Alejandro Becerra Arroyo
Expediente 1358/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1358/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alejandro Becerra Arroyo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ...Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por Alejandro Becerra Arroyo, contra actos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020. Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 1.- La propuesta, análisis, discusión y aprobación de los artículos 4, Fracción VIII, la adición del capítulo V denominado DEL ÓRGANO POLÍTICO CALIFICADOR DEL TÍTULO SÉPTIMO; el artículo 88 Ter, artículo 112, 113, 113 Bis, 115, 117, 118 fracción IV, 119, 120 fracción VIII, 121, 122, 123, todos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos que se realizaron mediante decreto mil diecinueve, publicado en el diario oficial Tierra y Libertad número 6203 de fecha 21 de junio del año 2023 y cuya vigencia en términos del segundo párrafo del artículo 38 de la misma ley fue a partir del día 16 de mayo del año 2023. Los cuales se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación hacia el suscrito a través de las convocatorias "CONVOCATORIA/************** y "CONVOCATORIA **************** emitidas por el denominado ÓRGANO POLÍTICO CALIFICADOR. 2.- La creación indebida exprofeso del Órgano denominado ÓRGANO POLÍTICO CALIFICADOR mediante reforma de fecha 16 de mayo del año 2023 para efecto de llevar a cabo las convocatorias y quitarle la facultad a la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos, que era el facultado para el efecto de emitir la convocatoria pública para elegir a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, órgano de gobierno del Congreso del Estado de Morelos que se encuentra representado por todas las fuerzas políticas, órgano al que le quitaron dicha facultad en dicha reforma amañada pues existe un grupo dominante de 15 diputados en el Congreso, dentro de los cuales no figura el Diputado que actualmente preside el Congreso del Estado de Morelos, por lo que atendiendo a los intereses personales de los Diputados del referido grupo, al tener los votos necesarios que conforman una mayoría calificada para poder reformar a su gusto y antojo la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, es por ello que si no podían tener la presidencia de la Junta Política, la cual dicho sea de paso el Diputado titular de la misma tuvo que pelear dicha posición ante tribunales para que se le respetara, es por ello que se les ocurrió sin justificación alguna crear el referido ÓRGANO POLÍTICO CALIFICADOR, para de esa manera elegir como integrantes del mismo a puros Diputados del mencionado grupo del G15, lo cual es un hecho notorio que a diario sale en los periódicos de mayor circulación en el estado de Morelos, y es dicho grupo en donde no existe la pluralidad requerida por la ley y la Constitución Federal para poderse hacer cargo de las convocatorias para servidores públicos que ocuparan diversos cargos elegidos por el Pleno del Congreso, órgano político de gobierno que publicó las dos convocatorias para designar a magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos omisión de discutir la disposición transitoria quinta propuesta en el decreto por el que se reforman, modifican, adicionan y derogan diversos capítulos, artículos y fracciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atendiendo a que ninguna norma puede tener efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, los cuales me han causado en mi esfera jurídica con la ejecución de la referida norma impugnada, disposición que nunca discutieron ni debatieron solo la aprobaron. 3.- Acuerdo Parlamentario por el que se establece la integración del Órgano Político Calificador de la LV legislatura del Congreso del Estado de Morelos aprobado el día 16 de mayo del año 2023 y publicado el día 7 de junio de 2023: 4.- La inminente designación de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos mediante convocatorias subjetivas sin parámetros ciertos y objetivos de valuación. DEL ÓRGANO POLÍTICO CALIFICADOR DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS se reclaman los siguientes actos: [ 1.- La aplicación y ejecución de los artículos 4 Fracción VIII, la adición del capítulo V denominado DEL ÓRGANO POLÍTICO CALIFICADOR DEL TÍTULO SÉPTIMO; el artículo 88 Ter, artículo 112, 113, 113 Bis, 115, 117, 118 fracción IV, 119, 120 fracción VIII, 121, 122, 123, todos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos que se realizaron mediante decreto mil diecinueve, publicado en el diario oficial 'Tierra y Libertad número 6203 de fecha 21 de junio del año 2023 y cuya vigencia en términos del segundo párrafo del artículo 38 de la misma ley fue a partir del día 16 de mayo del año 2023, mediante el primer acto de aplicación que lo fue la creación, emisión y publicación de las convocatorias "CONVOCATORIA/****************** y "CONVOCATORIA ************ emitidas por el denominado ÓRGANO POLÍTICO CALIFICADOR para la designación de siete y tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante la publicación de dichas convocatorias en el periódico oficial Tierra y Libertad número ******************** de fecha seis de septiembre del año 2023. 2.- La creación, emisión y publicación de las convocatorias "CONVOCATORIA/***************** y "C0NVOCATORIA/ ************** emitidas por el denominado ÓRGANO POLÍTICO CALIFICADOR para la designación de siete y tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante la publicación de dichas convocatorias en el periódico oficial Tierra y Libertad número ******************** de fecha seis de septiembre del año 2023. 3.- DEL PLENO DEL CONGRESO .O ASAMBLEA LEGISLATIVA compuesta por todos y cada uno de los diputados de la LV LEGISLATURA EN EL ESTADO DE MORELOS, la votación, designación y toma de protesta de diez magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 4 DEL GOBERNADOR Y SECRETARIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, la promulgación y publicación en el Periódico Tierra y libertad de la reforma y adición de los artículos antes precisados de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. La promulgación, así como la orden de impresión, publicación, circulación y cumplimiento del decreto número MIL DIECINUEVE, difundido en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6203, de fecha veintiuno de junio del año 2023, sin hacer uso de su derecho de veto u observaciones sobre una ley enviada por el Congreso del Estado que contiene normas de tránsito que no se ajustan a los parámetros constitucionales, como en la especie acontece. El SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO por sí y en su carácter de Director General del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", al haber refrendado y publicado el decreto número MIL DIECINUEVE, difundido en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6203, de 21 de Junio de 2023. Ahora, de la lectura de la fracción VII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, antes citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen resoluciones o declaraciones relativas a la elección de funcionarios por parte de las Legislaturas o de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Lo anterior se afirma así, por las razones que a continuación se exponen. Del análisis íntegro del escrito inicial de demanda, se colige que el acto reclamado por la parte quejosa, se hace consistir esencialmente en los efectos y consecuencias de las convocatorias "******************** emitidas por el denominado Órgano Político Calificador del Congreso del Estado de Morelos, para la designación de siete y tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante la publicación de dichas convocatorias en el periódico oficial Tierra y Libertad número ******************** de seis de septiembre de dos mil veintitrés, y la inconstitucionalidad de los artículos 4 fracción VIII, la adición del capítulo V denominado del Órgano Político Calificador del Título Séptimo; el artículo 88 Ter, artículo 112, 113, 113 Bis, 115, 117, 118 fracción IV, 119, 120 fracción VIII, 121, 122, 123, todos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos. En ese sentido, se considera que es manifiesta e indudable la causa de improcedencia actualizada, pues en el caso, con las manifestaciones y pruebas documentales que al efecto adjunta, se tiene la certeza de que la emisión de las convocatorias públicas para la designación de siete y tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como la creación del Órgano Político Calificador del Congreso del Estado de Morelos, mediante la publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad número ******************** de fecha seis de septiembre de dos mil veintitrés, constituyen resoluciones y declaraciones soberanas o discrecionales relativas a la elección de funcionarios, por parte de la Legislatura Estatal a las que refiere el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a), en la que determinó que si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, como lo es, en el caso en estudio, dado que la propia Constitución Local y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, les otorgan esa facultad al Congreso Local de elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia para el estado. Además, estableció que el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a un órgano interno del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar. La jurisprudencia en consulta se localiza en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo I, página 887, con número de registro digital 2017916, que establece: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar." Así como la diversa tesis CXXVII/2018 (10ª) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Diciembre de 2018, Décima Época, página 601, con número de registro 2018678, cuyo texto y rubro dicen: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ CONTRA RESOLUCIONES DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DICTADAS SOBERANA O DISCRECIONALMENTE PARA LA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. El precepto legal referido, al disponer que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, no transgrede el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme al cual, el Estado mexicano tiene la obligación de instituir en su legislación interna un recurso judicial efectivo, toda vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o de un medio de impugnación, son compatibles con el texto de dicha convención, en la inteligencia de que la efectividad del recurso intentado se materializa cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus cualidades y, entonces, analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. Por tanto, la circunstancia de que el juicio de amparo sea improcedente cuando se reclamen resoluciones de las Legislaturas Locales dictadas soberana o discrecionalmente en la elección de funcionarios, no implica una infracción al mandato convencional citado, en tanto la Ley de Amparo privilegió la voluntad de cada legislador, para emitir su voto, así como la apreciación individual que corresponde a los representantes populares al evaluar los méritos de los aspirantes a ejercer el cargo respectivo, toda vez que esa valoración constituye un aspecto inherente al criterio propio que despliegan al sufragar por el candidato correspondiente, apreciación que reside en su fuero interno y que no puede ser suplantada por ninguna persona." No es obstáculo para considerar aplicable el criterio en cita, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala haya examinado una legislación local distinta a la del Estado de Morelos, pues las consideraciones ahí expuestas son aptas para fortalecer el sentido de este fallo, ya que se relacionan en que no es impugnable vía amparo el procedimiento de elección de funcionarios, en los casos en que las propias constituciones les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente dicha circunstancia. Ahora, para sostener lo afirmado, en el caso particular, conviene revisar el contenido de los numerales que regulan el procedimiento de designación de las magistradas y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Al respecto, el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, señala: "Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: (.) III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No Podrán ser Magistrados las que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre aquéllas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas dela profesión jurídica. .". Por su parte, los numerales 40, fracción XXXVII y 109 bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen: "ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso: [.] XXXVII. Designar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; al Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes, a los Magistrados del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de Morelos; a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos de conformidad con lo previsto en esta Constitución; así como al Fiscal General del Estado de Morelos, este último de entre la terna de ciudadanos que someta a su consideración el Ejecutivo del Estado. Las designaciones a que alude esta fracción deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso;" (.) "ARTÍCULO 109-bis. La justicia administrativa estatal se deposita en un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; será la máxima autoridad en la materia, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, y no estará adscrito al Poder Judicial. (.) El Tribunal de Justicia Administrativa estará integrado por siete magistrados; funcionará en términos de lo dispuesto en las normas aplicables. Los Magistrados deberán reunir los mismos requisitos que para ser Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo además contar con experiencia en materia administrativa, fiscal o de responsabilidades plenamente acreditada, observando el principio de paridad de género en las designaciones. Serán designados por el Pleno del Poder Legislativo a propuesta del Órgano político del Congreso, el cual emitirá la Convocatoria pública conforme a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado." Además, los artículos 115 y 117 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, estatuyen: "Artículo 115. El procedimiento para la designación de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia se llevará a cabo en las siguientes fases: I. Convocatoria, integración de los expedientes de los aspirantes, y presentación de un ensayo científico de contenido jurídico. II. Comparecencia personal de los aspirantes ante el Órgano Político Calificador. III. Dictamen con la lista de aspirantes a Magistrados para aprobación por el Pleno del Congreso. Los aspirantes que no acrediten los requisitos establecidos en una fase no pasarán a la siguiente.". "Artículo 117. En la sesión en que sea presentado al Pleno el dictamen con la propuesta de aspirantes, el Congreso designará por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, a las a las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En caso de que ninguno de los aspirantes propuestos reúna la votación requerida, el dictamen se regresará al Órgano Político Calificador, a efecto de que en tres días hábiles presente uno nuevo.". De las disposiciones anteriores, se desprenden las consideraciones siguientes: ??Las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados. ??La Constitución y la Ley Orgánica del Congreso del Estado, establecen las condiciones y el procedimiento para la designación de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. ??Es facultad del Congreso Local, designar entre otros funcionarios, a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos de conformidad con lo previsto en la Constitución estatal, asimismo, estas designaciones deberán reunir el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura de conocimiento. ??La justicia estatal se deposita en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos; quien será la máxima autoridad en la materia, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos. ??Los Magistrados serán designados por el Pleno del Poder Legislativo a propuesta del Órgano político del Congreso, el cual emitirá la Convocatoria pública conforme a lo establecido en la Constitución del Estado y la Ley Orgánica para el Congreso del Estado. De lo anterior, se sigue que si bien en el procedimiento de elección de las magistradas y magistrados locales, un Órgano político del Congreso del Estado, formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto de proponer al Pleno los candidatos -en términos de lo preceptuado por el artículo 109-bis, de la Constitución del Estado Morelos-; lo cierto es que, es el Congreso del Estado quien finalmente elige de manera independiente a los servidores públicos que van a integrar el Tribunal Superior de Justicia del Estado, sin injerencia de algún otro ente o poder público. Máxime que el órgano político encargado de proponer los candidatos, a su vez está integrada por los miembros del propio Congreso Estatal, lo que confirma que sólo es el órgano legislativo el que interviene en el referido procedimiento de elección. En consecuencia, si la elección de las magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, debe considerarse que tal acto sí se trata de un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales del Congreso. Lo anterior, porque cuando el Congreso elige a las magistradas y magistrados del referido tribunal superior de justicia estatal, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en cumplimiento al propio mandato constitucional de la entidad. Por ello, si bien la elección de dichos servidores públicos, está sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de la propia autoridad legislativa, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento (lineamientos reglados), como lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la citada jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a), no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona o ente alguno ajeno al propio órgano legislativo. Además, aun cuando en el procedimiento de elección de las magistradas y magistrados, corresponde al citado órgano político de la Legislatura estatal, calificar que los candidatos reúnan los requisitos para ocupar el referido cargo, lo cierto es que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado la emisión de su voto, y la valoración que en lo personal realice de las aptitudes de cada uno de los candidatos es una cuestión que corresponde a su fuero interno a la hora de emitir su voto. Lo anterior, justifica que en el acta de sesión sólo esté plasmado el sentido del voto y no así su motivación ni fundamentación; pues no pueden juzgarse las razones o motivos que llevaron a cada Diputado a votar por un determinado aspirante, por lo cual resulta lógico que el amparo devenga improcedente contra este tipo de elecciones, en tanto se trata de actos autónomos y discrecionales. En esas condiciones, el juicio constitucional indirecto que se promueve resulta notoriamente improcedente; motivo por el cual hace clara la concurrencia de la causal de improcedencia en estudio, y en vía de consecuencia, al no ser procedente el juicio constitucional en contra del que también se señaló como acto de aplicación de las normas, tampoco lo es respecto de los preceptos reclamados, pues dicha improcedencia se hace extensiva a tales artículos al no poder ser analizados en abstracto. Y dicha causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de substanciarse el juicio de amparo, no cambiaría la naturaleza del acto reclamado. Es decir, no es necesario substanciar un juicio y celebrar su audiencia para advertir la causal de improcedencia que se actualiza, porque de la propia demanda y del acto reclamado señalado por la parte quejosa se aprecia la improcedencia del mismo. Domicilio de la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda. Autorización de copias y medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Captura completa del expediente en los sistemas electrónicos del Consejo. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese personalmente.
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