Alejandro Castañeda Sánchez
Expediente 894/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 894/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2016
Partes del expediente
- Alejandro Castañeda Sánchez
Actuaciones
- Principal
se declara que ha causado estado dicho proveído... Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo...
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, del que se advierte que el promovente del amparo desahoga la prevención ordenada en proveído de veintiocho de septiembre pasado. Ahora, visto el contenido del escrito de cuenta se advierte de manera manifiesta e indudable, la actualización de una causal de improcedencia, por lo que debe desecharse de plano la acción constitucional promovida. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de la improcedencia la desechará de plano". De dicho precepto se aprecia que es obligación del juzgado de Distrito examinar el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgado se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; en tanto que indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgado advierta un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las veintidós causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria o en su caso, la última de las fracciones previstas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la constitución, proceda a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. En efecto, en el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del dispositivo 61 de la ley de la materia, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". En principio, se establece que la fracción XXIII del numeral 61 de la ley de la materia debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que implica que las restantes fracciones del citado precepto sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia de la acción constitucional, pero no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Luego, el precepto 217 de la citada ley reglamentaria dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito". De la interpretación sistemática de ambos preceptos se obtiene que puede actualizarse la improcedencia del juicio amparo con motivo de la aplicación de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de observancia obligatoria para este órgano de control constitucional. Ahora, de la demanda de amparo, se aprecia que el quejoso reclamó la omisión de citarlo y hacerle saber la acusación que existe en la carpeta de investigación CIFDS/FDS-1/UI-FDS-1-2/133/7/2016. Al respecto, se estima que tiene exacta aplicación la jurisprudencia 1a./J.154/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, del tenor literal siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así". En ese sentido, este juzgado hace suyos los razonamientos que sustentan el criterio obligatorio en cita, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, del que se advierte de manera manifiesta que respecto de una omisión como la que se reclama en el presente controvertido es improcedente el juicio de amparo indirecto, de modo que no está obligado a exponer mayor razonamiento para sustentar su determinación, ello con apoyo en la jurisprudencia publicada en la página 1962, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte -SCJN Décima Cuarta Sección- Jurisprudencia, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del país, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO. Las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y las que dictan los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de sus respectivas competencias, son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias y, al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como el artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus resoluciones, debe estimarse que la sola transcripción de las tesis jurisprudenciales no es suficiente para cumplir con la exigencia constitucional, sino que es necesario que el órgano jurisdiccional asiente las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, su aplicabilidad al caso concreto independientemente de que, de ser necesario, el juzgador complemente la aplicación de los criterios jurisprudenciales en que se apoye, con razonamientos adicionales que aseguren el cumplimiento de la referida garantía constitucional". No se soslaya lo establecido en la tesis I.9o.P.38P(10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1291 del citado semanario, Décima Época, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, cuyo rubro es: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES RESPONSABLES PARA QUE DECLAREN EN ELLA CONTRAVIENE EL DERECHO DE DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 154/2005)". Sin embargo, tal criterio no vincula a este órgano de control constitucional, por constituir tesis aislada, aunado a que la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, en sesión de trece de abril de dos mil dieciséis declaró inexistente la contradicción de tesis 160/2014 de la que era objeto dicho criterio. Derivado de lo anterior debe prevalecer la jurisprudencia 1a./J.154/2005, acorde con la diversa emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8 del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Tomo I, Libro 13, diciembre de 2014, de contenido siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA. La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica". Por los motivos expuestos, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente...
- Principal
Vista la demanda de cuenta promovida por Alejandro Castañeda Sánchez, contra acto(s) del Procurador General de Justicia de esta ciudad y otra autoridad, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 894/2016. Ahora bien, el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: "I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;.". De lo transcrito, se aprecia que no se limitan las facultades del juzgado para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del numeral 114 de la ley de la materia, sino en forma amplia y discrecional observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite del asunto. Así las cosas, de la lectura de la demanda de amparo, no se advierten de manera precisa los actos que reclama del Procurador y Fiscal Central de Investigación para a Atención de Delitos Sexuales, ambos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, pues si bien señala como acto reclamado la omisión de no ser citado para que comparezca a conocer la acusación que existe en la carpeta de investigación CIFDS/FDS-1/UI-FDS-1-2/133/7/2016; lo cierto es que a tales autoridades no corresponde la integración de las carpetas de investigación. En consecuencia, a efecto de fijar correctamente la litis constitucional, procede prevenir al amparista para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, precise de manera clara cuál es el acto que atribuye a cada una de las autoridades señaladas como responsables; además, deberá precisar el agente del Ministerio Público que tiene a su cargo la carpeta de investigación que refiere. Con la precisión de que con el original del escrito de desahogo se deberán exhibir tantas copias sean necesarias para correr traslado a cada una de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 79 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA". Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 79 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". En la inteligencia que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el amparista, no así los autorizados, porque si bien el precepto 12 de la ley reglamentaria confiere amplias facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio (actos reclamados y autoridades responsables), sólo corresponde al titular de la acción constitucional de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, del rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA". Apercibido que de no hacerlo así, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones las listas de acuerdos que se publican en este juzgado al haberlo solicitado expresamente. Ténganse por autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas mencionadas, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de quienes pueden ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo...
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