Alejandro Bustamante Bustamante

Expediente 780/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
780/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Bustamante Bustamante
  • Alejandro Bustamante Bustamante y Otros.
  • A. G. B. G. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo), haya recurrido la sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se negó el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes depúrese este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, y los demás documentos que considere el titular de este órgano jurisdiccional. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Devuélvanse al Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlan de Porfirio Díaz, Oaxaca, las copias certificadas del expediente familiar 65/2022, que remitió en apoyo a su informe justificado. Finalmente, toda vez que obran en la secretaría de este juzgado la copia certificada del acta de nacimiento de la menor con iniciales A.G.B.G. (de quien se omite sus nombre y apellidos en atención al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), y el original del acuse del escrito de demanda presentado el diecisiete de junio de la presente anualidad, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Miahuatlán de Porfirio Díaz, exhibidas por la parte quejosa con su demanda de amparo; por tanto, conforme al Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que a tales documentos les reviste el carácter de originales, infórmese a la parte quejosa que puede acudir al presente Juzgado a recuperarlos dentro del plazo de noventa días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en la inteligencia que mientras subsista la contingencia por el virus covid-19, deberá solicitar previamente una cita al Juzgado, apercibida que de no acudir a recogerlos, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. Haciendo de su conocimiento que este Juzgado labora de manera presencial de lunes a viernes en un horario de las siete horas con cuarenta y cinco minutos (07:45) a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos (14:45). NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Del estado de autos se advierte que ya se dictó la interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en consecuencia, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional, y fue negada la suspensión definitiva, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, y con apoyo además en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Téngase a la Secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Del estado de los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que las terceras interesadas Karina Daniela García Jiménez y Alma Jiménez Hernández, no señalaron domicilio para recibir notificaciones; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que fueron conminadas en auto de seis de julio del año en curso, y se ordena que las notificaciones personales que surjan en este asunto, se les realicen por medio de lista de acuerdos que se publica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y en el lugar de fácil acceso que designó la Administración Regional del edificio que ocupa este Órgano Jurisdiccional; lo anterior hasta en tanto subsanen tal omisión. Por otra parte, vista la razón asentada por el actuario adscrito, de la que se advierte no fue posible notificar personalmente a las citadas terceras interesadas la sentencia de treinta de agosto del año en curso; en consecuencia, se ordena notificarles dicha sentencia por medio de lista de acuerdos en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, NOTIFICO A LAS TERCERAS INTERESADAS LA SENTENCIA DICTADA EL 30/08/2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 780/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, Alejandro Bustamante Bustamante, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.G.B.G. (menor de edad de quien se omite su nombre y apellido completo, en atención al Protocolo para Juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al juez Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que más adelante se precisarán; los cuales estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, cuyo titular la admitió por auto de uno de julio de dos mil veintidós, ordenó registrarla en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 780/2022; solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; ordenó emplazar a las terceras interesadas Karina Daniela García Jiménez y Alma Jiménez Hernández, dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo como se encuentra asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57, fracción V (materia administrativa), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados fueron dictados por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador establece que del escrito de demanda, así como de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: La determinación adoptada en la comparecencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el juicio 65/2022, en la parte en que se ordenó la recuperación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., se concedió la guarda y custodia de manera provisional de dicha menor a su progenitora Karina Daniela García Jiménez, y se determinó el resguardo provisional a favor de su abuela materna Alma Jiménez Hernández. Diligencia de recuperación de la menor de iniciales A.G.B.G., desahogada el veintitrés de junio del año en curso. Omisión de fijar un régimen de convivencia entre el quejoso Alejandro Bustamante Bustamante, con la menor de edad de iniciales A.G.B.G. Omisión de tomar las medidas pertinentes para el efecto de que se cumpla con el régimen de convivencia. Se precisa que la omisión de escuchar a la menor de edad, que señala como acto reclamado, a que se refiere en el inciso f del capítulo correspondiente, no corresponde a un acto reclamado, sino un concepto de violación que será analizado con posterioridad. TERCERO. Existencia del acto. La juez Primero Mixto de Miahuatlán, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las copias certificadas de las documentales que anexó a su informe justificado, obtenidas del juicio 65/2022, con pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este órgano jurisdiccional advierte que en cuanto a los actos reclamados consistentes en: 3. La omisión de fijar un régimen de convivencia entre el quejoso Alejandro Bustamante Bustamante, con la menor de edad de iniciales A.G.B.G., así como 4. La omisión de tomar las medidas pertinentes para el efecto de que se cumpla con el régimen de convivencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior, ya que mediante auto dictado el veintidós de julio de dos mil veintidós, en el expediente 65/2022, del índice del Juzgado Primero Mixto de Miahuatlán, Oaxaca, en cumplimiento a la suspensión provisional concedida el quejoso en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio, la juez responsable, determinó lo correspondiente en cuanto a la convivencia de la menor con su padre, además, dictó las medidas necesarias para que dicha convivencia se lleve a cabo, ya que realizó lo siguiente: 1. Determinó la forma en que se llevará a cabo la medida de convivencia supervisada entre la menor y su padre. 2. Ordenó girar oficio al director del DIF Municipal, para que vigile y supervise, con el personal que al efecto asigne, la convivencia ordenada. 3. Ordenó requerir a la abuela materna Alma Jiménez Hernández, para que presente a la menor, en los días indicados, en las oficinas del DIF Municipal. 4. Apercibió al director del DIF Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a la abuela materna Alma Jiménez Hernández, así como al quejoso, que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado se les impondrá una multa. En efecto, la parte del auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, en que se determinó lo anterior, dice: "MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA; VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VIENTIDÓS. . Atendiendo a la orden de protección también dictada en este expediente, y a la suspensión provisional decretada por la autoridad federal, privilegiando en todo momento la seguridad física y emocional de la niña citada, esta autoridad dicta COMO MEDIDA LA CONVIVENCIA SUPERVISADA, que será realizada ante LA DIRECCIÓN DEL DIF, Municipal de este Distrito Judicial, CONVIVENCIA de la menor A.G.B.G. con su progenitor ALEJANDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, dos días a la semana el jueves y sábado de cada semana, el día jueves de doce a trece horas y el día sábado de once a doce horas, debiendo llevarse a cabo tal convivencia en las instalaciones que ocupa el DIF MUNICIPAL en este distrito judicial que es el ubicado en calle dos de abril sin número, Palacio Municipal colonia centro, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, debiendo llevarla a dichas instalaciones en el horario señalado la abuela materna ALMA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ Y TERMINADA DICHA CONVIVENCIA deberá retornarla nuevamente a su domicilio. Mediante oficio hágase saber al Director del DIF MUNICIPAL que deberá de ordenar a quien corresponda vigile y supervise con el correspondiente personal asignado a la convivencia ordenada e informe semanalmente a esta autoridad el desarrollo de la misma, ya que en este expediente se decretó una orden de protección a favor de la citada niña y su progenitora, en el que se terminó que el demandado Alejandro Bustamante Bustamante se abstenga de agredir física y emocionalmente a KARINA DANIELA GARCÍA y a su hija AGBG, de acercarse a su domicilio o a cualquiera otro lugar que frecuente la progenitora con su hija, así mismo como a intimidarlas o molestarlas, en el entendido que dicha medida de protección es de plazo indefinido hasta en tanto existan copias certificadas de la resolución que determine el cese de violencia familiar, atendiendo a la Ley General de Víctimas y diversos estándares internacionales, cuidando sobre todo que en dicha convivencia familiar se lleve conforme a lo determinado en dicha orden de protección y en caso de que la niña se niegue a convivir no sea obligada por persona alguna, atendiendo precisamente a su interés superior del niño y actualmente como sujeto de derecho. Se ordena al ejecutor que requiera a la ciudadana ALMA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, para que lleve a la niña de iniciales A.G.B.G. a la convivencia ordenada en las oficinas del DIF precisado los días indicados en líneas precedentes. Notifíquese al ciudadano ALEJANDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE en el domicilio procesal señalo (sic) en la demanda de amparo, lo determinado en este proveído, y lo cite para que comparezca a la convivencia ordenada en el día y hora precisados, atendiendo a la orden de protección decretada en este expediente, esto es, no deberá intimidar o molestar a dicha niña durante la convivencia, y que no podrá obligarse a la niña a dicha convivencia, advirtiéndose del sistema de procedimientos civiles que se lleva en este Juzgado, que el abogado que autoriza en tal amparo, en esta Primera Instancia tiene señalado correo electrónico, se ordena notificarle en el mismo. Se ordena apercibir al Director del Dif, a los Ciudadanos ALMA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ y ALEJANDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de veinticinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) equivalente a la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79, fracción I, 127, 285 y 978 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario Mínimo, cuyo valor diario en moneda nacional (equivalente a $89.62) en términos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de medida y Actualización." De ahí que, al haberse dictado el auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, lo que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de junio de dos mil veintidós); conduce a establecer, cesaron los efectos del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, al haber cesados los efectos de los actos reclamados, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, en términos del diverso artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. QUINTO. Estudio. En este resultando se realizará el estudio de los actos reclamados, consistentes en la determinación adoptada en la comparecencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el juicio 65/2022, en la parte en que se ordenó la recuperación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., se concedió la guarda y custodia de manera provisional de dicha menor a su progenitora Karina Daniela García Jiménez, y se determinó el resguardo provisional a favor de su abuela materna Alma Jiménez Hernández; así como la diligencia de recuperación de la menor. La parte quejosa, en esencia hace valer los siguientes conceptos de violación: * La determinación adoptada en el juicio 65/2022, por la juez Primero Mixto de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, violenta el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica que consagra el artículo 16 de la Constitución Federal, pues no estableció los fundamentos y motivos por los cuales determinó ordenar la recuperación, entrega y resguardo de su menor hija a favor de su abuela materna y la guarda y custodia a favor de su progenitora. * Se violenta el derecho de su menor hija al haberse otorgado la guarda y custodia y el resguardo de forma provisional a favor de las terceras interesadas, ordenando su recuperación, pues se le privó del derecho de convivir con su progenitor, dado que se omitió establecer un régimen de convivencia de esa menor con el quejoso, sin tomar en cuenta el interés superior del menor. * La responsable no ordenó la escucha de la menor, para atender el escenario más benéfico para el otorgamiento de la guarda y custodia provisional y resguardo provisional; además, previo a determinar la escucha, debió cerciorarse del grado de madurez de la niña para determinar si es factible o no escucharla, y de ser así recabar pruebas de su entorno social, familiar con el fin de conocer la vida de las menores de edad y el grado de afectación que le causaría ante la eventual privación de la guarda y custodia que venía ejerciendo, además de que debe garantizar que la escucha del menor se lleve a cabo con un psicólogo especialista en temas de la niñez y una persona de confianza de la menor de edad que le ayude a emitir una opinión de forma libre, espontánea y confiable, y así decretar una guarda y custodia de forma provisional que no atente el interés superior del menor. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. A efecto de realizar el análisis correspondiente, es necesario precisar los antecedentes de los actos reclamados, que derivan del expediente 65/2022, al que se le concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de donde se advierte: 1.- Karina Daniela García Jiménez, por su propio derecho, mediante comparecencia que realizó el veintidós de junio de dos mil veintidós, ante la juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, solicitó la recuperación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., quien cuenta con la edad de cuatro años, expresando en lo conducente lo siguientes hechos: ". Ahora bien, en uso de la voz que le es concedida a la compareciente dijo: Que acudo ante esta autoridad para solicitar la recuperación inmediata de mi hija A.G.B.G, quien cuenta con la edad de cuatro años, ya que quiero manifestar que a la edad de los trece años me junté con el señor Alejandro Bustamante Bustamante, quien me obligó desde esa edad a drogarme y alcoholizarme, porque él desde años atrás así lo hacía, de quien me separé por los motivos de que sufría violencia su lado, pues me golpeaba y me decía palabras hirientes que era una puta y me decía Chila, que es una señora que trabaja en un bar y me decía que era una pendeja, al igual que su familia, mi cuñado y mi cuñada que vive en México, siempre me decían cosas hirientes, además mi ex pareja papá de mi hija, me golpeo en varias ocasiones en mis brazos y piernas, hasta intentó golpearme con un machete y me pateo en la cadera que hasta me tiró en el suelo, me jalaba mucho de los cabellos, y las orejas, y me ponía a traer leña muy pesada con el mecapal para la cocina, porque si no iba se enojaba conmigo, me golpeaba y no me hablaba, y su mamá también me decía que era un pinche puta y que mi hija no era hija de él, también esa señor una vez me pegó con una vara de yigalá en la espalda, me quitó de cocinar en su cocina y tuve que poner unas piedras para poder cocinar algo en un plato de peltre viejito que encontré tirado y darle de comer a mi hija, me negaba todo alimento a pesar de que yo trabajaba sembrando en el terreno de ellos, me decía que yo no valía nada y que yo no merecía a su hijo porque se lo robé y también un día me corrió de su casa y me tuve que ir a vivir a Miahuatlán con mi hija y me buscó y me encontró el papá de mi hija y me tuve que regresar con él a su casa, porque me convenció, sin que cambiara la violencia tiempo después, por estos motivos es que me separé del papá de mi hija, porque sufrí mucha violencia a su lado y al lado de su familia. Tuve a mi hija a los quince años, y seguí sufriendo también carencias económicas a su lado, ya que no le compraba nada a mi hija y a mi tampoco, ya que no teníamos ni para comer en su casa, por eso decidí separarme de él y me fui a vivir con mi hija a la casa de mis padres; con fecha tres de junio del presente año, me fui a la Ciudad de Oaxaca a realizarme unos estudios ya que padezco cirrosis hepática, y fue que dejé a mi niña al cuidado de mi madre, sin embargo, me llamó mi señora madre, para decirme que acudió Alejandro Bustamante Bustamante a la casa de mis papá y se llevó a mi niña sin mi consentimiento, y es por eso que desde esa fecha ya no veo a mi hija, por eso, solicito la pronta recuperación de mi hija, ya que el papá de mi hija, hasta estos últimos días se sigue drogando y alcoholizando incluyo delante de mi papá se siguió drogando con cocaína y cristal, que es todo que quiero manifestar." 2.- Con motivo de las manifestaciones realizadas por la promovente, la responsable proveyó lo siguiente: "Medida urgente solicitada. Ahora bien, en cuanto a la medida provisional que solicita la compareciente, respecto a la recuperación inmediata de su hija de identidad reservada y de iniciales K.D.G.J. (sic), y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 962 y 963 del código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, que facultan a ésta autoridad para actuar oficiosamente en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de infantes, debido a que todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad, por lo tanto, como en el presente expediente se encuentra involucrado una niña, con fundamento en el artículo 4º, de la Constitución General, y en los artículos, 1, 3, párrafo segundo inciso a), 4, y 6, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y de acuerdo a lo estipulado en los numerales 1, 3, 9, 19 y 27, de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en forma preponderante constriñen a los tribunales judiciales a velar por el interés superior del niño el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de tal manera que, en primer término, se busque el beneficio del niño o niña a quien van dirigidas; es por ello y atendiendo al INTERÉS SUPERIOR de la infante, visto lo manifestado por la compareciente como lo solicita, por tratarse de un caso urgente se requiere a la actora para que comparezca a las OCHO HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que el personal actuante se constituya en compañía de la compareciente, de la Agente del Ministerio Público y el Defensor de Oficio adscrito a este Juzgado, en el domicilio señalado en el ocurso y se proceda a la recuperación de la infante de referencia. En consecuencia, conforme a lo manifestado por la actora, se ordena se remita oficio al SÍNDICO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MIAHUATLÁN, OAXACA, para que designe elementos de la Policía Municipal a su mando y una vez que constituido el personal actuante en ese Municipio a las OCHO HORAS DEL DÍA VENTITRÉS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que en compañía del personal actuante, se trasladen y constituyan hasta el domicilio conocido en el Cerrito de Tamazulapan, Miahuatlan, Oaxaca, donde se llevará a cabo la recuperación de la infante que se solicita, a efecto de que brinden protección en todo momento al personal actuante y mantengan el orden en la diligencia ordenada. . A continuación, en cuanto al resguardo provisional de la GUARDA Y CUSTODIA que solicita la compareciente, se provee: Acto seguido, tomando en consideración el estado de salud que refiere padecer la actora KARINA DANIELA GARCÍA JIMÉNEZ, y para efectos de que pueda atenderse médicamente, pues refiere que actualmente ella se encuentra desintoxicada del alcoholismo y ha acudido a oficinas del DIF para no reincidir en el alcoholismo, quienes para apoyarla integralmente la canalizaron ante este Juzgado, por tanto viendo que actualmente ella cuenta con el apoyo de sus progenitores y refiere que el progenitor de su hija sigue con esas adicciones, y como lo solicita se le concede la guarda y custodia provisional de su hija a favor de su progenitora, se procede a pasar a esta sala de audiencias a ALMA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, quien en este acto se identifica con su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector JMHRAL87011020M300, misma que coincide con los rasgos fisonómicos de quien la presenta, la cual se tiene a la vista y le es devuelta por ser de uso personal, agregando copia debidamente certificada de la misma a los autos, para que obre como corresponda. Quien previa protesta de ley, dijo: Llamarse ALMA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, ser originaria y vecina del Cerrito de Tamazulapan, Miahuatlán, Oaxaca, con domicilio bien conocido en dicho lugar, de estado civil soltera (unión libre), de treinta (30) años de edad, de ocupación labores del hogar. Por lo que tomando en consideración del Principio del Interés Superior de la Niñez y la obligación que tiene esta Juzgadora de velar siempre y en todo momento por los derechos fundamentales de la niña A.G.B.G. se concede la Guarda y Custodia de manera provisional de su menor hija de identidad reservada y de iniciales A.G.B.G., a la progenitora de KARINA DANIELA GARCÍA JIMÉNEZ, quien una vez que esté bajo atención médica estará la niña de identidad reservada y de iniciales A.G.B.G. bajo el resguardo provisional de la abuela materna ALMA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, medida que estará subsistente hasta en tanto se decida sobre la Guarda y Custodia definitiva de la citada infante o sobrevengan circunstancias que hagan necesaria la modificación de la misma, a lo cual manifiesta la abuela materna que está de acuerdo en que se le conceda el reguardo de manera provisional de su nieta, con quien habitará en su domicilio particular que indica en sus datos generales. ." 3. En cumplimiento a lo anterior, el veintitrés de junio de dos mi veintidós, se llevó a cabo la diligencia de recuperación de la niña de iniciales A.G.B.G, que en la parte de interés, dice: ".solicitando en este acto al entrega voluntaria de la niña de iniciales A.G.B.G. de identidad reservada, a lo que responde; es la ladre del demandado Alejandro Bustamante Bustamante, y refiere que el ya no vive ahí y al preguntarle por la niña de identidad reservada de iniciales A.G.B.G., responde que tampoco está en esos momento, porque se fue con su papá que no sabe a dónde, negándose en un principio a proporcionarnos la dirección de su hija que ella no quiere tener ningún problema con él y que no quiere recibir ningún papa (sic), y la cuñada de la actora de nombre FELIPA BUSTAMANTE BUSTAMANTE QUE SE ENCONTRABA también ahí presente, llorando le mencionó a la actora que el papá de su hija citada vive ahora en la casa de su hermana de nombre RUFINA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, pero le suplica que su cuñada la actora que ella no quiere que por favor no le hagan nada a Alejandro el papá de la niña y que es mejor que ella se lleve a su hija porque él está tomando mucho, lo cual motivó que el personal actuante a petición de la parte actora proceda a dirigirse a la casa de la señora Rufina Bustamante Bustamante, regresando por el mismo camino de terracería por un espacio de tres minutos y doblando por un camino de terracería sin nombre que conduce al domicilio de Rufina Bustamante Bustamante y para constancia se describe el domicilio, mismo que se ubica aproximadamente a treinta metros del camino de terracería, del que se hace constar las características: Casa que consta de un cuarto de tabique sin repellar, con techo de láminas, y dos habitaciones más de láminas que aparentemente se usa como cocina, con patio de tierra, sin delimitación alguna, haciéndose constar que sale al llamado del personal actuante una persona del sexo femenino, con quien en el acto nos identificamos como personal actuante del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, como en efecto la acreditamos con nuestros gafetes expedidos por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, haciéndole saber en este momento el motivo de nuestra visita, y que estamos en busca del señor Alejandro Bustamante Bustamante porque nos informaron que ahí vive y nos manifestó que ahí vive pero que no está porque fue a trabajar, que si lo queríamos esperar regresaba por la tarde, y se le requirió la presencia física de la niña citada, quien lloró y empezó a gritar al escuchar la voz de la mamá que la llamaba, y jaloneándose de la persona que la traía cargada y s ele manifestó a la persona con la que se entendía la diligencia, el motivo de la misma que es la recuperación de la niña y emplazar al demandado del juicio seguido en su contra, solicitándole en este acto la entrega voluntaria de la infante A.G.B.G, y responde que en esos momentos no se encuentra su hermano Alejandro Bustamante Bustamante y que ella la tiene bajo su cuidado mientras su hermano sale a trabajar, quien responde al nombre de Rufina Bustamante Bustamante, mostrando una actitud de molestia y respondiendo en voz alta que esperemos a su hermano, después intervino el señor Fausto Ruiz diciéndole que mejor entregara a la niña a su mamá, pues no se meterían en problemas por Alejandro porque él les había dicho que ya se encontraba con él por una autorización del DIF, sin que se exhibiera documento alguno de su parte, y toda vez que en el patio de esa casa la niña continuaba llorando queriendo abrazar a su mamá pues le extendía sus bracitos abrazada a la fuerza por la señor Carmen Bustamante, y viendo que la niña no paraba de llorar y de pedir que la dejaran ir con su mamá KARINA DANIELA GARCÍA JIMÉNEZ, el señor Fausto, la señora Rufina, manifestaron de viva voz que estaba bien que no podían ver sufrir a la niña ni que llorara que ella no tenía culpa de nada y que la actora pasara a tomar a su hija y que la hacía responsable si a la niña le pasaba algo en su persona, y ante la exhortación de esta autoridad hace la entrega de la niña citada, manifestándole a la actora: "Cuidado y le haces algo a mi hermano, cuidadito; recibo estos papeles que me dan pero no firmo, él que lo vea con su abogado, pero él no tiene tiempo de ir al juzgado porque está trabajando y sale tarde del trabajo"." En primer orden, conviene tener presente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, párrafo octavo, reconoce el principio denominado interés superior del menor, que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas hacia los niños o adolescentes, por lo que el Estado, debe velar y cumplir con dicha prerrogativa constitucional en todas las decisiones que tome, garantizando de manera plena los derechos de los menores de edad. Al respecto el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "[.] Artículo 4°. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. [.]" Dentro del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el interés superior del menor tiene fundamento en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prevén lo siguiente: "Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social." "Artículo 24 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad." "Artículo 10 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil." Por su parte, dentro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el interés superior del menor encuentra lugar en los artículos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [Pacto de San José]; 15 y 16 de Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [Protocolo de San Salvador], que prevén lo siguiente: "Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado." "Artículo 15 Derecho a la constitución y protección de la familia. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material. 2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna. 3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a: a. Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto; b. Garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar; c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad. "Artículo 16 Derecho de la niñez. Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo." De manera especializada, dentro del propio Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el interés superior del menor se encuentra previsto en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que refiere lo siguiente: "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." En suma, podemos destacar que el principio del interés superior del menor, funge como un parámetro rector que tiene una funcionalidad protectora de la dignidad de los infantes, el cual se encuentra reconocido a nivel constitucional y convencional, y que a su vez puede fungir de manera multidimensional como un derecho sustantivo, un principio interpretativo, o una norma de procedimiento; en donde además, al ser un concepto indeterminado, a fin de dotarlo de contenido, es necesario analizar de manera reforzada las características que particularizan cada caso en concreto, a efecto de velar en todo momento por el bienestar de los niños. Como apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la página 401 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos." Así como la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página 334, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño"." Ahora bien, toda vez que en el asunto que nos ocupa, el acto reclamado se encuentra relacionado con la guarda y custodia provisional de la menor A.G.B.G., se estima necesario abordar el contenido y alcance que tiene dicha figura frente al principio del interés superior del menor, ya analizado. La institución jurídica de la guarda y custodia, se encuentra contenida en los artículos 427 y 436 del Código Civil para el Estado de Oaxaca; 125, 268, 269, 270 y 272 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca; 962 y 963 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Oaxaca, que establecen lo siguiente: "Artículo 427. La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores a las modalidades que le impriman las leyes aplicables al caso." "Artículo 436. A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad incumbe la obligación de educarlo convenientemente. Cuando llegue a conocimiento de cualquier autoridad administrativa o del juez que aquellas personas que teniendo la patria potestad, la guarda o custodia del menor, no cumplen con las obligaciones que les corresponden, o ejerzan violencia familiar contra él, lo harán saber al Ministerio Público quien promoverá lo que corresponda, y el juez de inmediato decretará las medidas de protección para aquél." "Artículo 125. [.] El otorgamiento de la guarda y custodia de las niñas, niños o adolescentes no estará sustentado en prejuicios de género, por lo cual deberá atenderse al interés superior de la niñez. [.] "Artículo 268. Si el padre y la madre se separan o viven separados decidirán, de común acuerdo, quién atenderá la guarda y la custodia de los hijos. En caso de desacuerdo, o de advertirlo necesario, el Juez, con base en el interés superior de la niñez, a la opinión del Ministerio Público, y al resultado de las pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar que oficiosamente habrán de practicárseles a los progenitores, a sus parejas con las que éstos cohabiten y de la demás pruebas que estimen pertinentes, resolverá lo conducente a la designación de la persona que deba tener la guarda y la custodia del menor, teniendo como objetivo primordial, el cuidar, educar y respetar al niño, niña o adolescente, sin infringir actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica. Los hijos habitarán en el domicilio del ascendiente al que se encargue la custodia. El otro progenitor estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de visita y convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial. En todos los asuntos del orden familiar, los jueces y tribunales estarán facultados para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar el interés superior de la niñez, otorgando al ministerio público la intervención que corresponda. "Artículo 269. Quien ejerza la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente debe procurar el respeto de los menores para ambos ascendientes; en consecuencia, cada uno de los ascendientes o progenitor deberá evitar cualquier acto encaminado a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro ascendiente o progenitor. "Artículo 270. [.] Si en la escucha, la niña, niño o adolescente manifestaré la negativa de convivir con uno de sus progenitores, el órgano jurisdiccional suspenderá provisionalmente la convivencia y ordenará las medidas y el desahogo de pruebas que considere necesarias para asegurar la estabilidad y desarrollo integral del mismo, levantando dicha medida una vez asegurado que no exista una situación de riesgo o las condiciones sean favorables para la convivencia." "Artículo 272. A fin de llamar al ejercicio de la patria potestad a las personas a que se refiere el artículo 267 de este Código, el Juez deberá evaluar las circunstancias concretas y decidir en función de lo que sea más conveniente para el menor de que se trate, atendiendo, tanto los aspectos afectivos, como los económicos. En todo caso se privilegiarán los primeros sobre los segundos y se oirá al menor." "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. [.] "Artículo 963. El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio y para suplir la deficiencia de la queja, en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. [.]" De las anteriores transcripciones tenemos que la institución jurídica relativa a la guarda y custodia de los menores de edad es una figura derivada de la diversa institución de la patria potestad, la cual se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos, y de la que derivan derechos y obligaciones, que operan en torno interés superior del menor. Así, cuando se advierta alguna vulneración respecto del bienestar y cuidado de los menores, ya que con motivo de una acción directa de quien ejercer la patria potestad o por su omisión, el juzgador familiar tiene la ineludible obligación de actuar de manera oficiosa para analizar y en su caso emitir las medidas urgentes y necesarias a fin de modificar las condiciones en las que se ejercer la guarda y custodia de los infantes. En el caso en concreto, la autoridad responsable en determinación adoptada en la comparecencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el juicio 65/2022, ordenó la recuperación de la menor de iniciales A.G.B.G., quien se encontraba viviendo con el aquí quejoso Alejandro Bustamante Bustamante, concedió la guarda y custodia de manera provisional de dicha menor a su progenitora Karina Daniela García Jiménez, y se determinó el resguardo provisional a favor de su abuela materna Alma Jiménez Hernández, una vez que esté bajo atención médica. Determinación que se estima correcta, ya que la juez responsable, determinó lo anterior atendiendo a las manifestaciones realizadas por la quejosa, sobre todo para proteger la integridad de la menor de edad, y por tratarse de un caso urgente. En efecto, las manifestaciones que realizó la madre de la infante, y que tomó en consideración la juez responsable para ordenar la recuperación de la menor A.G.B.G, son las siguientes: 1. La infante de iniciales A.G.B.G., cuenta con la edad de cuatro años, quien es hija de Alejandro Bustamante Bustamante y Karina Daniela García Jiménez. 2. A la edad de trece años se juntó con Alejandro Bustamante Bustamante, quien la obligó a drogarse y alcoholizarse, ya que él lo hacía desde años atrás. 3. Se separó porque sufría violencia, ya que la golpeaba y le decía palabras hirientes. 4. Que tuvo a su hija a los quince años, y sufrió carencias económicas a su lado. 5. Se separó del padre de sus hijos y se fue a vivir con su hija a la casa de sus padres. 6. Padece cirrosis hepática. 7. Que el tres de junio de dos mil veintidós acudió a la ciudad de Oaxaca a realizarse unos estudios, ya que padece cirrosis hepática, y dejó a su hija al cuidado de su madre, quien le llamó para decirle que Alejandro Bustamante Bustamante, acudió al a casa de sus papás, se llevó a su niña sin su consentimiento, y desde esa fecha no ve a su hija. 8. Que el padre de la menor se sigue drogando con cocaína y cristal. Por lo que, para otorgar la guarda y custodia de manera provisional a su progenitora Karina Daniela García Jiménez, y el resguardo provisional a favor de la abuela materna Alma Jiménez Hernández, la juez ponderó que la actora Karina Daniela García Jiménez, y madre de la menor, relató que se encuentra desintoxicada de alcoholismo, que padece cirrosis, que ha acudido a las oficinas del DIF para no reincidir, y que cuenta con el apoyo de sus progenitores; además de haber informado que el padre de la menor la obligó a drogarse y alcoholizarse, que sufrió violencia física y moral, y que continúa con adiciones, pues se droga con cocaína y cristal; y en cuanto al resguardo provisional, la juez responsable se la concedió a la abuela materna, únicamente mientras la madre recibe atención médica, porque padece cirrosis (lo que se considera acertado, pues durante ese lapso de tiempo la madre de la infante se encuentre imposibilitada para hacerse cargo de ella). Asimismo, precisó que dicha medida subsistirá hasta en tanto se decida sobre la guarda y custodia definitiva de la infante o sobrevengan circunstancias que hagan necesaria la modificación de la misma. Lo que como se dijo, fue correcto, ya que la responsable, luego de escuchar el relato realizado por la madre de la menor, por tratarse de una cuestión urgente, conforme a lo dispuesto por el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, se encontraba obligada a tomar las medidas necesarias para proteger la integridad de la menor afectada, desde el momento en que se realizó el pedimento, y sin dilación alguna. Tampoco se deja en estado de indefensión al quejoso, porque se trata de una medida cautelar, de carácter provisional, que se encuentra sujeta al resultado del fallo en el juicio de origen, en que el afectado podrá ofrecer medios de prueba, con los que podría obtener que se le otorgue la guarda y custodia definitiva. Lo anterior tampoco lesiona algún derecho de la menor de edad de convivir con su progenitor, ya que en cumplimiento a la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio, en proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 65/2022, determinó como medida la convivencia supervisada que se realizará en la Dirección del DIF Municipal del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, entre la menor A.G.B.G. con su progenitor Alejandro Bustamante Bustamante, los días jueves (doce a trece horas) y sábados (once a doce horas) de cada semana; y dictó las medidas necesarias para que dicha convivencia se lleve a cabo. Además, la responsable al emitir la determinación reclamada en este juicio, cumplió con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su primer párrafo establece, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. La citada garantía de legalidad obliga a todas las autoridades a fundar y motivar sus determinaciones, pues es la única forma que tiene el gobernado para conocer las causas que las originan, para en su caso, combatirlas; es decir, las responsables tienen la obligación de citar con precisión el señalamiento exacto de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, y citar el precepto legal aplicable al caso, para ello se requiere que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Por lo que contrario a lo que sostiene el quejoso, la responsable cumplió con dicho deber, pues expuso los motivos que tuvo para emisión del acto, e invocó los preceptos aplicables al supuesto en estudio, como son: 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, párrafo segundo, inciso a), 4 y 6 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 1, 3, 9, 19 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; e invocó el criterio de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD, EL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN III, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL EL ESTADO D EMÉXICO, INTERPRETADO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES CONSTITUCIONAL." En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia I.3o.C. J/47, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, consultable en la página 1964 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Por otra parte, en contra de lo que asegura el promovente, tampoco se privó a la menor de convivir con su progenitor, ya que la responsable en cumplimiento a la suspensión provisional concedida en este juicio, por acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 65/2022, determinó como medida la convivencia supervisada que se realizará en la Dirección del DIF Municipal del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, entre la menor A.G.B.G. con su progenitor Alejandro Bustamante Bustamante, los días jueves (doce a trece horas) y sábados (once a doce horas) de cada semana; y dictó las medidas necesarias para que dicha convivencia se lleve a cabo. Además, opuesto a lo que refiere el quejoso, por tratarse de una medida precautoria de carácter urgente, la responsable, previo a la determinación relacionada con la guarda y custodia provisional, resguardo provisional, así como orden de recuperación de la menor, no se encontraba obligada a escuchar a la infante, ya que conforme a lo previsto por el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en los problemas inherentes a la familia considerados de orden público, el juez se encuentra obligado a tomar las medidas urgentes que sean necesarias para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 28/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 138 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, que dice: "MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítulo de las providencias precautorias, establece expresamente que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Asimismo, establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia 21/98, que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Luego, si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante el Juez competente providencias precautorias a efecto de obtener la guarda y custodia de menores de edad, resulta incuestionable que para decretar la medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audiencia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstante lo anterior, como uno de los requisitos para decretar la medida cautelar es que esté justificada la necesidad de la misma, el Juez atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrá determinar en qué caso la audiencia que se dé en su favor debe ser previa y cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escucharlo con posterioridad." Así como la jurisprudencia P./J. 21/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que aparece en la página 18 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Marzo de 1998, de rubro y texto: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Y aun cuanto el quejoso ofreció como medios de prueba copia certificada del acta de nacimiento de la menor, y el acuse de recibo de la demanda que presentó el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en que solicitó se le otorgara la guarda y custodia provisional de su menor hija; sin embargo, dichos medios de prueba no son los idóneos para comprobar que la determinación adoptada por la responsable, es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso o de la menor, ya que solamente acreditan la existencia del acta de nacimiento de la infante, y de la demanda en que el ahora quejoso solicitó se le concediera su guarda y custodia provisional. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, y no existiendo suplencia de la queja deficiente que hacer valer, lo procedente es NEGAR a Alejandro Bustamante Bustamante, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., el amparo y protección que de la Justicia Federal que solicita contra la determinación adoptada en la comparecencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el juicio 65/2022, en la parte en que se ordenó la recuperación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., se concedió la guarda y custodia de manera provisional de dicha menor a su progenitora Karina Daniela García Jiménez, y el resguardo provisional a favor de su abuela materna Alma Jiménez Hernández. Negativa que se hace extensiva a la diligencia de recuperación de la menor de iniciales A.G.B.G, que se llevó a cabo el veintitrés de junio del año en curso, por tratarse de una consecuencia de la determinación adoptada en la comparecencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, y no haberse reclamado por vicios propios. Resta únicamente agregar que las tesis y jurisprudencias que se invocan en este apartado, no obstante haberse integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, continúan siendo aplicables, en virtud de que sus contenidos no se oponen a la actual Ley de Amparo, como lo establece su artículo sexto transitorio. SEXTO. Autorización mediante Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente determinación se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 122 y 124 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 780/2022, promovido por Alejandro Bustamante Bustamante, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alejandro Bustamante Bustamante, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., contra los actos reclamados consistentes en la determinación adoptada en la comparecencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el juicio 65/2022, en la parte en que se ordenó la recuperación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., se concedió la guarda y custodia de manera provisional de dicha menor a su progenitora Karina Daniela García Jiménez, y el resguardo provisional a favor de su abuela materna Alma Jiménez Hernández; así como la diligencia de recuperación del a menor de iniciales A.G.B.G, que se llevó a cabo el veintitrés de junio del año en curso, en términos del último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 780/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, Alejandro Bustamante Bustamante, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.G.B.G. (menor de edad de quien se omite su nombre y apellido completo, en atención al Protocolo para Juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al juez Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que más adelante se precisarán; los cuales estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. A este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por razón de turno le correspondió conocer de la referida demanda, cuyo titular la admitió por auto de uno de julio de dos mil veintidós, ordenó registrarla en el libro de gobierno con el número de juicio de amparo 780/2022; solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; ordenó emplazar a las terceras interesadas Karina Daniela García Jiménez y Alma Jiménez Hernández, dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo como se encuentra asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57, fracción V (materia administrativa), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que los actos reclamados fueron dictados por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador establece que del escrito de demanda, así como de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable, lo siguiente: La determinación adoptada en la comparecencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el juicio 65/2022, en la parte en que se ordenó la recuperación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., se concedió la guarda y custodia de manera provisional de dicha menor a su progenitora Karina Daniela García Jiménez, y se determinó el resguardo provisional a favor de su abuela materna Alma Jiménez Hernández. Diligencia de recuperación de la menor de iniciales A.G.B.G., desahogada el veintitrés de junio del año en curso. Omisión de fijar un régimen de convivencia entre el quejoso Alejandro Bustamante Bustamante, con la menor de edad de iniciales A.G.B.G. Omisión de tomar las medidas pertinentes para el efecto de que se cumpla con el régimen de convivencia. Se precisa que la omisión de escuchar a la menor de edad, que señala como acto reclamado, a que se refiere en el inciso f del capítulo correspondiente, no corresponde a un acto reclamado, sino un concepto de violación que será analizado con posterioridad. TERCERO. Existencia del acto. La juez Primero Mixto de Miahuatlán, Oaxaca, al rendir su informe justificado convino en la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con las copias certificadas de las documentales que anexó a su informe justificado, obtenidas del juicio 65/2022, con pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Este órgano jurisdiccional advierte que en cuanto a los actos reclamados consistentes en: 3. La omisión de fijar un régimen de convivencia entre el quejoso Alejandro Bustamante Bustamante, con la menor de edad de iniciales A.G.B.G., así como 4. La omisión de tomar las medidas pertinentes para el efecto de que se cumpla con el régimen de convivencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Lo anterior, ya que mediante auto dictado el veintidós de julio de dos mil veintidós, en el expediente 65/2022, del índice del Juzgado Primero Mixto de Miahuatlán, Oaxaca, en cumplimiento a la suspensión provisional concedida el quejoso en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio, la juez responsable, determinó lo correspondiente en cuanto a la convivencia de la menor con su padre, además, dictó las medidas necesarias para que dicha convivencia se lleve a cabo, ya que realizó lo siguiente: 1. Determinó la forma en que se llevará a cabo la medida de convivencia supervisada entre la menor y su padre. 2. Ordenó girar oficio al director del DIF Municipal, para que vigile y supervise, con el personal que al efecto asigne, la convivencia ordenada. 3. Ordenó requerir a la abuela materna Alma Jiménez Hernández, para que presente a la menor, en los días indicados, en las oficinas del DIF Municipal. 4. Apercibió al director del DIF Municipal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a la abuela materna Alma Jiménez Hernández, así como al quejoso, que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado se les impondrá una multa. En efecto, la parte del auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, en que se determinó lo anterior, dice: "MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA; VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VIENTIDÓS. . Atendiendo a la orden de protección también dictada en este expediente, y a la suspensión provisional decretada por la autoridad federal, privilegiando en todo momento la seguridad física y emocional de la niña citada, esta autoridad dicta COMO MEDIDA LA CONVIVENCIA SUPERVISADA, que será realizada ante LA DIRECCIÓN DEL DIF, Municipal de este Distrito Judicial, CONVIVENCIA de la menor A.G.B.G. con su progenitor ALEJANDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, dos días a la semana el jueves y sábado de cada semana, el día jueves de doce a trece horas y el día sábado de once a doce horas, debiendo llevarse a cabo tal convivencia en las instalaciones que ocupa el DIF MUNICIPAL en este distrito judicial que es el ubicado en calle dos de abril sin número, Palacio Municipal colonia centro, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, debiendo llevarla a dichas instalaciones en el horario señalado la abuela materna ALMA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ Y TERMINADA DICHA CONVIVENCIA deberá retornarla nuevamente a su domicilio. Mediante oficio hágase saber al Director del DIF MUNICIPAL que deberá de ordenar a quien corresponda vigile y supervise con el correspondiente personal asignado a la convivencia ordenada e informe semanalmente a esta autoridad el desarrollo de la misma, ya que en este expediente se decretó una orden de protección a favor de la citada niña y su progenitora, en el que se terminó que el demandado Alejandro Bustamante Bustamante se abstenga de agredir física y emocionalmente a KARINA DANIELA GARCÍA y a su hija AGBG, de acercarse a su domicilio o a cualquiera otro lugar que frecuente la progenitora con su hija, así mismo como a intimidarlas o molestarlas, en el entendido que dicha medida de protección es de plazo indefinido hasta en tanto existan copias certificadas de la resolución que determine el cese de violencia familiar, atendiendo a la Ley General de Víctimas y diversos estándares internacionales, cuidando sobre todo que en dicha convivencia familiar se lleve conforme a lo determinado en dicha orden de protección y en caso de que la niña se niegue a convivir no sea obligada por persona alguna, atendiendo precisamente a su interés superior del niño y actualmente como sujeto de derecho. Se ordena al ejecutor que requiera a la ciudadana ALMA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, para que lleve a la niña de iniciales A.G.B.G. a la convivencia ordenada en las oficinas del DIF precisado los días indicados en líneas precedentes. Notifíquese al ciudadano ALEJANDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE en el domicilio procesal señalo (sic) en la demanda de amparo, lo determinado en este proveído, y lo cite para que comparezca a la convivencia ordenada en el día y hora precisados, atendiendo a la orden de protección decretada en este expediente, esto es, no deberá intimidar o molestar a dicha niña durante la convivencia, y que no podrá obligarse a la niña a dicha convivencia, advirtiéndose del sistema de procedimientos civiles que se lleva en este Juzgado, que el abogado que autoriza en tal amparo, en esta Primera Instancia tiene señalado correo electrónico, se ordena notificarle en el mismo. Se ordena apercibir al Director del Dif, a los Ciudadanos ALMA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ y ALEJANDRO BUSTAMANTE BUSTAMANTE que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de veinticinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) equivalente a la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79, fracción I, 127, 285 y 978 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario Mínimo, cuyo valor diario en moneda nacional (equivalente a $89.62) en términos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de medida y Actualización." De ahí que, al haberse dictado el auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, lo que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de junio de dos mil veintidós); conduce a establecer, cesaron los efectos del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En esas condiciones, al haber cesados los efectos de los actos reclamados, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías, en términos del diverso artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. QUINTO. Estudio. En este resultando se realizará el estudio de los actos reclamados, consistentes en la determinación adoptada en la comparecencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el juicio 65/2022, en la parte en que se ordenó la recuperación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., se concedió la guarda y custodia de manera provisional de dicha menor a su progenitora Karina Daniela García Jiménez, y se determinó el resguardo provisional a favor de su abuela materna Alma Jiménez Hernández; así como la diligencia de recuperación de la menor. La parte quejosa, en esencia hace valer los siguientes conceptos de violación: * La determinación adoptada en el juicio 65/2022, por la juez Primero Mixto de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, violenta el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica que consagra el artículo 16 de la Constitución Federal, pues no estableció los fundamentos y motivos por los cuales determinó ordenar la recuperación, entrega y resguardo de su menor hija a favor de su abuela materna y la guarda y custodia a favor de su progenitora. * Se violenta el derecho de su menor hija al haberse otorgado la guarda y custodia y el resguardo de forma provisional a favor de las terceras interesadas, ordenando su recuperación, pues se le privó del derecho de convivir con su progenitor, dado que se omitió establecer un régimen de convivencia de esa menor con el quejoso, sin tomar en cuenta el interés superior del menor. * La responsable no ordenó la escucha de la menor, para atender el escenario más benéfico para el otorgamiento de la guarda y custodia provisional y resguardo provisional; además, previo a determinar la escucha, debió cerciorarse del grado de madurez de la niña para determinar si es factible o no escucharla, y de ser así recabar pruebas de su entorno social, familiar con el fin de conocer la vida de las menores de edad y el grado de afectación que le causaría ante la eventual privación de la guarda y custodia que venía ejerciendo, además de que debe garantizar que la escucha del menor se lleve a cabo con un psicólogo especialista en temas de la niñez y una persona de confianza de la menor de edad que le ayude a emitir una opinión de forma libre, espontánea y confiable, y así decretar una guarda y custodia de forma provisional que no atente el interés superior del menor. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. A efecto de realizar el análisis correspondiente, es necesario precisar los antecedentes de los actos reclamados, que derivan del expediente 65/2022, al que se le concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º, de donde se advierte: 1.- Karina Daniela García Jiménez, por su propio derecho, mediante comparecencia que realizó el veintidós de junio de dos mil veintidós, ante la juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, solicitó la recuperación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., quien cuenta con la edad de cuatro años, expresando en lo conducente lo siguientes hechos: ". Ahora bien, en uso de la voz que le es concedida a la compareciente dijo: Que acudo ante esta autoridad para solicitar la recuperación inmediata de mi hija A.G.B.G, quien cuenta con la edad de cuatro años, ya que quiero manifestar que a la edad de los trece años me junté con el señor Alejandro Bustamante Bustamante, quien me obligó desde esa edad a drogarme y alcoholizarme, porque él desde años atrás así lo hacía, de quien me separé por los motivos de que sufría violencia su lado, pues me golpeaba y me decía palabras hirientes que era una puta y me decía Chila, que es una señora que trabaja en un bar y me decía que era una pendeja, al igual que su familia, mi cuñado y mi cuñada que vive en México, siempre me decían cosas hirientes, además mi ex pareja papá de mi hija, me golpeo en varias ocasiones en mis brazos y piernas, hasta intentó golpearme con un machete y me pateo en la cadera que hasta me tiró en el suelo, me jalaba mucho de los cabellos, y las orejas, y me ponía a traer leña muy pesada con el mecapal para la cocina, porque si no iba se enojaba conmigo, me golpeaba y no me hablaba, y su mamá también me decía que era un pinche puta y que mi hija no era hija de él, también esa señor una vez me pegó con una vara de yigalá en la espalda, me quitó de cocinar en su cocina y tuve que poner unas piedras para poder cocinar algo en un plato de peltre viejito que encontré tirado y darle de comer a mi hija, me negaba todo alimento a pesar de que yo trabajaba sembrando en el terreno de ellos, me decía que yo no valía nada y que yo no merecía a su hijo porque se lo robé y también un día me corrió de su casa y me tuve que ir a vivir a Miahuatlán con mi hija y me buscó y me encontró el papá de mi hija y me tuve que regresar con él a su casa, porque me convenció, sin que cambiara la violencia tiempo después, por estos motivos es que me separé del papá de mi hija, porque sufrí mucha violencia a su lado y al lado de su familia. Tuve a mi hija a los quince años, y seguí sufriendo también carencias económicas a su lado, ya que no le compraba nada a mi hija y a mi tampoco, ya que no teníamos ni para comer en su casa, por eso decidí separarme de él y me fui a vivir con mi hija a la casa de mis padres; con fecha tres de junio del presente año, me fui a la Ciudad de Oaxaca a realizarme unos estudios ya que padezco cirrosis hepática, y fue que dejé a mi niña al cuidado de mi madre, sin embargo, me llamó mi señora madre, para decirme que acudió Alejandro Bustamante Bustamante a la casa de mis papá y se llevó a mi niña sin mi consentimiento, y es por eso que desde esa fecha ya no veo a mi hija, por eso, solicito la pronta recuperación de mi hija, ya que el papá de mi hija, hasta estos últimos días se sigue drogando y alcoholizando incluyo delante de mi papá se siguió drogando con cocaína y cristal, que es todo que quiero manifestar." 2.- Con motivo de las manifestaciones realizadas por la promovente, la responsable proveyó lo siguiente: "Medida urgente solicitada. Ahora bien, en cuanto a la medida provisional que solicita la compareciente, respecto a la recuperación inmediata de su hija de identidad reservada y de iniciales K.D.G.J. (sic), y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 962 y 963 del código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, que facultan a ésta autoridad para actuar oficiosamente en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de infantes, debido a que todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad, por lo tanto, como en el presente expediente se encuentra involucrado una niña, con fundamento en el artículo 4º, de la Constitución General, y en los artículos, 1, 3, párrafo segundo inciso a), 4, y 6, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y de acuerdo a lo estipulado en los numerales 1, 3, 9, 19 y 27, de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en forma preponderante constriñen a los tribunales judiciales a velar por el interés superior del niño el cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de tal manera que, en primer término, se busque el beneficio del niño o niña a quien van dirigidas; es por ello y atendiendo al INTERÉS SUPERIOR de la infante, visto lo manifestado por la compareciente como lo solicita, por tratarse de un caso urgente se requiere a la actora para que comparezca a las OCHO HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que el personal actuante se constituya en compañía de la compareciente, de la Agente del Ministerio Público y el Defensor de Oficio adscrito a este Juzgado, en el domicilio señalado en el ocurso y se proceda a la recuperación de la infante de referencia. En consecuencia, conforme a lo manifestado por la actora, se ordena se remita oficio al SÍNDICO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, MIAHUATLÁN, OAXACA, para que designe elementos de la Policía Municipal a su mando y una vez que constituido el personal actuante en ese Municipio a las OCHO HORAS DEL DÍA VENTITRÉS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, para que en compañía del personal actuante, se trasladen y constituyan hasta el domicilio conocido en el Cerrito de Tamazulapan, Miahuatlan, Oaxaca, donde se llevará a cabo la recuperación de la infante que se solicita, a efecto de que brinden protección en todo momento al personal actuante y mantengan el orden en la diligencia ordenada. . A continuación, en cuanto al resguardo provisional de la GUARDA Y CUSTODIA que solicita la compareciente, se provee: Acto seguido, tomando en consideración el estado de salud que refiere padecer la actora KARINA DANIELA GARCÍA JIMÉNEZ, y para efectos de que pueda atenderse médicamente, pues refiere que actualmente ella se encuentra desintoxicada del alcoholismo y ha acudido a oficinas del DIF para no reincidir en el alcoholismo, quienes para apoyarla integralmente la canalizaron ante este Juzgado, por tanto viendo que actualmente ella cuenta con el apoyo de sus progenitores y refiere que el progenitor de su hija sigue con esas adicciones, y como lo solicita se le concede la guarda y custodia provisional de su hija a favor de su progenitora, se procede a pasar a esta sala de audiencias a ALMA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, quien en este acto se identifica con su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave de elector JMHRAL87011020M300, misma que coincide con los rasgos fisonómicos de quien la presenta, la cual se tiene a la vista y le es devuelta por ser de uso personal, agregando copia debidamente certificada de la misma a los autos, para que obre como corresponda. Quien previa protesta de ley, dijo: Llamarse ALMA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, ser originaria y vecina del Cerrito de Tamazulapan, Miahuatlán, Oaxaca, con domicilio bien conocido en dicho lugar, de estado civil soltera (unión libre), de treinta (30) años de edad, de ocupación labores del hogar. Por lo que tomando en consideración del Principio del Interés Superior de la Niñez y la obligación que tiene esta Juzgadora de velar siempre y en todo momento por los derechos fundamentales de la niña A.G.B.G. se concede la Guarda y Custodia de manera provisional de su menor hija de identidad reservada y de iniciales A.G.B.G., a la progenitora de KARINA DANIELA GARCÍA JIMÉNEZ, quien una vez que esté bajo atención médica estará la niña de identidad reservada y de iniciales A.G.B.G. bajo el resguardo provisional de la abuela materna ALMA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, medida que estará subsistente hasta en tanto se decida sobre la Guarda y Custodia definitiva de la citada infante o sobrevengan circunstancias que hagan necesaria la modificación de la misma, a lo cual manifiesta la abuela materna que está de acuerdo en que se le conceda el reguardo de manera provisional de su nieta, con quien habitará en su domicilio particular que indica en sus datos generales. ." 3. En cumplimiento a lo anterior, el veintitrés de junio de dos mi veintidós, se llevó a cabo la diligencia de recuperación de la niña de iniciales A.G.B.G, que en la parte de interés, dice: ".solicitando en este acto al entrega voluntaria de la niña de iniciales A.G.B.G. de identidad reservada, a lo que responde; es la ladre del demandado Alejandro Bustamante Bustamante, y refiere que el ya no vive ahí y al preguntarle por la niña de identidad reservada de iniciales A.G.B.G., responde que tampoco está en esos momento, porque se fue con su papá que no sabe a dónde, negándose en un principio a proporcionarnos la dirección de su hija que ella no quiere tener ningún problema con él y que no quiere recibir ningún papa (sic), y la cuñada de la actora de nombre FELIPA BUSTAMANTE BUSTAMANTE QUE SE ENCONTRABA también ahí presente, llorando le mencionó a la actora que el papá de su hija citada vive ahora en la casa de su hermana de nombre RUFINA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, pero le suplica que su cuñada la actora que ella no quiere que por favor no le hagan nada a Alejandro el papá de la niña y que es mejor que ella se lleve a su hija porque él está tomando mucho, lo cual motivó que el personal actuante a petición de la parte actora proceda a dirigirse a la casa de la señora Rufina Bustamante Bustamante, regresando por el mismo camino de terracería por un espacio de tres minutos y doblando por un camino de terracería sin nombre que conduce al domicilio de Rufina Bustamante Bustamante y para constancia se describe el domicilio, mismo que se ubica aproximadamente a treinta metros del camino de terracería, del que se hace constar las características: Casa que consta de un cuarto de tabique sin repellar, con techo de láminas, y dos habitaciones más de láminas que aparentemente se usa como cocina, con patio de tierra, sin delimitación alguna, haciéndose constar que sale al llamado del personal actuante una persona del sexo femenino, con quien en el acto nos identificamos como personal actuante del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, como en efecto la acreditamos con nuestros gafetes expedidos por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, haciéndole saber en este momento el motivo de nuestra visita, y que estamos en busca del señor Alejandro Bustamante Bustamante porque nos informaron que ahí vive y nos manifestó que ahí vive pero que no está porque fue a trabajar, que si lo queríamos esperar regresaba por la tarde, y se le requirió la presencia física de la niña citada, quien lloró y empezó a gritar al escuchar la voz de la mamá que la llamaba, y jaloneándose de la persona que la traía cargada y s ele manifestó a la persona con la que se entendía la diligencia, el motivo de la misma que es la recuperación de la niña y emplazar al demandado del juicio seguido en su contra, solicitándole en este acto la entrega voluntaria de la infante A.G.B.G, y responde que en esos momentos no se encuentra su hermano Alejandro Bustamante Bustamante y que ella la tiene bajo su cuidado mientras su hermano sale a trabajar, quien responde al nombre de Rufina Bustamante Bustamante, mostrando una actitud de molestia y respondiendo en voz alta que esperemos a su hermano, después intervino el señor Fausto Ruiz diciéndole que mejor entregara a la niña a su mamá, pues no se meterían en problemas por Alejandro porque él les había dicho que ya se encontraba con él por una autorización del DIF, sin que se exhibiera documento alguno de su parte, y toda vez que en el patio de esa casa la niña continuaba llorando queriendo abrazar a su mamá pues le extendía sus bracitos abrazada a la fuerza por la señor Carmen Bustamante, y viendo que la niña no paraba de llorar y de pedir que la dejaran ir con su mamá KARINA DANIELA GARCÍA JIMÉNEZ, el señor Fausto, la señora Rufina, manifestaron de viva voz que estaba bien que no podían ver sufrir a la niña ni que llorara que ella no tenía culpa de nada y que la actora pasara a tomar a su hija y que la hacía responsable si a la niña le pasaba algo en su persona, y ante la exhortación de esta autoridad hace la entrega de la niña citada, manifestándole a la actora: "Cuidado y le haces algo a mi hermano, cuidadito; recibo estos papeles que me dan pero no firmo, él que lo vea con su abogado, pero él no tiene tiempo de ir al juzgado porque está trabajando y sale tarde del trabajo"." En primer orden, conviene tener presente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, párrafo octavo, reconoce el principio denominado interés superior del menor, que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas hacia los niños o adolescentes, por lo que el Estado, debe velar y cumplir con dicha prerrogativa constitucional en todas las decisiones que tome, garantizando de manera plena los derechos de los menores de edad. Al respecto el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "[.] Artículo 4°. [.] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. [.]" Dentro del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el interés superior del menor tiene fundamento en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prevén lo siguiente: "Artículo 25 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social." "Artículo 24 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad." "Artículo 10 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. 3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil." Por su parte, dentro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el interés superior del menor encuentra lugar en los artículos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos [Pacto de San José]; 15 y 16 de Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [Protocolo de San Salvador], que prevén lo siguiente: "Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado." "Artículo 15 Derecho a la constitución y protección de la familia. 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral y material. 2. Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna. 3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a: a. Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un lapso razonable después del parto; b. Garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad escolar; c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral; d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad. "Artículo 16 Derecho de la niñez. Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo." De manera especializada, dentro del propio Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el interés superior del menor se encuentra previsto en el artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, que refiere lo siguiente: "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." En suma, podemos destacar que el principio del interés superior del menor, funge como un parámetro rector que tiene una funcionalidad protectora de la dignidad de los infantes, el cual se encuentra reconocido a nivel constitucional y convencional, y que a su vez puede fungir de manera multidimensional como un derecho sustantivo, un principio interpretativo, o una norma de procedimiento; en donde además, al ser un concepto indeterminado, a fin de dotarlo de contenido, es necesario analizar de manera reforzada las características que particularizan cada caso en concreto, a efecto de velar en todo momento por el bienestar de los niños. Como apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la página 401 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos." Así como la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la página 334, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño"." Ahora bien, toda vez que en el asunto que nos ocupa, el acto reclamado se encuentra relacionado con la guarda y custodia provisional de la menor A.G.B.G., se estima necesario abordar el contenido y alcance que tiene dicha figura frente al principio del interés superior del menor, ya analizado. La institución jurídica de la guarda y custodia, se encuentra contenida en los artículos 427 y 436 del Código Civil para el Estado de Oaxaca; 125, 268, 269, 270 y 272 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca; 962 y 963 del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de Oaxaca, que establecen lo siguiente: "Artículo 427. La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de los menores a las modalidades que le impriman las leyes aplicables al caso." "Artículo 436. A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad incumbe la obligación de educarlo convenientemente. Cuando llegue a conocimiento de cualquier autoridad administrativa o del juez que aquellas personas que teniendo la patria potestad, la guarda o custodia del menor, no cumplen con las obligaciones que les corresponden, o ejerzan violencia familiar contra él, lo harán saber al Ministerio Público quien promoverá lo que corresponda, y el juez de inmediato decretará las medidas de protección para aquél." "Artículo 125. [.] El otorgamiento de la guarda y custodia de las niñas, niños o adolescentes no estará sustentado en prejuicios de género, por lo cual deberá atenderse al interés superior de la niñez. [.] "Artículo 268. Si el padre y la madre se separan o viven separados decidirán, de común acuerdo, quién atenderá la guarda y la custodia de los hijos. En caso de desacuerdo, o de advertirlo necesario, el Juez, con base en el interés superior de la niñez, a la opinión del Ministerio Público, y al resultado de las pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar que oficiosamente habrán de practicárseles a los progenitores, a sus parejas con las que éstos cohabiten y de la demás pruebas que estimen pertinentes, resolverá lo conducente a la designación de la persona que deba tener la guarda y la custodia del menor, teniendo como objetivo primordial, el cuidar, educar y respetar al niño, niña o adolescente, sin infringir actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica. Los hijos habitarán en el domicilio del ascendiente al que se encargue la custodia. El otro progenitor estará obligado a colaborar en su alimentación y conservará los derechos de visita y convivencia con el menor, conforme a las modalidades previstas en el convenio o resolución judicial. En todos los asuntos del orden familiar, los jueces y tribunales estarán facultados para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar el interés superior de la niñez, otorgando al ministerio público la intervención que corresponda. "Artículo 269. Quien ejerza la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente debe procurar el respeto de los menores para ambos ascendientes; en consecuencia, cada uno de los ascendientes o progenitor deberá evitar cualquier acto encaminado a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro ascendiente o progenitor. "Artículo 270. [.] Si en la escucha, la niña, niño o adolescente manifestaré la negativa de convivir con uno de sus progenitores, el órgano jurisdiccional suspenderá provisionalmente la convivencia y ordenará las medidas y el desahogo de pruebas que considere necesarias para asegurar la estabilidad y desarrollo integral del mismo, levantando dicha medida una vez asegurado que no exista una situación de riesgo o las condiciones sean favorables para la convivencia." "Artículo 272. A fin de llamar al ejercicio de la patria potestad a las personas a que se refiere el artículo 267 de este Código, el Juez deberá evaluar las circunstancias concretas y decidir en función de lo que sea más conveniente para el menor de que se trate, atendiendo, tanto los aspectos afectivos, como los económicos. En todo caso se privilegiarán los primeros sobre los segundos y se oirá al menor." "Artículo 962. Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. Cuando la solicitud se fundamenta en la existencia de violencia familiar, o para proteger a un menor sujeto a la patria potestad o tutela que reciba malos tratos o ejemplos perniciosos, o que se vea inducido a la vagancia, el alcoholismo, al consumo de drogas, inhalantes o cualquier otro producto tóxico, o que sea obligado a cometer actos reprobados por la Ley, el Juez está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger a la persona solicitante y al menor afectado desde el momento en que se hizo el pedimento sin dilación alguna. [.] "Artículo 963. El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio y para suplir la deficiencia de la queja, en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. [.]" De las anteriores transcripciones tenemos que la institución jurídica relativa a la guarda y custodia de los menores de edad es una figura derivada de la diversa institución de la patria potestad, la cual se ejerce sobre la persona y los bienes de los hijos, y de la que derivan derechos y obligaciones, que operan en torno interés superior del menor. Así, cuando se advierta alguna vulneración respecto del bienestar y cuidado de los menores, ya que con motivo de una acción directa de quien ejercer la patria potestad o por su omisión, el juzgador familiar tiene la ineludible obligación de actuar de manera oficiosa para analizar y en su caso emitir las medidas urgentes y necesarias a fin de modificar las condiciones en las que se ejercer la guarda y custodia de los infantes. En el caso en concreto, la autoridad responsable en determinación adoptada en la comparecencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el juicio 65/2022, ordenó la recuperación de la menor de iniciales A.G.B.G., quien se encontraba viviendo con el aquí quejoso Alejandro Bustamante Bustamante, concedió la guarda y custodia de manera provisional de dicha menor a su progenitora Karina Daniela García Jiménez, y se determinó el resguardo provisional a favor de su abuela materna Alma Jiménez Hernández, una vez que esté bajo atención médica. Determinación que se estima correcta, ya que la juez responsable, determinó lo anterior atendiendo a las manifestaciones realizadas por la quejosa, sobre todo para proteger la integridad de la menor de edad, y por tratarse de un caso urgente. En efecto, las manifestaciones que realizó la madre de la infante, y que tomó en consideración la juez responsable para ordenar la recuperación de la menor A.G.B.G, son las siguientes: 1. La infante de iniciales A.G.B.G., cuenta con la edad de cuatro años, quien es hija de Alejandro Bustamante Bustamante y Karina Daniela García Jiménez. 2. A la edad de trece años se juntó con Alejandro Bustamante Bustamante, quien la obligó a drogarse y alcoholizarse, ya que él lo hacía desde años atrás. 3. Se separó porque sufría violencia, ya que la golpeaba y le decía palabras hirientes. 4. Que tuvo a su hija a los quince años, y sufrió carencias económicas a su lado. 5. Se separó del padre de sus hijos y se fue a vivir con su hija a la casa de sus padres. 6. Padece cirrosis hepática. 7. Que el tres de junio de dos mil veintidós acudió a la ciudad de Oaxaca a realizarse unos estudios, ya que padece cirrosis hepática, y dejó a su hija al cuidado de su madre, quien le llamó para decirle que Alejandro Bustamante Bustamante, acudió al a casa de sus papás, se llevó a su niña sin su consentimiento, y desde esa fecha no ve a su hija. 8. Que el padre de la menor se sigue drogando con cocaína y cristal. Por lo que, para otorgar la guarda y custodia de manera provisional a su progenitora Karina Daniela García Jiménez, y el resguardo provisional a favor de la abuela materna Alma Jiménez Hernández, la juez ponderó que la actora Karina Daniela García Jiménez, y madre de la menor, relató que se encuentra desintoxicada de alcoholismo, que padece cirrosis, que ha acudido a las oficinas del DIF para no reincidir, y que cuenta con el apoyo de sus progenitores; además de haber informado que el padre de la menor la obligó a drogarse y alcoholizarse, que sufrió violencia física y moral, y que continúa con adiciones, pues se droga con cocaína y cristal; y en cuanto al resguardo provisional, la juez responsable se la concedió a la abuela materna, únicamente mientras la madre recibe atención médica, porque padece cirrosis (lo que se considera acertado, pues durante ese lapso de tiempo la madre de la infante se encuentre imposibilitada para hacerse cargo de ella). Asimismo, precisó que dicha medida subsistirá hasta en tanto se decida sobre la guarda y custodia definitiva de la infante o sobrevengan circunstancias que hagan necesaria la modificación de la misma. Lo que como se dijo, fue correcto, ya que la responsable, luego de escuchar el relato realizado por la madre de la menor, por tratarse de una cuestión urgente, conforme a lo dispuesto por el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, se encontraba obligada a tomar las medidas necesarias para proteger la integridad de la menor afectada, desde el momento en que se realizó el pedimento, y sin dilación alguna. Tampoco se deja en estado de indefensión al quejoso, porque se trata de una medida cautelar, de carácter provisional, que se encuentra sujeta al resultado del fallo en el juicio de origen, en que el afectado podrá ofrecer medios de prueba, con los que podría obtener que se le otorgue la guarda y custodia definitiva. Lo anterior tampoco lesiona algún derecho de la menor de edad de convivir con su progenitor, ya que en cumplimiento a la suspensión provisional concedida en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio, en proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 65/2022, determinó como medida la convivencia supervisada que se realizará en la Dirección del DIF Municipal del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, entre la menor A.G.B.G. con su progenitor Alejandro Bustamante Bustamante, los días jueves (doce a trece horas) y sábados (once a doce horas) de cada semana; y dictó las medidas necesarias para que dicha convivencia se lleve a cabo. Además, la responsable al emitir la determinación reclamada en este juicio, cumplió con la garantía de legalidad a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su primer párrafo establece, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. La citada garantía de legalidad obliga a todas las autoridades a fundar y motivar sus determinaciones, pues es la única forma que tiene el gobernado para conocer las causas que las originan, para en su caso, combatirlas; es decir, las responsables tienen la obligación de citar con precisión el señalamiento exacto de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, y citar el precepto legal aplicable al caso, para ello se requiere que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Por lo que contrario a lo que sostiene el quejoso, la responsable cumplió con dicho deber, pues expuso los motivos que tuvo para emisión del acto, e invocó los preceptos aplicables al supuesto en estudio, como son: 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, párrafo segundo, inciso a), 4 y 6 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 1, 3, 9, 19 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; e invocó el criterio de rubro: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD, EL ARTÍCULO 4.228, FRACCIÓN III, INCISO A), DEL CÓDIGO CIVIL EL ESTADO D EMÉXICO, INTERPRETADO A LA LUZ DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD PREVISTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES CONSTITUCIONAL." En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia I.3o.C. J/47, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, consultable en la página 1964 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Por otra parte, en contra de lo que asegura el promovente, tampoco se privó a la menor de convivir con su progenitor, ya que la responsable en cumplimiento a la suspensión provisional concedida en este juicio, por acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintidós, dictado en el expediente 65/2022, determinó como medida la convivencia supervisada que se realizará en la Dirección del DIF Municipal del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, entre la menor A.G.B.G. con su progenitor Alejandro Bustamante Bustamante, los días jueves (doce a trece horas) y sábados (once a doce horas) de cada semana; y dictó las medidas necesarias para que dicha convivencia se lleve a cabo. Además, opuesto a lo que refiere el quejoso, por tratarse de una medida precautoria de carácter urgente, la responsable, previo a la determinación relacionada con la guarda y custodia provisional, resguardo provisional, así como orden de recuperación de la menor, no se encontraba obligada a escuchar a la infante, ya que conforme a lo previsto por el artículo 962 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, en los problemas inherentes a la familia considerados de orden público, el juez se encuentra obligado a tomar las medidas urgentes que sean necesarias para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 28/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en la página 138 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, que dice: "MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítulo de las providencias precautorias, establece expresamente que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Asimismo, establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia 21/98, que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Luego, si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante el Juez competente providencias precautorias a efecto de obtener la guarda y custodia de menores de edad, resulta incuestionable que para decretar la medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audiencia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstante lo anterior, como uno de los requisitos para decretar la medida cautelar es que esté justificada la necesidad de la misma, el Juez atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrá determinar en qué caso la audiencia que se dé en su favor debe ser previa y cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escucharlo con posterioridad." Así como la jurisprudencia P./J. 21/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que aparece en la página 18 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Marzo de 1998, de rubro y texto: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." Y aun cuanto el quejoso ofreció como medios de prueba copia certificada del acta de nacimiento de la menor, y el acuse de recibo de la demanda que presentó el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en que solicitó se le otorgara la guarda y custodia provisional de su menor hija; sin embargo, dichos medios de prueba no son los idóneos para comprobar que la determinación adoptada por la responsable, es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso o de la menor, ya que solamente acreditan la existencia del acta de nacimiento de la infante, y de la demanda en que el ahora quejoso solicitó se le concediera su guarda y custodia provisional. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, y no existiendo suplencia de la queja deficiente que hacer valer, lo procedente es NEGAR a Alejandro Bustamante Bustamante, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., el amparo y protección que de la Justicia Federal que solicita contra la determinación adoptada en la comparecencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el juicio 65/2022, en la parte en que se ordenó la recuperación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., se concedió la guarda y custodia de manera provisional de dicha menor a su progenitora Karina Daniela García Jiménez, y el resguardo provisional a favor de su abuela materna Alma Jiménez Hernández. Negativa que se hace extensiva a la diligencia de recuperación de la menor de iniciales A.G.B.G, que se llevó a cabo el veintitrés de junio del año en curso, por tratarse de una consecuencia de la determinación adoptada en la comparecencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, y no haberse reclamado por vicios propios. Resta únicamente agregar que las tesis y jurisprudencias que se invocan en este apartado, no obstante haberse integrado conforme a la Ley de Amparo abrogada, continúan siendo aplicables, en virtud de que sus contenidos no se oponen a la actual Ley de Amparo, como lo establece su artículo sexto transitorio. SEXTO. Autorización mediante Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente determinación se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 122 y 124 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 780/2022, promovido por Alejandro Bustamante Bustamante, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alejandro Bustamante Bustamante, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., contra los actos reclamados consistentes en la determinación adoptada en la comparecencia de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el juicio 65/2022, en la parte en que se ordenó la recuperación de su menor hija de iniciales A.G.B.G., se concedió la guarda y custodia de manera provisional de dicha menor a su progenitora Karina Daniela García Jiménez, y el resguardo provisional a favor de su abuela materna Alma Jiménez Hernández; así como la diligencia de recuperación del a menor de iniciales A.G.B.G, que se llevó a cabo el veintitrés de junio del año en curso, en términos del último considerando de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano