Alejandro Canales Reygadas
Expediente 783/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Alejandro Canales Reygadas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Chetumal, Quintana Roo, quince de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo remitido por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de treinta de octubre de dos mil diecinueve, en autos del toca 315/2019 formado con motivo del recurso de queja interpuesto por ****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa ***, en la que se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ****, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, en el juicio de amparo indirecto 783/2019.". Acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, atento a que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo. Por tanto, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que después de transcurridos cinco años este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda de amparo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo. Por otra parte, atento al estado de autos, se advierte que el Director de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario con sede en la Ciudad de México, remitió con su informe justificado rendido en el amparo directo promovido por ****lo siguiente: Dos tomos de pruebas, relativo al expediente agrario ****del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44 con sede en esta ciudad, y recurso de revisión ****de su índice. Atento a ello, y toda vez que en la propia fecha se está ordenado el archivo de este asunto, al ser innecesaria la retención de las constancias, devuélvanse a la citada autoridad responsable los tomos de referencia, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 26402/2019 por el cual se le notificó el desechamiento de la demanda de amparo. De igual manera, solicita copia certificada del auto con el que cause estado el desechamiento pronunciado en el presente expediente, así como que le sean devueltos los autos originales del recurso de revisión ****y del juicio agrario ****del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44. Ahora, en atención a su solicitud, hágasele del conocimiento a la autoridad responsable que mediante acuerdo de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por interpuesto el recurso de queja intentado por la parte quejosa, por lo que en esa misma fecha se ordenó remitir al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, para su sustanciación, por lo que una vez que la superioridad resuelva lo que derecho corresponda se proveerá sobre la devolución de la documental que solicita.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, remitido vía electrónica por ****, autorizado en términos amplios de la parte quejosa *****, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el veintiséis de septiembre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, con sede en Cancún, Quintana Roo, por conducto de la empresa de mensajería que presta sus servicios a este Juzgado de Distrito: Original del escrito de agravios, así como una copia de este último, a fin de que de considerarlo necesario el Tribunal de Alzada corra traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal. Asimismo, ríndase el informe relativo a la materia de la queja, en la que se manifieste a la Superioridad que es cierto el acto impugnado, toda vez que este Juzgado Federal, el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve en autos del juicio de amparo en el que se actúa, dictó un acuerdo en el que desechó de plano la demanda de amparo promovida por *****. También, deberá acompañarse al citado informe copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, en el que obra el acuerdo impugnado. Por lo antes expuesto, una vez que se notifique por lista el presente proveído, sin previo acuerdo, intégrense las constancias que este Juzgado estimó para la substanciación del recurso, a fin que sean remitidas a la Superioridad que conocerá del asunto.
- Principal
Chetumal, Quintana Roo, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por *****, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de trece de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 161 a 162), manifiesta bajo protesta de decir verdad los antecedentes mediatos e inmediatos del acto reclamado, por tanto, se tiene a la parte quejosa desahogando cabalmente la prevención inmersa en autos. En ese tenor de ideas, téngase a la parte quejosa desahogando cabalmente la prevención inmersa en autos. Sentado lo anterior, se estima oportuno atender lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto legal previamente invocado, señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Por tanto, es necesario precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Luego entonces, en el caso concreto, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que en su orden, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Es importante puntualizar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, la legislación en comento no precisaba qué debía entenderse por "ejecución de imposible reparación", de ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. De este modo, se precisó que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, tal como se advierte de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número P. LVII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, registro 180415, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Empero, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se estableció lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se pone de manifiesto que actualmente el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior a la que aludía la tesis aislada P.LVII/2004 antes mencionada. Asimismo, en torno a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley"; sin embargo, según se evidenció, el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia ya mencionada, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Al efecto, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por contradicción número 24/92, publicada en la página 164 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, interpretó y precisó el alcance de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior, mismos que en la Ley de Amparo vigente se encuentra en el 107 fracción V, de la ley de la materia, y señaló que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales. La tesis de jurisprudencia que se cita es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales, pues los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Bajoese contexto, a fin de determinar lo anterior y tener una mayor claridad en la exposición, resulta conveniente traer al contexto los antecedentes del acto reclamado, siendo estos los siguientes: El aquí quejoso promovió juicio agrario contra diversas autoridades pertenecientes al Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, el cual fue del conocimiento del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en Chetumal, bajo el expediente****. Seguido el juicio, el magistrado del mencionado tribunal unitario dictó sentencia de trece de agosto de dos mil dieciocho, en la que sustancialmente determinó que el actor acreditó los elementos de su acción de nulidad y condenó a la autoridad demandada a realizar la cancelación de los certificados parcelarios ***** y entregara a la demandante los títulos de propiedad de las parcelas *****del ejido "Península Holbox", Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo. Inconforme con dicha sentencia el Registro Agrario Nacional y su Delegación en el Estado de Quintana Roo, por conducto de su representante legal, interpuso recurso de revisión, el cual fue del conocimiento del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, bajo el expediente ****. Por resolución de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, dicha sala revocó la sentencia de primera instancia y ordenó reponer el procedimiento. La anterior resolución constituye el acto reclamado en esta vía. Por tanto, en el caso particular se tiene que la parte quejosa reclama la sentencia pronunciada el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, por el Tribunal Superior Agrario, con sede en la ciudad de México, en el recurso de revisión ****, en la cual se revocó la diversa dictada por el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 44, con sede en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en el juicio agrario 578/2017, por la vía de nulidad de resoluciones dictadas por las autoridades agrarias, que alteren, modifiquen o extingan un derecho, o determinen la existencia de una obligación, y ordenó reponer el procedimiento; en esa medida, lo indispensable en el particular es determinar si existe un perjuicio jurídico de imposible reparación, esto es, una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, para lo cual deben tenerse en cuenta los efectos ordenados en la resolución respectiva. A lo anterior, por las razones que se contienen, resulta aplicable la jurisprudencia P./J 17/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "APARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCION QUE DESECHA LA EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo. Entonces, de acuerdo a la jurisprudencia transcrita, en cada caso debe analizarse si las consecuencias de la insubsistencia de la resolución agraria de primera instancia y de la reposición del procedimiento son o no de imposible reparación, para lo cual debe determinarse si existe ejecución irreparable ponderando si se está frente a la violación de derechos sustantivos o procesales; por lo tanto, para advertir tales aspectos, resulta indispensable efectuar un análisis de las constancias remitidas por la responsable y traer a colación los efectos de la insubsistencia de la resolución y la reposición del procedimiento ordenado, los cuales fueron, en síntesis, los siguientes: "******." Como se advierte, las consecuencias de la insubsistencia de la resolución reclamada y de la reposición, fueron para efectos de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad, realizara, en síntesis, lo que se expone a continuación: Regularice el juicio agrario y fije la audiencia a que se refiere el artículo 185 de la Ley Agraria. Con fundamento en los artículos 186 y 187 de la Ley Agraria, así como los diversos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llame a juicio a la Delegación de la procuraduría Agraria en el Estado de Quintana Roo y a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para los efectos citados en dicha resolución. Ordene la visita de campo en las parcelas de número *****en el Ejido Península Holbox, Municipio de Lázaro; Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para efecto de determinar si en dicha superficie existe manglar (selva) acorde a la opinión técnica de gabinete contenida en el oficio SGPA/DGGF/712/0376/17, de ocho de febrero de dos mil diecisiete. Requiera a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente a partir del cual se emitió la calificación positiva, esto es, el cinco de octubre de dos mil catorce y, por último;. Se allegue de todos los elementos de prueba que estimara necesarios para el conocimiento de la verdad, y consecuentemente, dicte una nueva sentencia en la que de manera fundada y motivada, resolviendo congruentemente la litis planteada. Por lo que, una vez expuesto lo anterior, se tiene que la resolución de segunda instancia dejó insubsistente la sentencia dictada en el juicio natural, para efecto de que 1) Se realice una visita de campo en las parcelas de la parte quejosa; 2) Se requieran las copias certificadas de la totalidad de las constancias del expediente a partir del cual se emitió la calificación positiva al acta de la Asamblea celebrada en el Ejido Península Holbox, Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, el cinco de octubre de dos mil catorce y, 3) El Tribunal primigenio se allegue de todos los elementos de prueba que estime necesarios para el conocimiento de la verdad, para consecuentemente, emitir una nueva sentencia. Lo anterior evidencia que la intención del Tribunal Superior en la reposición, es la captación de pruebas que permitan aportar elementos de pruebas respecto de la controversia y así pueda el inferior dictar una sentencia a verdad sabida en términos del artículo 189 de la Ley Agraria. Por ende, las consecuencias de la referida resolución reclamada, desde luego que no son actos de imposible reparación, pues no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución o los Tratados Internacionales, sino sólo derechos adjetivos o procesales, en virtud que, como quedó anotado, tiene por efecto únicamente que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con sede en esta ciudad, recabe las pruebas que le fueron indicadas, indispensables para resolver la Litis planteada en el juicio de origen, esto es, la nulidad absoluta de la resolución administrativa que contiene la calificación registral negativa emitida por el Registradora Integral adscrita a la Dirección General de Registro y Control Documental. Ello, porque con la documentación que se recabe, además de necesaria e indispensable, en atención al principio de completitud, con pleno conocimiento de la verdad histórica y material, el Tribunal inferior a verdad sabida, resolverá todas las prestaciones que se hacen valer ante esa instancia, analizando excepciones y defensas respectivas, y así, determinar si ha lugar o no a declarar la nulidad que se le solicita. Se cita al caso, por analogía, la Jurisprudencia 3a./J. 58 8/90, visible en la página doscientos treinta y seis, del tomo V, Primera Parte, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del informe de labores del presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." Pero además, convenir que se dicten sentencias al margen de las pruebas desahogadas en juicio, o bien, de aquellas que resulten necesarias para dirimir la contienda sin allegarse de ellas, vienen contradictorios del principio de exhaustividad y congruencia que deben observarse en toda sentencia. La primera, una obligación al tribunal para que al decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tome en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos, de tal forma que se resuelva sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate, y el segundo, en que las sentencias, además de ser congruentes en sí mismas, no debe contener resoluciones, ni afirmaciones que se contradigan entre sí -congruencia interna-, así como que deben de ser congruentes en el sentido de resolver la Litis. Sirve de apoyo para lo anterior la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 1815, Tomo XIII, Marzo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 190076, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA AGRARIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA QUE DEBE GUARDAR LA. El principio de congruencia que establece el artículo 189 de la Ley Agraria, implica la exhaustividad de las sentencias, en el sentido de obligar al tribunal a decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta todos y cada uno de los argumentos aducidos, de tal forma que se resuelva sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate; así, el principio de congruencia consiste en que las sentencias, además de ser congruentes en sí mismas, en el sentido de no contener resoluciones, ni afirmaciones que se contradigan entre sí -congruencia interna-, también deben de ser congruentes en el sentido de resolver la litis tal y como quedó formulada -congruencia externa-. Luego, si el tribunal agrario señaló ser competente para resolver y no obstante, con posterioridad afirmó lo contrario, pero además declaró improcedente la acción de nulidad y después de ello analizó la excepción de cosa juzgada, la que consideró procedente, para finalmente, declarar inoperante la figura jurídica denominada nulidad de juicio "fraudulento" y, apoyándose en la existencia de la cosa juzgada, estimar, a su vez, improcedente la acción y absolver al demandado en el juicio agrario, entonces, al emitir tales consideraciones, contrarias, desvinculadas y desacordes entre sí, el tribunal agrario responsable dejó de observar el referido principio, lo que se tradujo, en perjuicio de la quejosa, en violación del referido artículo 189 y, en consecuencia, de sus garantías de legalidad y seguridad que tutelan los artículos 14 y 16 constitucionales." A más, conviene precisar que existen ciertos actos que si bien vulneran derechos adjetivos o procesales, en su esencia, también conllevan una afectación predominante sobre derechos sustantivos del gobernado y cuya ejecución sí será de imposible reparación, tal es el caso, por citar algunos ejemplos, de los actos consistentes en la admisión de pruebas psicológicas, genéticas o contables en ciertos casos, los que materialmente podrían considerarse como afectaciones a derechos procesales; sin embargo, si los derechos que se trastocan con la admisión de tales medios de convicción vulneran derechos fundamentales, ello constituye una excepción a la regla de improcedencia del juicio de amparo indirecto, ya que su desahogo implica la invasión al derecho a la intimidad e individualidad, al poner al descubierto cuestiones ajenas al objeto mismo del medio de convicción que se trate, pero que su publicidad -contra la voluntad del sujeto-, pudiera incidir negativamente en su honor, en la percepción que el resto de la gente pueda tener sobre aquél, o situaciones que le pondrían en algún tipo de riesgo. Criterios que fueron asumidos por la Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 17/2003, consultable en la página 88, Tomo XVII, Abril de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, titulada: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA."; así como en la jurisprudencia 3a./J. 49 3/90, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 10/88, publicada en la página 299, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación titulada: "PRUEBA PERICIAL CONTABLE. LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL CUYA NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.". En el mismo supuesto de excepción se encuentra la admisión y desahogo de la prueba testimonial a cargo de los menores hijos en el juicio de divorcio necesario de sus padres, acto que se consideró de imposible reparación, ya que la salud psicológica de los menores es un derecho protegido por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, según el criterio de la Primera Sala del Alto Tribunal contenido en la jurisprudencia 1a./J. 182/2005, al resolver la contradicción de tesis 130/2005-PS, publicada en la página 478, Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, titulada: "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". En ese tenor, procederá por excepción el juicio de amparo indirecto contra del auto que admite y ordena el desahogo de dichas pruebas, por implicar una afectación de imposible reparación, cuando esté latente una violación a un derecho sustantivo con el desahogo de la prueba y quede irremediablemente consumada y sin posibilidad de repararse, pues aun cuando se estimara, en su oportunidad, que se admitió indebidamente la prueba, sólo podría repararse formalmente la violación, pero no la afectación al derecho sustantivo, aspectos que en el caso, no se actualizan, pues como ya quedo visto, el Tribunal Superior Agrario, consideró que el A quo, dictó sentencia sin tener a la vista los elementos necesarios y suficientes que produjeran convicción respecto de lo pretendido por las partes en contienda, transgrediendo con ello, dijo; los principios de legalidad, certeza jurídica y tutela judicial efectiva, medularmente, al asumir que el Registrador carece de facultades para declarar la nulidad o dejar sin efectos sus propias determinaciones registrales, cuando el Magistrado Agrario, desconoce a verdad sabida los hechos origen de la contienda, tal y como se lo impone el numeral 189 de la Ley Agraria. A ello se suma que la regla ordinaria acerca de que la admisión de pruebas no constituye una afectación de imposible reparación, se hace extensiva al desahogo de tales medios probatorios, lo cual, se encuentra previsto como una violación que afecta las defensas del quejoso al ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente haya ofrecido "no se reciban conforme a la ley" al sujetarse a determinadas condiciones su recepción o desahogo, por regla general, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, en términos de lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Amparo, por no ser un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que sólo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene sentencia favorable. Efectivamente, la eventual violación procedimental consistente en la indebida forma en que se pretenda recibir, recabar o desahogar una prueba dentro de un procedimiento, en el momento en que se produce, sólo ocasiona una afectación a los derechos adjetivos o procesales al obligar a las partes a cumplir con las condiciones que se hayan señalado para la recepción y el desahogo de la probanza respectiva o bien al aplicarles las consecuencias que deriven de su incumplimiento, pero con ello no se afecta de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en sus derechos fundamentales, haciendo tan sólo nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influya o sea tomado en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del oferente de la prueba, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlo, en dado caso, mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, haya afectado las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. Lo que precede tiene sustento en la jurisprudencia P./J.6/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, número 76, Abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto. Ahora, por lo que respecta a la última de las consecuencias de la resolución reclamada marcada con el número 3, tampoco le reviste el carácter de ejecución irreparable en atención a que no importa una infracción procesal sino de tipo formal, de la cual debe ocuparse el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 44, cuando una vez reparadas las violaciones procesales que le fueron señaladas en la sentencia pronunciada el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, por el Tribunal Superior Agrario con sede en la ciudad de México, en el recurso de revisión 65/2019-44 y llegue a dictar sentencia, subsane las infracciones de tipo formal que presentó el fallo recurrido. Luego entonces, se advierte que de los efectos expuestos con antelación, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento agrario seguido en forma de juicio. Es decir, no se puede considerar que por el hecho de que en la sentencia de segundo grado se ordenara la reposición del procedimiento del juicio natural, se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, en la medida que la citada reposición del procedimiento de manera alguna implica que la nueva sentencia que en su oportunidad se dicte en el juicio de origen vaya a ser contraria a los intereses de la ahora parte quejosa, ya que con los efectos plasmados en la reposición que determinó el Tribunal Superior responsable, se dejó plena jurisdicción al Tribunal primigenio para que una vez subsanada la irregularidad encontrada y seguido el juicio por sus trámites legales, emita una nueva sentencia en la que resuelva lo que en derecho proceda; de ahí que se considere que el fallo correspondiente pudiera ser incluso más favorable a los intereses de la impetrante del amparo; y de ser así, la infracción que reclama desaparecería sin transgredir su esfera jurídica; por otra parte, de resultar contraria a sus intereses, estaría en aptitud de plantear la cuestión que ahora controvierte como violación procesal, al promover el juicio de amparo directo en contra del nuevo fallo por dictarse. Sin que obste a lo anterior, que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas, implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello, por sí mismo, implique violación al principio de justicia pronta, pues aquélla no tendría como efecto dar por terminado el juicio, sino que éste deberá seguir su curso ante la autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparadas las violaciones procesales que ameritó la reposición del procedimiento, lo cual no implica la existencia propia de las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación, de nueva cuenta, de una parte del procedimiento judicial, pues en el caso, el retraso en la solución del asunto no es un elemento que determine la irreparabilidad del acto reclamado. Se toma en consideración la tesis IV.2o.C.55 K, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Común, Página: 2677, Registro: 167805, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 99/2004, publicada en la página 5 del Tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2004, cuyo rubro es: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", determinó que para analizar si una violación acaecida en el curso del procedimiento es o no de imposible reparación, el juzgador debe proceder de la siguiente manera: a) Discernir si el acto reclamado afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República; b) Que en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, debe valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, puesto que de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante, sería improcedente el amparo indirecto, debiendo el gobernado esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo; c) Que por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio (que la identifica como de imposible reparación), cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio; d) Precisar que la afectación que produzca el acto intraprocesal reclamado, a fin de que amerite su impugnación en amparo indirecto, debía ser en grado extraordinario o sobresaliente; e) Que la anterior precisión era necesaria, toda vez que las tesis que sobre el tema sustenta el más Alto Tribunal del país, se fundaban de manera explícita o implícita en el artículo 17 de la Constitución Federal; y, f) Pero que no obstante lo anterior, era igualmente cierto que no todas las violaciones procesales que puedan encontrar fundamento en el señalado artículo 17 constitucional, a través de las normas adjetivas secundarias o derivadas podían, jurídicamente, ser impugnadas en amparo indirecto, pues ello haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. En el mismo sentido y siguiendo los lineamientos fijados en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, la Segunda Sala del referido Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 38/2007-PL, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: "... el retardo en la impartición de justicia ... por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta.". Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso." Consecuentemente, al configurarse la aludida causa de improcedencia, prevista en el en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo; resulta procedente desechar de plano la demanda de amparo promovida por ****. No pasa inadvertida, la jurisprudencia de rubro "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", de cuyo contenido se advierte que una sentencia que repone un procedimiento de primera instancia no solo tiene efectos meramente procesales o adjetivos, pues en algunos casos la reposición sí puede afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo, lo que implicaría un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, por lo cual no sería dable el desechamiento inmediato de la demanda de amparo, pues necesariamente se requiere un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. Sin embargo, en el presente asunto no se colma ese supuesto, toda vez que la demanda fue presentada como amparo directo, por lo que en el caso se cuenta con todas las constancias que integran los procedimientos tanto de primera como de segunda instancia, motivo por el cual este Juzgador al hacer un análisis completo para determinar la improcedencia del presente asunto, se advirtió de manera clara y fehaciente la causal de improcedencia antes señalada. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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