Alejandro Barrios Hernández
Expediente 708/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/10/2017
Partes del expediente
- Alejandro Barrios Hernández
- Alejandro Barrios Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que devuelve el original del juicio de amparo 708/2017, solicitando el acuse de recibo. Asimismo, remite testimonio de la resolución pronunciada por esa Superioridad, en la queja 119/2017 interpuesta por ***********, en la que determinó: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio de amparo indirecto 708/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad." Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, glósese a los autos para debida constancia y con transcripción del presente proveído, acúsese recibo correspondiente. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó, no es necesario agregarlas en autos, dado que sus originales obran en el juicio, en consecuencia, se ordena su destrucción. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha quedado FIRME para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo y fue confirmado por la Superioridad; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se aperturó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Visto, el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejosos *******, quedando registrado bajo el número 119/2017, de su índice. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, téngase por recibido el oficio de cuenta y agréguese a los autos para los efectos legales conducentes.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de julio de dos mil diecisiete. Visto: El escrito suscrito por el quejoso *******, mediante el cual interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación que hace valer la parte quejosa, ríndase el informe en materia de la queja correspondiente y remítase de inmediato el original y una copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Fiscal del Ministerio Público adscrita al área de la Mesa de Audiencias de la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de Las Mujeres, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, ciudad; al efecto, se tiene por presentada la misma, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 708/2017-IV, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA Para efecto de la admisión de la demanda de amparo de que se trata, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión del Fiscal del Ministerio Público Investigador en investigar ni determinar en breve término el ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 0754-101-0010-2016.. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En ese orden el suscrito considera que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud que se evidencia la contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 20 apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De los preceptos invocados se destacan los siguientes aspectos: El numeral 20 apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las abstenciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las determinaciones de archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Como se advierte en el precepto constitucional en cita, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no solo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; lo que igualmente se encuentra tutelado en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. En esas condiciones, se considera que el quejoso debió impugnar las omisiones de investigar y pronunciarse sobre el ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación referida, ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el juez de control competente, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 258, del código adjetivo de la materia, previo a la promoción de la instancia constitucional. En ese orden, sería la resolución del juez de control que decida en definitiva sobre la abstención atribuida a las autoridades responsables, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Cobra aplicación a lo acordado la tesis XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), cuyo rubro y contenido es el siguiente: SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 20 apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se menciona en su escrito aclaratorio. Como autorizada en términos de la parte in fine del numeral 12 de la Ley de Amparo, a *******, ********, *******, *******, ********** y ******, toda vez que sus cédulas profesionales no se encuentran registradas dentro del Registro Único de Profesiones del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio de que lo acrediten con posterioridad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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