Alejandro Bataller Gamboa

Expediente 503/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
503/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
04/09/2017

Partes del expediente

  • Alejandro Bataller Gamboa

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintiuno de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se realizó el veinticinco del mes recién transcurrido, sin que a la fecha se desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Siendo menester señalar, que si bien el término de tres días concedido a las partes transcurrió del veintinueve al treinta y uno de agosto del año en curso, el presente acuerdo se dicta en esta fecha, en virtud de que el treinta y uno de agosto y uno de septiembre del presente año, en cumplimiento al oficio CCJ/ST/4071/2017, de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, el Titular de este Juzgado Federal se encontraba de licencia. En consecuencia, al no estar autorizado el Secretario Encargado del Despacho para declarar el cumplimiento de las sentencias, en atención a lo dispuesto por el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es que no fue posible ceñirse al plazo otorgado. Mediante sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil diecisiete, se estimó que el acto reclamado resultó violatorio de derechos fundamentales en perjuicio de la parte quejosa, toda vez que el emplazamiento que se le hizo no cumplió con los requisitos establecidos por los artículos 742 y 743 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que el efecto protector del amparo, lo fue para que la Junta responsable dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio reclamatorio laboral 880/2015 de su índice, a partir del ilegal emplazamiento, y hecho lo anterior, ordenara nuevamente realizarlo. Concesión que se hizo extensiva al actuario adscrito a dicha Junta Laboral. Así, por auto de nueve de agosto último, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del auto de catorce del mes próximo pasado, que pronunció para tal fin, en la que dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio reclamatorio laboral de origen a partir del ilegal emplazamiento y ordenó de nueva cuenta realizarlo. Asimismo, señaló nueva fecha y hora para que tenga lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, comisionando para ello al actuario de su adscripción para que procediera a notificar personalmente a las partes dicho auto, haciéndoles los apercibimientos decretados y entregando a la parte demandada, aquí quejosa, copia cotejada de la demanda y de dicho auto, en los términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Aspecto al que, el actuario responsable también se ciñó, según se aprecia de su correspondiente oficio 1071/2017. En consecuencia, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción I, se advierte que la Junta responsable se encontraba constreñida a dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio reclamatorio laboral 880/2015 de su índice, a partir del ilegal emplazamiento y realizarlo de nueva cuenta cumpliéndose debidamente con las formalidades esenciales que rigen el emplazamiento a juicio. Lo que así se hizo acreditándolo fehacientemente con la copia certificada del auto dictado el catorce de agosto del año en curso, en el referido juicio natural. De ahí que se considere destruido el acto atribuido a las autoridades responsables y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En consecuencia, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Cumplimiento que, desde luego se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta entidad. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues por una parte, se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. En consecuencia, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Cumplimiento que, desde luego se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta entidad. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues por una parte, se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. se notifica a la tercera interesada de conformidad con los articulos 27 y 29 de la ley de amparo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA y QUEJOSO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Agréguense los oficios de cuenta del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta los oficios 1070/2017, con anexo y 1071/2017, signados respectivamente por la Presidenta y actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que remiten en relación con el cumplimiento de la sentencia firme dictada en estos autos. Por tal motivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de lo anterior a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Apercibidos que de no hacerlo, este Juzgado acordará lo procedente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación a las partes a las que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintiuno de julio del presente año, se hizo el veinticuatro siguiente y por tanto, a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, prevéngase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como al actuario de su adscripción, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, restituyéndolo en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; como lo dispone el artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento legal. Lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá a cada una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al párrafo sexto, del Apartado B, del Artículo 26 de la Constitución Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no haya transcurrido el plazo de ley respecto a la notificación de la sentencia en cuanto a las autoridades responsables quienes se encontraban en su periodo vacacional. Lo anterior, ya que al revestir el carácter de jurisdiccionales, carecen de legitimación para impugnar la sentencia de mérito, al no ubicarse bajo el supuesto previsto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 22/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Materia(s): Común, Página: 23 y Registro: 183709, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir". Notifíquese.

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