Alejandro Barredo Dorantes
Expediente 733/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Alejandro Barredo Dorantes
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de quince de noviembre de dos mil dieciocho, en autos del toca número *** formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ***, en la que se resolvió lo siguiente: ***. Por otra parte, atento a que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo. Por tanto, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que después de transcurridos cinco años este expediente es susceptible de destrucción, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta y en atención a su contenido, se tiene al Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, comunicando que se admitió el recurso de queja interpuesto por ***, en contra del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, deducido del juicio de amparo indirecto 733/2018 de la estadística de este juzgado de Distrito, el cual quedó registrado con el número 291/2018 del índice de ese órgano colegiado.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso ***, a través del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso y al efecto manifiesta lo siguiente: 1.- doy contestación manifestando "bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: [.] En mi escrito de demanda también señale que fue en la tarde del día 17 de septiembre de 2018 cuanto tuve conocimientos que fueron los artículos 133, fracción XIII y 179 fracciones VI y IX de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud REGLAMENTARIA DE artículos 87, 88, 90 y 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que sirvieron para que las autoridades responsables fundaran EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN consistente en la emisión de la orden para que se realice el trámite y/o procedimiento en contra del suscrito con la finalidad de cambiarme, trasladarme, rotarme y/o comisionarme por tiempo indefinido o indeterminado a la adscripción a la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para que desempeñe las mismas funciones que actualmente realizo como servidor público de base en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, donde actualmente estoy adscrito, eso es que sin norma que reglamentar, las Condiciones Generales de Trabajo en cita, perderían su validez e inaplicación, por esa razón Manifiesto bajo protesta de decir verdad que fue ese día 17 de septiembre de 2018 cuanto tuve conocimiento por parte del Sindicato que las autoridades responsables se encuentra fundado su acto reclamado en los artículos 87, 88, 90 y 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y de los dispositivos 133, fracción XIII y 179 fracciones VI y IX de las Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores de la Secretaría de Salud, también manifestó que hasta el día de hoy el suscrito no he sido notificado de dicha orden ahora actos reclamados, ni tampoco se me ha cambiado de adscripción, ya que ese proceso iniciara a partir de que sea notificado, lo cual es un hecho inminente que en cualquier momento puede ser notificado, por esa razón solicito se me tenga por cumplido el requerimiento que se Señoría me realizó en el auto que se contesta y se inicie de manera inmediata la admisión y substanciación del juicio de amparo que promuevo, así también se tramite el incidente de suspensión y se me conceda la suspensión provisional y en su momento definitiva en los términos solicitados en mi escrito de amparo inicial" [lo sombreado es propio] En mérito de lo anterior, al haberse desahogado en tiempo y forma, se tiene a la parte quejosa cumpliendo con la prevención formulada a su demanda de amparo. Desechamiento. Por otra parte, cabe destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ahora bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "IV. ACTOS QUE RECLAMO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: De la autoridad: C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, le reclamo: 1) el decreto de la LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, Publicada en el Diario Oficial de la federación el 28 de diciembre de 1963, así como sus reformas, específicamente reclamo la inconstitucionalidad de los Artículos 87, 88, 90 y 91 de esa Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. De la autoridad C. SECRETARIO DE SALUD, le reclamo: 1) La expedición de las disposiciones que integran Las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaria de Salud de fecha 17 de junio del año 2016, así como su registro e inscripción ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de México, específicamente la expedición de los artículos 133, fracción XIII y 179 Fracciones VI y IX de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud de fecha 17 de junio del año 2016. 2) La aplicación de los Artículos 87, 88, 90 y 91 de esa Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en la expedición de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud de fecha 17 de junio del año 2016. De las autoridades: C. DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO EN ADICCIONES Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES. C. COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS DE LAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICA EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (UNEME-CAPA). C. TITULAR DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (UNEME-CAPA) DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES (CONADIC). C. COMISIONADO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES. Les reclamo: 1) El primer Acto de aplicación de los artículos 133, fracción XIII y 179 Fracciones VI y IX de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud en vigor. 2) La orden para que se realice el trámite y/o procedimiento en contra del suscrito con la finalidad de cambiarme, trasladarme, rotarme y/o comisionarme por tiempo indefinido e indeterminado a la adscripción a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para que desempeñe las mismas funciones que actualmente realizo como servidor público de base en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, donde actualmente estoy adscrito, como consecuencia del primer acto de aplicación de los artículos 133, fracción XIII y 179 Fracciones VI y IX de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud en vigor. 3.- Los vicios propios y omisiones atribuibles a las autoridades responsables consistente en la omisión de aplicar el artículo 179 último párrafo, 180, 181, 183, 186 y 188 de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud en vigor, dentro de la orden dictada para se (sic) mi cambio de adscripción de la ciudad de Chetumal hasta la nueva adscripción en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. De las autoridades: C. DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD EN QUINTANA ROO C. DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN QUINTANA ROO. C. SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN QUINTANA ROO. C. JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN QUINTANA ROO. C. COORDINADOR ESTATAL DE LAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN CENTROS FEDERALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (UNEME CAPAS) EN QUINTANA ROO C. TITULAR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (UNEME CAPA) EN CHETUMAL, QUINTANA ROO Les reclamo: 1) La Notificación y Ejecución de la orden y/o determinación de cambiarme, trasladarme, rotarme y/o comisionarme por tiempo indefinido e indeterminada de adscripción, es decir, a otra ciudad para que desempeñe las mismas funciones que realizo como servidor público de base en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, donde actualmente me encuentro adscrito y me desempeño como psicólogo operativo (clínico) de la UNEME CAPA de Chetumal, como consecuencia del primer acto de aplicación de los artículos 133, fracción XIII y 179 Fracciones VI y IX de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud en vigor. 2) Los vicios propios y omisiones atribuibles a las autoridades responsables consistente en la omisión de aplicar el artículo 179 último párrafo, 180, 181, 183, 186 y 188 de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud en vigor, dentro de la orden dictada para se (sic) mi cambio de adscripción de la ciudad de Chetumal hasta la nueva adscripción en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo." [lo sombreado es propio] De la anterior transcripción, así como de un análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado por el peticionario de amparo consiste en: La inconstitucionalidad de los artículos 133, fracción XIII y 179, fracciones VI y IX de las Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores de la Secretaría de Salud reglamentaria de los numerales 87, 88, 90 y 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado, en el que las autoridades responsables fundaron el primer acto de aplicación consistente en la orden del cambio de adscripción, traslado, rotación o comisión por tiempo indefinido a otra ciudad como psicólogo operativo (clínico) de la Unidad de Especialidad Médica en el Centro de Atención Primaria en Adicciones (UNEME CAPA). Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J.103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta conveniente traer a la vista como hecho notorio el juicio de amparo 727/2018 de la estadística de este órgano jurisdiccional, del que se obtienen los datos siguientes: Mediante demanda presentada el diecisiete de septiembre de esta anualidad en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, Alejandro Barredo Dorantes solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Directora General de Atención y Tratamiento y Encargada del Despacho de la Comisión Nacional contra las Adicciones, y otras autoridades, en el que les atribuyó los actos reclamados siguientes: "1) La determinación de cambiarme, trasladarme, rotarme y/o comisionarme por tiempo indefinido al suscrito a otra ciudad de adscripción, para que realice las mismas funciones que llevo desempeñando como servidor público de base en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo en donde actualmente estoy adscrito. 2) La decisión tomada en contra del suscrito por el que se ordena cambiarme, trasladarme, rotarme y/o comisionarme por tiempo indefinido e indeterminado a la adscripción a la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para que desempeñe las mismas funciones que actualmente realizo como servidor público de base en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo donde actualmente estoy adscrito. [.] 1) La notificación y Ejecución de la orden y/o determinación de cambiarme, trasladarme y/o comisionarme por tiempo indefinido e indeterminado de adscripción, es decir, a otra ciudad para que desempeñe las mismas funciones que realizo como servidor público de base en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo en donde actualmente me encuentro adscrito y me desempeño como Psicólogo Operativo (clínico) de la UNEME CAPA de Chetumal." Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano jurisdiccional, misma que por auto de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, se desechó por notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del ordinal 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Así, el juicio de amparo 727/2018 se declaró improcedente con motivo de que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la orden de cambio de adscripción, traslado, rotación o comisión por tiempo indefinido del centro de trabajo en el que actualmente labora [Unidad de Especialidad Médica en el Centro de Atención Primaria en Adicciones, con residencia en esta ciudad] a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, pues el acto que reclamó a las autoridades responsables, no podía ser considerado como de autoridad o alguno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo, en razón de que el mismo surgió con motivo de lo acontecido en una relación laboral trabajador-patrón, es decir, entre personas colocadas en un plano de coordinación, mas no en una relación de supra a subordinación. En mérito de lo expuesto, en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los diversos numerales 1 y 5, fracción II, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, mismos que, respectivamente, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del estudio integral de los numerales antes transcritos, se deduce que el acto de aplicación de las normas impugnadas (cambio de adscripción, traslado, rotación o comisión por tiempo indefinido a otra ciudad como psicólogo operativo (clínico) de la Unidad de Especialidad Médica en el Centro de Atención Primaria de Adicciones) no permite el combate de esta última mediante el juicio de amparo indirecto, al no provenir de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo biinstancial, como se precisó en el diverso expediente 727/2018. Ello es así, cuenta habida que, cuando se promueve un juicio de amparo indirecto en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juzgador no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, aun cuando el acto concreto de aplicación no se haya reclamado por vicios propios. De ahí que este juzgador debe analizar en principio, si el juicio de amparo indirecto resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del quejoso la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá declarar improcedente el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia 221, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice de 1995, tomo I, Parte SCJN, página 210, que dice: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. Entonces, si de conformidad con lo establecido en los citados numerales 1 y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo indirecto solo procede contra actos de autoridad que violentan derechos humanos, entendiendo por autoridad aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, contra actos de particulares que tengan la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, esto es, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los gobernados, siempre y cuando sus funciones estén determinadas por una norma general; y si en el caso concreto, el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucionalidad proviene de autoridades que no colman los requisitos para ser consideradas como autoridades para los efectos del juicio de amparo indirecto, porque su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones coercitivas para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones. En consecuencia, resulta inconcuso que el acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales, al no provenir de autoridades para los efectos del juicio de amparo indirecto, requisito indispensable para la procedencia de este juicio; torna improcedente el mismo, tanto por lo que respecta al aludido acto de aplicación, como por lo que hace a las normas impugnadas, pues, como se dijo, el análisis de la ley respectiva, no puede desvincularse del que concierne a su acto de aplicación. Apoya a lo expuesto, la tesis aislada VII.2o.T.2 CS(10a), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página dos mil ochocientos ochenta y uno, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de rubro y texto: AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE SE RECLAMA NO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (COMISIÓN DICTAMINADORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NÚMERO 07), AL NO PODER DESVINCULARSE EL ANÁLISIS DE LA LEY, AL DEL ACTO. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos de autoridad o disposiciones generales que violenten derechos humanos, entendiendo por autoridad aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, contra actos de particulares que tengan la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, esto es, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos de los gobernados, siempre y cuando sus funciones estén determinadas por una norma general; entonces, si el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional proviene de la Comisión Dictaminadora del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Número 07, la cual no colma los requisitos para ser considerada como autoridad para los efectos del amparo indirecto, en términos de la tesis VII.2o.T.24 L (10a.), emitida por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de marzo de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1706, con el título y subtítulo: "DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO LABORAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", debido a que su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones coercitivas para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones; en consecuencia, el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, al no provenir de una autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, requisito indispensable para la procedencia de dicho juicio; torna improcedente a éste, tanto por lo que respecta al aludido acto de aplicación, como por lo que hace a la norma impugnada, pues, como se dijo, el análisis de la ley respectiva no puede desvincularse del que concierne a su acto de aplicación. Estimar lo contrario, conduciría a tener como acto de aplicación de un precepto su simple cita en algún escrito formulado por cualquier particular, sin las atribuciones legales que de una autoridad prevé la propia Ley de Amparo, lo que trastocaría las reglas para el estudio del juicio de amparo indirecto contra leyes, cuando se promueve con motivo de un acto de aplicación. Estimar lo contrario, conduciría al absurdo de poder tener como acto de aplicación de un precepto legal, su simple cita en algún escrito formulado por parte de cualquier particular, sin las atribuciones coercitivas de una autoridad, lo que trastocaría las reglas para el estudio del juicio de amparo indirecto contra leyes cuando se promueve con motivo de un acto de aplicación. No se desatiende, que el quejoso reclamó de las responsables la omisión de aplicar los artículos 179, último párrafo, 180, 181, 183, 186 y 188 de las Condiciones Generales de Trabajo para los Trabajadores de la Secretaría de Salud, en la orden de cambio de adscripción que se dictó en su contra; sin embargo, ello se reclama como vicio de legalidad del acto que fue reclamado en el diverso juicio de amparo 727/2018, el cual como se precisó en párrafos precedentes se desechó por acuerdo de diecisiete de septiembre de esta anualidad, por notoriamente improcedente; de ahí que tampoco pueda servir de base para la procedencia de la pretensión. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los diversos numerales 1 y 5, fracción II, a contrario sensu, y 113 todos de la Ley de Amparo respecto al acto que en este amparo se reclama, con apoyo en el numeral 62 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta por la cual Alejandro Barredo Dorantes, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y otras autoridades, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 733/2018. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. (.)" Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que correspondan, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTOS QUE RECLAMO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: De la autoridad: C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO, le reclamo: 1) el decreto de la LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, Publicada en el Diario Oficial de la federación el 28 de diciembre de 1963, así como sus reformas, específicamente reclamo la inconstitucionalidad de los Artículos 87, 88, 90 y 91 de esa Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. De la autoridad C. SECRETARIO DE SALUD, le reclamo: 1) La expedición de las disposiciones que integran Las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaria de Salud de fecha 17 de junio del año 2016, así como su registro e inscripción ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de México, específicamente la expedición de los artículos 133, fracción XIII y 179 Fracciones VI y IX de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud de fecha 17 de junio del año 2016. 2) La aplicación de los Artículos 87, 88, 90 y 91 de esa Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en la expedición de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud de fecha 17 de junio del año 2016. De las autoridades: C. DIRECTORA GENERAL DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO EN ADICCIONES Y ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES. C. COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS DE LAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICA EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (UNEME-CAPA). C. TITULAR DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (UNEME-CAPA) DE LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA LAS ADICCIONES (CONADIC). C. COMISIONADO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES. Les reclamo: 1) El primer Acto de aplicación de los artículos 133, fracción XIII y 179 Fracciones VI y IX de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud en vigor. 2) La orden para que se realice el trámite y/o procedimiento en contra del suscrito con la finalidad de cambiarme, trasladarme, rotarme y/o comisionarme por tiempo indefinido e indeterminado a la adscripción a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, para que desempeñe las mismas funciones que actualmente realizo como servidor público de base en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, donde actualmente estoy adscrito, como consecuencia del primer acto de aplicación de los artículos 133, fracción XIII y 179 Fracciones VI y IX de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud en vigor. 3.- Los vicios propios y omisiones atribuibles a las autoridades responsables consistente en la omisión de aplicar el artículo 179 último párrafo, 180, 181, 183, 186 y 188 de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud en vigor, dentro de la orden dictada para se (sic) mi cambio de adscripción de la ciudad de Chetumal hasta la nueva adscripción en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. De las autoridades: C. DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD Y SECRETARIA DE SALUD EN QUINTANA ROO C. DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN QUINTANA ROO. C. SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN QUINTANA ROO. C. JEFE DE DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN QUINTANA ROO. C. COORDINADOR ESTATAL DE LAS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MÉDICAS EN CENTROS FEDERALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (UNEME CAPAS) EN QUINTANA ROO C. TITULAR RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA EN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN ADICCIONES (UNEME CAPA) EN CHETUMAL, QUINTANA ROO Les reclamo: 1) La Notificación y Ejecución de la orden y/o determinación de cambiarme, trasladarme, rotarme y/o comisionarme por tiempo indefinido e indeterminada de adscripción, es decir, a otra ciudad para que desempeñe las mismas funciones que realizo como servidor público de base en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, donde actualmente me encuentro adscrito y me desempeño como psicólogo operativo (clínico) de la UNEME CAPA de Chetumal, como consecuencia del primer acto de aplicación de los artículos 133, fracción XIII y 179 Fracciones VI y IX de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud en vigor. 2) Los vicios propios y omisiones atribuibles a las autoridades responsables consistente en la omisión de aplicar el artículo 179 último párrafo, 180, 181, 183, 186 y 188 de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud en vigor, dentro de la orden dictada para se (sic) mi cambio de adscripción de la ciudad de Chetumal hasta la nueva adscripción en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo." [lo sombreado es propio] De las transcripciones anteriores, se tiene que la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de los artículos 87, 88, 90 y 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como los diversos numerales 133, fracción XIII y 179 Fracciones VI y IX de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud, con motivo de su primer acto de aplicación. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo no se advierte cuál es el acto de aplicación de los artículos que tilda de inconstitucionales, pues si bien, por un lado refiere que se dictó una orden de cambio de adscripción a otra ciudad, no se desprende que dicho evento esté vinculado con las normas que tilda de inconstitucional, y por otra, al parecer hace valer como acto de aplicación de las normas las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud, lo que evidentemente hace irregular y obscura la pretensión. En virtud de lo anterior, a efecto de acordar lo que proceda sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario realizar la siguiente: Prevención. Con fundamento en los artículos 108, fracción IV, y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito: ÚNICO. Manifieste bajo protesta de decir verdad, cuál es el acto concreto de aplicación de los artículos 87, 88, 90 y 91 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y de los diversos numerales 133, fracción XIII y 179 Fracciones VI y IX de las Condiciones Generales de Trabajo para los trabajadores de la Secretaría de Salud, cuándo le fue notificado, tuvo conocimiento o se hizo sabedor del mismo. Apercibimiento Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento al punto preventivo en el plazo y condiciones indicadas, se tendrá por no presentada la demanda que se atiende, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la precisión del acto reclamado es un requisito de la demanda obligatorio para la parte quejosa, en términos de la fracción IV del artículo 108 de la ley de la materia, y además, permite determinar efectivamente, la litis del juicio y sobre el que las responsables habrán de rendir informe. Asimismo, deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal, por conducto de su apoderado o representante legal, y no por medio de sus autorizados para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral le confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional; sin embargo, sí podrá presentar las copias del escrito aclaratorio por conducto de sus autorizados en atención a que ello no implica el ejercicio de la acción de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel Jacinto Chiclin Aguayo, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio, debiendo verificarlas dentro del plazo a que se contrae el diverso numeral 24 de la propia legislación. Protección de datos personales. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Autorización de oficios Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Anotaciones en el sistema respectivo Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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