Alejandro Castillo Cruz

Expediente 324/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
324/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
24/05/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Castillo Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio A. 313.6/22/18-V, suscrito por la Secretaria del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, por el cual informa que el Juzgado acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Alejandro Castillo Cruz, la cual quedó registrado con el consecutivo 445/2018-V, de su índice estadístico. Por tanto, SE ORDENA EL ARCHIVO del presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, debiendo hacer las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se dictó un acuerdo que sin decidir en lo principal lo dio por concluido, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por la parte quejosa, por el cual pretende subsanar la prevención que se le formuló en proveído de diez de abril de dos mil dieciocho. Al efecto, indica que la denominación correcta de las autoridades señaladas como responsables son: Jueces de Distrito Primero, Segundo y Tercero de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros. Asimismo, señala que las autoridades ordenadoras relativas a los Representantes Sociales, son del Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros. De lo anterior, se colige que la totalidad de las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así como en el escrito de desahogo, radican y ejercen jurisdicción territorial en la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas; además, es de tomarse en cuenta que el accionante señaló como acto reclamado la orden de aprehensión o cualquier mandamiento privativo de libertad. De igual forma, se advierte de un análisis de la demanda de amparo que el quejoso señala como domicilio particular el ubicado en calle Mar Rojo, número veintisiete (27) de la colonia Ampliación Solidaridad de Matamoros, Tamaulipas; esto es, en el lugar en dónde radican las autoridades responsables, y en donde aduce que se pretendió ejecutar la orden de aprehensión reclamada. Sobre ese contexto, se advierte que este órgano jurisdiccional no tiene competencia legal para conocer del presente asunto conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la trascripción de este artículo se desprenden tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: 1. La competencia de un Juez de Distrito se determina en razón de que en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito pero continúa ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones. 3. Sólo cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, es competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por ende, para establecer cuál es la regla que aplica en cada caso concreto, en principio, se tiene que determinar si el acto reclamado requiere ejecución material. Al respecto, la orden de aprehensión reclamada por el accionante, es un acto que sí requiere ejecución material, ya que sus efectos se trasladan directamente en la privación personal del quejoso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión. Sobre ese contexto, se actualiza la regla prevista en la fracción I del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que la ejecución material de la orden de aprehensión reclamada por el accionante, puede tener lugar en Matamoros, Tamaulipas, y que corresponde al domicilio de las ordenadoras y ejecutoras, lo que revela la incompetencia legal de este juzgador, pues no se cuenta con ámbito de territorial en ese lugar (Matamoros, Tamaulipas). En consecuencia, este órgano jurisdiccional DECLINA COMPETENCIA LEGAL al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme y de lo cual se solicita al juez declinante informe si se avoca al conocimiento del asunto.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por Julio César Rodríguez Delgado, autorizado por la parte quejosa, por medio del cual pretende subsanar la prevención que se le formuló a la parte quejosa, en proveído de diez de abril de dos mil dieciocho. En atención a ello, dígase al promovente que no ha lugar a tener por subsanada la prevención realizada a la quejosa, toda vez que de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente está facultado para recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias; sin embargo, de conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante legal, y como todo acto que sea tendente a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, únicamente puede ser realizado por el quejoso o su representante, cuestión esta última de que adolece el promovente del escrito de cuenta. Habida cuenta que no se encuentra en algún caso de excepción (actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional), ni señala el promovente bajo protesta de decir verdad tener reconocida la personalidad como defensor del quejoso, en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, máxime que en la demanda se aduce desconocer ese dato. Máxime, que el señalamiento de autoridades responsables atañe al principio de petición de parte, cuyo derecho recae en el directo quejoso, mas no en su autorizado, de ahí que no se tenga por cumplida la prevención formulada.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por Julio César Rodríguez Delgado, autorizado por la parte quejosa, por medio del cual pretende subsanar la prevención que se le formuló a la parte quejosa, en proveído de diez de abril de dos mil dieciocho. En atención a ello, dígase al promovente que no ha lugar a tener por subsanada la prevención realizada a la quejosa, toda vez que de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente está facultado para recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias; sin embargo, de conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante legal, y como todo acto que sea tendente a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, únicamente puede ser realizado por el quejoso o su representante, cuestión esta última de que adolece el promovente del escrito de cuenta. Habida cuenta que no se encuentra en algún caso de excepción (actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional), ni señala el promovente bajo protesta de decir verdad tener reconocida la personalidad como defensor del quejoso, en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, máxime que en la demanda se aduce desconocer ese dato. Máxime, que el señalamiento de autoridades responsables atañe al principio de petición de parte, cuyo derecho recae en el directo quejoso, mas no en su autorizado, de ahí que no se tenga por cumplida la prevención formulada.

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