Alejandro Campos Urioeste

Expediente 64/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
64/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Campos Urioeste

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de febrero de dos mil veintitrés. I. Autoridad acepta competencia. Agréguese a los autos el oficio remitido electrónicamente por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual, informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado; en consecuencia, se provee: II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este cuaderno de antecedentes como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    notificación a la parte quejosa por no acudir a notificarse pese dejar aviso.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. I. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada a éste órgano jurisdiccional el veinticinco de enero del corriente año, que promovió *****, en representación de la persona moral BCO Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra actos de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 64/2023. II. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales , se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. III. Incompetencia. Ahora, previo a realizar algún pronunciamiento al respecto, en el particular, este órgano jurisdiccional advierte una cuestión de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; presupuesto que es de orden público y, por ende, de estudio oficioso. En efecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." Por su parte, los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo previene que: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente". De dicha disposición se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito: 1) Será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúe ejecutándose en otro; se atenderá al criterio de prevención en el conocimiento de la demanda, es decir, la competencia se fincará en el órgano ante el cual se presente la misma; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. De lo anterior se obtiene que la Ley de Amparo se sujeta a la norma fundamental en relación con los actos reclamados en el juicio de amparo que ameritan ejecución material, pues fija la competencia en el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. De ahí que el legislador pretendió determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. En la primera hipótesis, se atiende a la autonomía del acto de ejecución para fijar la competencia, por lo que no importa el lugar donde se haya ordenado dicho acto, ya que el parámetro del legislador es la propia ejecución con total independencia a quien la haya ordenado. Respecto al segundo supuesto prevalece el principio de ejecución material para sustentar la competencia por lo que se da un regla para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, así establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces el Juez Federal ante quien se presentó la demanda será el competente para conocer de ella. Dicho supuesto requiere que el acto de ejecución se haya materializado y producido efectos en dos circunscripciones territoriales. En la última hipótesis, se establece la normativa para el supuesto que la resolución reclamada en el juicio de amparo carezca de ejecución material, en esta hipótesis es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. Precisado lo anterior, en el presente caso tratándose de actos que requieren de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo, lo será aquél donde se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, en este caso, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se ubica el bien inmueble en el que se ejecutó la orden de embargo. En este sentido, se tiene que Alejandro Campos Urioeste, en representación de la persona moral BCO Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. b).- Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. c) Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Oaxaca. d) Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Oaxaca, y e) FONATUR Infraestructura, Sociedad Anónima de Capital Variable (Delegación Regional Huatulco.), quien resulta ser parte en el juicio en términos del artículo 5° fracción segunda párrafo segundo de la Ley de Amparo. IV. ACTOS RECLAMADOS: 1.- De la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca se reclama la aprobación y expedición del decreto número 110, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 29 de enero 2022, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022, en especial los artículos 76, 77 y 78. 2.- Del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, reclamo la promulgación y publicación del decreto número 110, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 29 de enero 2022, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022, en especial los artículos 76, 77 y 78. 3.- Del Presidente Municipal Constitucional, Tesorero Municipal ambos del Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Oaxaca, y del representante legal de la empresa FONATUR Infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable (Delegación Regional Huatulco), reclamo la aplicación, cumplimiento y ejecución del decreto número 110, publicado en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 29 de enero 2022, que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022, en especial los artículos 76, 77 y 78. Actos de autoridad que se traducen la determinación y cobro del Impuesto para el Desarrollo Ecológico, Social y Turístico, sustentándose en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Ingresos antes citada, por conducto de FONATUR infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable (Delegación Regional Huatulco), tomando como base impositiva el pago que realiza mi mandante por los Derechos de Agua Potable y Alcantarillado. Se reclama la determinación y cobro del Impuesto Desarrollo Ecológico, Social y Turístico, contenido en la factura del periodo diciembre de 2022, medidor 11-31799, en la que se consigna la cantidad de $*******por concepto del citado impuesto." En ese sentido, en atención a lo expresado por la parte quejosa, se advierte que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, carece de competencia legal para conocer de este asunto, por razón de territorio, conforme a lo establecido en el primero párrafo, del atribulo 37 de la Ley de Amparo, el cual dispone que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora, en el capítulo de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, el quejoso manifestó: "Mi representada recibe el servicio de agua potable por parte de la empresa Fonatur Infraestructura; Sociedad Anónima de Capital variable, en su domicilio citado. Con fecha 11 de enero de 2023, mi representada recibió de la empresa Fonatur Infraestructura; Sociedad Anónima de Capital variable, la factura siguiente: Período diciembre de 2022, medidor 11-31799, en la que aparece la cantidad de $44,214.60 por concepto por concepto de DESOTUR. (Impuesto Desarrollo Ecológico, Social y Turístico). (.)" Por lo anterior, se aprecia que los actos que se reclaman tienen efectos de ejecución en Santa María Huatulco, Oaxaca y, en consecuencia, se considera que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver este asunto. En efecto, la competencia para conocer de una demanda de amparo por razón de territorio deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, para lo cual se debe atender a si requiere ejecución material o no. Por tanto, si se reclama la determinación y cobro del impuesto para el desarrollo ecológico, social y turístico, por conducto de FONATUR infraestructura Sociedad Anónima de Capital Variable (Delegación Regional Huatulco), se estima que los actos reclamados tienen ejecución en territorio sobre el cual ejerce jurisdicción un Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz. En el Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, ejercen jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, conforme con lo establecido en el punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito que, en lo que aquí interesa, establece: "(.) XIII. DÉCIMO TERCER CIRCUITO: XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. (Lo resaltado es propio). Por tanto, como este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca no es competente legalmente para conocer de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original de este juicio de amparo, al juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca (por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, Oaxaca), a fin de que proceda conforme a sus facultades legales, quien determinará si acepta o no el conocimiento del asunto. Solicítese el acuse de recibo correspondiente vía interconexión, y fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias respectivas. Sin que, en el caso, sea procedente pronunciarse sobre la medida suspensiva solicitada respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, ya que no se está en las hipótesis a que se refiere el numeral 15 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 48 de la propia ley. Se ordena formar cuaderno de antecedentes, realizar las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizados para tal efecto a las personas que señala en el proemio de su escrito de demanda, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. Además, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, ********** y *********, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", y por así haberse solicitado. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente.

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