Alejandro Benjamin Sánchez Arredondo
Expediente 254/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 254/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alejandro Benjamin Sánchez Arredondo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término de tres días concedidos a la parte quejosa en acuerdo de veintiocho de abril pasado, para que hiciera manifestación en relación al cumplimiento dado al fallo protector por las autoridades responsables, sin que desahogara la vista concedida, por lo que se procede a analizar de oficio sobre el cumplimiento al fallo protector. En sentencia de veintisiete de marzo del año actual, por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por la otra se concedió el amparo al quejoso Alejandro Benjamín Sánchez Arredondo, para el efecto de que se desvinculara de su esfera jurídica la aplicación del artículo 19, fracción III, de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, así como para que le fuera devuelta la cantidad de catorce pesos ($14.00) que enteró con motivo de la aplicación del citado precepto. El veinte de abril de dos mil diecisiete, dicho fallo causó ejecutoria, requiriendo su cumplimiento a la autoridad encargada del mismo. Ahora bien, por oficio registrado con número 1187/2017, la Jefa de la Oficina Recaudadora adscrita a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, con residencia esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la diversa misiva 1185/2017 de veintiséis de abril del año en curso, dirigido al aquí quejoso, por el cual, le hace del conocimiento que se dejó a su disposición en la oficinas de dicha dependencia la cantidad de catorce pesos ($14.00), por concepto de devolución de pago de derechos por el servicio de certificación de copias, determinando además que la disposición impugnada no debe aplicársele de nueva cuenta. Dicha resolución se le notificó en esa misma data, según se desprende de la constancia relativa que obra a folios 59 y 60 de autos. En ese sentido, y toda vez que como se desprende en la certificación de cuenta, la parte quejosa no emitió pronunciamiento alguno respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; se concluye que con las documentales ofertadas, se acredita la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. En consecuencia, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y no se tramitó incidente de suspensión; por tanto, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiéndose conservar el escrito de demanda y la sentencia respectiva. Se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que allegó junto con su demanda, para efectos de su devolución.
- Principal
Dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que s ele haga de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o este juzgado dictará resolución en que se declare si el fallo protector se encuentra o no cumplido.
- Principal
Agréguese a sus autos el escrito de cuenta por el que el quejoso Alejandro Benjamín Sánchez Arredondo, solicita se declare firme la sentencia dictada en el presente asunto; en ese sentido, dígase al ocursante que esté a lo acordado en proveído de veinte de los corrientes, donde se declaró que el fallo protector causó ejecutoria. Por cuanto hace a su petición de que se le expidan copias certificadas de diversas constancias que conforman los presentes autos; con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele previa razón de entrega se asiente para constancia. Respecto a la persona que designa para efectos de su entrega, dígasele que se encuentra autorizada desde el auto admisorio de veinte de febrero de dos mil diecisiete.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia de veintisiete de marzo del año actual, que por un lado sobreseyó en el presente asunto y por el otro concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso **********; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el diverso precepto 2, se declara que dicha sentencia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Ahora bien, la protección constitucional se otorgó para el efecto de que se nulificara la validez jurídica del artículo 19, fracción III, de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, esto es, no debe aplicarse de nueva cuenta, mientras cobre vigencia, así como para que le fuera devuelta la cantidad que enteró con motivo de la aplicación del citado precepto, a través de la unidad administrativa correspondiente. La autoridad encargada de cumplir la sentencia concesoria y los actos que debe realizar para tal efecto es la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, ya que en términos del artículo 50 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, es ésa autoridad la que recaudó la cuota por pago de derecho por la expedición de copias certificadas solicitadas, lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. En consecuencia, requiérase a dicha autoridad para que dé cumplimiento al fallo protector y desvincule la esfera jurídica del quejoso Alejandro Benjamín Sánchez Arredondo, la aplicación del artículo 19, fracción III, de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, así como para que le sea devuelta la cantidad de catorce pesos ($14.00) que enteró con motivo de la aplicación del citado precepto. Lo que deberá hacer dentro del término de TRES DÍAS, debiendo remitir a este Juzgado constancias certificadas que lo acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la nueva Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, debe señalarse que no se requiere el cumplimiento de la ejecutoria a las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Guanajuato, pues resultaría ocioso, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a dejar sin efectos sus actos. Es aplicable al respecto la tesis 2a. CXV/97, visible en la página cuatrocientos catorce, tomo VI, de octubre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS."
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