Alejandro Bernardino Castillo
Expediente 822/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Bernardino Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables PRESIDENTE, AUXILIAR, SECRETARIO y ACTUARIO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN ZAMORA, MICHOACÁN, a fin de que remita a este juzgado las copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado, sin que a la fecha obren en autos. Por tanto, requiérase nuevamente al PRESIDENTE, AUXILIAR, SECRETARIO y ACTUARIO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN ZAMORA, MICHOACÁN, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a este juzgado federal copias certificadas de las constancias relativas al acto reclamado, o informen la imposibilidad de ello; apercibidos que de no dar cumplimiento se les impondrá una multa de cincuenta a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 259 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional se difiere para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones que anteceden de las que se advierte que mediante circular 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, de igual forma, de manera retroactiva, se declararon como inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre del año en curso, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistiría su validez; y, por aviso de declaración de días inhábiles pero laborables y esquema de atención para asuntos urgentes, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito en Morelia, Michoacán, se declararon como días inhábiles pero laborables del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, por las razones ahí expuestas. Ahora, de autos se advierte que la audiencia Constitucional del presente asunto se encontraba señalada dentro de dichos días declarados inhábiles, razón por la cual no tuvo verificativo; por tanto, se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables PRESIDENTE, AUXILIAR, SECRETARIO y ACTUARIO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN ZAMORA, MICHOACÁN, a fin de que remitieran a este juzgado las constancias relativas al acto reclamado, sin que a la fecha obren en autos los acuses de recibo de los oficios mediante los cuales se les requirió dicha información; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere, para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha las autoridades responsables PRESIDENTE , AUXILIAR, SECRETARIO y ACTUARIO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN ZAMORA, MICHOACÁN, no han rendido su informe con justificación, que les fue solicitado en proveído de veintisiete de junio del año en curso, a través de los oficios 14515/2023, 14516/2023, 14517/2023 y 14518/2023, a pesar de estar debidamente notificadas para tal efecto, como se advierte de los acuses que obran glosados en autos; consecuentemente, se presume cierto el acto que se le reclama, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, y por resultar necesario para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a las citadas autoridades, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente auto y de no existir inconveniente legal o material que tuviera para ello, remita copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado; a fin de resolver el presente juicio; esto, con fundamento en el artículo 75 tercer párrafo de la Ley de Amparo y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la mencionada ley; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Para dar margen a lo anterior, la audiencia Constitucional señalada por el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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