Alejandro Carriola Ramales

Expediente 205/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
205/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
17/05/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Carriola Ramales
  • Juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio 1712/2021, proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el siete de mayo de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 33/2021 de su índice, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto dictado el dieciocho de marzo del año en curso, en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías; misma que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo en comento. Notifíquese por lista a la parte quejosa y mediante oficio a la superioridad.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio 1153/2021 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica que el nueve de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Alejandro Carriola Ramales, en contra del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 205/2021 y, que lo radicó bajo el número de queja 33/2021. De lo anterior queda enterado el suscrito Juez Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como lo requiere la Superioridad, remítanse las constancias que solicita. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA SUPERIORIDAD.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Alejandro Carriola Ramales, por medio del cual, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, dictado en este juicio de derechos fundamentales. Ahora bien, atento a que el auto impugnado es aquél por el cual se desechó la demanda de amparo, resulta evidente que no hay parte alguna a la que deba notificarse la interposición del recurso de mérito, a efecto de que señale las constancias que deban remitirse para la sustanciación de la queja, como lo dispone el artículo 101 de la ley de la materia, al no habérsele dado intervención a alguna de ellas. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo ríndase el INFORME respectivo, manifestando que ES CIERTO que el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se dictó el proveído impugnado, el cual se estima apegado a derecho. Para tal efecto, remítase copia certificada de todo lo actuado en este expediente 205/2021, el original del aludido escrito de agravios y el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Finalmente, no ha lugar a suspender el procedimiento en el presente sumario constitucional, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, el presente asunto no se encuentra en trámite, al haberse desechado la demanda que dio inicio al mismo. Notifíquese por lista a la parte quejosa... y por oficio a la Superioridad...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio de demanda signado por el quejoso Alejandro Carriola Ramales y, visto su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de nueve de marzo del año en curso. De lo anterior toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en primer término, debe precisarse que Alejandro Carriola Ramales, acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de las diligencias de investigación ordenadas por el agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Patrimoniales, en forma directa o por autorización de algún Juez de Control, con las que se integra una carpeta de investigación en su contra. En tal sentido, el suscrito juzgador Federal advierte que respecto al acto reclamado precisado, la demanda de amparo deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: ...Cabe agregar que el interés jurídico para promover el juicio de amparo debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Y, en relación con dicho numeral debe citarse el diverso 6 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Así, de acuerdo con los preceptos transcritos, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica; entendiéndose por perjuicio, la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Por consiguiente, sólo tiene interés jurídico el particular a quien la norma le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Por su parte, el alto Tribunal ha sostenido en diversos criterios, que el interés jurídico corresponde al derecho subjetivo, entendiendo como tal la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir; y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia. En ese sentido, no es factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Efectivamente, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser las destinatarias de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el ordenamiento jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Así, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la resolución que se dicte o llegue a dictarse. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Alejandro Carriola Ramales promovió esta instancia constitucional contra las diligencias de investigación ordenadas por el agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Patrimoniales, en forma directa o por autorización de algún Juez de Control, con las que se integra una carpeta de investigación en su contra, lo que hace que el juicio de amparo resulte improcedente por cuanto hace a dicho acto. Es así, porque la integración e investigación de los hechos constitutivos de delito la realiza el Ministerio Público, por lo que no le genera derecho alguno para defenderlo en vía de amparo, pues tal actuación no le afecta, aún en el caso que sea el peticionario de amparo quien esté sujeto a investigación. Efectivamente, el desahogo de diligencias para la integración de una averiguación previa o una carpeta de investigación, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, pues ello ocurrirá, en su caso, hasta que dicha indagatoria sea consignada y el juez del proceso, a quien le corresponda resolver sobre el pedimento de la representación social, determine librar una orden de aprehensión, citación o comparecencia, pues hasta entonces se afectaría la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior se robustece si se toma en cuenta que la facultad investigadora del Ministerio Público emana directamente del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en lo que interesa, señala: ...Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional la representación social goza de las facultades de investigar los hechos constitutivos de delitos y tiene la obligación de acreditarlos, el acto reclamado que ahora se analiza, consistente en las diligencias de investigación ordenadas por el agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Patrimoniales, en forma directa o por autorización de algún Juez de Control, con las que se integra una carpeta de investigación en su contra, no le irroga perjuicio alguno, pues ello se materializará, como ya se dijo, hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, citación o comparecencia, pues estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al representante social, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Ilustran lo anteriormente considerado los criterios jurisprudenciales, de rubro y tenor siguientes: ....Bajo esa perspectiva, resulta indudable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en la citada fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, respecto al acto reclamado consistente en las diligencias de investigación ordenadas por el agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Patrimoniales, en forma directa o por autorización de algún Juez de Control, con las que se integra una carpeta de investigación en su contra, por lo que, atinente a dicho acto, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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