Alejandro Cabrera Romero
Expediente 1280/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1280/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/08/2021
Partes del expediente
- Alejandro Cabrera Romero
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Se requiere cumplimiento. Ahora, con el fin de lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo -respetándose con ello el procedimiento derivado de los artículos 107, fracción XVI, constitucional, y del 192 al 197 de la ley de la materia-, se indica, de forma puntual, a la autoridad o autoridades responsables y/o a la autoridad o autoridades vinculadas, los actos que deben verificar y/o ejecutar para cumplimentar el fallo, que en la especie consisten en: "a) Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a), g) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veinte y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto, desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. (.) Ahora bien, toda vez que los motivos que llevaron a este juzgador a otorgar la protección constitucional solicitada, están específicamente referidos al artículo 16, fracción I, incisos a), g) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, que establecen que el gobernado que pretenda que se registre un acto, contrato o resolución judicial vinculado con inmuebles, en el Registro Público de la Propiedad, deberá considerar, para enterar a la oficina recaudadora correspondiente, que es indispensable pagar el valor mayor de entre el catastral, el comercial o el que se desprenda del propio instrumento, al cual se le aplicará la tasa del 0.50%, conforme el inciso a); además, por cada inscripción, incluyendo registro de sentencias judiciales, que no represente interés pecuniario prevé el pago de $215.00 (doscientos quince pesos), conforme al inciso g); asimismo, en su caso, un testimonio procedente de otra entidad de la República, pagará la tarifa de $5,382.00 (cinco mil trescientos ochenta y dos 00/100 moneda nacional); al respecto, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la parte quejosa del pago de los derechos correspondientes a tales servicios en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada contraria a la constitución general; en consecuencia: b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. Tomando en cuenta la inconstitucionalidad declarada del artículo 16, fracción I, incisos a), g) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veinte, deberá aplicarle, en el caso de que exista, una cantidad fija mínima a pagar, en el entendido de que la restitución en el goce del derecho humano violado, sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cantidades mínimas. Por consiguiente, la autoridad en cita deberá emitir otro recibo de pago por los mismos conceptos, devolviendo a la parte quejosa la cantidad que se haya pagado en exceso, tal como consta en el recibo oficial *, para así respetar el derecho fundamental transgredido en los términos aquí apuntados". Establecido lo anterior, se requiere a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, para que en el término de tres días legamente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acredite de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 832 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la omisa, una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, 1 en cuyo caso, si no cumplen con la sentencia de amparo aun después de habérseles impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostentan y serán puestos a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Anotaciones en el Libro de Gobierno. Asimismo, realícense las anotaciones que procedan en el Libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese.
- Principal
tiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el escrito que firma *, mediante el cual acepta y protesta el cargo conferido como representante especial de los menores *, asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad no tener impedimento para desempeñar el cargo protestado. Por otro lado, de conformidad con los artículos 12, 24 y 27 de la Ley de Amparo, se le tiene designando como autorizados en amplios términos a las personas que menciona, toda vez que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y, en términos restringidos, a los que también señala por así solicitarlo por otra parte, se tiene como domicilio procesal el señalado en el escrito de cuenta. Asimismo, conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo se autoriza al usuario proporcionado, la consulta del expediente electrónico, por corresponder asesor jurídico y se ordena practicar a la parte quejosa las notificaciones, inclusive las de carácter personal, de manera electrónica, por medio del usuario citado. Notifíquese
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