiento formulado, se harán acreedores a una multa equivalente a ochenta días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, en vista de las nuevas disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone en relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquél funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
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