Alejandro Campos Apaez

Expediente 441/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
441/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
28/05/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Campos Apaez
  • Félix Arnulfo Vega Arreola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto, agréguese a los autos el escrito signado por Juan Pablo Lecuanda Ontiveros, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido y toda vez que de la certificación secretarial se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como autorizado en el expediente electrónico de este juicio de amparo al referido autorizado, con el usuario jplecuanda, se acuerda de conformidad su petición, en el sentido de consultar el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, como lo solicita expídase copia certificada de las constancias que solicita, previa identificación y razón que por su recibo se asiente en autos para constancia, autorizando para recibirla a la persona que menciona en el escrito de cuenta, lo anterior de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días hábiles, concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en el presente asunto; sin que hubieran formulado inconformidad alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. ..A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el uno de marzo de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Trámite Masivo de Causas, con sede en esta ciudad; por otra, se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, en esta ciudad, consistente en la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal **; y, se concedió la protección constitucional solicitada por la parte quejosa **, respecto de dicho acto y autoridad responsable, para los efectos siguientes: a) El juez responsable deje insubsistente la determinación reclamada. b) En su lugar emita otra en la que reitere lo que no fue materia de concesión. c) De manera fundada, motivada y exhaustiva, se pronuncie sobre el argumento toral del aquí quejoso en relación al escrito presentado en veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que precisa que solicita la nulidad de la acusación presentada por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Trámite Masivo de Causas, en virtud que según refiere la parte quejosa, fue presentada de forma extemporánea y con plenitud de jurisdicción, atendiendo a los argumentos que ya le fueron planteados por las partes, resuelva lo que en derecho resulte procedente. Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de veintiséis de marzo dos mil diecinueve, causó ejecutoria; por lo cual, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con sede en esta ciudad (páginas 111 a 114). En acatamiento, por oficio recibido en este juzgado el uno de abril de dos mi diecinueve, la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución que emitió el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal **de la que se advierte que dejó insubsistente la determinación que fue motivo de estudio en este amparo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el referido proceso penal; asimismo, emitió un nuevo pronunciamiento, en el que reiteró lo que no fue materia de protección constitucional y en relación con el argumento toral vertido por el aquí quejoso **en el escrito de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que solicitó la nulidad de la acusación presentada por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Trámite Masivo de Causas, determinó que asistía la razón al promovente en virtud que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el escrito de formulación de acusación del representante social de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, había sido presentado de manera extemporánea, ya que el plazo para su presentación había fenecido el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, por lo que decretó la nulidad de la formulación de acusación efectuada por el representante social a través del escrito de referencia, quedando sin efectos dicha actuación, así como las subsecuentes actuaciones efectuadas en la causa penal, por vincularse directamente con la misma y entrañar consecuencias procesales derivadas del acto anulado (páginas 120 a 136). A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. En las relatadas condiciones, quien suscribe determina que la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, en esta ciudad, dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró que dejó insubsistente la resolución reclamada de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal **; asimismo, que en su lugar emitió otra, en la que reiterando lo que no fue materia de protección constitucional de manera fundada y motivada se pronunció sobre el argumento toral vertido por el aquí quejoso **en el escrito de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que solicitó la nulidad de la acusación presentada por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Trámite Masivo de Causas, y al respecto determinó que asistía la razón al quejoso, en cuanto a la extemporaneidad de la presentación del escrito de formulación de acusación por parte de la fiscalía, por lo que decretó la nulidad de la formulación de acusación efectuada por el representante social mediante escrito presentado el treinta de julio de dos mil dieciocho. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Por otra parte, en virtud que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL CITATORIO DEJADO EL VEINTICUATRO DE ABRIL ACTUAL, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA, Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE DICTO LO SIGUIENTE: "..Ensenada, Baja California, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días hábiles, concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en el presente asunto; sin que hubieran formulado inconformidad alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. . A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada por este juzgado el uno de marzo de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Trámite Masivo de Causas, con sede en esta ciudad; por otra, se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, en esta ciudad, consistente en la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal **; y, se concedió la protección constitucional solicitada por la parte quejosa **, respecto de dicho acto y autoridad responsable, para los efectos siguientes: a) El juez responsable deje insubsistente la determinación reclamada. b) En su lugar emita otra en la que reitere lo que no fue materia de concesión. c) De manera fundada, motivada y exhaustiva, se pronuncie sobre el argumento toral del aquí quejoso en relación al escrito presentado en veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que precisa que solicita la nulidad de la acusación presentada por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Trámite Masivo de Causas, en virtud que según refiere la parte quejosa, fue presentada de forma extemporánea y con plenitud de jurisdicción, atendiendo a los argumentos que ya le fueron planteados por las partes, resuelva lo que en derecho resulte procedente. Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de veintiséis de marzo dos mil diecinueve, causó ejecutoria; por lo cual, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, con sede en esta ciudad (páginas 111 a 114). En acatamiento, por oficio recibido en este juzgado el uno de abril de dos mi diecinueve, la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California en esta ciudad, remitió copia certificada de la resolución que emitió el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la causa penal -- de la que se advierte que dejó insubsistente la determinación que fue motivo de estudio en este amparo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el referido proceso penal; asimismo, emitió un nuevo pronunciamiento, en el que reiteró lo que no fue materia de protección constitucional y en relación con el argumento toral vertido por el aquí quejoso ** en el escrito de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que solicitó la nulidad de la acusación presentada por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Trámite Masivo de Causas, determinó que asistía la razón al promovente en virtud que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el escrito de formulación de acusación del representante social de fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, había sido presentado de manera extemporánea, ya que el plazo para su presentación había fenecido el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, por lo que decretó la nulidad de la formulación de acusación efectuada por el representante social a través del escrito de referencia, quedando sin efectos dicha actuación, así como las subsecuentes actuaciones efectuadas en la causa penal, por vincularse directamente con la misma y entrañar consecuencias procesales derivadas del acto anulado (páginas 120 a 136). A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. En las relatadas condiciones, quien suscribe determina que la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del estado de Baja California, en esta ciudad, dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que demostró que dejó insubsistente la resolución reclamada de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal 270/2018; asimismo, que en su lugar emitió otra, en la que reiterando lo que no fue materia de protección constitucional de manera fundada y motivada se pronunció sobre el argumento toral vertido por el aquí quejoso ** en el escrito de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en el que solicitó la nulidad de la acusación presentada por el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Trámite Masivo de Causas, y al respecto determinó que asistía la razón al quejoso, en cuanto a la extemporaneidad de la presentación del escrito de formulación de acusación por parte de la fiscalía, por lo que decretó la nulidad de la formulación de acusación efectuada por el representante social mediante escrito presentado el treinta de julio de dos mil dieciocho. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al estimarse cumplido el fallo protector por parte de la autoridad responsable, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado. Por otra parte, en virtud que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, dos de abril de dos mil diecinueve. Vistos, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez de Control del estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompaña, para demostrar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en autos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que en derecho convenga, transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, tráiganse los autos a la vista para dictar lo procedente en relación al cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable.

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