Alejandro Bermúdez Blanco

Expediente 264/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
264/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/05/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Bermúdez Blanco

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diez de mayo de dos mil veintidós. QUEJA INFUNDADA Agréguese el oficio de cuenta, suscrito por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiocho de abril de dos mil veintidós, dictada dentro recurso de queja 60/2022, el expediente de amparo número 264/2022, sin anexos, de la cual se advierte que dicho Tribunal Revisor determinó declarar infundado el recurso de queja interpuesto por Alejandro Bermúdez Blanco. INTEGRACIÓN DE CONSTANCIAS ORIGINALES En mérito de lo anterior, glósese a los presentes autos el expedientillo que se formó con motivo del recurso planteado, únicamente por lo que hace a las constancias que obran en original; lo anterior a fin de hacer práctico el manejo del juicio de amparo en que se actúa. ACUSE DE RECIBO A LA SUPERIORIDAD, ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO DEL ASUNTO Sin perjuicio de lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, acúsese recibo a la superioridad de la ejecutoria antes mencionada, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. Es destruible de conformidad con el diverso 21, inciso d) del acuerdo general citado porque la demanda se desechó; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso, coincidan en su totalidad. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, quince de marzo de dos mil veintidós RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Alejandro Bermúdez Blanco, contra los actos del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 264/2022. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, debe puntualizarse que el juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el promovente reclama: "A) DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS RECLAMO: LA ILEGAL DETENCIÓN COMETIDA EN CONTRA DEL SUSCRITO AL INTERIOR DEL LOCAL COMERCIAL PUES CONSTITUYE ESTE ESPACIO PROPIEDAD PRIVADA Y PARA HABER EJECUTADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE POR ESTA VÍA RECLAMÓ, DEBIÓ CONTARSE CON UNA ORDEN DE CATEO QUE DENTRO DEL PROCESO 478/2015- 7 MISMO QUE GENERA EL ACTO RECLAMADO NO APARECE VISIBLE QUE SE HAYA SOLICITADO U OTORGADO UNA ORDEN DE CATEO PARA EL DOMICILIO DONDE FUI DETENIDO; ADEMÁS RECLAMO EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN PREVENTIVA DICTADO CONTRA EL SUSCRITO ALEJANDRO BERMÚDEZ BLANCO MISMO QUÉ ES NOTIFICADO EN FECHA 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO DENTRO DEL PROCESO 478/2015- 7 B)- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS RECLAMO: EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN QUE EN SU MOMENTO PRETENDAN DAR A LA ILEGAL, INCONSTITUCIONAL E INCONVENCIONAL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, DICTADA EN MI CONTRA." Por lo que respecta a los actos reclamados: Detención. Auto de formal prisión. En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" Del numeral transcrito se observa que, el juicio de amparo resulta improcedente respecto de los actos contra los cuales no se promueva la demanda de garantías dentro del plazo previsto en la ley. Al respecto, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo de manera textual establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Aunado a lo anterior, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establece que los plazos a que se refiere el artículo 17 del mismo ordenamiento legal, es decir, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el genérico de quince días, contados a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora bien, de una recta interpretación de artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tomando en consideración lo citado en líneas que anteceden y dado que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, esto es, quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, se tiene que la demanda de amparo que se provee es improcedente por no haberse presentado dentro del plazo que impone la ley. El promovente de amparo manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que en diez de febrero del año en curso fue objeto de la detención que pretende combatir y del auto de formal prisión tuvo conocimiento en dieciséis de febrero de dos mil veintidós dictado dentro del proceso 478/2015-7 del índice del Juzgado responsable, lo cual constituye una confesión que hace prueba plena en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, en conformidad con su artículo 2°, pues es un hecho propio aseverado en el escrito de demanda. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Bajo ese contexto, la demanda motivo de este expediente resulta extemporánea, tomando en consideración que el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio constitucional transcurrió en exceso, en virtud de que, como se dijo, el quejoso tuvo conocimiento de los actos que aquí reclama el diez y dieciséis de febrero ambos del presente año, por lo que a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa (once de marzo de dos mil veintidós) excede el término señalado por el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo, por haber transcurrido entre una fecha y otra más de quince días hábiles, pues si Alejandro Bermúdez Blanco fue detenido en diez de febrero del año que trascurre, del once de febrero al tres de marzo de la presente anualidad transcurrió el término respectivo, sin contar los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero de dos mil veintidós por ser inhábiles; y respecto del auto de formal prisión tuvo conocimiento desde el dieciséis de febrero del presente año del diecisiete de febrero al nueve de marzo de la presente anualidad transcurrió el término respectivo, sin contar los diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de febrero así como cinco y seis de marzo el año en curso, por ser inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento respecto a la orden de aprehensión a que hace referencia el quejoso en el capítulo respectivo y que aduce reclamar en el presente juicio de amparo dado que la misma refiere se libró dentro del proceso 478/2015-7, esto es el mismo en el que se dictó el auto de formal prisión que aquí reclama, por lo que deviene inconcuso que respecto a la misma el juicio de amparo es improcedente al haber operado un cambio de situación jurídica respecto a dicha orden de captura en conformidad con el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo. Así las cosas, atento al cómputo antes realizado, se estima procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee al ser notoria e indudable la causal de improcedencia que se observa; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 22 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Libro 18, mayo de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado y, como autorizada a Javier Cortes Juarez en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otra parte, respecto a la solicitud del uso de medios electrónicos de las actuaciones del presente juicio de amparo, se hace de su conocimiento que de conformidad con el artículo 6, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal este juzgado únicamente está facultado para programar citas de acceso físico a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia necesaria. De tal manera que, tomando en consideración que la solicitud del quejoso no se trata de una diligencia que el juzgado determine como necesaria, por no tratarse de un caso urgente, sino que es a petición del propio interesado, entonces, queda a cargo de la parte quejosa, por conducto de su autorizado, obtener la cita correspondiente para el desahogo de la diligencia que requiere, en los términos establecidos en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 FORMA DE NOTIFICACIÓN En atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlos de manera física o, en su caso, realice la remisión vía telegráfica o por correo certificado (tratándose de autoridades foráneas), según corresponda. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INVITACIÓN A LAS PARTES Conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, SE INVITA A LAS PARTES para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, para lo cual, se hace de su conocimiento que para seguir el trámite del "juicio en línea", es necesario que mediante una promoción electrónica soliciten a este juzgado la autorización para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, para lo cual deberán aportar el "nombre de usuario" que se genera en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por ello, se invita a las partes para que de ser posible, realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada "Firel" del Poder Judicial de la Federación ante el Portal de Servicios en Línea del propio Poder Judicial de la Federación; para mayor información puede seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx/ Incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataforma "Android" o "iOS". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese por lista a la parte quejosa por asi haberlo solicitado.

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