Alejandro Basaldua Almazan
Expediente 755/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 755/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 21/10/2022
Partes del expediente
- Alejandro Basaldua Almazan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Ahora, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que, no existe promoción ni notificación pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído respecto de todos los actos reclamados, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del referido Acuerdo General. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, toda vez que, encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la licencia académica autorizada al Titular mediante oficio SECJ/ST/3734/2022 por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, devuelve debidamente diligenciada la comunicación oficial enviada con número de orden 316/2022 (exhorto local 316/2022) del índice de este órgano jurisdiccional, girado a fin de que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notificara al quejoso Jorge Luis Pacheco Rodriguez, la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el presente asunto. En consecuencia, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo y dese de baja en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que resulte necesario girar acuse de recibo alguno en virtud que el propio sistema lo genera. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de este órgano jurisdiccional para notificar personalmente a los quejosos Marvin Alejandro Lara Beltrán, Jorge Luis Pacheco Rodríguez y Wilfredo Chávez Mendino, la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en virtud de que al trasladarse al Centro de Reinserción Social Tijuana, fue informando que los quejosos de referencia fueron trasladados a diverso centro penitenciario, sin que le fuera proporcionada información respecto del centro de reclusión en el que actualmente se encuentran. En consecuencia, a fin de lograr la notificación de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, requiérase al Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de que reciba el oficio que se gire en el presente asunto, informe a que centro de reclusión fueron trasladados los quejosos Marvin Alejandro Lara Beltrán, Jorge Luis Pacheco Rodríguez y Wilfredo Chávez Mendino. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a setenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 755/2021-VI, promovido por Alejandro Basaldúa Almazán, Víctor Manuel Castro Gutiérrez, Marvin Alejandro Lara Beltrán, Jorge Luis Pacheco Rodríguez, Luis Manuel Basaldúa Cervantes, Wilfredo Chávez Mendino y Epifanio Castro Valdez, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. R e s u l t a n d o Primero. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, recibido ese mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California con residencia en esta ciudad, Alejandro Basaldúa Almazán, Víctor Manuel Castro Gutiérrez, Marvin Alejandro Lara Beltrán, Jorge Luis Pacheco Rodríguez, Luis Manuel Basaldúa Cervantes, Wilfredo Chávez Mendino y Epifanio Castro Valdez, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable que a continuación se precisa: Autoridad responsable Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Actos reclamados: "Se reclama el acto positivo de tracto sucesivo consistente en la omisión de dar el debido procedimiento a la controversia planteada, que le fue presentada solicitando la suspensión de los actos contra la sanción que fue impuesta contra los quejosos." En vía de aclaración precisaron que el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de proveer sobre el escrito presentado mediante el cual solicitaron controversia judicial en contra de la sanción de noventa días que se les impuso de manera colectiva a cada uno de los quejosos, prohibiéndoles la yarda, visita familiar e íntima y actividades deportivas. Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. El veintiséis de octubre, previa aclaración, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda relativa, quedando registrada con el número de expediente 755/2021-VI; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 49 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda y de las constancias agregadas al sumario se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La omisión de acordar el escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual interpusieron controversia judicial en contra de la determinación en que se les impuso una sanción de noventa días para realizar diversas actividades en el centro de reclusión. Tercero. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por Alejandro Basaldúa Almazán, Víctor Manuel Castro Gutiérrez, Marvin Alejandro Lara Beltrán, Jorge Luis Pacheco Rodríguez, Luis Manuel Basaldúa Cervantes, Wilfredo Chávez Mendino y Epifanio Castro Valdez, mediante el cual interpusieron controversia judicial en contra de la determinación en que se les impuso una sanción de noventa días para realizar diversas actividades en el centro de reclusión, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. Circunstancia que quedó corroborada con copia auténtica de las constancias que anexó el Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, relacionadas con los cuadernos de ejecución 99/2021, 148/2021, 155/2021, 317/2021 y 323/2021; a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de las que se desprende que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -dieciocho de octubre de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable no había acordado el escrito presentado por los quejosos, mediante el cual interpusieron controversia judicial en contra de la determinación en que se les impuso una sanción de noventa días para realizar diversas actividades en el centro de reclusión. Cuarto. No obstante la existencia del acto reclamado, no se analizará su constitucionalidad, ya que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de Ley de Amparo. Para avalar la anterior postura, es preciso destacar el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado, lo que acontece cuando aquellos se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Como quedó precisado, el acto reclamado en el presente juicio de derechos fundamentales lo constituye la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito mediante el cual Alejandro Basaldúa Almazán, Víctor Manuel Castro Gutiérrez, Marvin Alejandro Lara Beltrán, Jorge Luis Pacheco Rodríguez, Luis Manuel Basaldúa Cervantes, Wilfredo Chávez Mendino y Epifanio Castro Valdez, interpusieron controversia judicial en contra de la determinación en que se les impuso una sanción de noventa días para realizar diversas actividades en el centro de reclusión. Luego, de las constancias remitidas por el Juez de Control Especializado en Ejecución, con residencia en Tijuana, Baja California, se advierte que con motivo de la solicitud presentada por los quejosos, acordó lo siguiente: 1. En el cuaderno de antecedentes 99/2021, relacionado con Marvin Alejandro Lara Beltrán, el veinte de octubre de dos mil veintiuno, admitió a trámite la controversia, ordenó la suspensión de la sanción, notificó al sentenciado el veintiuno de octubre siguiente y el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública determinó dejar sin efecto la sanción impuesta; 2. En el cuaderno de antecedentes 148/2021, relacionado con Alejandro Basaldúa Almazán, Jorge Luis Pacheco Rodríguez y Wilfredo Chávez Mendino, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, admitió a trámite la controversia, ordenó la suspensión de la sanción, notificó a los sentenciados el veinte de octubre siguiente y el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública determinó dejar sin efecto la sanción impuesta; 3. En el cuaderno de antecedentes 155/2021, relacionado con Luis Manuel Basaldúa Cervantes, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, admitió a trámite la controversia, ordenó la suspensión de la sanción, notificó al sentenciado el veinte de octubre siguiente y el tres de noviembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública determinó dejar sin efecto la sanción impuesta; 4. En el cuaderno de antecedentes 317/2021, relacionado con Epifanio Castro Valdez, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, admitió a trámite la controversia, ordenó la suspensión de la sanción, notificó al sentenciado el veinte de octubre siguiente y el dos de noviembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública determinó dejar sin efecto la sanción impuesta, y, 5. En el cuaderno de antecedentes 323/2021, relacionado con Víctor Manuel Castro Gutiérrez, el veinte de octubre de dos mil veintiuno, admitió a trámite la controversia, ordenó la suspensión de la sanción, notificó al sentenciado el veintiuno de octubre siguiente y el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública determinó dejar sin efecto la sanción impuesta. En ese contexto, quedó acreditado que posteriormente a la presentación de la demanda de amparo la autoridad responsable acordó el escrito mediante el cual Alejandro Basaldúa Almazán, Víctor Manuel Castro Gutiérrez, Marvin Alejandro Lara Beltrán, Jorge Luis Pacheco Rodríguez, Luis Manuel Basaldúa Cervantes, Wilfredo Chávez Mendino y Epifanio Castro Valdez, interpusieron controversia judicial en contra de la determinación en que se les impuso una sanción de noventa días para realizar diversas actividades en el centro de reclusión, incluso, dicha controversia ya fue resuelta. Por tanto, resulta inconcuso que han quedado destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la probable violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, toda vez que la autoridad responsable, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, acordó el escrito presentado por los quejosos; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar acreditado que han cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 755/2021-VI, promovido por Alejandro Basaldúa Almazán, Víctor Manuel Castro Gutiérrez, Marvin Alejandro Lara Beltrán, Jorge Luis Pacheco Rodríguez, Luis Manuel Basaldúa Cervantes, Wilfredo Chávez Mendino y Epifanio Castro Valdez, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable y por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese y personalmente a los quejosos.
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